Sentencia Social 58/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 15/2025 de 28 de abril del 2025

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa bien en hechos conformes, bien en las fuentes de prueba que en los mismos se expresan.

En orden a la motivación fáctica de la presente resolución, y sin perjuicio, de lo que más adelante diremos tanto respecto de la cuestión relativa a la indebida acumulación de acciones como respecto de la cuestión de fondo, hemos de señalar que por parte de los actores no se ha acreditado una serie de circunstancias fácticas en las que hacen hincapié tanto en las demandadas como en el acto del juicio, cual es que es Carbó Collbatallé quién organiza, dirige y disciplina el trabajo de la totalidad de aquellos empleados de la misma que el día 1 de enero fueron subrogados por el resto de empresas codemandadas, y ello porque tal circunstancia no puede derivarse como se pretende la misma de unas órdenes de transporte con el anagrama de Carbó-, cuando nadie ha puesto en duda que es la empresa para la que se realizan los portes, o de la existencia de un grupo de "Whats App" que consta como creado en el año 2017, ni del testimonio de un trabajador afectado por la supuesta decisión extintiva que se impugna.

TERCERO.-Como ha quedado plasmado en el cuarto de los antecedentes fácticos de la presente resolución tanto por el sindicato CSO, como por los Comités de empresa de Madrid y Barcelona, así como por el que fuera Delegado de Personal de Sevilla de la empresa CARBÓ COLLBATALLÉ SLU se han interpuesto diversas demandadas en las que se solicita sentencia en la que se declare:

1.- que la sucesión de empresa invocada por la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U. no es ajustada a derecho;

2.- el derecho del colectivo afectado a permanecer en la plantilla o reingreso a la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U;

3.- se declaren nulos los despidos realizados con fecha de efectos del 31 de diciembre de 2024 por esta causa, que se dejen sin efecto las subrogaciones operadas el 01 de enero de 2025 con las empresas subcontratistas codemandadas, y por ello, se reconozca el derecho de los trabajadores despedidos a permanecer en la plantilla y a reanudar sus relaciones laborales con Carbó Collbatallé, S.L.U., siendo reingresados, readmitidos en sus mismos puestos de trabajo, con efectos desde el día de efectos de la finalización de la relaciones laborales, condenado a las empresas demandadas a estar y pasar por dicha declaración.

Frente a tales peticiones a las que se adhieren los sindicatos llamados como intervinientes, se han opuesto por las entidades codemandadas las siguientes excepciones:

A.- Por parte de la entidad CARBÓ COLLBATALÉ SLU las siguientes:

1.- Falta de legitimación activa de CSO - solo tiene un delegado de personal en Alicante- de 27 representantes unitarios que hay en la empresa, que constituyó una sección sindical previa a la demanda de despido el día 31-12-2.024 que fue recibida por la empresa el día 2 de enero de 2025 cuando los portavoces ya habían cesado como empleados de CARBÓ y Falta de legitimación de los representantes unitarios para interponer la demanda por carecer de representación respecto de los trabajadores de otros centros.

2.- Acumulación indebida de acciones, respecto de la cesión ilegal que no resulta acumulable a la demanda de despido.

3.- Se adujo falta de agotamiento de la vía previa por no haberse tramitado un ERE, que se considera como necesaria para las pretensiones de conflicto que se acumulan a la demanda (Agisa Logística S.L., Matarrucha S.L, Logística Contreras S.L.)

4.- Falta de litisconsorcio pasivo respecto de las empresas que recibirán trabajadores en fecha 17 de marzo de 2025.

5.- Falta de acción y de legitimación activa y pasiva, por cuanto que no ha existido un ERE encubierto ni extinciones de contrato;

B.- Transportes Moncayo y Dronas 2002 S.L, alegan la falta de legitimación de la segunda por no haber subrogado conductores, y refuerzan la falta de legitimación activa de los demandantes al carecer de representación o implantación alguna en estas empresas, además aducen la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario por cuanto que consideran sus propias representaciones unitarias deberían haber sido codemandadas;

C.- Transportes FRANANDI 1974 añade su falta de legitimación pasiva por cuando que nada se pide contra la entidad que representa;

D.- GOLDFRÍO su falta de legitimación pasiva ad causam por cuanto que no ha subrogado ningún conductor, añadió la excepción de falta de legitimación activa de CSO porque noexiste representación de CSO en nexo de la propia empresa que tiene su propia representación legal de los trabajadores así como la falta de legitimación pasiva de su RLT, añadiendo la caducidad de la acción, por cuanto que las comunicaciones de subrogación se efectuaron el día 10 de diciembre firmándose la demanda el 13 de enero.

CUARTO.-Consideramos que la primera excepción que debe ser resuelta pues la resolución de la misma condicionará la suerte de las restantes es la relativa a la acumulación indebida de acciones, pues lo que resuelva al efecto determinará si la acción que se ejercita está sujeta a plazo de caducidad, a la necesidad de una vía previa, así como a la regular constitución de litis.

Con relación a la acumulación a la acción de impugnación de despido colectivo de otras acciones, propias de la modalidad procesal de conflicto colectivo como pudieran ser las relativas al examen de una sucesión de empresas o a una cesión ilegal de trabajadores a la de impugnación de despido colectivo, la STS de 21-2-2.020- rec.144/2019- interpretando las normas relativas a la acumulación de acciones del art. 26 de la LRJS señala que con carácter general "el proceso de DC solo puede tener por objeto las cuatro causas de impugnación que enumera el art. 124.2 LRJS [...] La naturaleza especial y urgente de esta modalidad procesal impide plantear otras cuestiones, como la posible sucesión de empresa producida tras tomarse y notificarse la decisión extintiva, máxime si no ha mediado un contrato mercantil entre cedente y cesionario en ese sentido. Así lo corrobora igualmente el art. 26.1 LRJS que prohíbe la acumulación a las acciones de despido de cualesquiera otras ("no podrán acumularse entre sí ni a otras distintas en un mismo juicio, ni siquiera por vía de reconvención, las acciones de despido y demás causas de extinción del contrato de trabajo"), con las excepciones que se indican en él. "No obstante tal regla general, dicha resolución viene admitiendo que puedan examinarse con carácter prejudicial para determinar la calificación del despido colectivo que se impugna cuestiones tales como una eventual cesión ilegal de trabajadores, el levantamiento del velo de la persona jurídica o una sucesión de empresas, siempre cuando las mismas se funden en hechos anteriores a la decisión extintiva que se impugna y resulten determinantes para la calificación del despido colectivo.

En el supuesto que nos encontramos al suplico propio de una impugnación de despido colectivo de hecho o encubierto cual es que se declare la nulidad de las extinciones producidas y que se declare el derecho a la reincorporación de los trabajadores afectados por el mismo dos pretensiones propias de conflicto colectivo cuales que la sucesión de empresa invocada por la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U. no es ajustada a derecho y el derecho del colectivo afectado a permanecer en la plantilla o reingreso a la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U.

Ninguno de estos petitum son propios de la modalidad procesal de impugnación de despido colectivo, por lo que apreciaremos respecto de los mismos la acumulación indebida de acciones, sin perjuicio, de que pueda ser examinada la sucesión de empresas con carácter prejudicial en la presente resolución, por cuanto que se basa en hechos anteriores y coetáneos a la decisión que se reputa como constitutiva de despido colectivo de hecho, mas no la relativa a la cesión ilegal de mano de obra pues se funda en hechos posteriores a la subrogación que se reputa como fraudulenta.

En atención a lo anterior, consideramos que Sala está facultada para examinar la sucesión si lo considera relevante para calificar la decisión extintiva, pero siempre con carácter prejudicial y sin hacer referencia alguna a la misma en el fallo de la demanda. Por basarse en hechos posteriores a la decisión extintiva que se impugna no cabe efectuar análisis alguno de la cesión ilegal que se denuncia.

Por ello, estimaremos la excepción en los términos expuestos, lo que conllevará de plano el rechazo de la excepción de falta de agotamiento de la vía previa por cuanto que la acción de despido colectiva no está sujeta a la preceptiva conciliación o mediación previa que establecen los arts. 63 y 156 de la LRJS.

QUINTO.-Con relación a la excepción de caducidad de la acción, desde ya anunciamos que la misma debe rechazarse.

Si bien las previsiones del plazo de caducidad de 20 días que el art. 59.3 del E.T establece para el ejercicio de la acción de despido, para el supuesto de despido colectivo de hecho no aparecen especificadas en el apartado 6 del art. 124 de la LRJS ("La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de veinte días desde la fecha del acuerdo alcanzado en el período de consultas o de la notificación a los representantes de los trabajadores de la decisión empresarial de despido colectivo"),ya que sólo contempla el "dies a quo" de la acción para impugnar un despido colectivo desarrollado de forma regular, esto es, previa la tramitación del preceptivo periodo de consultas, consideramos que cuando se está ejercitando una acción de despido colectivo de hecho, de cara al cómputo de la caducidad de la acción resulte irrelevante la fecha en la que la que se notificó a los trabajadores a título individual la supuesta extinción futura de su contrato de trabajo, siendo que el "dies a quo", a partir del cual debe contarse el plazo de 20 días debe datarse en la fecha en que se afirma se produjo la última de las extinciones computables ( STS de 24-1-2.020- rec. 148/2019) o desde que los sujetos colectivos tuvieron conocimiento de la efectividad de las mismas ( STS de 19-10-2023- rec. 183/2.022).

En este caso, en el que se impugnan como despido colectivo de hecho las subrogaciones producidas el día 1-1-2.025, las cuales habían sido preavisadas a los trabajadores afectados y a sus representantes legales con anterioridad- a lo largo del mes de diciembre de 2.024-, consideramos que las demandas fueron presentadas en plazo ya que la última de las demandas presentadas lo fue el día 29 de enero de 2025, esto es, dentro de los días 20 días hábiles siguientes al 1 de enero de 2025, toda vez que deben reputarse inhábiles los días 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de dicho mes, por ser festivos ( el 6) o coincidir con sábado o domingo, lo que como anunciábamos nos llevará al rechazo de la excepción.

SEXTO.-Se ha cuestionado por diversas razones la falta de legitimación activa tanto del sindicato actor como de los órganos de representación unitaria demandantes para ejercitar la acción de despido colectivo de hecho.

Por parte de Carbó Collbatallé se refiere que el sindicato de CSO carece de implantación suficiente en la misma y que por mor del principio de correspondencia ni los delegados de personal ni los comités de empresa pueden emprender acciones colectivas que excedan de su ámbito de representación.

Por varias de las empresas en las que se ha subrogado personal que hasta el 31-12-2.024 prestó servicios en Carbó se niega la legitimación activa a todos los actores por una misma razón, carecen de implantación alguna en las mismas.

I.- La primera cuestión, pues, que debe analizarse para resolver esta excepción es el ámbito en el que debe determinarse la implantación, esto es, si como se sostiene por parte de las empresas que han recibido trabajadores de Carbó es en el seno de las mismas, esto es, en el posterior a la decisión que reputa por los actores como extintiva, o si por el contrario, debe estarse al estado de cosas previo a la misma para resolver tal cuestión.

Al efecto hemos de señalar que el art. 124.1 de la LRJS refiere que "1. La decisión empresarial podrá impugnarse por los representantes legales de los trabajadores a través del proceso previsto en los apartados siguientes. Cuando la impugnación sea formulada por los representantes sindicales, éstos deberán tener implantación suficiente en el ámbito del despido colectivo."

Consideramos que el precepto al referirse a decisión empresarial y a representantes legales o sindicales, es claro que se refiere a los que lo sean en el ámbito de la empresa que toma la decisión.

Dicho argumento se refuerza por cuanto que la STS de 18-3-2.014- 114/2013- al reconocer legitimación a la comisión ad hoc que negoció un despido colectivo para ejercitar la acción colectiva de impugnación consagró el principio según el cual quién tiene capacidad negociar tiene capacidad para impugnar el fruto de la negociación, lo cual trasladado a nuestro caso, en que lo se impugna es un despido colectivo de hecho o encubierto, esto es, no negociado, implica que estarían legitimados para impugnarlo aquellos sujetos colectivos que pudieran haberlo negociado, lo cual es claro que se refiere a los representantes legales o sindicales de la empresa a la que se imputa la decisión extintiva.

II.- Resuelto lo anterior, debemos analizar si el sindicato CSO acredita tener implantación suficiente en Carbó Collbatallé que le habilite a impugnar el despido colectivo.

Al respecto hemos de señalar que tras la reforma operada por el RD ley 3/2012, y la posterior Ley 3/2012 que trae causa del mismo de la legislación sustantiva y procesal en materia de despido colectivo, esta Sala en un primer momento entendió que cuando el despido colectivo era impugnado por representantes sindicales, la implantación suficiente a la que se refería el art. 124.1 de la LRJS debía equipararse con la legitimación para estar sentado en la comisión negociadora del despido colecto, lo cual exigía ostentar un mínimo del 7, 69 por ciento de los representantes unitarios electos en el ámbito del despido colectivo (en este sentido SSAN de 16-5-2.014- autos 500/2013-, 18-7-2.014- proc. 136/2014- y de 25-11-2.014- proc.157/2014).

Tal criterio no fue avalado por la Sala IV del TS que en la STS de 20-7-2.016- rec. 333/2014- en una interpretación del meritado art. 124.1 de la LRJS en relación con los arts. 17.2 y 154 y 155 y el art. 2.2 de la LOLS que desarrolla el art. 28 CE-, proactiva del derecho de libertad sindical en su vertiente de la promoción de conflictos colectivos, que consideró que una organización sindical con una implantación del 1,92 por ciento en el ámbito de una determinada empresa gozaba de legitimación para impugnar un despido colectivo.

En nuestro caso se admite que el sindicato CSO a la fecha en la que por el mismo se data la decisión extintiva ostentaba uno de los 27 representantes unitarios elegidos en la empresa demandada lo que implica un 3, 70 por ciento de representación y que con arreglo a lo expresado por el Alto Tribunal en la resolución referida ostente implantación para promover la demanda de despido colectivo.

III.- En lo que se refiere a la legitimación para impugnar el despido colectivo por parte de los Comités de Empresa de Madrid y Barcelona y del delegado de personal de Sevilla de la misma empresa, cada uno de los cuales ha interpuesto una demanda de impugnación de despido colectivo, hemos de efectuar las siguientes consideraciones:

1ª- que la legitimación que el art. 124.1 de la LRJS otorga a los representantes de los trabajadores para impugnar un despido colectivo debe cohonestarse, como ha puesto de manifiesto el TS a la hora de examinar la legitimación de los representes no sindicales de las medidas de reestructuración empresarial con las leyes que determinan la actuación de tales sujetos, en este punto debemos recalcar que los arts. 62.1 y 63.1 del E.T únicamente otorgan representación a los Delegados de Personal y Comités de Empresa respecto de los trabajadores adscritos al centro o centros de trabajo por los que fueron elegidos, mas no a otros centros de trabajo, lo que hace que no pueda admitirse que una representación unitaria pueda impugnar por sí sola un despido colectivo que afecte a varios centros de trabajo de la empresa;

2ª- impugnándose en el presente caso un despido colectivo de hecho, la impugnación por los representantes unitarios de los trabajadores, exigiría la interposición de una demanda conjunta por todas aquellas representaciones unitarias de la empresa con capacidad para designar con arreglo al art. 41.4 E.T a la Comisión representativa de los trabajadores, puesto que como ha puesto de manifiesto la doctrina jurisprudencial por todas ( Ss. TS-, de 21 -4- 2015, rec. 311/2014; de 14 -10- 2015 -rec.336/2014- y de 17 -4- 2018, Rec. 101/2017 y de 18-5-2022- rec. 246/2021) la conformación de la voluntad de las comisiones representativas de los trabajadores requiere de acuerdo mayoritario de sus miembros y en nuestro caso se han interpuesto demandas por cada una de las representaciones que lo han estimado conveniente;

3ª.- encontrándonos ante una acción sujeta a plazo de caducidad la falta de legitimación activa no puede suplirse por la adhesión de sujetos legitimados para interponer la acción en el acto del juicio cuando ya transcurrió el referido plazo ( STS 25-9-2.024- rec 269/2022-.

Por todo ello estimaremos la falta de legitimación activa de los Comités y Delegado de personal demandantes ya que interpusieron demandas que excedían de su ámbito de representación, prescindiendo del concurso del resto de la representación unitaria en la empresa, y sin que la adhesión a las mismas que hayan podido hacer los sindicatos que comparecieron con intervinientes en el acto de la vista tenga virtualidad alguna toda vez que se hizo transcurrido el plazo de caducidad.

SÉPTIMO.-En lo que concierne a la falta de legitimación pasiva invocada por distintas empresas y por distintas causas, procederemos a resolverla de la forma que se expresa a continuación.

1.- Hemos de señalar en primer lugar que el hecho de no haber subrogado personal de conducción en nada afecta a la legitimación pasiva de las sociedades codemandadas por cuanto que el petitum de la demanda no se circunscribe únicamente al personal de conducción, por ello rechazaremos la excepción en los términos que ha sido invocada por Dronas 2002 S.L y por Goldfrío.

2.- Transportes Franadi 1974 invoca la excepción por cuanto que dice que en nada le afecta el fallo de la sentencia, alegación esta que a juicio de la Sala resulta inexacta pues la Sala a fin de determinar si existe o no despedido colectivo de hecho debe examinar, al menos con carácter preliminar como se razonó en el cuarto de los fundamentos de derecho de la presente resolución, la validez de un negocio jurídico en el que dicha entidad fue parte cual es la subrogación de determinados trabajadores que anteriormente prestaron servicios en Carbó.

Por lo tanto, lo que aquí se razona pudiera tener carácter prejudicial a los efectos del art. 222.4 de la LEC en ulteriores pleitos que pudieran afectar directamente a la demandada, de ahí que estimemos correcta su llamada a la litis a fin de enervar cualquier situación de indefensión.

OCTAVO.-Se ha alegado también la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario por diversas razones.

1.- Por parte de Carbó se aduce que debería haberse traído a la litis a aquellas empresas que a partir del 17 de marzo de 2025 subrogarán nuevos trabajadores de Carbó. Teniendo en cuenta que la sentencia no puede pronunciarse sobre cuestiones que afectan a hechos posteriores a la vista la excepción se rechazará.

2.- Tampoco consideramos que deban ser traídas a la litis, como se ha pretendido por alguna de las entidades subrogantes, la RLT de cada de estas sociedades, pues a las mismas les resulta ajeno el resultado de la presente litis, ya que no se ataca acuerdo alguno que haya sido suscrito con las mismas.

Finalmente, consideramos que la invocada falta de acción por inexistencia de despido colectivo es la cuestión de fondo que debe resolverse en la presente sentencia, no pudiendo ser tratada como excepción procesal y al análisis de tal controversia dedicaremos el resto de la fundamentación de la presente resolución.

NOVENO.-Resueltas, como han sido las excepciones, y enlazando con lo razonado al final del anterior fundamento jurídico, hemos de señalar que para que prospere la acción ejercitada por parte del sindicato actor, esto es, para que la decisión extintiva que se impugna sea declarada nula, quién actúa deberá acreditar que nos encontramos ante un despido colectivo de hecho, lo que nos obliga a efectuar una serie de reflexiones con carácter previo al examen del supuesto fáctico que hoy nos ocupa.

En primer lugar, y como hicimos en nuestra SAN de 27-6-2.024- autos 18/2024- hemos de recordar que:

"Como puso de manifiesto la primera de la resoluciones del TS que abordó con arreglo a la legislación posterior al RD Ley 3/2012 el despido colectivo de hecho, la STS de 25-11-2.013- rec 52/2013 - que confirma nuestra SAN de 27-7- 2012- proc 127/2012 - cuando se impugna un despido colectivo de hecho se impugna una decisión empresarial de efectos colectivos que debería haberse abordado con arreglo a los trámites del art. 51.1 E.T- evidenciada en un número de extinciones de relaciones laborales por causas no inherentes a la persona del trabajador en un periodo temporal de referencia-, en la que se ha prescindido de tales trámites....La STS de 23-9-2.021 - rec 92/2021 - destaca que:" el despido colectivo de hecho, como hemos reiterado en múltiples sentencias, por todas STS 24 de enero de 2020, rec. 148/2019 , es, en realidad, un fenómeno de extinciones de contratos que, siendo realmente colectivas, se formula sin seguir las reglas de procedimiento establecidas por el artículo 51 ET . La STS 25 de noviembre de 2013, Rec. 52/2013 , consideró la existencia de despido colectivo en un supuesto en el que se produjeron despidos disciplinarios y objetivos en número superior al umbral correspondiente y que luego fueron reconocidos como improcedentes mediante transacciones acordadas, señalando que "una decisión extintiva de carácter colectivo puede adoptarse formalmente como tal, sometiéndose al procedimiento legalmente previsto en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores y en sus normas de desarrollo reglamentario", pero "puede también producirse al margen de este procedimiento -prescindiendo, por ejemplo, del periodo de consultas- o incluso ocultando su carácter colectivo" y, en este caso, se trataría de un despido colectivo de hecho, que también podría calificarse en determinadas condiciones como un despido fraudulento o encubierto.".

Por otro lado, hemos de señalar que el número de extinciones contractuales que es necesario que se produzcan en un determinado periodo de tiempo determinado para que sea necesario tramitar unas consultas formales con la representación legal de los trabajadores aparece determinado tanto en el art. 51.1 E. T como en el art.1 de la Directiva 98/59. Al efecto señalábamos en la SAN de 27-6-2024- proc.18/2024- haciendo acopio de la doctrina jurisprudencial al respecto:

El art. 51,1 E.T dispone lo siguiente en el primero de sus párrafos:

"A efectos de lo dispuesto en esta ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de noventa días, la extinción afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores."

Y señala en el penúltimo de sus párrafos: "Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo primero de este apartado, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en el periodo de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c), siempre que su número sea, al menos, de cinco".

Por su parte el art. 1 de la Directiva 98/59 >CE de 20 de julio dispone lo siguiente:

Artículo 1

1. A efectos de la aplicación de la presente Directiva:

a) se entenderá por «despidos colectivos» los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, cuando el número de despidos producidos sea, según la elección efectuada por los Estados miembros:

i) para un período de 30 días:

- al menos igual a 10 en los centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 y menos de 100 trabajadores,

- al menos el 10 % del número de los trabajadores, en los centros de trabajo que empleen habitualmente como mínimo 100 y menos de 300 trabajadores,

- al menos igual a 30 en los centros de trabajo que empleen habitualmente 300 trabajadores, como mínimo;

ii) o bien, para un período de 90 días, al menos igual a 20, sea cual fuere el número de los trabajadores habitualmente empleados en los centros de trabajo afectados;

b) se entenderá por «representantes de los trabajadores» los representantes de los trabajadores previstos por la legislación o la práctica de los Estados miembros.

A efectos del cálculo del número de despidos previsto en la letra a) del párrafo anterior se asimilarán a los despidos las extinciones del contrato de trabajo producidos por iniciativa de empresario en base o uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, siempre y cuando los despidos sean al menos 5."

Respecto de los umbrales como vemos tanto el módulo temporal como el cuantitativo son distintos en la legislación nacional y en la europea, lo que ha dado lugar a la siguiente evolución de la doctrina jurisprudencial:

a.- en un primer momento y razonando que el criterio del art. 51.1 del ET mejoraba los mínimos fijados en la directiva la STS de 9-3-2.009- rcud 1878/2008 - señala que debe atenerse el número de extinciones producidas en el seno de la empresa y no en un concreto centro de trabajo;

b.- en virtud de PTJUE del Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona se dicta la STJUE de 13-5-2.015 ("Raval- Cañas") que señala: "El artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que introduce, como única unidad de referencia, la empresa y no el centro de trabajo, cuando la aplicación de dicho criterio conlleva obstaculizar el procedimiento de información y consulta establecido en los artículos 2 a 4 de esta Directiva, siendo así que, si se utilizase como unidad de referencia el centro de trabajo, los despidos de que se trata deberían calificarse de «despido colectivo» a la luz de la definición que figura en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva."

- la integración de la doctrina Raval- Cañas en asumida en la STS de 17-10-2.016- rec 37/2016 - "ZARDOYA- OTIS", donde se cuestiona si empresa tiene una plantilla global de 3.100 trabajadores en sus diferentes centros de trabajo, de los cuales 77 prestaban servicio en el de Munguía, habiéndose producido en dicho centro un total de 27 extinciones individuales de contratos de trabajo computables a efectos de aplicar los límites entre el despido individual y colectivo, lo cual implicaría que de atenderse a la legislación nacional únicamente no existiría despido colectivo y conforme al Derecho de la Unión sí fija que debe atenderse a los dos criterios: " completamos el criterio establecido en la STS de 18 de marzo de 2009 (rec. 1878/2008 ), en el sentido de que deben calificarse como despido colectivo y respetar por consiguiente el régimen legal aplicable en esta materia, tanto las situaciones en las que las extinciones de contratos computables superen los umbrales del art. 51.1º ET tomando la totalidad de la empresa como unidad de referencia, como aquellas otras en las que se excedan esos mismos umbrales afectando a un único centro de trabajo que emplee habitualmente a más de 20 trabajadores.".

DÉCIMO.-Expuesto lo anterior, es claro que el éxito de la acción de impugnación de despido colectivo requiere que por quién demanda se acredite que han se han producido un número de extinciones contractuales por causas no inherentes a la persona del trabajador en la empresa o en el centro de trabajo en el periodo de tiempo de referencia señalados bien en el art. 51. 1 E. T bien e art. 1 de la Directiva 98/59.

En el presente caso, el demandante pretende considerar como extinciones computables todas aquellas subrogaciones contractuales que tuvieron efecto el día 1-1-2.025, fecha a partir de la cual todo el personal de conducción y logística de la entidad Carbó Collbatallé paso a prestar servicios para el resto de sociedades demandadas, en virtud de una sucesión de empresas que es negada por la organización actora, pues niega que se haya transmitido empresa o unidad productiva autónoma de la misma en los términos del art. 44 E.T, sosteniendo que la aparente sucesión no tiene otro objeto que amparar un cesión ilícita de mano de obra proscrita por el art. 43.1 E.T pues sigue siendo la entidad Carbó Collbatallé quién organiza y disciplina la actividad que realizan los trabajadores supuestamente cedidos.

Desde ya anunciamos que la demanda será desestimada pues a nuestro juicio, se incurre por el sindicato demandante en un error de enfoque al considerar extinciones de contrato de trabajo, meras subrogaciones que no merecen la condición de tales, y ello por las razones que procederemos a exponer:

1ª.- En el art. 49 del E.T no se contempla como causa de extinción del contrato de trabajo la subrogación en la persona del empresario, es más, en el único supuesto específico de subrogación empresarial que se contempla expresamente en el TRLET es el de la sucesión de empresas, el art. 44.1 E. T proclama que la misma no extingue la relación laboral, supuesto este que es contemplado de la misma forma en el art. 1 Directiva 2001/23.

2ª.- Pero es más, si se acude al Código civil, la subrogación de las partes en una obligación no opera, en principio, como causa extintiva de la misma, sino simplemente como una novación modificativa de la misma, y así expresamente lo proclama el art. 1203 Cc, requiriendo el art. 1.204 Cc que para que se extinga la obligación por mor de la novación es necesario que la obligación primigenia y la nueva sean de todo punto incompatibles, lo que en el contrato de trabajo no sucede cuando el nuevo empleador asume respecto del anterior todos los derechos y obligaciones que le correspondían al anterior.

Y ello sin perjuicio, de que la subrogación requiera del consentimiento del trabajador ex. Art. 1.205 Cc para poder surtir efectos ( STS de 6-10-2.011- rec. 138/2010-). Dicho consentimiento puede ser expreso por parte del trabajador, admitiéndose también el consentimiento tácito consistente en la prestación de servicios por parte del trabajador por cuenta del nuevo empleador sin efectuar oposición a la subrogación, ni impugnar la misma en la forma prevista en la STS de 14-5-2.004- rcud 2436/2003-.

3ª.- No es óbice a lo anterior, que esta Sala haya considerado como extinciones computables en nuestra SAN de 14-6-2.024- autos 52/2024- las bajas en una empresa para causar alta en otra empresa del grupo en el marco de una decisión de reestructuración empresarial clara, por cuanto que en ese supuesto no se acreditó que se mantuviesen en la nueva contratación las condiciones de trabajo esenciales que se tenían en la contratación originaria. Además en tal resolución consideramos en aplicación de la doctrina de la STJUE de 24-2-2.024 . asunto C589/22 , "Resorts Mallorca Hotels International")que declaró que el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que la obligación de consulta que establece nace desde el momento en el que el empresario, en el marco de un plan de reestructuración, se plantea o proyecta una disminución de puestos de trabajo cuyo número puede superar los umbrales de supresión de puestos establecidos en el artículo 1, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, pues en este caso es evidente que el Carbó lo que quiso es transmitir la parte de transporte de su actividad a terceras empresas, sin que en ningún caso plantease eliminar la misma amortizando la totalidad de los empleos.

No habiéndose justificado por la demandada que haya habido una oposición por parte de los trabajadores a las subrogaciones en un número tal que supere los umbrales numéricos arriba referidos, sin necesidad de examinar si en cada una de las subrogaciones concurren los elementos necesarios para la aplicación del instituto de la sucesión de empresas, procede desestimar la demanda.

UNDÉCIMO.-Por mor de lo dispuesto en los arts. 205 y 206 de la LRJS contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ordinario ante esta Sala para su resolución por la Sala IV del Tribunal Supremo.

Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa bien en hechos conformes, bien en las fuentes de prueba que en los mismos se expresan.

En orden a la motivación fáctica de la presente resolución, y sin perjuicio, de lo que más adelante diremos tanto respecto de la cuestión relativa a la indebida acumulación de acciones como respecto de la cuestión de fondo, hemos de señalar que por parte de los actores no se ha acreditado una serie de circunstancias fácticas en las que hacen hincapié tanto en las demandadas como en el acto del juicio, cual es que es Carbó Collbatallé quién organiza, dirige y disciplina el trabajo de la totalidad de aquellos empleados de la misma que el día 1 de enero fueron subrogados por el resto de empresas codemandadas, y ello porque tal circunstancia no puede derivarse como se pretende la misma de unas órdenes de transporte con el anagrama de Carbó-, cuando nadie ha puesto en duda que es la empresa para la que se realizan los portes, o de la existencia de un grupo de "Whats App" que consta como creado en el año 2017, ni del testimonio de un trabajador afectado por la supuesta decisión extintiva que se impugna.

TERCERO.-Como ha quedado plasmado en el cuarto de los antecedentes fácticos de la presente resolución tanto por el sindicato CSO, como por los Comités de empresa de Madrid y Barcelona, así como por el que fuera Delegado de Personal de Sevilla de la empresa CARBÓ COLLBATALLÉ SLU se han interpuesto diversas demandadas en las que se solicita sentencia en la que se declare:

1.- que la sucesión de empresa invocada por la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U. no es ajustada a derecho;

2.- el derecho del colectivo afectado a permanecer en la plantilla o reingreso a la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U;

3.- se declaren nulos los despidos realizados con fecha de efectos del 31 de diciembre de 2024 por esta causa, que se dejen sin efecto las subrogaciones operadas el 01 de enero de 2025 con las empresas subcontratistas codemandadas, y por ello, se reconozca el derecho de los trabajadores despedidos a permanecer en la plantilla y a reanudar sus relaciones laborales con Carbó Collbatallé, S.L.U., siendo reingresados, readmitidos en sus mismos puestos de trabajo, con efectos desde el día de efectos de la finalización de la relaciones laborales, condenado a las empresas demandadas a estar y pasar por dicha declaración.

Frente a tales peticiones a las que se adhieren los sindicatos llamados como intervinientes, se han opuesto por las entidades codemandadas las siguientes excepciones:

A.- Por parte de la entidad CARBÓ COLLBATALÉ SLU las siguientes:

1.- Falta de legitimación activa de CSO - solo tiene un delegado de personal en Alicante- de 27 representantes unitarios que hay en la empresa, que constituyó una sección sindical previa a la demanda de despido el día 31-12-2.024 que fue recibida por la empresa el día 2 de enero de 2025 cuando los portavoces ya habían cesado como empleados de CARBÓ y Falta de legitimación de los representantes unitarios para interponer la demanda por carecer de representación respecto de los trabajadores de otros centros.

2.- Acumulación indebida de acciones, respecto de la cesión ilegal que no resulta acumulable a la demanda de despido.

3.- Se adujo falta de agotamiento de la vía previa por no haberse tramitado un ERE, que se considera como necesaria para las pretensiones de conflicto que se acumulan a la demanda (Agisa Logística S.L., Matarrucha S.L, Logística Contreras S.L.)

4.- Falta de litisconsorcio pasivo respecto de las empresas que recibirán trabajadores en fecha 17 de marzo de 2025.

5.- Falta de acción y de legitimación activa y pasiva, por cuanto que no ha existido un ERE encubierto ni extinciones de contrato;

B.- Transportes Moncayo y Dronas 2002 S.L, alegan la falta de legitimación de la segunda por no haber subrogado conductores, y refuerzan la falta de legitimación activa de los demandantes al carecer de representación o implantación alguna en estas empresas, además aducen la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario por cuanto que consideran sus propias representaciones unitarias deberían haber sido codemandadas;

C.- Transportes FRANANDI 1974 añade su falta de legitimación pasiva por cuando que nada se pide contra la entidad que representa;

D.- GOLDFRÍO su falta de legitimación pasiva ad causam por cuanto que no ha subrogado ningún conductor, añadió la excepción de falta de legitimación activa de CSO porque noexiste representación de CSO en nexo de la propia empresa que tiene su propia representación legal de los trabajadores así como la falta de legitimación pasiva de su RLT, añadiendo la caducidad de la acción, por cuanto que las comunicaciones de subrogación se efectuaron el día 10 de diciembre firmándose la demanda el 13 de enero.

CUARTO.-Consideramos que la primera excepción que debe ser resuelta pues la resolución de la misma condicionará la suerte de las restantes es la relativa a la acumulación indebida de acciones, pues lo que resuelva al efecto determinará si la acción que se ejercita está sujeta a plazo de caducidad, a la necesidad de una vía previa, así como a la regular constitución de litis.

Con relación a la acumulación a la acción de impugnación de despido colectivo de otras acciones, propias de la modalidad procesal de conflicto colectivo como pudieran ser las relativas al examen de una sucesión de empresas o a una cesión ilegal de trabajadores a la de impugnación de despido colectivo, la STS de 21-2-2.020- rec.144/2019- interpretando las normas relativas a la acumulación de acciones del art. 26 de la LRJS señala que con carácter general "el proceso de DC solo puede tener por objeto las cuatro causas de impugnación que enumera el art. 124.2 LRJS [...] La naturaleza especial y urgente de esta modalidad procesal impide plantear otras cuestiones, como la posible sucesión de empresa producida tras tomarse y notificarse la decisión extintiva, máxime si no ha mediado un contrato mercantil entre cedente y cesionario en ese sentido. Así lo corrobora igualmente el art. 26.1 LRJS que prohíbe la acumulación a las acciones de despido de cualesquiera otras ("no podrán acumularse entre sí ni a otras distintas en un mismo juicio, ni siquiera por vía de reconvención, las acciones de despido y demás causas de extinción del contrato de trabajo"), con las excepciones que se indican en él. "No obstante tal regla general, dicha resolución viene admitiendo que puedan examinarse con carácter prejudicial para determinar la calificación del despido colectivo que se impugna cuestiones tales como una eventual cesión ilegal de trabajadores, el levantamiento del velo de la persona jurídica o una sucesión de empresas, siempre cuando las mismas se funden en hechos anteriores a la decisión extintiva que se impugna y resulten determinantes para la calificación del despido colectivo.

En el supuesto que nos encontramos al suplico propio de una impugnación de despido colectivo de hecho o encubierto cual es que se declare la nulidad de las extinciones producidas y que se declare el derecho a la reincorporación de los trabajadores afectados por el mismo dos pretensiones propias de conflicto colectivo cuales que la sucesión de empresa invocada por la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U. no es ajustada a derecho y el derecho del colectivo afectado a permanecer en la plantilla o reingreso a la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U.

Ninguno de estos petitum son propios de la modalidad procesal de impugnación de despido colectivo, por lo que apreciaremos respecto de los mismos la acumulación indebida de acciones, sin perjuicio, de que pueda ser examinada la sucesión de empresas con carácter prejudicial en la presente resolución, por cuanto que se basa en hechos anteriores y coetáneos a la decisión que se reputa como constitutiva de despido colectivo de hecho, mas no la relativa a la cesión ilegal de mano de obra pues se funda en hechos posteriores a la subrogación que se reputa como fraudulenta.

En atención a lo anterior, consideramos que Sala está facultada para examinar la sucesión si lo considera relevante para calificar la decisión extintiva, pero siempre con carácter prejudicial y sin hacer referencia alguna a la misma en el fallo de la demanda. Por basarse en hechos posteriores a la decisión extintiva que se impugna no cabe efectuar análisis alguno de la cesión ilegal que se denuncia.

Por ello, estimaremos la excepción en los términos expuestos, lo que conllevará de plano el rechazo de la excepción de falta de agotamiento de la vía previa por cuanto que la acción de despido colectiva no está sujeta a la preceptiva conciliación o mediación previa que establecen los arts. 63 y 156 de la LRJS.

QUINTO.-Con relación a la excepción de caducidad de la acción, desde ya anunciamos que la misma debe rechazarse.

Si bien las previsiones del plazo de caducidad de 20 días que el art. 59.3 del E.T establece para el ejercicio de la acción de despido, para el supuesto de despido colectivo de hecho no aparecen especificadas en el apartado 6 del art. 124 de la LRJS ("La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de veinte días desde la fecha del acuerdo alcanzado en el período de consultas o de la notificación a los representantes de los trabajadores de la decisión empresarial de despido colectivo"),ya que sólo contempla el "dies a quo" de la acción para impugnar un despido colectivo desarrollado de forma regular, esto es, previa la tramitación del preceptivo periodo de consultas, consideramos que cuando se está ejercitando una acción de despido colectivo de hecho, de cara al cómputo de la caducidad de la acción resulte irrelevante la fecha en la que la que se notificó a los trabajadores a título individual la supuesta extinción futura de su contrato de trabajo, siendo que el "dies a quo", a partir del cual debe contarse el plazo de 20 días debe datarse en la fecha en que se afirma se produjo la última de las extinciones computables ( STS de 24-1-2.020- rec. 148/2019) o desde que los sujetos colectivos tuvieron conocimiento de la efectividad de las mismas ( STS de 19-10-2023- rec. 183/2.022).

En este caso, en el que se impugnan como despido colectivo de hecho las subrogaciones producidas el día 1-1-2.025, las cuales habían sido preavisadas a los trabajadores afectados y a sus representantes legales con anterioridad- a lo largo del mes de diciembre de 2.024-, consideramos que las demandas fueron presentadas en plazo ya que la última de las demandas presentadas lo fue el día 29 de enero de 2025, esto es, dentro de los días 20 días hábiles siguientes al 1 de enero de 2025, toda vez que deben reputarse inhábiles los días 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de dicho mes, por ser festivos ( el 6) o coincidir con sábado o domingo, lo que como anunciábamos nos llevará al rechazo de la excepción.

SEXTO.-Se ha cuestionado por diversas razones la falta de legitimación activa tanto del sindicato actor como de los órganos de representación unitaria demandantes para ejercitar la acción de despido colectivo de hecho.

Por parte de Carbó Collbatallé se refiere que el sindicato de CSO carece de implantación suficiente en la misma y que por mor del principio de correspondencia ni los delegados de personal ni los comités de empresa pueden emprender acciones colectivas que excedan de su ámbito de representación.

Por varias de las empresas en las que se ha subrogado personal que hasta el 31-12-2.024 prestó servicios en Carbó se niega la legitimación activa a todos los actores por una misma razón, carecen de implantación alguna en las mismas.

I.- La primera cuestión, pues, que debe analizarse para resolver esta excepción es el ámbito en el que debe determinarse la implantación, esto es, si como se sostiene por parte de las empresas que han recibido trabajadores de Carbó es en el seno de las mismas, esto es, en el posterior a la decisión que reputa por los actores como extintiva, o si por el contrario, debe estarse al estado de cosas previo a la misma para resolver tal cuestión.

Al efecto hemos de señalar que el art. 124.1 de la LRJS refiere que "1. La decisión empresarial podrá impugnarse por los representantes legales de los trabajadores a través del proceso previsto en los apartados siguientes. Cuando la impugnación sea formulada por los representantes sindicales, éstos deberán tener implantación suficiente en el ámbito del despido colectivo."

Consideramos que el precepto al referirse a decisión empresarial y a representantes legales o sindicales, es claro que se refiere a los que lo sean en el ámbito de la empresa que toma la decisión.

Dicho argumento se refuerza por cuanto que la STS de 18-3-2.014- 114/2013- al reconocer legitimación a la comisión ad hoc que negoció un despido colectivo para ejercitar la acción colectiva de impugnación consagró el principio según el cual quién tiene capacidad negociar tiene capacidad para impugnar el fruto de la negociación, lo cual trasladado a nuestro caso, en que lo se impugna es un despido colectivo de hecho o encubierto, esto es, no negociado, implica que estarían legitimados para impugnarlo aquellos sujetos colectivos que pudieran haberlo negociado, lo cual es claro que se refiere a los representantes legales o sindicales de la empresa a la que se imputa la decisión extintiva.

II.- Resuelto lo anterior, debemos analizar si el sindicato CSO acredita tener implantación suficiente en Carbó Collbatallé que le habilite a impugnar el despido colectivo.

Al respecto hemos de señalar que tras la reforma operada por el RD ley 3/2012, y la posterior Ley 3/2012 que trae causa del mismo de la legislación sustantiva y procesal en materia de despido colectivo, esta Sala en un primer momento entendió que cuando el despido colectivo era impugnado por representantes sindicales, la implantación suficiente a la que se refería el art. 124.1 de la LRJS debía equipararse con la legitimación para estar sentado en la comisión negociadora del despido colecto, lo cual exigía ostentar un mínimo del 7, 69 por ciento de los representantes unitarios electos en el ámbito del despido colectivo (en este sentido SSAN de 16-5-2.014- autos 500/2013-, 18-7-2.014- proc. 136/2014- y de 25-11-2.014- proc.157/2014).

Tal criterio no fue avalado por la Sala IV del TS que en la STS de 20-7-2.016- rec. 333/2014- en una interpretación del meritado art. 124.1 de la LRJS en relación con los arts. 17.2 y 154 y 155 y el art. 2.2 de la LOLS que desarrolla el art. 28 CE-, proactiva del derecho de libertad sindical en su vertiente de la promoción de conflictos colectivos, que consideró que una organización sindical con una implantación del 1,92 por ciento en el ámbito de una determinada empresa gozaba de legitimación para impugnar un despido colectivo.

En nuestro caso se admite que el sindicato CSO a la fecha en la que por el mismo se data la decisión extintiva ostentaba uno de los 27 representantes unitarios elegidos en la empresa demandada lo que implica un 3, 70 por ciento de representación y que con arreglo a lo expresado por el Alto Tribunal en la resolución referida ostente implantación para promover la demanda de despido colectivo.

III.- En lo que se refiere a la legitimación para impugnar el despido colectivo por parte de los Comités de Empresa de Madrid y Barcelona y del delegado de personal de Sevilla de la misma empresa, cada uno de los cuales ha interpuesto una demanda de impugnación de despido colectivo, hemos de efectuar las siguientes consideraciones:

1ª- que la legitimación que el art. 124.1 de la LRJS otorga a los representantes de los trabajadores para impugnar un despido colectivo debe cohonestarse, como ha puesto de manifiesto el TS a la hora de examinar la legitimación de los representes no sindicales de las medidas de reestructuración empresarial con las leyes que determinan la actuación de tales sujetos, en este punto debemos recalcar que los arts. 62.1 y 63.1 del E.T únicamente otorgan representación a los Delegados de Personal y Comités de Empresa respecto de los trabajadores adscritos al centro o centros de trabajo por los que fueron elegidos, mas no a otros centros de trabajo, lo que hace que no pueda admitirse que una representación unitaria pueda impugnar por sí sola un despido colectivo que afecte a varios centros de trabajo de la empresa;

2ª- impugnándose en el presente caso un despido colectivo de hecho, la impugnación por los representantes unitarios de los trabajadores, exigiría la interposición de una demanda conjunta por todas aquellas representaciones unitarias de la empresa con capacidad para designar con arreglo al art. 41.4 E.T a la Comisión representativa de los trabajadores, puesto que como ha puesto de manifiesto la doctrina jurisprudencial por todas ( Ss. TS-, de 21 -4- 2015, rec. 311/2014; de 14 -10- 2015 -rec.336/2014- y de 17 -4- 2018, Rec. 101/2017 y de 18-5-2022- rec. 246/2021) la conformación de la voluntad de las comisiones representativas de los trabajadores requiere de acuerdo mayoritario de sus miembros y en nuestro caso se han interpuesto demandas por cada una de las representaciones que lo han estimado conveniente;

3ª.- encontrándonos ante una acción sujeta a plazo de caducidad la falta de legitimación activa no puede suplirse por la adhesión de sujetos legitimados para interponer la acción en el acto del juicio cuando ya transcurrió el referido plazo ( STS 25-9-2.024- rec 269/2022-.

Por todo ello estimaremos la falta de legitimación activa de los Comités y Delegado de personal demandantes ya que interpusieron demandas que excedían de su ámbito de representación, prescindiendo del concurso del resto de la representación unitaria en la empresa, y sin que la adhesión a las mismas que hayan podido hacer los sindicatos que comparecieron con intervinientes en el acto de la vista tenga virtualidad alguna toda vez que se hizo transcurrido el plazo de caducidad.

SÉPTIMO.-En lo que concierne a la falta de legitimación pasiva invocada por distintas empresas y por distintas causas, procederemos a resolverla de la forma que se expresa a continuación.

1.- Hemos de señalar en primer lugar que el hecho de no haber subrogado personal de conducción en nada afecta a la legitimación pasiva de las sociedades codemandadas por cuanto que el petitum de la demanda no se circunscribe únicamente al personal de conducción, por ello rechazaremos la excepción en los términos que ha sido invocada por Dronas 2002 S.L y por Goldfrío.

2.- Transportes Franadi 1974 invoca la excepción por cuanto que dice que en nada le afecta el fallo de la sentencia, alegación esta que a juicio de la Sala resulta inexacta pues la Sala a fin de determinar si existe o no despedido colectivo de hecho debe examinar, al menos con carácter preliminar como se razonó en el cuarto de los fundamentos de derecho de la presente resolución, la validez de un negocio jurídico en el que dicha entidad fue parte cual es la subrogación de determinados trabajadores que anteriormente prestaron servicios en Carbó.

Por lo tanto, lo que aquí se razona pudiera tener carácter prejudicial a los efectos del art. 222.4 de la LEC en ulteriores pleitos que pudieran afectar directamente a la demandada, de ahí que estimemos correcta su llamada a la litis a fin de enervar cualquier situación de indefensión.

OCTAVO.-Se ha alegado también la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario por diversas razones.

1.- Por parte de Carbó se aduce que debería haberse traído a la litis a aquellas empresas que a partir del 17 de marzo de 2025 subrogarán nuevos trabajadores de Carbó. Teniendo en cuenta que la sentencia no puede pronunciarse sobre cuestiones que afectan a hechos posteriores a la vista la excepción se rechazará.

2.- Tampoco consideramos que deban ser traídas a la litis, como se ha pretendido por alguna de las entidades subrogantes, la RLT de cada de estas sociedades, pues a las mismas les resulta ajeno el resultado de la presente litis, ya que no se ataca acuerdo alguno que haya sido suscrito con las mismas.

Finalmente, consideramos que la invocada falta de acción por inexistencia de despido colectivo es la cuestión de fondo que debe resolverse en la presente sentencia, no pudiendo ser tratada como excepción procesal y al análisis de tal controversia dedicaremos el resto de la fundamentación de la presente resolución.

NOVENO.-Resueltas, como han sido las excepciones, y enlazando con lo razonado al final del anterior fundamento jurídico, hemos de señalar que para que prospere la acción ejercitada por parte del sindicato actor, esto es, para que la decisión extintiva que se impugna sea declarada nula, quién actúa deberá acreditar que nos encontramos ante un despido colectivo de hecho, lo que nos obliga a efectuar una serie de reflexiones con carácter previo al examen del supuesto fáctico que hoy nos ocupa.

En primer lugar, y como hicimos en nuestra SAN de 27-6-2.024- autos 18/2024- hemos de recordar que:

"Como puso de manifiesto la primera de la resoluciones del TS que abordó con arreglo a la legislación posterior al RD Ley 3/2012 el despido colectivo de hecho, la STS de 25-11-2.013- rec 52/2013 - que confirma nuestra SAN de 27-7- 2012- proc 127/2012 - cuando se impugna un despido colectivo de hecho se impugna una decisión empresarial de efectos colectivos que debería haberse abordado con arreglo a los trámites del art. 51.1 E.T- evidenciada en un número de extinciones de relaciones laborales por causas no inherentes a la persona del trabajador en un periodo temporal de referencia-, en la que se ha prescindido de tales trámites....La STS de 23-9-2.021 - rec 92/2021 - destaca que:" el despido colectivo de hecho, como hemos reiterado en múltiples sentencias, por todas STS 24 de enero de 2020, rec. 148/2019 , es, en realidad, un fenómeno de extinciones de contratos que, siendo realmente colectivas, se formula sin seguir las reglas de procedimiento establecidas por el artículo 51 ET . La STS 25 de noviembre de 2013, Rec. 52/2013 , consideró la existencia de despido colectivo en un supuesto en el que se produjeron despidos disciplinarios y objetivos en número superior al umbral correspondiente y que luego fueron reconocidos como improcedentes mediante transacciones acordadas, señalando que "una decisión extintiva de carácter colectivo puede adoptarse formalmente como tal, sometiéndose al procedimiento legalmente previsto en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores y en sus normas de desarrollo reglamentario", pero "puede también producirse al margen de este procedimiento -prescindiendo, por ejemplo, del periodo de consultas- o incluso ocultando su carácter colectivo" y, en este caso, se trataría de un despido colectivo de hecho, que también podría calificarse en determinadas condiciones como un despido fraudulento o encubierto.".

Por otro lado, hemos de señalar que el número de extinciones contractuales que es necesario que se produzcan en un determinado periodo de tiempo determinado para que sea necesario tramitar unas consultas formales con la representación legal de los trabajadores aparece determinado tanto en el art. 51.1 E. T como en el art.1 de la Directiva 98/59. Al efecto señalábamos en la SAN de 27-6-2024- proc.18/2024- haciendo acopio de la doctrina jurisprudencial al respecto:

El art. 51,1 E.T dispone lo siguiente en el primero de sus párrafos:

"A efectos de lo dispuesto en esta ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de noventa días, la extinción afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores."

Y señala en el penúltimo de sus párrafos: "Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo primero de este apartado, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en el periodo de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c), siempre que su número sea, al menos, de cinco".

Por su parte el art. 1 de la Directiva 98/59 >CE de 20 de julio dispone lo siguiente:

Artículo 1

1. A efectos de la aplicación de la presente Directiva:

a) se entenderá por «despidos colectivos» los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, cuando el número de despidos producidos sea, según la elección efectuada por los Estados miembros:

i) para un período de 30 días:

- al menos igual a 10 en los centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 y menos de 100 trabajadores,

- al menos el 10 % del número de los trabajadores, en los centros de trabajo que empleen habitualmente como mínimo 100 y menos de 300 trabajadores,

- al menos igual a 30 en los centros de trabajo que empleen habitualmente 300 trabajadores, como mínimo;

ii) o bien, para un período de 90 días, al menos igual a 20, sea cual fuere el número de los trabajadores habitualmente empleados en los centros de trabajo afectados;

b) se entenderá por «representantes de los trabajadores» los representantes de los trabajadores previstos por la legislación o la práctica de los Estados miembros.

A efectos del cálculo del número de despidos previsto en la letra a) del párrafo anterior se asimilarán a los despidos las extinciones del contrato de trabajo producidos por iniciativa de empresario en base o uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, siempre y cuando los despidos sean al menos 5."

Respecto de los umbrales como vemos tanto el módulo temporal como el cuantitativo son distintos en la legislación nacional y en la europea, lo que ha dado lugar a la siguiente evolución de la doctrina jurisprudencial:

a.- en un primer momento y razonando que el criterio del art. 51.1 del ET mejoraba los mínimos fijados en la directiva la STS de 9-3-2.009- rcud 1878/2008 - señala que debe atenerse el número de extinciones producidas en el seno de la empresa y no en un concreto centro de trabajo;

b.- en virtud de PTJUE del Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona se dicta la STJUE de 13-5-2.015 ("Raval- Cañas") que señala: "El artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que introduce, como única unidad de referencia, la empresa y no el centro de trabajo, cuando la aplicación de dicho criterio conlleva obstaculizar el procedimiento de información y consulta establecido en los artículos 2 a 4 de esta Directiva, siendo así que, si se utilizase como unidad de referencia el centro de trabajo, los despidos de que se trata deberían calificarse de «despido colectivo» a la luz de la definición que figura en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva."

- la integración de la doctrina Raval- Cañas en asumida en la STS de 17-10-2.016- rec 37/2016 - "ZARDOYA- OTIS", donde se cuestiona si empresa tiene una plantilla global de 3.100 trabajadores en sus diferentes centros de trabajo, de los cuales 77 prestaban servicio en el de Munguía, habiéndose producido en dicho centro un total de 27 extinciones individuales de contratos de trabajo computables a efectos de aplicar los límites entre el despido individual y colectivo, lo cual implicaría que de atenderse a la legislación nacional únicamente no existiría despido colectivo y conforme al Derecho de la Unión sí fija que debe atenderse a los dos criterios: " completamos el criterio establecido en la STS de 18 de marzo de 2009 (rec. 1878/2008 ), en el sentido de que deben calificarse como despido colectivo y respetar por consiguiente el régimen legal aplicable en esta materia, tanto las situaciones en las que las extinciones de contratos computables superen los umbrales del art. 51.1º ET tomando la totalidad de la empresa como unidad de referencia, como aquellas otras en las que se excedan esos mismos umbrales afectando a un único centro de trabajo que emplee habitualmente a más de 20 trabajadores.".

DÉCIMO.-Expuesto lo anterior, es claro que el éxito de la acción de impugnación de despido colectivo requiere que por quién demanda se acredite que han se han producido un número de extinciones contractuales por causas no inherentes a la persona del trabajador en la empresa o en el centro de trabajo en el periodo de tiempo de referencia señalados bien en el art. 51. 1 E. T bien e art. 1 de la Directiva 98/59.

En el presente caso, el demandante pretende considerar como extinciones computables todas aquellas subrogaciones contractuales que tuvieron efecto el día 1-1-2.025, fecha a partir de la cual todo el personal de conducción y logística de la entidad Carbó Collbatallé paso a prestar servicios para el resto de sociedades demandadas, en virtud de una sucesión de empresas que es negada por la organización actora, pues niega que se haya transmitido empresa o unidad productiva autónoma de la misma en los términos del art. 44 E.T, sosteniendo que la aparente sucesión no tiene otro objeto que amparar un cesión ilícita de mano de obra proscrita por el art. 43.1 E.T pues sigue siendo la entidad Carbó Collbatallé quién organiza y disciplina la actividad que realizan los trabajadores supuestamente cedidos.

Desde ya anunciamos que la demanda será desestimada pues a nuestro juicio, se incurre por el sindicato demandante en un error de enfoque al considerar extinciones de contrato de trabajo, meras subrogaciones que no merecen la condición de tales, y ello por las razones que procederemos a exponer:

1ª.- En el art. 49 del E.T no se contempla como causa de extinción del contrato de trabajo la subrogación en la persona del empresario, es más, en el único supuesto específico de subrogación empresarial que se contempla expresamente en el TRLET es el de la sucesión de empresas, el art. 44.1 E. T proclama que la misma no extingue la relación laboral, supuesto este que es contemplado de la misma forma en el art. 1 Directiva 2001/23.

2ª.- Pero es más, si se acude al Código civil, la subrogación de las partes en una obligación no opera, en principio, como causa extintiva de la misma, sino simplemente como una novación modificativa de la misma, y así expresamente lo proclama el art. 1203 Cc, requiriendo el art. 1.204 Cc que para que se extinga la obligación por mor de la novación es necesario que la obligación primigenia y la nueva sean de todo punto incompatibles, lo que en el contrato de trabajo no sucede cuando el nuevo empleador asume respecto del anterior todos los derechos y obligaciones que le correspondían al anterior.

Y ello sin perjuicio, de que la subrogación requiera del consentimiento del trabajador ex. Art. 1.205 Cc para poder surtir efectos ( STS de 6-10-2.011- rec. 138/2010-). Dicho consentimiento puede ser expreso por parte del trabajador, admitiéndose también el consentimiento tácito consistente en la prestación de servicios por parte del trabajador por cuenta del nuevo empleador sin efectuar oposición a la subrogación, ni impugnar la misma en la forma prevista en la STS de 14-5-2.004- rcud 2436/2003-.

3ª.- No es óbice a lo anterior, que esta Sala haya considerado como extinciones computables en nuestra SAN de 14-6-2.024- autos 52/2024- las bajas en una empresa para causar alta en otra empresa del grupo en el marco de una decisión de reestructuración empresarial clara, por cuanto que en ese supuesto no se acreditó que se mantuviesen en la nueva contratación las condiciones de trabajo esenciales que se tenían en la contratación originaria. Además en tal resolución consideramos en aplicación de la doctrina de la STJUE de 24-2-2.024 . asunto C589/22 , "Resorts Mallorca Hotels International")que declaró que el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que la obligación de consulta que establece nace desde el momento en el que el empresario, en el marco de un plan de reestructuración, se plantea o proyecta una disminución de puestos de trabajo cuyo número puede superar los umbrales de supresión de puestos establecidos en el artículo 1, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, pues en este caso es evidente que el Carbó lo que quiso es transmitir la parte de transporte de su actividad a terceras empresas, sin que en ningún caso plantease eliminar la misma amortizando la totalidad de los empleos.

No habiéndose justificado por la demandada que haya habido una oposición por parte de los trabajadores a las subrogaciones en un número tal que supere los umbrales numéricos arriba referidos, sin necesidad de examinar si en cada una de las subrogaciones concurren los elementos necesarios para la aplicación del instituto de la sucesión de empresas, procede desestimar la demanda.

UNDÉCIMO.-Por mor de lo dispuesto en los arts. 205 y 206 de la LRJS contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ordinario ante esta Sala para su resolución por la Sala IV del Tribunal Supremo.

Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa bien en hechos conformes, bien en las fuentes de prueba que en los mismos se expresan.

En orden a la motivación fáctica de la presente resolución, y sin perjuicio, de lo que más adelante diremos tanto respecto de la cuestión relativa a la indebida acumulación de acciones como respecto de la cuestión de fondo, hemos de señalar que por parte de los actores no se ha acreditado una serie de circunstancias fácticas en las que hacen hincapié tanto en las demandadas como en el acto del juicio, cual es que es Carbó Collbatallé quién organiza, dirige y disciplina el trabajo de la totalidad de aquellos empleados de la misma que el día 1 de enero fueron subrogados por el resto de empresas codemandadas, y ello porque tal circunstancia no puede derivarse como se pretende la misma de unas órdenes de transporte con el anagrama de Carbó-, cuando nadie ha puesto en duda que es la empresa para la que se realizan los portes, o de la existencia de un grupo de "Whats App" que consta como creado en el año 2017, ni del testimonio de un trabajador afectado por la supuesta decisión extintiva que se impugna.

TERCERO.-Como ha quedado plasmado en el cuarto de los antecedentes fácticos de la presente resolución tanto por el sindicato CSO, como por los Comités de empresa de Madrid y Barcelona, así como por el que fuera Delegado de Personal de Sevilla de la empresa CARBÓ COLLBATALLÉ SLU se han interpuesto diversas demandadas en las que se solicita sentencia en la que se declare:

1.- que la sucesión de empresa invocada por la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U. no es ajustada a derecho;

2.- el derecho del colectivo afectado a permanecer en la plantilla o reingreso a la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U;

3.- se declaren nulos los despidos realizados con fecha de efectos del 31 de diciembre de 2024 por esta causa, que se dejen sin efecto las subrogaciones operadas el 01 de enero de 2025 con las empresas subcontratistas codemandadas, y por ello, se reconozca el derecho de los trabajadores despedidos a permanecer en la plantilla y a reanudar sus relaciones laborales con Carbó Collbatallé, S.L.U., siendo reingresados, readmitidos en sus mismos puestos de trabajo, con efectos desde el día de efectos de la finalización de la relaciones laborales, condenado a las empresas demandadas a estar y pasar por dicha declaración.

Frente a tales peticiones a las que se adhieren los sindicatos llamados como intervinientes, se han opuesto por las entidades codemandadas las siguientes excepciones:

A.- Por parte de la entidad CARBÓ COLLBATALÉ SLU las siguientes:

1.- Falta de legitimación activa de CSO - solo tiene un delegado de personal en Alicante- de 27 representantes unitarios que hay en la empresa, que constituyó una sección sindical previa a la demanda de despido el día 31-12-2.024 que fue recibida por la empresa el día 2 de enero de 2025 cuando los portavoces ya habían cesado como empleados de CARBÓ y Falta de legitimación de los representantes unitarios para interponer la demanda por carecer de representación respecto de los trabajadores de otros centros.

2.- Acumulación indebida de acciones, respecto de la cesión ilegal que no resulta acumulable a la demanda de despido.

3.- Se adujo falta de agotamiento de la vía previa por no haberse tramitado un ERE, que se considera como necesaria para las pretensiones de conflicto que se acumulan a la demanda (Agisa Logística S.L., Matarrucha S.L, Logística Contreras S.L.)

4.- Falta de litisconsorcio pasivo respecto de las empresas que recibirán trabajadores en fecha 17 de marzo de 2025.

5.- Falta de acción y de legitimación activa y pasiva, por cuanto que no ha existido un ERE encubierto ni extinciones de contrato;

B.- Transportes Moncayo y Dronas 2002 S.L, alegan la falta de legitimación de la segunda por no haber subrogado conductores, y refuerzan la falta de legitimación activa de los demandantes al carecer de representación o implantación alguna en estas empresas, además aducen la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario por cuanto que consideran sus propias representaciones unitarias deberían haber sido codemandadas;

C.- Transportes FRANANDI 1974 añade su falta de legitimación pasiva por cuando que nada se pide contra la entidad que representa;

D.- GOLDFRÍO su falta de legitimación pasiva ad causam por cuanto que no ha subrogado ningún conductor, añadió la excepción de falta de legitimación activa de CSO porque noexiste representación de CSO en nexo de la propia empresa que tiene su propia representación legal de los trabajadores así como la falta de legitimación pasiva de su RLT, añadiendo la caducidad de la acción, por cuanto que las comunicaciones de subrogación se efectuaron el día 10 de diciembre firmándose la demanda el 13 de enero.

CUARTO.-Consideramos que la primera excepción que debe ser resuelta pues la resolución de la misma condicionará la suerte de las restantes es la relativa a la acumulación indebida de acciones, pues lo que resuelva al efecto determinará si la acción que se ejercita está sujeta a plazo de caducidad, a la necesidad de una vía previa, así como a la regular constitución de litis.

Con relación a la acumulación a la acción de impugnación de despido colectivo de otras acciones, propias de la modalidad procesal de conflicto colectivo como pudieran ser las relativas al examen de una sucesión de empresas o a una cesión ilegal de trabajadores a la de impugnación de despido colectivo, la STS de 21-2-2.020- rec.144/2019- interpretando las normas relativas a la acumulación de acciones del art. 26 de la LRJS señala que con carácter general "el proceso de DC solo puede tener por objeto las cuatro causas de impugnación que enumera el art. 124.2 LRJS [...] La naturaleza especial y urgente de esta modalidad procesal impide plantear otras cuestiones, como la posible sucesión de empresa producida tras tomarse y notificarse la decisión extintiva, máxime si no ha mediado un contrato mercantil entre cedente y cesionario en ese sentido. Así lo corrobora igualmente el art. 26.1 LRJS que prohíbe la acumulación a las acciones de despido de cualesquiera otras ("no podrán acumularse entre sí ni a otras distintas en un mismo juicio, ni siquiera por vía de reconvención, las acciones de despido y demás causas de extinción del contrato de trabajo"), con las excepciones que se indican en él. "No obstante tal regla general, dicha resolución viene admitiendo que puedan examinarse con carácter prejudicial para determinar la calificación del despido colectivo que se impugna cuestiones tales como una eventual cesión ilegal de trabajadores, el levantamiento del velo de la persona jurídica o una sucesión de empresas, siempre cuando las mismas se funden en hechos anteriores a la decisión extintiva que se impugna y resulten determinantes para la calificación del despido colectivo.

En el supuesto que nos encontramos al suplico propio de una impugnación de despido colectivo de hecho o encubierto cual es que se declare la nulidad de las extinciones producidas y que se declare el derecho a la reincorporación de los trabajadores afectados por el mismo dos pretensiones propias de conflicto colectivo cuales que la sucesión de empresa invocada por la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U. no es ajustada a derecho y el derecho del colectivo afectado a permanecer en la plantilla o reingreso a la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U.

Ninguno de estos petitum son propios de la modalidad procesal de impugnación de despido colectivo, por lo que apreciaremos respecto de los mismos la acumulación indebida de acciones, sin perjuicio, de que pueda ser examinada la sucesión de empresas con carácter prejudicial en la presente resolución, por cuanto que se basa en hechos anteriores y coetáneos a la decisión que se reputa como constitutiva de despido colectivo de hecho, mas no la relativa a la cesión ilegal de mano de obra pues se funda en hechos posteriores a la subrogación que se reputa como fraudulenta.

En atención a lo anterior, consideramos que Sala está facultada para examinar la sucesión si lo considera relevante para calificar la decisión extintiva, pero siempre con carácter prejudicial y sin hacer referencia alguna a la misma en el fallo de la demanda. Por basarse en hechos posteriores a la decisión extintiva que se impugna no cabe efectuar análisis alguno de la cesión ilegal que se denuncia.

Por ello, estimaremos la excepción en los términos expuestos, lo que conllevará de plano el rechazo de la excepción de falta de agotamiento de la vía previa por cuanto que la acción de despido colectiva no está sujeta a la preceptiva conciliación o mediación previa que establecen los arts. 63 y 156 de la LRJS.

QUINTO.-Con relación a la excepción de caducidad de la acción, desde ya anunciamos que la misma debe rechazarse.

Si bien las previsiones del plazo de caducidad de 20 días que el art. 59.3 del E.T establece para el ejercicio de la acción de despido, para el supuesto de despido colectivo de hecho no aparecen especificadas en el apartado 6 del art. 124 de la LRJS ("La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de veinte días desde la fecha del acuerdo alcanzado en el período de consultas o de la notificación a los representantes de los trabajadores de la decisión empresarial de despido colectivo"),ya que sólo contempla el "dies a quo" de la acción para impugnar un despido colectivo desarrollado de forma regular, esto es, previa la tramitación del preceptivo periodo de consultas, consideramos que cuando se está ejercitando una acción de despido colectivo de hecho, de cara al cómputo de la caducidad de la acción resulte irrelevante la fecha en la que la que se notificó a los trabajadores a título individual la supuesta extinción futura de su contrato de trabajo, siendo que el "dies a quo", a partir del cual debe contarse el plazo de 20 días debe datarse en la fecha en que se afirma se produjo la última de las extinciones computables ( STS de 24-1-2.020- rec. 148/2019) o desde que los sujetos colectivos tuvieron conocimiento de la efectividad de las mismas ( STS de 19-10-2023- rec. 183/2.022).

En este caso, en el que se impugnan como despido colectivo de hecho las subrogaciones producidas el día 1-1-2.025, las cuales habían sido preavisadas a los trabajadores afectados y a sus representantes legales con anterioridad- a lo largo del mes de diciembre de 2.024-, consideramos que las demandas fueron presentadas en plazo ya que la última de las demandas presentadas lo fue el día 29 de enero de 2025, esto es, dentro de los días 20 días hábiles siguientes al 1 de enero de 2025, toda vez que deben reputarse inhábiles los días 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de dicho mes, por ser festivos ( el 6) o coincidir con sábado o domingo, lo que como anunciábamos nos llevará al rechazo de la excepción.

SEXTO.-Se ha cuestionado por diversas razones la falta de legitimación activa tanto del sindicato actor como de los órganos de representación unitaria demandantes para ejercitar la acción de despido colectivo de hecho.

Por parte de Carbó Collbatallé se refiere que el sindicato de CSO carece de implantación suficiente en la misma y que por mor del principio de correspondencia ni los delegados de personal ni los comités de empresa pueden emprender acciones colectivas que excedan de su ámbito de representación.

Por varias de las empresas en las que se ha subrogado personal que hasta el 31-12-2.024 prestó servicios en Carbó se niega la legitimación activa a todos los actores por una misma razón, carecen de implantación alguna en las mismas.

I.- La primera cuestión, pues, que debe analizarse para resolver esta excepción es el ámbito en el que debe determinarse la implantación, esto es, si como se sostiene por parte de las empresas que han recibido trabajadores de Carbó es en el seno de las mismas, esto es, en el posterior a la decisión que reputa por los actores como extintiva, o si por el contrario, debe estarse al estado de cosas previo a la misma para resolver tal cuestión.

Al efecto hemos de señalar que el art. 124.1 de la LRJS refiere que "1. La decisión empresarial podrá impugnarse por los representantes legales de los trabajadores a través del proceso previsto en los apartados siguientes. Cuando la impugnación sea formulada por los representantes sindicales, éstos deberán tener implantación suficiente en el ámbito del despido colectivo."

Consideramos que el precepto al referirse a decisión empresarial y a representantes legales o sindicales, es claro que se refiere a los que lo sean en el ámbito de la empresa que toma la decisión.

Dicho argumento se refuerza por cuanto que la STS de 18-3-2.014- 114/2013- al reconocer legitimación a la comisión ad hoc que negoció un despido colectivo para ejercitar la acción colectiva de impugnación consagró el principio según el cual quién tiene capacidad negociar tiene capacidad para impugnar el fruto de la negociación, lo cual trasladado a nuestro caso, en que lo se impugna es un despido colectivo de hecho o encubierto, esto es, no negociado, implica que estarían legitimados para impugnarlo aquellos sujetos colectivos que pudieran haberlo negociado, lo cual es claro que se refiere a los representantes legales o sindicales de la empresa a la que se imputa la decisión extintiva.

II.- Resuelto lo anterior, debemos analizar si el sindicato CSO acredita tener implantación suficiente en Carbó Collbatallé que le habilite a impugnar el despido colectivo.

Al respecto hemos de señalar que tras la reforma operada por el RD ley 3/2012, y la posterior Ley 3/2012 que trae causa del mismo de la legislación sustantiva y procesal en materia de despido colectivo, esta Sala en un primer momento entendió que cuando el despido colectivo era impugnado por representantes sindicales, la implantación suficiente a la que se refería el art. 124.1 de la LRJS debía equipararse con la legitimación para estar sentado en la comisión negociadora del despido colecto, lo cual exigía ostentar un mínimo del 7, 69 por ciento de los representantes unitarios electos en el ámbito del despido colectivo (en este sentido SSAN de 16-5-2.014- autos 500/2013-, 18-7-2.014- proc. 136/2014- y de 25-11-2.014- proc.157/2014).

Tal criterio no fue avalado por la Sala IV del TS que en la STS de 20-7-2.016- rec. 333/2014- en una interpretación del meritado art. 124.1 de la LRJS en relación con los arts. 17.2 y 154 y 155 y el art. 2.2 de la LOLS que desarrolla el art. 28 CE-, proactiva del derecho de libertad sindical en su vertiente de la promoción de conflictos colectivos, que consideró que una organización sindical con una implantación del 1,92 por ciento en el ámbito de una determinada empresa gozaba de legitimación para impugnar un despido colectivo.

En nuestro caso se admite que el sindicato CSO a la fecha en la que por el mismo se data la decisión extintiva ostentaba uno de los 27 representantes unitarios elegidos en la empresa demandada lo que implica un 3, 70 por ciento de representación y que con arreglo a lo expresado por el Alto Tribunal en la resolución referida ostente implantación para promover la demanda de despido colectivo.

III.- En lo que se refiere a la legitimación para impugnar el despido colectivo por parte de los Comités de Empresa de Madrid y Barcelona y del delegado de personal de Sevilla de la misma empresa, cada uno de los cuales ha interpuesto una demanda de impugnación de despido colectivo, hemos de efectuar las siguientes consideraciones:

1ª- que la legitimación que el art. 124.1 de la LRJS otorga a los representantes de los trabajadores para impugnar un despido colectivo debe cohonestarse, como ha puesto de manifiesto el TS a la hora de examinar la legitimación de los representes no sindicales de las medidas de reestructuración empresarial con las leyes que determinan la actuación de tales sujetos, en este punto debemos recalcar que los arts. 62.1 y 63.1 del E.T únicamente otorgan representación a los Delegados de Personal y Comités de Empresa respecto de los trabajadores adscritos al centro o centros de trabajo por los que fueron elegidos, mas no a otros centros de trabajo, lo que hace que no pueda admitirse que una representación unitaria pueda impugnar por sí sola un despido colectivo que afecte a varios centros de trabajo de la empresa;

2ª- impugnándose en el presente caso un despido colectivo de hecho, la impugnación por los representantes unitarios de los trabajadores, exigiría la interposición de una demanda conjunta por todas aquellas representaciones unitarias de la empresa con capacidad para designar con arreglo al art. 41.4 E.T a la Comisión representativa de los trabajadores, puesto que como ha puesto de manifiesto la doctrina jurisprudencial por todas ( Ss. TS-, de 21 -4- 2015, rec. 311/2014; de 14 -10- 2015 -rec.336/2014- y de 17 -4- 2018, Rec. 101/2017 y de 18-5-2022- rec. 246/2021) la conformación de la voluntad de las comisiones representativas de los trabajadores requiere de acuerdo mayoritario de sus miembros y en nuestro caso se han interpuesto demandas por cada una de las representaciones que lo han estimado conveniente;

3ª.- encontrándonos ante una acción sujeta a plazo de caducidad la falta de legitimación activa no puede suplirse por la adhesión de sujetos legitimados para interponer la acción en el acto del juicio cuando ya transcurrió el referido plazo ( STS 25-9-2.024- rec 269/2022-.

Por todo ello estimaremos la falta de legitimación activa de los Comités y Delegado de personal demandantes ya que interpusieron demandas que excedían de su ámbito de representación, prescindiendo del concurso del resto de la representación unitaria en la empresa, y sin que la adhesión a las mismas que hayan podido hacer los sindicatos que comparecieron con intervinientes en el acto de la vista tenga virtualidad alguna toda vez que se hizo transcurrido el plazo de caducidad.

SÉPTIMO.-En lo que concierne a la falta de legitimación pasiva invocada por distintas empresas y por distintas causas, procederemos a resolverla de la forma que se expresa a continuación.

1.- Hemos de señalar en primer lugar que el hecho de no haber subrogado personal de conducción en nada afecta a la legitimación pasiva de las sociedades codemandadas por cuanto que el petitum de la demanda no se circunscribe únicamente al personal de conducción, por ello rechazaremos la excepción en los términos que ha sido invocada por Dronas 2002 S.L y por Goldfrío.

2.- Transportes Franadi 1974 invoca la excepción por cuanto que dice que en nada le afecta el fallo de la sentencia, alegación esta que a juicio de la Sala resulta inexacta pues la Sala a fin de determinar si existe o no despedido colectivo de hecho debe examinar, al menos con carácter preliminar como se razonó en el cuarto de los fundamentos de derecho de la presente resolución, la validez de un negocio jurídico en el que dicha entidad fue parte cual es la subrogación de determinados trabajadores que anteriormente prestaron servicios en Carbó.

Por lo tanto, lo que aquí se razona pudiera tener carácter prejudicial a los efectos del art. 222.4 de la LEC en ulteriores pleitos que pudieran afectar directamente a la demandada, de ahí que estimemos correcta su llamada a la litis a fin de enervar cualquier situación de indefensión.

OCTAVO.-Se ha alegado también la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario por diversas razones.

1.- Por parte de Carbó se aduce que debería haberse traído a la litis a aquellas empresas que a partir del 17 de marzo de 2025 subrogarán nuevos trabajadores de Carbó. Teniendo en cuenta que la sentencia no puede pronunciarse sobre cuestiones que afectan a hechos posteriores a la vista la excepción se rechazará.

2.- Tampoco consideramos que deban ser traídas a la litis, como se ha pretendido por alguna de las entidades subrogantes, la RLT de cada de estas sociedades, pues a las mismas les resulta ajeno el resultado de la presente litis, ya que no se ataca acuerdo alguno que haya sido suscrito con las mismas.

Finalmente, consideramos que la invocada falta de acción por inexistencia de despido colectivo es la cuestión de fondo que debe resolverse en la presente sentencia, no pudiendo ser tratada como excepción procesal y al análisis de tal controversia dedicaremos el resto de la fundamentación de la presente resolución.

NOVENO.-Resueltas, como han sido las excepciones, y enlazando con lo razonado al final del anterior fundamento jurídico, hemos de señalar que para que prospere la acción ejercitada por parte del sindicato actor, esto es, para que la decisión extintiva que se impugna sea declarada nula, quién actúa deberá acreditar que nos encontramos ante un despido colectivo de hecho, lo que nos obliga a efectuar una serie de reflexiones con carácter previo al examen del supuesto fáctico que hoy nos ocupa.

En primer lugar, y como hicimos en nuestra SAN de 27-6-2.024- autos 18/2024- hemos de recordar que:

"Como puso de manifiesto la primera de la resoluciones del TS que abordó con arreglo a la legislación posterior al RD Ley 3/2012 el despido colectivo de hecho, la STS de 25-11-2.013- rec 52/2013 - que confirma nuestra SAN de 27-7- 2012- proc 127/2012 - cuando se impugna un despido colectivo de hecho se impugna una decisión empresarial de efectos colectivos que debería haberse abordado con arreglo a los trámites del art. 51.1 E.T- evidenciada en un número de extinciones de relaciones laborales por causas no inherentes a la persona del trabajador en un periodo temporal de referencia-, en la que se ha prescindido de tales trámites....La STS de 23-9-2.021 - rec 92/2021 - destaca que:" el despido colectivo de hecho, como hemos reiterado en múltiples sentencias, por todas STS 24 de enero de 2020, rec. 148/2019 , es, en realidad, un fenómeno de extinciones de contratos que, siendo realmente colectivas, se formula sin seguir las reglas de procedimiento establecidas por el artículo 51 ET . La STS 25 de noviembre de 2013, Rec. 52/2013 , consideró la existencia de despido colectivo en un supuesto en el que se produjeron despidos disciplinarios y objetivos en número superior al umbral correspondiente y que luego fueron reconocidos como improcedentes mediante transacciones acordadas, señalando que "una decisión extintiva de carácter colectivo puede adoptarse formalmente como tal, sometiéndose al procedimiento legalmente previsto en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores y en sus normas de desarrollo reglamentario", pero "puede también producirse al margen de este procedimiento -prescindiendo, por ejemplo, del periodo de consultas- o incluso ocultando su carácter colectivo" y, en este caso, se trataría de un despido colectivo de hecho, que también podría calificarse en determinadas condiciones como un despido fraudulento o encubierto.".

Por otro lado, hemos de señalar que el número de extinciones contractuales que es necesario que se produzcan en un determinado periodo de tiempo determinado para que sea necesario tramitar unas consultas formales con la representación legal de los trabajadores aparece determinado tanto en el art. 51.1 E. T como en el art.1 de la Directiva 98/59. Al efecto señalábamos en la SAN de 27-6-2024- proc.18/2024- haciendo acopio de la doctrina jurisprudencial al respecto:

El art. 51,1 E.T dispone lo siguiente en el primero de sus párrafos:

"A efectos de lo dispuesto en esta ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de noventa días, la extinción afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores."

Y señala en el penúltimo de sus párrafos: "Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo primero de este apartado, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en el periodo de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c), siempre que su número sea, al menos, de cinco".

Por su parte el art. 1 de la Directiva 98/59 >CE de 20 de julio dispone lo siguiente:

Artículo 1

1. A efectos de la aplicación de la presente Directiva:

a) se entenderá por «despidos colectivos» los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, cuando el número de despidos producidos sea, según la elección efectuada por los Estados miembros:

i) para un período de 30 días:

- al menos igual a 10 en los centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 y menos de 100 trabajadores,

- al menos el 10 % del número de los trabajadores, en los centros de trabajo que empleen habitualmente como mínimo 100 y menos de 300 trabajadores,

- al menos igual a 30 en los centros de trabajo que empleen habitualmente 300 trabajadores, como mínimo;

ii) o bien, para un período de 90 días, al menos igual a 20, sea cual fuere el número de los trabajadores habitualmente empleados en los centros de trabajo afectados;

b) se entenderá por «representantes de los trabajadores» los representantes de los trabajadores previstos por la legislación o la práctica de los Estados miembros.

A efectos del cálculo del número de despidos previsto en la letra a) del párrafo anterior se asimilarán a los despidos las extinciones del contrato de trabajo producidos por iniciativa de empresario en base o uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, siempre y cuando los despidos sean al menos 5."

Respecto de los umbrales como vemos tanto el módulo temporal como el cuantitativo son distintos en la legislación nacional y en la europea, lo que ha dado lugar a la siguiente evolución de la doctrina jurisprudencial:

a.- en un primer momento y razonando que el criterio del art. 51.1 del ET mejoraba los mínimos fijados en la directiva la STS de 9-3-2.009- rcud 1878/2008 - señala que debe atenerse el número de extinciones producidas en el seno de la empresa y no en un concreto centro de trabajo;

b.- en virtud de PTJUE del Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona se dicta la STJUE de 13-5-2.015 ("Raval- Cañas") que señala: "El artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que introduce, como única unidad de referencia, la empresa y no el centro de trabajo, cuando la aplicación de dicho criterio conlleva obstaculizar el procedimiento de información y consulta establecido en los artículos 2 a 4 de esta Directiva, siendo así que, si se utilizase como unidad de referencia el centro de trabajo, los despidos de que se trata deberían calificarse de «despido colectivo» a la luz de la definición que figura en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva."

- la integración de la doctrina Raval- Cañas en asumida en la STS de 17-10-2.016- rec 37/2016 - "ZARDOYA- OTIS", donde se cuestiona si empresa tiene una plantilla global de 3.100 trabajadores en sus diferentes centros de trabajo, de los cuales 77 prestaban servicio en el de Munguía, habiéndose producido en dicho centro un total de 27 extinciones individuales de contratos de trabajo computables a efectos de aplicar los límites entre el despido individual y colectivo, lo cual implicaría que de atenderse a la legislación nacional únicamente no existiría despido colectivo y conforme al Derecho de la Unión sí fija que debe atenderse a los dos criterios: " completamos el criterio establecido en la STS de 18 de marzo de 2009 (rec. 1878/2008 ), en el sentido de que deben calificarse como despido colectivo y respetar por consiguiente el régimen legal aplicable en esta materia, tanto las situaciones en las que las extinciones de contratos computables superen los umbrales del art. 51.1º ET tomando la totalidad de la empresa como unidad de referencia, como aquellas otras en las que se excedan esos mismos umbrales afectando a un único centro de trabajo que emplee habitualmente a más de 20 trabajadores.".

DÉCIMO.-Expuesto lo anterior, es claro que el éxito de la acción de impugnación de despido colectivo requiere que por quién demanda se acredite que han se han producido un número de extinciones contractuales por causas no inherentes a la persona del trabajador en la empresa o en el centro de trabajo en el periodo de tiempo de referencia señalados bien en el art. 51. 1 E. T bien e art. 1 de la Directiva 98/59.

En el presente caso, el demandante pretende considerar como extinciones computables todas aquellas subrogaciones contractuales que tuvieron efecto el día 1-1-2.025, fecha a partir de la cual todo el personal de conducción y logística de la entidad Carbó Collbatallé paso a prestar servicios para el resto de sociedades demandadas, en virtud de una sucesión de empresas que es negada por la organización actora, pues niega que se haya transmitido empresa o unidad productiva autónoma de la misma en los términos del art. 44 E.T, sosteniendo que la aparente sucesión no tiene otro objeto que amparar un cesión ilícita de mano de obra proscrita por el art. 43.1 E.T pues sigue siendo la entidad Carbó Collbatallé quién organiza y disciplina la actividad que realizan los trabajadores supuestamente cedidos.

Desde ya anunciamos que la demanda será desestimada pues a nuestro juicio, se incurre por el sindicato demandante en un error de enfoque al considerar extinciones de contrato de trabajo, meras subrogaciones que no merecen la condición de tales, y ello por las razones que procederemos a exponer:

1ª.- En el art. 49 del E.T no se contempla como causa de extinción del contrato de trabajo la subrogación en la persona del empresario, es más, en el único supuesto específico de subrogación empresarial que se contempla expresamente en el TRLET es el de la sucesión de empresas, el art. 44.1 E. T proclama que la misma no extingue la relación laboral, supuesto este que es contemplado de la misma forma en el art. 1 Directiva 2001/23.

2ª.- Pero es más, si se acude al Código civil, la subrogación de las partes en una obligación no opera, en principio, como causa extintiva de la misma, sino simplemente como una novación modificativa de la misma, y así expresamente lo proclama el art. 1203 Cc, requiriendo el art. 1.204 Cc que para que se extinga la obligación por mor de la novación es necesario que la obligación primigenia y la nueva sean de todo punto incompatibles, lo que en el contrato de trabajo no sucede cuando el nuevo empleador asume respecto del anterior todos los derechos y obligaciones que le correspondían al anterior.

Y ello sin perjuicio, de que la subrogación requiera del consentimiento del trabajador ex. Art. 1.205 Cc para poder surtir efectos ( STS de 6-10-2.011- rec. 138/2010-). Dicho consentimiento puede ser expreso por parte del trabajador, admitiéndose también el consentimiento tácito consistente en la prestación de servicios por parte del trabajador por cuenta del nuevo empleador sin efectuar oposición a la subrogación, ni impugnar la misma en la forma prevista en la STS de 14-5-2.004- rcud 2436/2003-.

3ª.- No es óbice a lo anterior, que esta Sala haya considerado como extinciones computables en nuestra SAN de 14-6-2.024- autos 52/2024- las bajas en una empresa para causar alta en otra empresa del grupo en el marco de una decisión de reestructuración empresarial clara, por cuanto que en ese supuesto no se acreditó que se mantuviesen en la nueva contratación las condiciones de trabajo esenciales que se tenían en la contratación originaria. Además en tal resolución consideramos en aplicación de la doctrina de la STJUE de 24-2-2.024 . asunto C589/22 , "Resorts Mallorca Hotels International")que declaró que el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que la obligación de consulta que establece nace desde el momento en el que el empresario, en el marco de un plan de reestructuración, se plantea o proyecta una disminución de puestos de trabajo cuyo número puede superar los umbrales de supresión de puestos establecidos en el artículo 1, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, pues en este caso es evidente que el Carbó lo que quiso es transmitir la parte de transporte de su actividad a terceras empresas, sin que en ningún caso plantease eliminar la misma amortizando la totalidad de los empleos.

No habiéndose justificado por la demandada que haya habido una oposición por parte de los trabajadores a las subrogaciones en un número tal que supere los umbrales numéricos arriba referidos, sin necesidad de examinar si en cada una de las subrogaciones concurren los elementos necesarios para la aplicación del instituto de la sucesión de empresas, procede desestimar la demanda.

UNDÉCIMO.-Por mor de lo dispuesto en los arts. 205 y 206 de la LRJS contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ordinario ante esta Sala para su resolución por la Sala IV del Tribunal Supremo.

Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. -De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa bien en hechos conformes, bien en las fuentes de prueba que en los mismos se expresan.

En orden a la motivación fáctica de la presente resolución, y sin perjuicio, de lo que más adelante diremos tanto respecto de la cuestión relativa a la indebida acumulación de acciones como respecto de la cuestión de fondo, hemos de señalar que por parte de los actores no se ha acreditado una serie de circunstancias fácticas en las que hacen hincapié tanto en las demandadas como en el acto del juicio, cual es que es Carbó Collbatallé quién organiza, dirige y disciplina el trabajo de la totalidad de aquellos empleados de la misma que el día 1 de enero fueron subrogados por el resto de empresas codemandadas, y ello porque tal circunstancia no puede derivarse como se pretende la misma de unas órdenes de transporte con el anagrama de Carbó-, cuando nadie ha puesto en duda que es la empresa para la que se realizan los portes, o de la existencia de un grupo de "Whats App" que consta como creado en el año 2017, ni del testimonio de un trabajador afectado por la supuesta decisión extintiva que se impugna.

TERCERO.-Como ha quedado plasmado en el cuarto de los antecedentes fácticos de la presente resolución tanto por el sindicato CSO, como por los Comités de empresa de Madrid y Barcelona, así como por el que fuera Delegado de Personal de Sevilla de la empresa CARBÓ COLLBATALLÉ SLU se han interpuesto diversas demandadas en las que se solicita sentencia en la que se declare:

1.- que la sucesión de empresa invocada por la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U. no es ajustada a derecho;

2.- el derecho del colectivo afectado a permanecer en la plantilla o reingreso a la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U;

3.- se declaren nulos los despidos realizados con fecha de efectos del 31 de diciembre de 2024 por esta causa, que se dejen sin efecto las subrogaciones operadas el 01 de enero de 2025 con las empresas subcontratistas codemandadas, y por ello, se reconozca el derecho de los trabajadores despedidos a permanecer en la plantilla y a reanudar sus relaciones laborales con Carbó Collbatallé, S.L.U., siendo reingresados, readmitidos en sus mismos puestos de trabajo, con efectos desde el día de efectos de la finalización de la relaciones laborales, condenado a las empresas demandadas a estar y pasar por dicha declaración.

Frente a tales peticiones a las que se adhieren los sindicatos llamados como intervinientes, se han opuesto por las entidades codemandadas las siguientes excepciones:

A.- Por parte de la entidad CARBÓ COLLBATALÉ SLU las siguientes:

1.- Falta de legitimación activa de CSO - solo tiene un delegado de personal en Alicante- de 27 representantes unitarios que hay en la empresa, que constituyó una sección sindical previa a la demanda de despido el día 31-12-2.024 que fue recibida por la empresa el día 2 de enero de 2025 cuando los portavoces ya habían cesado como empleados de CARBÓ y Falta de legitimación de los representantes unitarios para interponer la demanda por carecer de representación respecto de los trabajadores de otros centros.

2.- Acumulación indebida de acciones, respecto de la cesión ilegal que no resulta acumulable a la demanda de despido.

3.- Se adujo falta de agotamiento de la vía previa por no haberse tramitado un ERE, que se considera como necesaria para las pretensiones de conflicto que se acumulan a la demanda (Agisa Logística S.L., Matarrucha S.L, Logística Contreras S.L.)

4.- Falta de litisconsorcio pasivo respecto de las empresas que recibirán trabajadores en fecha 17 de marzo de 2025.

5.- Falta de acción y de legitimación activa y pasiva, por cuanto que no ha existido un ERE encubierto ni extinciones de contrato;

B.- Transportes Moncayo y Dronas 2002 S.L, alegan la falta de legitimación de la segunda por no haber subrogado conductores, y refuerzan la falta de legitimación activa de los demandantes al carecer de representación o implantación alguna en estas empresas, además aducen la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario por cuanto que consideran sus propias representaciones unitarias deberían haber sido codemandadas;

C.- Transportes FRANANDI 1974 añade su falta de legitimación pasiva por cuando que nada se pide contra la entidad que representa;

D.- GOLDFRÍO su falta de legitimación pasiva ad causam por cuanto que no ha subrogado ningún conductor, añadió la excepción de falta de legitimación activa de CSO porque noexiste representación de CSO en nexo de la propia empresa que tiene su propia representación legal de los trabajadores así como la falta de legitimación pasiva de su RLT, añadiendo la caducidad de la acción, por cuanto que las comunicaciones de subrogación se efectuaron el día 10 de diciembre firmándose la demanda el 13 de enero.

CUARTO.-Consideramos que la primera excepción que debe ser resuelta pues la resolución de la misma condicionará la suerte de las restantes es la relativa a la acumulación indebida de acciones, pues lo que resuelva al efecto determinará si la acción que se ejercita está sujeta a plazo de caducidad, a la necesidad de una vía previa, así como a la regular constitución de litis.

Con relación a la acumulación a la acción de impugnación de despido colectivo de otras acciones, propias de la modalidad procesal de conflicto colectivo como pudieran ser las relativas al examen de una sucesión de empresas o a una cesión ilegal de trabajadores a la de impugnación de despido colectivo, la STS de 21-2-2.020- rec.144/2019- interpretando las normas relativas a la acumulación de acciones del art. 26 de la LRJS señala que con carácter general "el proceso de DC solo puede tener por objeto las cuatro causas de impugnación que enumera el art. 124.2 LRJS [...] La naturaleza especial y urgente de esta modalidad procesal impide plantear otras cuestiones, como la posible sucesión de empresa producida tras tomarse y notificarse la decisión extintiva, máxime si no ha mediado un contrato mercantil entre cedente y cesionario en ese sentido. Así lo corrobora igualmente el art. 26.1 LRJS que prohíbe la acumulación a las acciones de despido de cualesquiera otras ("no podrán acumularse entre sí ni a otras distintas en un mismo juicio, ni siquiera por vía de reconvención, las acciones de despido y demás causas de extinción del contrato de trabajo"), con las excepciones que se indican en él. "No obstante tal regla general, dicha resolución viene admitiendo que puedan examinarse con carácter prejudicial para determinar la calificación del despido colectivo que se impugna cuestiones tales como una eventual cesión ilegal de trabajadores, el levantamiento del velo de la persona jurídica o una sucesión de empresas, siempre cuando las mismas se funden en hechos anteriores a la decisión extintiva que se impugna y resulten determinantes para la calificación del despido colectivo.

En el supuesto que nos encontramos al suplico propio de una impugnación de despido colectivo de hecho o encubierto cual es que se declare la nulidad de las extinciones producidas y que se declare el derecho a la reincorporación de los trabajadores afectados por el mismo dos pretensiones propias de conflicto colectivo cuales que la sucesión de empresa invocada por la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U. no es ajustada a derecho y el derecho del colectivo afectado a permanecer en la plantilla o reingreso a la empresa Carbó Collbatallé, S.L.U.

Ninguno de estos petitum son propios de la modalidad procesal de impugnación de despido colectivo, por lo que apreciaremos respecto de los mismos la acumulación indebida de acciones, sin perjuicio, de que pueda ser examinada la sucesión de empresas con carácter prejudicial en la presente resolución, por cuanto que se basa en hechos anteriores y coetáneos a la decisión que se reputa como constitutiva de despido colectivo de hecho, mas no la relativa a la cesión ilegal de mano de obra pues se funda en hechos posteriores a la subrogación que se reputa como fraudulenta.

En atención a lo anterior, consideramos que Sala está facultada para examinar la sucesión si lo considera relevante para calificar la decisión extintiva, pero siempre con carácter prejudicial y sin hacer referencia alguna a la misma en el fallo de la demanda. Por basarse en hechos posteriores a la decisión extintiva que se impugna no cabe efectuar análisis alguno de la cesión ilegal que se denuncia.

Por ello, estimaremos la excepción en los términos expuestos, lo que conllevará de plano el rechazo de la excepción de falta de agotamiento de la vía previa por cuanto que la acción de despido colectiva no está sujeta a la preceptiva conciliación o mediación previa que establecen los arts. 63 y 156 de la LRJS.

QUINTO.-Con relación a la excepción de caducidad de la acción, desde ya anunciamos que la misma debe rechazarse.

Si bien las previsiones del plazo de caducidad de 20 días que el art. 59.3 del E.T establece para el ejercicio de la acción de despido, para el supuesto de despido colectivo de hecho no aparecen especificadas en el apartado 6 del art. 124 de la LRJS ("La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de veinte días desde la fecha del acuerdo alcanzado en el período de consultas o de la notificación a los representantes de los trabajadores de la decisión empresarial de despido colectivo"),ya que sólo contempla el "dies a quo" de la acción para impugnar un despido colectivo desarrollado de forma regular, esto es, previa la tramitación del preceptivo periodo de consultas, consideramos que cuando se está ejercitando una acción de despido colectivo de hecho, de cara al cómputo de la caducidad de la acción resulte irrelevante la fecha en la que la que se notificó a los trabajadores a título individual la supuesta extinción futura de su contrato de trabajo, siendo que el "dies a quo", a partir del cual debe contarse el plazo de 20 días debe datarse en la fecha en que se afirma se produjo la última de las extinciones computables ( STS de 24-1-2.020- rec. 148/2019) o desde que los sujetos colectivos tuvieron conocimiento de la efectividad de las mismas ( STS de 19-10-2023- rec. 183/2.022).

En este caso, en el que se impugnan como despido colectivo de hecho las subrogaciones producidas el día 1-1-2.025, las cuales habían sido preavisadas a los trabajadores afectados y a sus representantes legales con anterioridad- a lo largo del mes de diciembre de 2.024-, consideramos que las demandas fueron presentadas en plazo ya que la última de las demandas presentadas lo fue el día 29 de enero de 2025, esto es, dentro de los días 20 días hábiles siguientes al 1 de enero de 2025, toda vez que deben reputarse inhábiles los días 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de dicho mes, por ser festivos ( el 6) o coincidir con sábado o domingo, lo que como anunciábamos nos llevará al rechazo de la excepción.

SEXTO.-Se ha cuestionado por diversas razones la falta de legitimación activa tanto del sindicato actor como de los órganos de representación unitaria demandantes para ejercitar la acción de despido colectivo de hecho.

Por parte de Carbó Collbatallé se refiere que el sindicato de CSO carece de implantación suficiente en la misma y que por mor del principio de correspondencia ni los delegados de personal ni los comités de empresa pueden emprender acciones colectivas que excedan de su ámbito de representación.

Por varias de las empresas en las que se ha subrogado personal que hasta el 31-12-2.024 prestó servicios en Carbó se niega la legitimación activa a todos los actores por una misma razón, carecen de implantación alguna en las mismas.

I.- La primera cuestión, pues, que debe analizarse para resolver esta excepción es el ámbito en el que debe determinarse la implantación, esto es, si como se sostiene por parte de las empresas que han recibido trabajadores de Carbó es en el seno de las mismas, esto es, en el posterior a la decisión que reputa por los actores como extintiva, o si por el contrario, debe estarse al estado de cosas previo a la misma para resolver tal cuestión.

Al efecto hemos de señalar que el art. 124.1 de la LRJS refiere que "1. La decisión empresarial podrá impugnarse por los representantes legales de los trabajadores a través del proceso previsto en los apartados siguientes. Cuando la impugnación sea formulada por los representantes sindicales, éstos deberán tener implantación suficiente en el ámbito del despido colectivo."

Consideramos que el precepto al referirse a decisión empresarial y a representantes legales o sindicales, es claro que se refiere a los que lo sean en el ámbito de la empresa que toma la decisión.

Dicho argumento se refuerza por cuanto que la STS de 18-3-2.014- 114/2013- al reconocer legitimación a la comisión ad hoc que negoció un despido colectivo para ejercitar la acción colectiva de impugnación consagró el principio según el cual quién tiene capacidad negociar tiene capacidad para impugnar el fruto de la negociación, lo cual trasladado a nuestro caso, en que lo se impugna es un despido colectivo de hecho o encubierto, esto es, no negociado, implica que estarían legitimados para impugnarlo aquellos sujetos colectivos que pudieran haberlo negociado, lo cual es claro que se refiere a los representantes legales o sindicales de la empresa a la que se imputa la decisión extintiva.

II.- Resuelto lo anterior, debemos analizar si el sindicato CSO acredita tener implantación suficiente en Carbó Collbatallé que le habilite a impugnar el despido colectivo.

Al respecto hemos de señalar que tras la reforma operada por el RD ley 3/2012, y la posterior Ley 3/2012 que trae causa del mismo de la legislación sustantiva y procesal en materia de despido colectivo, esta Sala en un primer momento entendió que cuando el despido colectivo era impugnado por representantes sindicales, la implantación suficiente a la que se refería el art. 124.1 de la LRJS debía equipararse con la legitimación para estar sentado en la comisión negociadora del despido colecto, lo cual exigía ostentar un mínimo del 7, 69 por ciento de los representantes unitarios electos en el ámbito del despido colectivo (en este sentido SSAN de 16-5-2.014- autos 500/2013-, 18-7-2.014- proc. 136/2014- y de 25-11-2.014- proc.157/2014).

Tal criterio no fue avalado por la Sala IV del TS que en la STS de 20-7-2.016- rec. 333/2014- en una interpretación del meritado art. 124.1 de la LRJS en relación con los arts. 17.2 y 154 y 155 y el art. 2.2 de la LOLS que desarrolla el art. 28 CE-, proactiva del derecho de libertad sindical en su vertiente de la promoción de conflictos colectivos, que consideró que una organización sindical con una implantación del 1,92 por ciento en el ámbito de una determinada empresa gozaba de legitimación para impugnar un despido colectivo.

En nuestro caso se admite que el sindicato CSO a la fecha en la que por el mismo se data la decisión extintiva ostentaba uno de los 27 representantes unitarios elegidos en la empresa demandada lo que implica un 3, 70 por ciento de representación y que con arreglo a lo expresado por el Alto Tribunal en la resolución referida ostente implantación para promover la demanda de despido colectivo.

III.- En lo que se refiere a la legitimación para impugnar el despido colectivo por parte de los Comités de Empresa de Madrid y Barcelona y del delegado de personal de Sevilla de la misma empresa, cada uno de los cuales ha interpuesto una demanda de impugnación de despido colectivo, hemos de efectuar las siguientes consideraciones:

1ª- que la legitimación que el art. 124.1 de la LRJS otorga a los representantes de los trabajadores para impugnar un despido colectivo debe cohonestarse, como ha puesto de manifiesto el TS a la hora de examinar la legitimación de los representes no sindicales de las medidas de reestructuración empresarial con las leyes que determinan la actuación de tales sujetos, en este punto debemos recalcar que los arts. 62.1 y 63.1 del E.T únicamente otorgan representación a los Delegados de Personal y Comités de Empresa respecto de los trabajadores adscritos al centro o centros de trabajo por los que fueron elegidos, mas no a otros centros de trabajo, lo que hace que no pueda admitirse que una representación unitaria pueda impugnar por sí sola un despido colectivo que afecte a varios centros de trabajo de la empresa;

2ª- impugnándose en el presente caso un despido colectivo de hecho, la impugnación por los representantes unitarios de los trabajadores, exigiría la interposición de una demanda conjunta por todas aquellas representaciones unitarias de la empresa con capacidad para designar con arreglo al art. 41.4 E.T a la Comisión representativa de los trabajadores, puesto que como ha puesto de manifiesto la doctrina jurisprudencial por todas ( Ss. TS-, de 21 -4- 2015, rec. 311/2014; de 14 -10- 2015 -rec.336/2014- y de 17 -4- 2018, Rec. 101/2017 y de 18-5-2022- rec. 246/2021) la conformación de la voluntad de las comisiones representativas de los trabajadores requiere de acuerdo mayoritario de sus miembros y en nuestro caso se han interpuesto demandas por cada una de las representaciones que lo han estimado conveniente;

3ª.- encontrándonos ante una acción sujeta a plazo de caducidad la falta de legitimación activa no puede suplirse por la adhesión de sujetos legitimados para interponer la acción en el acto del juicio cuando ya transcurrió el referido plazo ( STS 25-9-2.024- rec 269/2022-.

Por todo ello estimaremos la falta de legitimación activa de los Comités y Delegado de personal demandantes ya que interpusieron demandas que excedían de su ámbito de representación, prescindiendo del concurso del resto de la representación unitaria en la empresa, y sin que la adhesión a las mismas que hayan podido hacer los sindicatos que comparecieron con intervinientes en el acto de la vista tenga virtualidad alguna toda vez que se hizo transcurrido el plazo de caducidad.

SÉPTIMO.-En lo que concierne a la falta de legitimación pasiva invocada por distintas empresas y por distintas causas, procederemos a resolverla de la forma que se expresa a continuación.

1.- Hemos de señalar en primer lugar que el hecho de no haber subrogado personal de conducción en nada afecta a la legitimación pasiva de las sociedades codemandadas por cuanto que el petitum de la demanda no se circunscribe únicamente al personal de conducción, por ello rechazaremos la excepción en los términos que ha sido invocada por Dronas 2002 S.L y por Goldfrío.

2.- Transportes Franadi 1974 invoca la excepción por cuanto que dice que en nada le afecta el fallo de la sentencia, alegación esta que a juicio de la Sala resulta inexacta pues la Sala a fin de determinar si existe o no despedido colectivo de hecho debe examinar, al menos con carácter preliminar como se razonó en el cuarto de los fundamentos de derecho de la presente resolución, la validez de un negocio jurídico en el que dicha entidad fue parte cual es la subrogación de determinados trabajadores que anteriormente prestaron servicios en Carbó.

Por lo tanto, lo que aquí se razona pudiera tener carácter prejudicial a los efectos del art. 222.4 de la LEC en ulteriores pleitos que pudieran afectar directamente a la demandada, de ahí que estimemos correcta su llamada a la litis a fin de enervar cualquier situación de indefensión.

OCTAVO.-Se ha alegado también la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario por diversas razones.

1.- Por parte de Carbó se aduce que debería haberse traído a la litis a aquellas empresas que a partir del 17 de marzo de 2025 subrogarán nuevos trabajadores de Carbó. Teniendo en cuenta que la sentencia no puede pronunciarse sobre cuestiones que afectan a hechos posteriores a la vista la excepción se rechazará.

2.- Tampoco consideramos que deban ser traídas a la litis, como se ha pretendido por alguna de las entidades subrogantes, la RLT de cada de estas sociedades, pues a las mismas les resulta ajeno el resultado de la presente litis, ya que no se ataca acuerdo alguno que haya sido suscrito con las mismas.

Finalmente, consideramos que la invocada falta de acción por inexistencia de despido colectivo es la cuestión de fondo que debe resolverse en la presente sentencia, no pudiendo ser tratada como excepción procesal y al análisis de tal controversia dedicaremos el resto de la fundamentación de la presente resolución.

NOVENO.-Resueltas, como han sido las excepciones, y enlazando con lo razonado al final del anterior fundamento jurídico, hemos de señalar que para que prospere la acción ejercitada por parte del sindicato actor, esto es, para que la decisión extintiva que se impugna sea declarada nula, quién actúa deberá acreditar que nos encontramos ante un despido colectivo de hecho, lo que nos obliga a efectuar una serie de reflexiones con carácter previo al examen del supuesto fáctico que hoy nos ocupa.

En primer lugar, y como hicimos en nuestra SAN de 27-6-2.024- autos 18/2024- hemos de recordar que:

"Como puso de manifiesto la primera de la resoluciones del TS que abordó con arreglo a la legislación posterior al RD Ley 3/2012 el despido colectivo de hecho, la STS de 25-11-2.013- rec 52/2013 - que confirma nuestra SAN de 27-7- 2012- proc 127/2012 - cuando se impugna un despido colectivo de hecho se impugna una decisión empresarial de efectos colectivos que debería haberse abordado con arreglo a los trámites del art. 51.1 E.T- evidenciada en un número de extinciones de relaciones laborales por causas no inherentes a la persona del trabajador en un periodo temporal de referencia-, en la que se ha prescindido de tales trámites....La STS de 23-9-2.021 - rec 92/2021 - destaca que:" el despido colectivo de hecho, como hemos reiterado en múltiples sentencias, por todas STS 24 de enero de 2020, rec. 148/2019 , es, en realidad, un fenómeno de extinciones de contratos que, siendo realmente colectivas, se formula sin seguir las reglas de procedimiento establecidas por el artículo 51 ET . La STS 25 de noviembre de 2013, Rec. 52/2013 , consideró la existencia de despido colectivo en un supuesto en el que se produjeron despidos disciplinarios y objetivos en número superior al umbral correspondiente y que luego fueron reconocidos como improcedentes mediante transacciones acordadas, señalando que "una decisión extintiva de carácter colectivo puede adoptarse formalmente como tal, sometiéndose al procedimiento legalmente previsto en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores y en sus normas de desarrollo reglamentario", pero "puede también producirse al margen de este procedimiento -prescindiendo, por ejemplo, del periodo de consultas- o incluso ocultando su carácter colectivo" y, en este caso, se trataría de un despido colectivo de hecho, que también podría calificarse en determinadas condiciones como un despido fraudulento o encubierto.".

Por otro lado, hemos de señalar que el número de extinciones contractuales que es necesario que se produzcan en un determinado periodo de tiempo determinado para que sea necesario tramitar unas consultas formales con la representación legal de los trabajadores aparece determinado tanto en el art. 51.1 E. T como en el art.1 de la Directiva 98/59. Al efecto señalábamos en la SAN de 27-6-2024- proc.18/2024- haciendo acopio de la doctrina jurisprudencial al respecto:

El art. 51,1 E.T dispone lo siguiente en el primero de sus párrafos:

"A efectos de lo dispuesto en esta ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de noventa días, la extinción afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores."

Y señala en el penúltimo de sus párrafos: "Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo primero de este apartado, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en el periodo de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c), siempre que su número sea, al menos, de cinco".

Por su parte el art. 1 de la Directiva 98/59 >CE de 20 de julio dispone lo siguiente:

Artículo 1

1. A efectos de la aplicación de la presente Directiva:

a) se entenderá por «despidos colectivos» los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, cuando el número de despidos producidos sea, según la elección efectuada por los Estados miembros:

i) para un período de 30 días:

- al menos igual a 10 en los centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 y menos de 100 trabajadores,

- al menos el 10 % del número de los trabajadores, en los centros de trabajo que empleen habitualmente como mínimo 100 y menos de 300 trabajadores,

- al menos igual a 30 en los centros de trabajo que empleen habitualmente 300 trabajadores, como mínimo;

ii) o bien, para un período de 90 días, al menos igual a 20, sea cual fuere el número de los trabajadores habitualmente empleados en los centros de trabajo afectados;

b) se entenderá por «representantes de los trabajadores» los representantes de los trabajadores previstos por la legislación o la práctica de los Estados miembros.

A efectos del cálculo del número de despidos previsto en la letra a) del párrafo anterior se asimilarán a los despidos las extinciones del contrato de trabajo producidos por iniciativa de empresario en base o uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, siempre y cuando los despidos sean al menos 5."

Respecto de los umbrales como vemos tanto el módulo temporal como el cuantitativo son distintos en la legislación nacional y en la europea, lo que ha dado lugar a la siguiente evolución de la doctrina jurisprudencial:

a.- en un primer momento y razonando que el criterio del art. 51.1 del ET mejoraba los mínimos fijados en la directiva la STS de 9-3-2.009- rcud 1878/2008 - señala que debe atenerse el número de extinciones producidas en el seno de la empresa y no en un concreto centro de trabajo;

b.- en virtud de PTJUE del Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona se dicta la STJUE de 13-5-2.015 ("Raval- Cañas") que señala: "El artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que introduce, como única unidad de referencia, la empresa y no el centro de trabajo, cuando la aplicación de dicho criterio conlleva obstaculizar el procedimiento de información y consulta establecido en los artículos 2 a 4 de esta Directiva, siendo así que, si se utilizase como unidad de referencia el centro de trabajo, los despidos de que se trata deberían calificarse de «despido colectivo» a la luz de la definición que figura en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva."

- la integración de la doctrina Raval- Cañas en asumida en la STS de 17-10-2.016- rec 37/2016 - "ZARDOYA- OTIS", donde se cuestiona si empresa tiene una plantilla global de 3.100 trabajadores en sus diferentes centros de trabajo, de los cuales 77 prestaban servicio en el de Munguía, habiéndose producido en dicho centro un total de 27 extinciones individuales de contratos de trabajo computables a efectos de aplicar los límites entre el despido individual y colectivo, lo cual implicaría que de atenderse a la legislación nacional únicamente no existiría despido colectivo y conforme al Derecho de la Unión sí fija que debe atenderse a los dos criterios: " completamos el criterio establecido en la STS de 18 de marzo de 2009 (rec. 1878/2008 ), en el sentido de que deben calificarse como despido colectivo y respetar por consiguiente el régimen legal aplicable en esta materia, tanto las situaciones en las que las extinciones de contratos computables superen los umbrales del art. 51.1º ET tomando la totalidad de la empresa como unidad de referencia, como aquellas otras en las que se excedan esos mismos umbrales afectando a un único centro de trabajo que emplee habitualmente a más de 20 trabajadores.".

DÉCIMO.-Expuesto lo anterior, es claro que el éxito de la acción de impugnación de despido colectivo requiere que por quién demanda se acredite que han se han producido un número de extinciones contractuales por causas no inherentes a la persona del trabajador en la empresa o en el centro de trabajo en el periodo de tiempo de referencia señalados bien en el art. 51. 1 E. T bien e art. 1 de la Directiva 98/59.

En el presente caso, el demandante pretende considerar como extinciones computables todas aquellas subrogaciones contractuales que tuvieron efecto el día 1-1-2.025, fecha a partir de la cual todo el personal de conducción y logística de la entidad Carbó Collbatallé paso a prestar servicios para el resto de sociedades demandadas, en virtud de una sucesión de empresas que es negada por la organización actora, pues niega que se haya transmitido empresa o unidad productiva autónoma de la misma en los términos del art. 44 E.T, sosteniendo que la aparente sucesión no tiene otro objeto que amparar un cesión ilícita de mano de obra proscrita por el art. 43.1 E.T pues sigue siendo la entidad Carbó Collbatallé quién organiza y disciplina la actividad que realizan los trabajadores supuestamente cedidos.

Desde ya anunciamos que la demanda será desestimada pues a nuestro juicio, se incurre por el sindicato demandante en un error de enfoque al considerar extinciones de contrato de trabajo, meras subrogaciones que no merecen la condición de tales, y ello por las razones que procederemos a exponer:

1ª.- En el art. 49 del E.T no se contempla como causa de extinción del contrato de trabajo la subrogación en la persona del empresario, es más, en el único supuesto específico de subrogación empresarial que se contempla expresamente en el TRLET es el de la sucesión de empresas, el art. 44.1 E. T proclama que la misma no extingue la relación laboral, supuesto este que es contemplado de la misma forma en el art. 1 Directiva 2001/23.

2ª.- Pero es más, si se acude al Código civil, la subrogación de las partes en una obligación no opera, en principio, como causa extintiva de la misma, sino simplemente como una novación modificativa de la misma, y así expresamente lo proclama el art. 1203 Cc, requiriendo el art. 1.204 Cc que para que se extinga la obligación por mor de la novación es necesario que la obligación primigenia y la nueva sean de todo punto incompatibles, lo que en el contrato de trabajo no sucede cuando el nuevo empleador asume respecto del anterior todos los derechos y obligaciones que le correspondían al anterior.

Y ello sin perjuicio, de que la subrogación requiera del consentimiento del trabajador ex. Art. 1.205 Cc para poder surtir efectos ( STS de 6-10-2.011- rec. 138/2010-). Dicho consentimiento puede ser expreso por parte del trabajador, admitiéndose también el consentimiento tácito consistente en la prestación de servicios por parte del trabajador por cuenta del nuevo empleador sin efectuar oposición a la subrogación, ni impugnar la misma en la forma prevista en la STS de 14-5-2.004- rcud 2436/2003-.

3ª.- No es óbice a lo anterior, que esta Sala haya considerado como extinciones computables en nuestra SAN de 14-6-2.024- autos 52/2024- las bajas en una empresa para causar alta en otra empresa del grupo en el marco de una decisión de reestructuración empresarial clara, por cuanto que en ese supuesto no se acreditó que se mantuviesen en la nueva contratación las condiciones de trabajo esenciales que se tenían en la contratación originaria. Además en tal resolución consideramos en aplicación de la doctrina de la STJUE de 24-2-2.024 . asunto C589/22 , "Resorts Mallorca Hotels International")que declaró que el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que la obligación de consulta que establece nace desde el momento en el que el empresario, en el marco de un plan de reestructuración, se plantea o proyecta una disminución de puestos de trabajo cuyo número puede superar los umbrales de supresión de puestos establecidos en el artículo 1, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, pues en este caso es evidente que el Carbó lo que quiso es transmitir la parte de transporte de su actividad a terceras empresas, sin que en ningún caso plantease eliminar la misma amortizando la totalidad de los empleos.

No habiéndose justificado por la demandada que haya habido una oposición por parte de los trabajadores a las subrogaciones en un número tal que supere los umbrales numéricos arriba referidos, sin necesidad de examinar si en cada una de las subrogaciones concurren los elementos necesarios para la aplicación del instituto de la sucesión de empresas, procede desestimar la demanda.

UNDÉCIMO.-Por mor de lo dispuesto en los arts. 205 y 206 de la LRJS contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ordinario ante esta Sala para su resolución por la Sala IV del Tribunal Supremo.

Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación