Sentencia Social 7/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 363/2024 de 21 de enero del 2025

PRIMERO. -La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en hechos no controvertidos o pacíficos, en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-La demanda rectora del procedimiento centra su pretensión en el reconocimiento a los trabajadores de la empresa demandada de un permiso de cinco días por días laborables, en los supuestos de fallecimiento, entierro o funeral del cónyuge, hijos, padres y hermanos, abuelos y nietos, incluso parentesco político, que el convenio colectivo de aplicación reconoce en su art. 186 con una extensión de dos días laborables, interesando que cese la práctica empresarial de denegar el mismo.

En el acto de la vista, ante las alegaciones de la empresa de falta de acción, por inexistencia de conflicto colectivo y carencia sobrevenida de objeto, pues la empresa ha empezado a reconocer dicho permiso de cinco días a partir del 1 de enero de 2025, aduce el sindicato demandante que dicho reconocimiento es tardío y que debió de producirse al momento de inicio de la actividad de South Europe, esto es, el 16-5-2024, pues ya se había alcanzado en fecha 25-4-2024 el acuerdo en conciliación ante esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el que Iberia reconocía que el permiso de dos días laborables del art. 186 de la norma convencional, debía interpretarse como cinco días laborables.

Es por ello que ante ambas posiciones discrepantes lo primero que debemos resolver es si efectivamente existe un conflicto colectivo real y actual o si por el contrario se ha producido una pérdida sobrevenida de objeto que da cumplimiento a la pretensión ejercitada por la parte actora, como así se alega por la empresa demandada.

Hemos de traer a colación en primer término los hechos que han sido declarados probados que no han supuesto controversia alguna y de los que se desprende:

1.- Que la empresa demandada fue constituida el 26-2-2024, asumiendo la actividad de asistencia en tierra que venía desempeñándose por la empresa del sector aéreo Iberia LAE S.A, Operadora S.U. siendo que el inicio de su actividad se produjo en fecha 16-5-2024, subrogando a los trabajadores de Iberia LAE que prestaban dicho servicio.

2.- La empresa rige sus relaciones laborales por el XXII Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia Líneas Aéreas de España S.A, Operadora S. Unipersonal, publicado en el BOE el 15-2-2023, que reconoce en su art. 162 un permiso de dos días laborables por enfermedad grave o internamiento clínico o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, fallecimiento, entierro o funeral del cónyuge, hijos, padres y hermanos, abuelos y nietos, incluso parentesco político.

3.- La empresa Iberia LAE S.A Operadora S.U y los sindicatos CCOO, UGT, CESHA, ASETMA Y CGT, alcanzaron en fecha 25-4-2024 un acuerdo en conciliación ante esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el seno del proceso de conflicto colectivo número 58/2024 por el que la citada empresa, interpretaba el citado art. 162 en su expresión "dos días laborables" por "cinco días laborables".

4.- El 9-1-2025 el comité de empresa instó por correo electrónico a South Europe el reconocimiento de cinco días laborables en caso de fallecimiento y demás situaciones del art. 162 del convenio "en relación a la notificación que confirma al Comité Intercentros de Iberia el reconocimiento al colectivo de tierra, sujeto al XXII CC , del permiso retribuido de 5 días laborales en los supuestos de fallecimiento, entierro o funeral de cónyuge, hijos, padres, hermanos y nietos incluyendo parentesco político" al aplicarse el mismo convenio colectivo a la empresa demandada.

5.-La empresa respondió a dicho correo contestando que "con el objetivo de unificar internamente el criterio empresarial, se pone en conocimiento de este Comité Intercentros, que, con efectos de 1 de enero de 2025, SOUTH reconocerá a las personas trabajadoras que fueron subrogados desde IBERIA LAE S.A.U. OPERADORA SOCIEDAD UNIPERSONAL vía artículo 44 del ET , el permiso retribuido de cinco (5) días laborables en los supuestos de fallecimiento, entierro o funeral del cónyuge, hijos, padres y hermanos, abuelos y nietos, incluso parentesco político, hasta que el XXII Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S. Unipersonal pierda su vigencia. Como decimos únicamente a esas personas trabajadoras y durante ese periodo, en los justos términos del Acuerdo de 2 de febrero de 2024".

6.- Consta acreditado que durante el año 2024, se ha reconocido a determinados trabajadores por parte de la empresa demanda un permiso de cinco días por fallecimiento de familiares de primer o segundo grado, tal y como constata el documento obrante al descriptor 98 de las actuaciones.

En este punto, debemos hacer referencia a la doctrina de la Sala Cuarta expresada en Sentencia de 11-6-2024, rc. 340/2021 que con asunción de la doctrina de la Sala Primera, matiza los contornos de la conciliación judicial y extrajudicial. Por remisión a la Sentencia 199/2010, de 5 de abril (rec. 2371/2005) la Sala I realiza las siguientes consideraciones:

"B) Según la jurisprudencia la transacción, sea judicial o extrajudicial, produce el efecto de sustituir una relación jurídica controvertida por otra cierta y no controvertida, extinguiendo los derechos y acciones en que trae causa y originando nuevos vínculos y obligaciones ( SSTS 8 y 17 de julio de 2008 , RC n.º 3182/2001 y RC n.º 211/2002 ). Por eso se ha negado la posibilidad de plantear cuestiones que afecten a las situaciones preexistentes a la transacción, que han perdido la protección jurídica al ser transigidas ( SSTS de 20 octubre de 2004, RC n.º 2563/1998 y 7 de julio de 2006, RC n.º 4131/1999 ). La "exceptio pacti" [excepción de transacción], de significado semejante al de la cosa juzgada material, puede ser opuesta en cualquier proceso, aunque la LEC sólo se refiere a ella como excepción a la acción ejecutiva ( artículo 557.1.6.ª LEC ).

Si la transacción tiene para la partes efectos de cosa juzgada, según el artículo 1816 CC , vincula al órgano jurisdiccional en un proceso posterior cuando concurre identidad de elementos subjetivos y objetivos ( SSTS de 30 de enero de 1999, RC n.º 2281/1994 ). Sin embargo, la jurisprudencia ha declarado que la transacción no puede identificarse totalmente con los efectos de la cosa juzgada propia de las sentencias firmes ( SSTS de 28 de septiembre de 1984 , 10 de abril de 1985 y 14 de diciembre de 1988 ) y que la imposibilidad de replantear las cuestiones transigidas no implica que la transacción sea invulnerable, ya que puede impugnarse su validez y eficacia, dejándola sin efecto y reavivando la situación jurídica anterior. La interpretación del artículo 1816 CC ha de hacerse sin mengua de la naturaleza contractual propia de la transacción ( STS de 8 de julio de 1999, RC n.º 3614/1994 ).

C) La transacción judicial tiene una naturaleza dual, ya que, manteniendo su carácter sustantivo, la aprobación judicial le confiere un carácter procesal como acto que pone fin al proceso, con el efecto de hacer posible su ejecución como si se tratara de una sentencia ( artículos 1816 CC y 517 LEC ). En esta circunstancia radica la diferencia entre la transacción judicial y la extrajudicial, ya que esta última no puede ser ejecutada forzosamente si no se obtiene, con carácter previo, un pronunciamiento judicial sobre su existencia y eficacia que sirva de título ejecutivo. La homologación judicial, sin embargo, no modifica la naturaleza consensual de la transacción como negocio jurídico dirigido a la autorregulación de los intereses de las partes y, por tanto, aunque las transacciones judiciales puedan hacerse efectivas por la vía de apremio, el artículo 1817 CC no las elimina de la impugnación por vicios del consentimiento ( STS de 26 de enero de 1993 ). De modo semejante, cabe ejercitar contra el acto de conciliación con avenencia, que es susceptible de ejecución, la acción de nulidad mediante el juicio declarativo que corresponda ( artículos 476 y 477 LEC 1881 y DD 2 .ª LEC )."

Y esta misma resolución de la Sala Cuarta, analiza también las características de la satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto, haciendo suyas las consideraciones de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, Sala III, de 14-3-2011, rec. 511/2009:

"En el artículo 76 de nuestra Ley Jurisdiccional se contempla como forma de terminación del proceso la denominada satisfacción extraprocesal, situación que se produce cuando la Administración demandada reconoce totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante. No es este el supuesto en el que nos encontramos, ni ha sido éste tampoco el precepto en el que Sala de instancia ha fundado su decisión. En realidad, aunque no se cite expresamente, la decisión se sustenta en el art. 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece como forma de terminación del proceso, junto con la satisfacción extraprocesal, la carencia sobrevenida de objeto, es decir, cuando por razón de circunstancias sobrevenidas se pone de manifiesto que ha dejado de haber un interés legítimo que justifique la necesidad de obtener la tutela judicial pretendida. La pérdida sobrevenida de objeto del proceso se puede definir como aquella forma o modo de terminación del mismo que se fundamenta en la aparición de una realidad extraprocesal que priva o hace desaparecer el interés legítimo a obtener la tutela judicial pretendida. Es decir, se produce algún hecho o circunstancia que incide de forma relevante sobre la relación jurídica cuestionada y que determina que el proceso en curso ya no es necesario, en la medida en que la tutela solicitada de los tribunales ya no es susceptible de reportar la utilidad inicialmente pretendida, de suerte que no se justifica la existencia del propio proceso y éste debe concluir. En estos casos y a diferencia de lo que ocurre con la satisfacción extraprocesal de la pretensión de la parte actora, la razón de la desaparición del proceso es ajena a la voluntad de las partes y obedece a las estrictas razones de orden público que justifican la existencia misma del proceso como mecanismo de satisfacción de pretensiones sustentadas en intereses legítimos, por lo que desaparecidos estos el proceso carece de sentido".

Atendiendo a todo lo anterior, esta Sala entiende que el sindicato demandante sí ostenta acción, teniendo en cuenta que reclama el reconocimiento de un derecho que a su juicio no se viene reconociendo por parte de la empresa demandada; e igualmente, no se ha producido una pérdida sobrevenida de objeto, pues no se han producido circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que harían injustificado el mantenimiento de la pretensión, máxime cuando el supuesto incumplimiento se mantiene según refiere el sindicato actor, en un determinado periodo de tiempo. Ahora bien, cuestión distinta es que la demanda haya de ser estimada, siendo que esta Sala no puede alcanzar dicha conclusión.

Decimos esto por cuanto que en primer lugar, el sindicato CGT en su exposición en el acto de la vista, sostiene que el reconocimiento del derecho a los cinco días laborables se debió producir desde el inicio de la actividad de la empresa, pues ya se había alcanzado el acuerdo en conciliación judicial que interpretaba el art. 162 del convenio colectivo. Dicha alegación no se desprende en modo alguno de la reclamación ejercitada en el suplico del escrito rector, que se contrae al reconocimiento de cinco días laborables de permiso en las situaciones recogidas por el art. 162 del convenio colectivo sin más y sin hacer expresa referencia a un periodo concreto.

Además de lo anterior, dicho acuerdo fue alcanzado en conciliación por la empresa Iberia LAE y los sindicatos con representación en la misma, y no por la ahora demandada. Hemos de traer a colación la doctrina expresada en STS de 20-4-2017, rco. 67/2017 en la que el Alto Tribunal sostiene que "al analizar las consecuencias del art. 156.2 LRJS (allí se trataba del entonces vigente art. 154 de la Ley de Procedimiento Laboral ) señalábamos que las mismas «han de estar reservadas a la avenencia alcanzada entre quien ejercita activamente la acción colectiva -el o los demandantes- y quien o quienes pueden y, de prosperar esta, deben soportar sus resultados».El hecho de que la empresa South Europe rija sus obligaciones laborales por la misma norma convencional que Iberia LA, no comporta que la misma debiera atenerse al resultado de dicha conciliación judicial, y a la interpretación del art. 162 alcanzada entre las representaciones sindicales y otra empresa ajena a ella, aun cuando la sucediera en la actividad de asistencia en tierra desde el momento en que comenzó su actividad.

Asimismo, no ha resultado constatado que al momento de la interposición de la demanda se haya producido una negativa generalizada al disfrute de los cinco días laborables de permiso, pues atendiendo al documento obrante al descriptor 98, durante el año 2024, se demuestra que sí se han reconocido por la empresa en determinados supuestos, cinco días laborables de permiso en caso de fallecimiento de familiares de primer y segundo grado. Es a la vista de la reclamación efectuada el 9-1-2025 por el Comité Intercentros, cuando la empresa reconoce que a los trabajadores subrogados de la empresa Iberia les serían reconocidos los cinco días de permisos laborables ex art. 162 del convenio colectivo, con el fin de "unificar los criterios"que se habían mantenido de forma diferenciada en los distintos centros de trabajo. Todo ello comporta que la pretensión objeto de demanda no pueda tener favorable acogida, sin perjuicio en su caso de las concretas reclamaciones que, en caso de negativa al disfrute de los cinco días laborables que se hubieran podido producir, y que de ningún modo se acreditan por la parte demandante (ni en número ni en centro de trabajo), puedan ser solventadas a través de los procesos de reclamación individual que frente a la empresa puedan instarse. A partir de enero de 2025, con base en la voluntad empresarial manifestada al comité intercentros, ningún conflicto existiría, al reconocerse el permiso de cinco días laborables.

En consecuencia, la demanda ha de ser desestimada.

CUARTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la misma no es firme, pudiendo interponerse recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto