Sentencia Social 70/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 22/2025 de 20 de mayo del 2025

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.-De conformidad con el art. 97.2 de la LRJS los hechos declarados probados se fundan bien hecho conformes, bien en las fuentes de prueba que en las mismas se citan.

TERCERO.-Como consta en el antecedente fáctico tercero de la presente resolución frente a las demandas de impugnación de las tres convocatorias de movilidad publicadas el 29-11-2.024 y que afectan a plazas en las entidades codemandadas ADIF y ADIF AV se opone con carácter procesal por la representación de la primera de las entidades, a lo que se adhiere la de la segunda, tres excepciones de carácter procesal que en cuanto que pueden bien impedir total o parcialmente un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, bien condicionar este serán examinadas en primer lugar.

I.- Se aduce en primer lugar la excepción de indebida acumulación de acciones toda vez que se aduce que la parte añade se a la petición la pretensión declarativa relativa a que se convoque conforme al suplico de la demanda, siendo esta última una cuestión que obedecería bien al pacto colectivo, bien a la decisión de las entidades empleadoras demandadas.

Consideramos que la excepción está formulada de forma imprecisa y que lo que se viene a señalar es que alguna peticiones contenidas en el suplico de la demanda excede de la pretensión propia del conflicto colectivo entrañando un conflicto de intereses por tratarse de cuestiones que no susceptibles de ser resueltas por el Tribunal mediante la aplicación de una norma jurídica.

Encauzando así la excepción, hemos de señalar que para resolver la cuestión resulta obligada la cita a la consolidada doctrina de la Sala IV que interpretando el art. 153.1 de la LRJS viene a distinguir entre el conflicto de carácter jurídico propio de la modalidad procesal de conflicto colectivo y el de intereses o regulatorio la cual aparece perfectamente referida en la STS de 18-11-2.024- rec 121/2.022- en los términos siguientes:

"La redacción del artículo 153.1 LRJS ("Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo...") permite deducir que el objeto de los procesos de conflictos colectivos está acotado por la concurrencia de tres requisitos acumulativos: en primer lugar, debe tratarse de un conflicto de trascendencia colectiva, alcance éste que a su vez viene determinado por la presencia de un doble elemento: el elemento subjetivo, referido al grupo afectado por la controversia -"afección indiferenciada de trabajadores"- y el elemento objetivo, relativo al interés debatido -"de carácter colectivo, general"- ( STS de 26 de mayo de 1992, Rec. 997/1991 ). En segundo lugar, enfocada la pretensión desde un punto de vista material resulta necesario que el litigio verse sobre un conflicto jurídico -"carácter jurídico del mismo, diferenciándose así del conflicto de intereses"- ( STS de 17 de julio de 2002, Rec. 1229/2001 ).Por último, se exige la presencia de una situación conflictiva real -"existencia de un conflicto real actual entre las partes"- ( STS de 2 de marzo de 1998 Rec. 1922/1997 ).

Desde antiguo esta Sala viene recordando que el proceso de conflicto colectivo se caracteriza por la admisión de conflictos jurídicos o de interpretación y exclusión de los conflictos de intereses o de innovación ( SSTS de 24 de febrero de 1992, Rec. 1074/1991 ; de 19 de mayo de 1997, Rec. 2173/1996 ; de 7 de abril de 2003, Rec. 148/2002 ;y de 12 de mayo de 2003, Rec. 360/2001 ,entre otras), explicando que el proceso de conflicto colectivo resulta apto cuando no se intenta, en el mismo, modificar el orden preestablecido o implantar nuevas condiciones de trabajo, de empleo o de otra naturaleza, hurtando a las partes negociadoras del convenio lo que sólo a ellas compete regular, sino que lo pretendido por el demandante es la aplicación de una normativa existente sobre cuya interpretación difiere la demandada. El objeto de la pretensión es pues de naturaleza eminente jurídica pues lo que el actor pretende es una declaración judicial que concrete el significado y alcance de normas preestablecidas ( STS de 24 de febrero de 1992, Rec. 1074/1991 ).".

Debemos, pues, examinar desde este prisma el suplico de las demandas que se ventilan en el presente conflicto.

- en la demanda de SFI se solicita que se declare

la nulidad de las Convocatorias Impugnadas detalladas en el cuerpo de este escrito, o subsidiariamente se declare su anulabilidad, ordenando a la demandada convocar otras nuevas convocatorias en la que se determine el número, ubicación categoría y puesto concreto del total de plazas ofertada.

- p or su parte en la demanda de CGT se solicita declarando la nulidad de las convocatorias impugnadas en la presente demanda, o, subsidiariamente, su anulabilidad, ordenando el cese de la conducta denunciada, convocando nuevas convocatorias que respeten la legalidad imperante y en las que se determine el número, ubicación, categoría y puesto concreto de las plazas ofertada.

Hemos de coincidir con el letrado de las demandadas que aún en el caso en procedamos a declarar la nulidad o anulabilidad de las convocatorias ofertadas, la Sala no está facultada para ordenar a las entidades demandadas a efectuar nuevas convocatorias, lo cual consideramos que es una decisión de gestión empresarial que ante una eventual sentencia que declare la nulidad de las convocatorias publicadas deben realizar las entidades demandadas.

Por ello acogeremos la excepción, lo que supone lo que ha de llevar inexorablemente a la desestimación de la demanda en estos puntos, conforme a la Doctrina de la Sala IV expuesta en las SsTS de STS de 3-11-2.021- rec. 120/2020- y 23-2-2.021- rec 149/2020-, y con independencia de la suerte que haya de correr la pretensión impugnatoria.

II.- Se aduce carencia sobrevenida de objeto por cuanto que se dice que las convocatorias que se impugnan ya están dotadas de la suficiente trasparencia como para colmar las pretensiones de la parte.

Excepción esta que será desestimada por cuanto que implica la razón de oposición al fondo con lo que la doctrina jurisprudencial viene definiendo la carencia sobrevenida de objeto.

En efecto, la STS de 24-6-2.024- rec. 340/2021- asumiendo la Doctrina de la Sala III del mismo Tribunal señala con relación a la satisfacción extraprocesal de la pretensión y la carencia sobrevenida de objeto lo siguiente:

"Jurisprudencia contenciosa sobre satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida de objeto.

La Sala Tercera de este Tribunal ha expuesto a diferencia entre estas dos figuras procesales que afectan a la pervivencia del proceso: Reproducimos ahora su STS de 14 de marzo de 2011 (rec 511/2009 ):"En el artículo 76 de nuestra Ley Jurisdiccional se contempla como forma de terminación del proceso la denominada satisfacción extraprocesal, situación que se produce cuando la Administración demandada reconoce totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante. No es este el supuesto en el que nos encontramos, ni ha sido éste tampoco el precepto en el que Sala de instancia ha fundado su decisión. En realidad, aunque no se cite expresamente, la decisión se sustenta en el art. 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece como forma de terminación del proceso, junto con la satisfacción extraprocesal, la carencia sobrevenida de objeto, es decir, cuando por razón de circunstancias sobrevenidas se pone de manifiesto que ha dejado de haber un interés legítimo que justifique la necesidad de obtener la tutela judicial pretendida. La pérdida sobrevenida de objeto del proceso se puede definir como aquella forma o modo de terminación del mismo que se fundamenta en la aparición de una realidad extraprocesal que priva o hace desaparecer el interés legítimo a obtener la tutela judicial pretendida. Es decir, se produce algún hecho o circunstancia que incide de forma relevante sobre la relación jurídica cuestionada y que determina que el proceso en curso ya no es necesario, en la medida en que la tutela solicitada de los tribunales ya no es susceptible de reportar la utilidad inicialmente pretendida, de suerte que no se justifica la existencia del propio proceso y éste debe concluir. En estos casos y a diferencia de lo que ocurre con la satisfacción extraprocesal de la pretensión de la parte actora, la razón de la desaparición del proceso es ajena a la voluntad de las partes y obedece a las estrictas razones de orden público que justifican la existencia misma del proceso como mecanismo de satisfacción de pretensiones sustentadas en intereses legítimos, por lo que desaparecidos estos el proceso carece de sentido".

En el presente caso es claro que el objeto pervive y no es otro que determinar si las convocatorias que se impugnan se ajustan a los parámetros de transparencia que fija la resolución de la Sala IV contenida en el suplico de la demanda, como se sostiene por las demandas, o no como se sostiene por los actores.

III.- Finalmente se aduce la excepción de cosa juzgada.

Desde ya hemos de rechazar el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada previsto en el art. 222.1 de la Lec por cuanto que las convocatorias que se impugnaban en precedentes procedimientos y en este son diferentes.

En cuanto al prejudicial, del art. 222.4 cabe señalar que nada de lo resuelto en las sentencias que se refieren en los HHPP 5º y 6º de la presente resolución vincula al presente litigio por cuanto que lo que allí se dirimía era si resultaba aplicable a las convocatorias de movilidad de ADIF y ADIF AV la normativa laboral de la antigua RENFE, mientras que lo que aquí se discute es si las convocatorias impugnadas en cuanto que admiten la posibilidad de solicitar plazas " en resultas" colman con el principio de trasparencia y seguridad jurídica que la Sala IV ha señalado que deben colmar todos los concursos convocados por entidades públicas empresariales y demás entidades del sector público y que derivan del art. 9. 3 CE y de aquellas normas del EBEP que resultan aplicables a los mismos.

CUARTO.-La cuestión a resolver pues pasa por recordar en primer lugar, como ya tuvimos ocasión de efectuar en nuestra SAN de 12-5-2.022- autos 120/2.022- que la STS de 11-11-2.021 - rec. 41/2020- consideró que todo empleado público, ya fuera laboral o funcionario, y cualquiera que fuera naturaleza jurídica de la entidad o administración empleadora por mor de lo dispuesto en los arts. 9.3 CE y 7, 14 y 55 del EBEP tienen derecho a que en las convocatorias ya sea para acceder al empleo ya de promoción interna tienen derecho a que las convocatorias respeten los principios de seguridad jurídica y trasparencia, lo que implica que resulten nulas tanto aquellas normas convencionales como las convocatorias derivadas de las mismas que impliquen que los trabajadores concursen a ciegas lo que sucede cuando no se identifican debidamente las plazas o cuando la plaza que se puede obtener no fue ofertada inicialmente. Dicha doctrina ha sido nuevamente reiterada en la STS de 11-7-2.024- rec. 214/2.022- que confirma la citada SAN de 12-5-2.022.

Expuesto lo anterior, y acudiendo al supuesto que nos ocupa hemos de descartar que el hecho de que determinadas plazas sean ofertadas "en resultas" o " a resultas" impliquen que el trabajador o trabajadora que opte a las mismas lo haga a ciegas.

Hemos de destacar en primer lugar, que, como consta en el tercero de los hechos probados de esta sentencia, en la oferta de plazas aparecen todas las que se pueden solicitar debidamente identificadas, tanto el puesto como la concreta ubicación geográfica de la división de personal y subdivisión, así como la categoría, puesto y nivel y si se requiere o no formación específica lo que hace que no exista el vicio de nulidad que fue apreciado en las resoluciones judiciales que arriba referimos.

Y, en segundo lugar y finalmente, el hecho de que ciertas plazas se oferten directamente a los trabajadores que participan en la convocatoria y otras " a resultas" en modo alguno implica que se concursen a ciegas, antes al contrario, los trabajadores son advertidos de las segundas plazas únicamente podrán ser adjudicadas en caso de que la que persona que las ocupe opte por concursar y obtenga plaza de las obtenidas directamente, pero tal circunstancia, amen de no suponer que se concurse sin saber lo que se solicita, supone una forma de agilizar los concursos y de conseguir que los trabajadores obtengan plaza en la ubicación y dependencia deseada, sin necesidad de esperar a ulteriores convocatorias, garantizando de modo más efectivo su derecho a la progresión profesional y a la progresión interna reconocidos en el art. 14 del EBEP.

QUINTO.-Por todo lo razonado no cabe sino el dictado de sentencia desestimatoria de las demandas contra la que se podrá interponer recurso de casación conforme al art. 205 de la LRJS.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación