Sentencia Social 81/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 58/2026 de 30 de abril del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa, bien en hechos conformes, bien en cada una de las fuentes de prueba que en los mismos se indican.

TERCERO.-Interesándose por USO que se dicte una sentencia en la que con fundamento en una violación del art. 14 CE, se condene a la empresa a dejar de aplicar el artículo 7 del Convenio Ingenierías sobre el concepto de antigüedad al personal del colectivo ISDEFE y a aplicar, a toda la plantilla, tanto al colectivo INSA como al Colectivo ISDEFE, lo establecido en el artículo 28 del Convenio de Ingenierías, para retribuir la antigüedad de los trabajadores sin que sea objeto de absorción sobre ningún otro concepto salarial, tal y como ya se practica con los trabajadores del colectivo INSA, frente a tal reclamación por parte de la Abogacía del Estado que actúa en representación de la entidad pública demandada se han opuesto en primer lugar dos objeciones procesales que impedirían un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, así como la excepción de falta de acción por ser el conflicto regulatorio o de interés la cual inexorablemente llevaría al dictado de sentencia desestimatoria de la demanda.

Consideramos que tales excepciones procesales y de fondo han de ser resueltas en primer lugar.

I.- En lo que se refiere a la excepción de cosa juzgada consideramos que el procedimiento que se siguió inicialmente ante el Juzgado de lo Social número 35 de los de Madrid, y en suplicación ante el TSJ de Madrid no ha de producir efecto de cosa juzgada ni negativo, ni prejudicial en el presente procedimiento.

En efecto, el art. 222 de la LEC dispone:

"1. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley.

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen.

3. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en los artículos 11 y 11 bis de esta ley.

En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad y de medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, la cosa juzgada tendrá efectos frente a terceros a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil.

Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no hubieren litigado.

4. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal."

Por su parte el apartado 2 del art. 400 de la misma LEC señala que: "De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste."

El efecto negativo o excluyente esto es la imposibilidad de seguirse el mismo procedimiento es evidente desde el momento en que la demanda interpuesta en el año 2015 se circunscribía a un colectivo más reducido del aquel al que se refiere la demanda que ahora se dilucida.

Al efecto recuerda la STS de 4-6-2024- rcud 4371/2021- que:

" Los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como la inexistencia de elemento alguno que aconseje adoptar una solución divergente, determinan ahora que apliquemos la doctrina elaborada en el recurso unificador de referencia del que pasamos a destacar alguno de sus pasajes.

Así el elenco jurisprudencial que plasma:

- STS IV 936/2018, de 25 octubre (rcud 203/2017 ), que diferencia: "mientras el efecto negativo o preclusivo impide a los Tribunales de Justicia pronunciarse de nuevo sobre un asunto ya resuelto por sentencia firme, la función positiva o prejudicial de la cosa juzgada no prohíbe que se dicte sentencia en el segundo juicio, sino que obliga tan sólo a que en esa segunda sentencia se sigan y apliquen los mandatos y criterios establecidos por la sentencia firme anterior".

- STS IV 981/2023 de 21 noviembre (rcud 153/2020 ) al explicar que "[l]a cosa juzgada persigue que la actividad jurisdiccional se desarrolle una sola vez y culmine con una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Cada controversia litigiosa debe resolverse con una única sentencia sobre el fondo. No puede reabrirse una controversia respecto de una cuestión jurídica que ya está juzgada [...] Si una controversia litigiosa se aborda y resuelve en un primer pleito con una sentencia relativa al fondo que adquiere firmeza, la cosa juzgada positiva obliga a reiterar ese pronunciamiento en los ulteriores litigios entre las mismas partes en los que se suscite idéntica cuestión respecto de periodos temporales posteriores, salvo cuando concurran hechos nuevos y distintos".

La doctrina constitucional - STC 35/2018, de 23 abril , FD 3, y las citadas en ella- al afirmar que "el derecho a la intangibilidad, inmodificabilidad o invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes es presupuesto lógico para el ejercicio del derecho del justiciable a instar la ejecución de lo juzgado [...] el principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes es una consecuencia, tanto del principio de seguridad jurídica ( art. 9.3 CE ), como, sobre todo, del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión ( art. 24.1 CE ), habida cuenta de que "este derecho asegura a los que han sido parte en un proceso que las resoluciones judiciales definitivas dictadas en el mismo no sean alteradas o modificadas fuera de los cauces legales establecidos para ello" [...] pues si el órgano jurisdiccional modificara una Sentencia fuera del correspondiente recurso establecido al efecto por el legislador, quedaría asimismo vulnerado el derecho a la tutela judicial, puesto que ésta carecería de eficacia si se permitiera reabrir un proceso ya resuelto por resolución firme [...] Por ello, "el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE actúa como límite que impide a los Jueces y Tribunales variar o revisar las resoluciones judiciales definitivas y firmes al margen de los supuestos taxativamente previstos por la ley, incluso en la hipótesis de que con posterioridad entendieran que la decisión judicial no se ajusta a la legalidad" [...] a los órganos judiciales corresponde, en el ejercicio de la función jurisdiccional constitucionalmente conferida, la interpretación de los términos del fallo y la del alcance que quepa atribuir a la cosa juzgada, así como la decisión de si aquél ha sido ejecutado o no correctamente y la adopción de las medidas oportunas para asegurar, en su caso, su ejecución. Dichas apreciaciones únicamente resultan revisables en sede constitucional cuando han incurrido en incongruencia, arbitrariedad, carecen de razonabilidad o evidencian la dejación por parte del órgano judicial de su obligación de hacer ejecutar lo juzgado".

- STS IV 579/2021, de 26 mayo (rec. 171/2019 ), que acudía a la doctrina la Sala Civil del TS: la cosa juzgada "ha de apreciarse estableciendo un juicio comparativo entre la sentencia precedente y las pretensiones del posterior proceso, pues de la paridad entre los dos litigios es de donde ha de inferirse la relación jurídica controvertida, interpretada, si es preciso, con los hechos y fundamentos que sirvieron de base a la petición ( sentencias de la Sala Civil del TS de 10 de marzo de 2011, recurso 1998/2007 ; 13 de junio de 2012, recurso 1654/2009 y 4 de diciembre de 2012, recurso 1139/2010 )".

-En orden a la exégesis del transcrito art. 400 LEC , la STS IV 936/2018, de 25 de octubre de 2018 (rcud 203/2017 ), sentó la doctrina siguiente: "La aplicación del artículo 400.2 LEC (supletorio de la LRJS) ha dado lugar a una doctrina resumida por la STS 17 octubre 2013 (rec. 3076/2012 ), conforme a la cual en el proceso laboral, los efectos preclusivos de la cosa juzgada, igual que los de la litis pendencia, se extienden tanto a los hechos y fundamentos jurídicos aducidos en el proceso previo como a los que en él hubieran podido alegarse".

-La sentencia de la Sala Civil del TS 21/2022, de 17 enero (recurso 1740/2019 ) explica que el art. 400.2 de la LEC quiere impedir que, "resuelto el primer pleito con desestimación de la demanda, el demandante pueda volver a formular la misma pretensión sobre la base de unos hechos o fundamentos jurídicos que, pudiendo haber sido invocados en el pleito inicial, no lo fueron".

Sucede en nuestro caso que ni concurre identidad subjetiva entre el anterior conflicto y en el presente por cuanto que el primero de circunscribía a un centro de trabajo determinado, y el presente se extiende a todo el personal de ISDEFE, resultando además que las peticiones que se ejercitan son diferentes, por más que las normas que se hayan de aplicar para dilucidar uno y otro caso puedan ser coincidentes, amen de los más de diez años transcurridos entre una demanda y otra, durante los que han variado las versiones de los Convenios sectoriales aplicables.

Por ello, rechazaremos esta excepción.

II.- En lo que se refiere a la inadecuación de procedimiento, hemos de considerar que ex art. 177.1 de la LRJS ("Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso")basta para acudir a esta vía procesal que se considere que se ha vulnerado un derecho fundamental o el principio de igualdad como aquí sucede para que la vía procesal sea adecuada.

Y el suplico que se ejercita ("se condene a la empresa a dejar de aplicar el artículo 7 del Convenio Ingenierías sobre el concepto de antigüedad al personal del colectivo ISDEFE y a aplicar, a toda la plantilla, tanto al colectivo INSA como al Colectivo ISDEFE, lo establecido en el artículo 28 del Convenio de Ingenierías, para retribuir la antigüedad de los trabajadores sin que sea objeto de absorción sobre ningún otro concepto salarial, tal y como ya se practica con los trabajadores del colectivo INSA") es el que el sindicato considera adecuado para conjurar la situación de desigualdad que se denuncia, lo cual se ser así- y con independencia de lo que resulte del criterio esta Sala- tendría perfecto encaje en los apartados c) y d) del art. 182 de la LRJS ("c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados. d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183.").

Lo cual llevará al rechazo de la excepción.

III:- En cuanto a la excepción de falta de acción por tratarse de conflicto regulatorio o de interés, tal y como hicimos en nuestra SAN de 24-2-2.025- proc. 404/2024- debemos traer aquí a colación la interpretación jurisprudencial en la delimitación entre el conflicto colectivo y el conflicto de intereses, por todas las STSS de 11 de septiembre de 2024 (Rec. 254/2022), con cita entre otras de la STS de 29 de junio de 2020 (Rec. 30/2019), en las que establece que:

"El conflicto colectivo jurídico presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una norma jurídica, pues lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación jurídica disciplinada por la ley o por el convenio colectivo, o afectada por decisión o práctica de empresa, en tanto se están cambiando de alguna manera las condiciones de trabajo y, como es lógico, surge la confrontación litigiosa [...]. En suma, si lo que se pretende con una demanda que se plantea como conflicto colectivo es que sea el órgano judicial el que fije condiciones laborales cuyas notas o características no pueden extraerse o deducirse de ninguna fuente normativa u obligacional previa, nos encontraremos ante una evidente falta de acción de quien así acciona y, por ello, la consecuencia habrá de ser la desestimación de la demanda[...]".

En nuestro caso es evidente que en su demanda USO pretende la inaplicación de un concreto precepto convencional al personal de la demandada que no procede la antigua INSA, pero lo cierto es que tal inaplicación la funda en una situación de hecho que estima contraria al art. 14 CE y por tanto proscrita, lo que hace que la pretensión pueda tener encaje en el apartado 4 del art. 163 de la LRJS o en una peculiar interpretación de la normativa aplicable.

Lo cual, y sin perjuicio de lo que se resolverá en el siguiente fundamento de derecho, nos habrá de llevar a rechazar la excepción.

CUARTO.-En cuanto al fondo del asunto, se viene a traer a la consideración de la Sala, la supuesta desigualdad en la demandada entre el personal proveniente de INSA y el de ISDEFE, en lo relativo a las condiciones de trabajo y retribución.

En la SAN de 4-5-2022- proc. 93/2022- consideramos que resulta discriminatorio para los trabajadores provenientes de la antigua INSA el hecho de que la entidad ISDEFE concertara dos pólizas de seguro diferente para los dos colectivos existentes en la empresa ( el proveniente de INSA y el que ya prestaba servicios en ISDEFE antes de la fusión), y consideramos que no era una justificación objetiva y razonable la existencia de que se presentasen dos masas salariales diferenciadas para su aprobación por las autoridades del Ministerio de Hacienda. Tales razonamientos fueron avalados por la STS de 10-9-2.024- rec 197/2.022- en la cual se razona:

"el art. 44.4 ET "Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre el cesionario y los representantes de los trabajadores una vez consumada la sucesión, las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida.

Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a la entidad económica transmitida".

La sucesión empresarial que convierte a ISDEFE en empleadora de los antiguos trabajadores de INSA se hace efectiva en el año 2013. A partir de esa fecha hay un solo y único colectivo de trabajadores indiferenciados.

De acuerdo con lo dispuesto en el antedicho precepto legal, cabe la posibilidad de que en algunos aspectos pudiere mantenerse transitoriamente un régimen jurídico diferenciado entre uno y otro colectivo.

Así se desprende de la reciente STS 375/2024, de 23 de febrero, rcud. 4543/2022 , y las que en ella se citan, en lo relativo al acceso de todos los trabajadores de ISDEFE al procedimiento SEDA para la percepción de determinadas retribuciones variables, en razón de los diferentes acuerdos colectivos que pudieren seguir vigentes en la anualidad correspondiente.

Pero ese no el caso en lo que se refiere a la materia que es objeto de este procedimiento, sobre lo que no existen dos sistemas, convenios o acuerdos colectivos diferenciados y vigentes.".

En una segunda resolución, en la SAN de 23-4-2.023- proc. 55/2023- razonamos que resultaba discriminatorio el hecho de que el cheque comida en una y otra entidad tuviese diferente cuantía por cuanto en origen tales compensaciones procedía de CMB diferentes, razonamiento que fue avalado por la STS de 15-9-2.025- rec. 249/2.023-, la cual en su fundamentación jurídica razona:

"3.La jurisprudencia constitucional, como sintetiza la STC 39/2003, 27 febrero , con cita de anteriores sentencias, señala: «el artículo 14 CE no impone en el ámbito de las relaciones laborales una igualdad de trato en sentido absoluto, pues la eficacia en este ámbito del principio de la autonomía de la voluntad deja un margen en el que el acuerdo privado o la decisión unilateral del empresario, en ejercicio de sus poderes de organización de la empresa, puede libremente disponer la retribución del trabajador, respetando los mínimos legales o convencionales. En la medida, pues, en que la diferencia salarial no tenga un significado discriminatorio, por incidir en alguna de las causas prohibidas por la Constitución o el Estatuto de los Trabajadores, no puede considerarse como vulneradora del principio de igualdad»

5. En el ámbito de la Administración pública o, en general, del sector público, la STS 149/2022, de 15 de febrero (rcud 3939/2018 ) dijo que:

«[...]

B) Las situaciones comparadas han de ser homogéneas.

Solo poseen trascendencia constitucional las desigualdades que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable.

[...]

D) La no discriminación en las relaciones laborales.

Mientras que el principio de igualdad -en la Ley y en la aplicación de la ley- vincula a los poderes públicos, y al convenio colectivo en la medida en que, en nuestro Derecho, tiene una eficacia normativa que transciende el marco normal de una regulación privada, no sucede lo mismo con la tutela antidiscriminatoria, que por la especial intensidad de su protección se proyecta en el ámbito de las relaciones privadas.[...]».

En el presente caso lo que hemos de resolver es si existe un trato discriminatorio prohibido por el hecho de que a los trabajadores de INSA no se les compense y absorba el complemento de antigüedad y a los trabajadores de ISDEFE sí. La aplicación de la doctrina que sirvió en otros casos para apreciar trato discriminatorio nos ha de llevar a descartarlo en el presente.

En efecto, en primer lugar no concurre la homogeneidad entre un colectivo y otro, pues mientras los trabajadores de INSA perciben el complemento de antigüedad como un complemento personal derivado de acuerdos laborales previos a la fusión, los de ISDEFE lo perciben con arreglo al Convenio sectorial de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, sin que se haya acreditado que la cuantía de uno y otro, así como la forma de devengo del mismo sea similar.

Pero es que además, la desigualdad de trato trae causa tanto del art. 44.1 y 2 E. T como de los acuerdos alcanzados antes y tras la fusión de los que se da cuenta en los hechos probados 4º a 7º de esta resolución, y de la aplicación en concreto de los arts,. 7 y 28 del Convenio de Ingeniería y Oficinas de Estudio de Técnico que disponen lo siguiente:

"Artículo 7. Compensación. Absorción.

1. Todas las condiciones económicas que se establecen en el presente convenio colectivo, sean o no de naturaleza salarial, son compensables en su conjunto y cómputo anual con las mejoras de cualquier tipo que vinieran anteriormente satisfaciendo las empresas, bien sea por imperativo legal, convenio colectivo, laudo, contrato individual, uso o costumbre, concesión voluntaria de las empresas o por cualesquiera otras causas.

2. Dichas condiciones también serán absorbibles, hasta donde alcancen y en cómputo anual, por los aumentos que en el futuro pudieran establecerse en virtud de preceptos legales, convenios colectivos o contratos individuales de trabajo, con la única excepción de aquellos conceptos que expresamente fuesen excluidos de absorción en el texto del presente convenio colectivo.

Artículo 28. Antigüedad.

1. Las bonificaciones por años de servicio, como premio de vinculación a la empresa respectiva, consistirán, en este orden, en cinco trienios del cinco por ciento cada uno del salario base pactado para su categoría en las tablas salariales del presente convenio colectivo, tres trienios siguientes del diez por ciento cada uno y un último trienio del cinco por ciento del indicado salario.

2. No obstante, de acuerdo con lo pactado en el artículo 8, y en sus propios términos, aquellas empresas que vinieran satisfaciendo por el concepto de antigüedad un porcentaje por trienio superior a los indicados en el apartado anterior, las personas trabajadoras a ellas vinculados y en activo en la fecha de 18 de septiembre de 1980, continuarán manteniendo a título personal la condición más beneficiosa que vinieren disfrutando, sin que, en ningún caso puedan superarse las limitaciones que establecía el artículo 25 del Estatuto de los Trabajadores , de 10 de marzo de 1980, que se mantienen.

En el supuesto contemplado en el párrafo precedente, para las personas trabajadoras que en el mismo se mencionan, y siempre con las limitaciones en él establecidas, la antigüedad no será absorbible en ningún caso.

3. Los trienios se devengarán a partir del 1 de enero del año en que se cumplan y todos ellos se abonarán con arreglo a la última categoría y sueldo base de convenio que tenga la persona trabajadora.".

Por lo tanto, aún en el caso que la Sala no comparte y que sólo admitiríamos a efectos dialécticos de que existiese homogeneidad entre colectivos, la diferencia de trato obedece a una justificación objetiva y razonable como es el ejercicio del derecho a la negociación colectiva y el carácter vinculante de los acordado, derivado de los arts. 37 CE, 44 y 82 E.T a diferencia de los casos anteriores en los que la discriminación tenía su origen en decisiones unilaterales del empleador.

QUINTO.-Por todo ello y en contra del criterio que defendió el Ministerio Fiscal dictaremos sentencia desestimatoria de la demandada contra la que cabe interponer recurso de casación ordinario ante la Sala IV del TS ( art. 205 y 206 de la LRJS) .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa, bien en hechos conformes, bien en cada una de las fuentes de prueba que en los mismos se indican.

TERCERO.-Interesándose por USO que se dicte una sentencia en la que con fundamento en una violación del art. 14 CE, se condene a la empresa a dejar de aplicar el artículo 7 del Convenio Ingenierías sobre el concepto de antigüedad al personal del colectivo ISDEFE y a aplicar, a toda la plantilla, tanto al colectivo INSA como al Colectivo ISDEFE, lo establecido en el artículo 28 del Convenio de Ingenierías, para retribuir la antigüedad de los trabajadores sin que sea objeto de absorción sobre ningún otro concepto salarial, tal y como ya se practica con los trabajadores del colectivo INSA, frente a tal reclamación por parte de la Abogacía del Estado que actúa en representación de la entidad pública demandada se han opuesto en primer lugar dos objeciones procesales que impedirían un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, así como la excepción de falta de acción por ser el conflicto regulatorio o de interés la cual inexorablemente llevaría al dictado de sentencia desestimatoria de la demanda.

Consideramos que tales excepciones procesales y de fondo han de ser resueltas en primer lugar.

I.- En lo que se refiere a la excepción de cosa juzgada consideramos que el procedimiento que se siguió inicialmente ante el Juzgado de lo Social número 35 de los de Madrid, y en suplicación ante el TSJ de Madrid no ha de producir efecto de cosa juzgada ni negativo, ni prejudicial en el presente procedimiento.

En efecto, el art. 222 de la LEC dispone:

"1. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley.

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen.

3. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en los artículos 11 y 11 bis de esta ley.

En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad y de medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, la cosa juzgada tendrá efectos frente a terceros a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil.

Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no hubieren litigado.

4. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal."

Por su parte el apartado 2 del art. 400 de la misma LEC señala que: "De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste."

El efecto negativo o excluyente esto es la imposibilidad de seguirse el mismo procedimiento es evidente desde el momento en que la demanda interpuesta en el año 2015 se circunscribía a un colectivo más reducido del aquel al que se refiere la demanda que ahora se dilucida.

Al efecto recuerda la STS de 4-6-2024- rcud 4371/2021- que:

" Los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como la inexistencia de elemento alguno que aconseje adoptar una solución divergente, determinan ahora que apliquemos la doctrina elaborada en el recurso unificador de referencia del que pasamos a destacar alguno de sus pasajes.

Así el elenco jurisprudencial que plasma:

- STS IV 936/2018, de 25 octubre (rcud 203/2017 ), que diferencia: "mientras el efecto negativo o preclusivo impide a los Tribunales de Justicia pronunciarse de nuevo sobre un asunto ya resuelto por sentencia firme, la función positiva o prejudicial de la cosa juzgada no prohíbe que se dicte sentencia en el segundo juicio, sino que obliga tan sólo a que en esa segunda sentencia se sigan y apliquen los mandatos y criterios establecidos por la sentencia firme anterior".

- STS IV 981/2023 de 21 noviembre (rcud 153/2020 ) al explicar que "[l]a cosa juzgada persigue que la actividad jurisdiccional se desarrolle una sola vez y culmine con una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Cada controversia litigiosa debe resolverse con una única sentencia sobre el fondo. No puede reabrirse una controversia respecto de una cuestión jurídica que ya está juzgada [...] Si una controversia litigiosa se aborda y resuelve en un primer pleito con una sentencia relativa al fondo que adquiere firmeza, la cosa juzgada positiva obliga a reiterar ese pronunciamiento en los ulteriores litigios entre las mismas partes en los que se suscite idéntica cuestión respecto de periodos temporales posteriores, salvo cuando concurran hechos nuevos y distintos".

La doctrina constitucional - STC 35/2018, de 23 abril , FD 3, y las citadas en ella- al afirmar que "el derecho a la intangibilidad, inmodificabilidad o invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes es presupuesto lógico para el ejercicio del derecho del justiciable a instar la ejecución de lo juzgado [...] el principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes es una consecuencia, tanto del principio de seguridad jurídica ( art. 9.3 CE ), como, sobre todo, del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión ( art. 24.1 CE ), habida cuenta de que "este derecho asegura a los que han sido parte en un proceso que las resoluciones judiciales definitivas dictadas en el mismo no sean alteradas o modificadas fuera de los cauces legales establecidos para ello" [...] pues si el órgano jurisdiccional modificara una Sentencia fuera del correspondiente recurso establecido al efecto por el legislador, quedaría asimismo vulnerado el derecho a la tutela judicial, puesto que ésta carecería de eficacia si se permitiera reabrir un proceso ya resuelto por resolución firme [...] Por ello, "el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE actúa como límite que impide a los Jueces y Tribunales variar o revisar las resoluciones judiciales definitivas y firmes al margen de los supuestos taxativamente previstos por la ley, incluso en la hipótesis de que con posterioridad entendieran que la decisión judicial no se ajusta a la legalidad" [...] a los órganos judiciales corresponde, en el ejercicio de la función jurisdiccional constitucionalmente conferida, la interpretación de los términos del fallo y la del alcance que quepa atribuir a la cosa juzgada, así como la decisión de si aquél ha sido ejecutado o no correctamente y la adopción de las medidas oportunas para asegurar, en su caso, su ejecución. Dichas apreciaciones únicamente resultan revisables en sede constitucional cuando han incurrido en incongruencia, arbitrariedad, carecen de razonabilidad o evidencian la dejación por parte del órgano judicial de su obligación de hacer ejecutar lo juzgado".

- STS IV 579/2021, de 26 mayo (rec. 171/2019 ), que acudía a la doctrina la Sala Civil del TS: la cosa juzgada "ha de apreciarse estableciendo un juicio comparativo entre la sentencia precedente y las pretensiones del posterior proceso, pues de la paridad entre los dos litigios es de donde ha de inferirse la relación jurídica controvertida, interpretada, si es preciso, con los hechos y fundamentos que sirvieron de base a la petición ( sentencias de la Sala Civil del TS de 10 de marzo de 2011, recurso 1998/2007 ; 13 de junio de 2012, recurso 1654/2009 y 4 de diciembre de 2012, recurso 1139/2010 )".

-En orden a la exégesis del transcrito art. 400 LEC , la STS IV 936/2018, de 25 de octubre de 2018 (rcud 203/2017 ), sentó la doctrina siguiente: "La aplicación del artículo 400.2 LEC (supletorio de la LRJS) ha dado lugar a una doctrina resumida por la STS 17 octubre 2013 (rec. 3076/2012 ), conforme a la cual en el proceso laboral, los efectos preclusivos de la cosa juzgada, igual que los de la litis pendencia, se extienden tanto a los hechos y fundamentos jurídicos aducidos en el proceso previo como a los que en él hubieran podido alegarse".

-La sentencia de la Sala Civil del TS 21/2022, de 17 enero (recurso 1740/2019 ) explica que el art. 400.2 de la LEC quiere impedir que, "resuelto el primer pleito con desestimación de la demanda, el demandante pueda volver a formular la misma pretensión sobre la base de unos hechos o fundamentos jurídicos que, pudiendo haber sido invocados en el pleito inicial, no lo fueron".

Sucede en nuestro caso que ni concurre identidad subjetiva entre el anterior conflicto y en el presente por cuanto que el primero de circunscribía a un centro de trabajo determinado, y el presente se extiende a todo el personal de ISDEFE, resultando además que las peticiones que se ejercitan son diferentes, por más que las normas que se hayan de aplicar para dilucidar uno y otro caso puedan ser coincidentes, amen de los más de diez años transcurridos entre una demanda y otra, durante los que han variado las versiones de los Convenios sectoriales aplicables.

Por ello, rechazaremos esta excepción.

II.- En lo que se refiere a la inadecuación de procedimiento, hemos de considerar que ex art. 177.1 de la LRJS ("Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso")basta para acudir a esta vía procesal que se considere que se ha vulnerado un derecho fundamental o el principio de igualdad como aquí sucede para que la vía procesal sea adecuada.

Y el suplico que se ejercita ("se condene a la empresa a dejar de aplicar el artículo 7 del Convenio Ingenierías sobre el concepto de antigüedad al personal del colectivo ISDEFE y a aplicar, a toda la plantilla, tanto al colectivo INSA como al Colectivo ISDEFE, lo establecido en el artículo 28 del Convenio de Ingenierías, para retribuir la antigüedad de los trabajadores sin que sea objeto de absorción sobre ningún otro concepto salarial, tal y como ya se practica con los trabajadores del colectivo INSA") es el que el sindicato considera adecuado para conjurar la situación de desigualdad que se denuncia, lo cual se ser así- y con independencia de lo que resulte del criterio esta Sala- tendría perfecto encaje en los apartados c) y d) del art. 182 de la LRJS ("c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados. d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183.").

Lo cual llevará al rechazo de la excepción.

III:- En cuanto a la excepción de falta de acción por tratarse de conflicto regulatorio o de interés, tal y como hicimos en nuestra SAN de 24-2-2.025- proc. 404/2024- debemos traer aquí a colación la interpretación jurisprudencial en la delimitación entre el conflicto colectivo y el conflicto de intereses, por todas las STSS de 11 de septiembre de 2024 (Rec. 254/2022), con cita entre otras de la STS de 29 de junio de 2020 (Rec. 30/2019), en las que establece que:

"El conflicto colectivo jurídico presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una norma jurídica, pues lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación jurídica disciplinada por la ley o por el convenio colectivo, o afectada por decisión o práctica de empresa, en tanto se están cambiando de alguna manera las condiciones de trabajo y, como es lógico, surge la confrontación litigiosa [...]. En suma, si lo que se pretende con una demanda que se plantea como conflicto colectivo es que sea el órgano judicial el que fije condiciones laborales cuyas notas o características no pueden extraerse o deducirse de ninguna fuente normativa u obligacional previa, nos encontraremos ante una evidente falta de acción de quien así acciona y, por ello, la consecuencia habrá de ser la desestimación de la demanda[...]".

En nuestro caso es evidente que en su demanda USO pretende la inaplicación de un concreto precepto convencional al personal de la demandada que no procede la antigua INSA, pero lo cierto es que tal inaplicación la funda en una situación de hecho que estima contraria al art. 14 CE y por tanto proscrita, lo que hace que la pretensión pueda tener encaje en el apartado 4 del art. 163 de la LRJS o en una peculiar interpretación de la normativa aplicable.

Lo cual, y sin perjuicio de lo que se resolverá en el siguiente fundamento de derecho, nos habrá de llevar a rechazar la excepción.

CUARTO.-En cuanto al fondo del asunto, se viene a traer a la consideración de la Sala, la supuesta desigualdad en la demandada entre el personal proveniente de INSA y el de ISDEFE, en lo relativo a las condiciones de trabajo y retribución.

En la SAN de 4-5-2022- proc. 93/2022- consideramos que resulta discriminatorio para los trabajadores provenientes de la antigua INSA el hecho de que la entidad ISDEFE concertara dos pólizas de seguro diferente para los dos colectivos existentes en la empresa ( el proveniente de INSA y el que ya prestaba servicios en ISDEFE antes de la fusión), y consideramos que no era una justificación objetiva y razonable la existencia de que se presentasen dos masas salariales diferenciadas para su aprobación por las autoridades del Ministerio de Hacienda. Tales razonamientos fueron avalados por la STS de 10-9-2.024- rec 197/2.022- en la cual se razona:

"el art. 44.4 ET "Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre el cesionario y los representantes de los trabajadores una vez consumada la sucesión, las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida.

Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a la entidad económica transmitida".

La sucesión empresarial que convierte a ISDEFE en empleadora de los antiguos trabajadores de INSA se hace efectiva en el año 2013. A partir de esa fecha hay un solo y único colectivo de trabajadores indiferenciados.

De acuerdo con lo dispuesto en el antedicho precepto legal, cabe la posibilidad de que en algunos aspectos pudiere mantenerse transitoriamente un régimen jurídico diferenciado entre uno y otro colectivo.

Así se desprende de la reciente STS 375/2024, de 23 de febrero, rcud. 4543/2022 , y las que en ella se citan, en lo relativo al acceso de todos los trabajadores de ISDEFE al procedimiento SEDA para la percepción de determinadas retribuciones variables, en razón de los diferentes acuerdos colectivos que pudieren seguir vigentes en la anualidad correspondiente.

Pero ese no el caso en lo que se refiere a la materia que es objeto de este procedimiento, sobre lo que no existen dos sistemas, convenios o acuerdos colectivos diferenciados y vigentes.".

En una segunda resolución, en la SAN de 23-4-2.023- proc. 55/2023- razonamos que resultaba discriminatorio el hecho de que el cheque comida en una y otra entidad tuviese diferente cuantía por cuanto en origen tales compensaciones procedía de CMB diferentes, razonamiento que fue avalado por la STS de 15-9-2.025- rec. 249/2.023-, la cual en su fundamentación jurídica razona:

"3.La jurisprudencia constitucional, como sintetiza la STC 39/2003, 27 febrero , con cita de anteriores sentencias, señala: «el artículo 14 CE no impone en el ámbito de las relaciones laborales una igualdad de trato en sentido absoluto, pues la eficacia en este ámbito del principio de la autonomía de la voluntad deja un margen en el que el acuerdo privado o la decisión unilateral del empresario, en ejercicio de sus poderes de organización de la empresa, puede libremente disponer la retribución del trabajador, respetando los mínimos legales o convencionales. En la medida, pues, en que la diferencia salarial no tenga un significado discriminatorio, por incidir en alguna de las causas prohibidas por la Constitución o el Estatuto de los Trabajadores, no puede considerarse como vulneradora del principio de igualdad»

5. En el ámbito de la Administración pública o, en general, del sector público, la STS 149/2022, de 15 de febrero (rcud 3939/2018 ) dijo que:

«[...]

B) Las situaciones comparadas han de ser homogéneas.

Solo poseen trascendencia constitucional las desigualdades que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable.

[...]

D) La no discriminación en las relaciones laborales.

Mientras que el principio de igualdad -en la Ley y en la aplicación de la ley- vincula a los poderes públicos, y al convenio colectivo en la medida en que, en nuestro Derecho, tiene una eficacia normativa que transciende el marco normal de una regulación privada, no sucede lo mismo con la tutela antidiscriminatoria, que por la especial intensidad de su protección se proyecta en el ámbito de las relaciones privadas.[...]».

En el presente caso lo que hemos de resolver es si existe un trato discriminatorio prohibido por el hecho de que a los trabajadores de INSA no se les compense y absorba el complemento de antigüedad y a los trabajadores de ISDEFE sí. La aplicación de la doctrina que sirvió en otros casos para apreciar trato discriminatorio nos ha de llevar a descartarlo en el presente.

En efecto, en primer lugar no concurre la homogeneidad entre un colectivo y otro, pues mientras los trabajadores de INSA perciben el complemento de antigüedad como un complemento personal derivado de acuerdos laborales previos a la fusión, los de ISDEFE lo perciben con arreglo al Convenio sectorial de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, sin que se haya acreditado que la cuantía de uno y otro, así como la forma de devengo del mismo sea similar.

Pero es que además, la desigualdad de trato trae causa tanto del art. 44.1 y 2 E. T como de los acuerdos alcanzados antes y tras la fusión de los que se da cuenta en los hechos probados 4º a 7º de esta resolución, y de la aplicación en concreto de los arts,. 7 y 28 del Convenio de Ingeniería y Oficinas de Estudio de Técnico que disponen lo siguiente:

"Artículo 7. Compensación. Absorción.

1. Todas las condiciones económicas que se establecen en el presente convenio colectivo, sean o no de naturaleza salarial, son compensables en su conjunto y cómputo anual con las mejoras de cualquier tipo que vinieran anteriormente satisfaciendo las empresas, bien sea por imperativo legal, convenio colectivo, laudo, contrato individual, uso o costumbre, concesión voluntaria de las empresas o por cualesquiera otras causas.

2. Dichas condiciones también serán absorbibles, hasta donde alcancen y en cómputo anual, por los aumentos que en el futuro pudieran establecerse en virtud de preceptos legales, convenios colectivos o contratos individuales de trabajo, con la única excepción de aquellos conceptos que expresamente fuesen excluidos de absorción en el texto del presente convenio colectivo.

Artículo 28. Antigüedad.

1. Las bonificaciones por años de servicio, como premio de vinculación a la empresa respectiva, consistirán, en este orden, en cinco trienios del cinco por ciento cada uno del salario base pactado para su categoría en las tablas salariales del presente convenio colectivo, tres trienios siguientes del diez por ciento cada uno y un último trienio del cinco por ciento del indicado salario.

2. No obstante, de acuerdo con lo pactado en el artículo 8, y en sus propios términos, aquellas empresas que vinieran satisfaciendo por el concepto de antigüedad un porcentaje por trienio superior a los indicados en el apartado anterior, las personas trabajadoras a ellas vinculados y en activo en la fecha de 18 de septiembre de 1980, continuarán manteniendo a título personal la condición más beneficiosa que vinieren disfrutando, sin que, en ningún caso puedan superarse las limitaciones que establecía el artículo 25 del Estatuto de los Trabajadores , de 10 de marzo de 1980, que se mantienen.

En el supuesto contemplado en el párrafo precedente, para las personas trabajadoras que en el mismo se mencionan, y siempre con las limitaciones en él establecidas, la antigüedad no será absorbible en ningún caso.

3. Los trienios se devengarán a partir del 1 de enero del año en que se cumplan y todos ellos se abonarán con arreglo a la última categoría y sueldo base de convenio que tenga la persona trabajadora.".

Por lo tanto, aún en el caso que la Sala no comparte y que sólo admitiríamos a efectos dialécticos de que existiese homogeneidad entre colectivos, la diferencia de trato obedece a una justificación objetiva y razonable como es el ejercicio del derecho a la negociación colectiva y el carácter vinculante de los acordado, derivado de los arts. 37 CE, 44 y 82 E.T a diferencia de los casos anteriores en los que la discriminación tenía su origen en decisiones unilaterales del empleador.

QUINTO.-Por todo ello y en contra del criterio que defendió el Ministerio Fiscal dictaremos sentencia desestimatoria de la demandada contra la que cabe interponer recurso de casación ordinario ante la Sala IV del TS ( art. 205 y 206 de la LRJS) .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa, bien en hechos conformes, bien en cada una de las fuentes de prueba que en los mismos se indican.

TERCERO.-Interesándose por USO que se dicte una sentencia en la que con fundamento en una violación del art. 14 CE, se condene a la empresa a dejar de aplicar el artículo 7 del Convenio Ingenierías sobre el concepto de antigüedad al personal del colectivo ISDEFE y a aplicar, a toda la plantilla, tanto al colectivo INSA como al Colectivo ISDEFE, lo establecido en el artículo 28 del Convenio de Ingenierías, para retribuir la antigüedad de los trabajadores sin que sea objeto de absorción sobre ningún otro concepto salarial, tal y como ya se practica con los trabajadores del colectivo INSA, frente a tal reclamación por parte de la Abogacía del Estado que actúa en representación de la entidad pública demandada se han opuesto en primer lugar dos objeciones procesales que impedirían un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, así como la excepción de falta de acción por ser el conflicto regulatorio o de interés la cual inexorablemente llevaría al dictado de sentencia desestimatoria de la demanda.

Consideramos que tales excepciones procesales y de fondo han de ser resueltas en primer lugar.

I.- En lo que se refiere a la excepción de cosa juzgada consideramos que el procedimiento que se siguió inicialmente ante el Juzgado de lo Social número 35 de los de Madrid, y en suplicación ante el TSJ de Madrid no ha de producir efecto de cosa juzgada ni negativo, ni prejudicial en el presente procedimiento.

En efecto, el art. 222 de la LEC dispone:

"1. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley.

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen.

3. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en los artículos 11 y 11 bis de esta ley.

En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad y de medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, la cosa juzgada tendrá efectos frente a terceros a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil.

Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no hubieren litigado.

4. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal."

Por su parte el apartado 2 del art. 400 de la misma LEC señala que: "De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste."

El efecto negativo o excluyente esto es la imposibilidad de seguirse el mismo procedimiento es evidente desde el momento en que la demanda interpuesta en el año 2015 se circunscribía a un colectivo más reducido del aquel al que se refiere la demanda que ahora se dilucida.

Al efecto recuerda la STS de 4-6-2024- rcud 4371/2021- que:

" Los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como la inexistencia de elemento alguno que aconseje adoptar una solución divergente, determinan ahora que apliquemos la doctrina elaborada en el recurso unificador de referencia del que pasamos a destacar alguno de sus pasajes.

Así el elenco jurisprudencial que plasma:

- STS IV 936/2018, de 25 octubre (rcud 203/2017 ), que diferencia: "mientras el efecto negativo o preclusivo impide a los Tribunales de Justicia pronunciarse de nuevo sobre un asunto ya resuelto por sentencia firme, la función positiva o prejudicial de la cosa juzgada no prohíbe que se dicte sentencia en el segundo juicio, sino que obliga tan sólo a que en esa segunda sentencia se sigan y apliquen los mandatos y criterios establecidos por la sentencia firme anterior".

- STS IV 981/2023 de 21 noviembre (rcud 153/2020 ) al explicar que "[l]a cosa juzgada persigue que la actividad jurisdiccional se desarrolle una sola vez y culmine con una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Cada controversia litigiosa debe resolverse con una única sentencia sobre el fondo. No puede reabrirse una controversia respecto de una cuestión jurídica que ya está juzgada [...] Si una controversia litigiosa se aborda y resuelve en un primer pleito con una sentencia relativa al fondo que adquiere firmeza, la cosa juzgada positiva obliga a reiterar ese pronunciamiento en los ulteriores litigios entre las mismas partes en los que se suscite idéntica cuestión respecto de periodos temporales posteriores, salvo cuando concurran hechos nuevos y distintos".

La doctrina constitucional - STC 35/2018, de 23 abril , FD 3, y las citadas en ella- al afirmar que "el derecho a la intangibilidad, inmodificabilidad o invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes es presupuesto lógico para el ejercicio del derecho del justiciable a instar la ejecución de lo juzgado [...] el principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes es una consecuencia, tanto del principio de seguridad jurídica ( art. 9.3 CE ), como, sobre todo, del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión ( art. 24.1 CE ), habida cuenta de que "este derecho asegura a los que han sido parte en un proceso que las resoluciones judiciales definitivas dictadas en el mismo no sean alteradas o modificadas fuera de los cauces legales establecidos para ello" [...] pues si el órgano jurisdiccional modificara una Sentencia fuera del correspondiente recurso establecido al efecto por el legislador, quedaría asimismo vulnerado el derecho a la tutela judicial, puesto que ésta carecería de eficacia si se permitiera reabrir un proceso ya resuelto por resolución firme [...] Por ello, "el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE actúa como límite que impide a los Jueces y Tribunales variar o revisar las resoluciones judiciales definitivas y firmes al margen de los supuestos taxativamente previstos por la ley, incluso en la hipótesis de que con posterioridad entendieran que la decisión judicial no se ajusta a la legalidad" [...] a los órganos judiciales corresponde, en el ejercicio de la función jurisdiccional constitucionalmente conferida, la interpretación de los términos del fallo y la del alcance que quepa atribuir a la cosa juzgada, así como la decisión de si aquél ha sido ejecutado o no correctamente y la adopción de las medidas oportunas para asegurar, en su caso, su ejecución. Dichas apreciaciones únicamente resultan revisables en sede constitucional cuando han incurrido en incongruencia, arbitrariedad, carecen de razonabilidad o evidencian la dejación por parte del órgano judicial de su obligación de hacer ejecutar lo juzgado".

- STS IV 579/2021, de 26 mayo (rec. 171/2019 ), que acudía a la doctrina la Sala Civil del TS: la cosa juzgada "ha de apreciarse estableciendo un juicio comparativo entre la sentencia precedente y las pretensiones del posterior proceso, pues de la paridad entre los dos litigios es de donde ha de inferirse la relación jurídica controvertida, interpretada, si es preciso, con los hechos y fundamentos que sirvieron de base a la petición ( sentencias de la Sala Civil del TS de 10 de marzo de 2011, recurso 1998/2007 ; 13 de junio de 2012, recurso 1654/2009 y 4 de diciembre de 2012, recurso 1139/2010 )".

-En orden a la exégesis del transcrito art. 400 LEC , la STS IV 936/2018, de 25 de octubre de 2018 (rcud 203/2017 ), sentó la doctrina siguiente: "La aplicación del artículo 400.2 LEC (supletorio de la LRJS) ha dado lugar a una doctrina resumida por la STS 17 octubre 2013 (rec. 3076/2012 ), conforme a la cual en el proceso laboral, los efectos preclusivos de la cosa juzgada, igual que los de la litis pendencia, se extienden tanto a los hechos y fundamentos jurídicos aducidos en el proceso previo como a los que en él hubieran podido alegarse".

-La sentencia de la Sala Civil del TS 21/2022, de 17 enero (recurso 1740/2019 ) explica que el art. 400.2 de la LEC quiere impedir que, "resuelto el primer pleito con desestimación de la demanda, el demandante pueda volver a formular la misma pretensión sobre la base de unos hechos o fundamentos jurídicos que, pudiendo haber sido invocados en el pleito inicial, no lo fueron".

Sucede en nuestro caso que ni concurre identidad subjetiva entre el anterior conflicto y en el presente por cuanto que el primero de circunscribía a un centro de trabajo determinado, y el presente se extiende a todo el personal de ISDEFE, resultando además que las peticiones que se ejercitan son diferentes, por más que las normas que se hayan de aplicar para dilucidar uno y otro caso puedan ser coincidentes, amen de los más de diez años transcurridos entre una demanda y otra, durante los que han variado las versiones de los Convenios sectoriales aplicables.

Por ello, rechazaremos esta excepción.

II.- En lo que se refiere a la inadecuación de procedimiento, hemos de considerar que ex art. 177.1 de la LRJS ("Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso")basta para acudir a esta vía procesal que se considere que se ha vulnerado un derecho fundamental o el principio de igualdad como aquí sucede para que la vía procesal sea adecuada.

Y el suplico que se ejercita ("se condene a la empresa a dejar de aplicar el artículo 7 del Convenio Ingenierías sobre el concepto de antigüedad al personal del colectivo ISDEFE y a aplicar, a toda la plantilla, tanto al colectivo INSA como al Colectivo ISDEFE, lo establecido en el artículo 28 del Convenio de Ingenierías, para retribuir la antigüedad de los trabajadores sin que sea objeto de absorción sobre ningún otro concepto salarial, tal y como ya se practica con los trabajadores del colectivo INSA") es el que el sindicato considera adecuado para conjurar la situación de desigualdad que se denuncia, lo cual se ser así- y con independencia de lo que resulte del criterio esta Sala- tendría perfecto encaje en los apartados c) y d) del art. 182 de la LRJS ("c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados. d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183.").

Lo cual llevará al rechazo de la excepción.

III:- En cuanto a la excepción de falta de acción por tratarse de conflicto regulatorio o de interés, tal y como hicimos en nuestra SAN de 24-2-2.025- proc. 404/2024- debemos traer aquí a colación la interpretación jurisprudencial en la delimitación entre el conflicto colectivo y el conflicto de intereses, por todas las STSS de 11 de septiembre de 2024 (Rec. 254/2022), con cita entre otras de la STS de 29 de junio de 2020 (Rec. 30/2019), en las que establece que:

"El conflicto colectivo jurídico presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una norma jurídica, pues lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación jurídica disciplinada por la ley o por el convenio colectivo, o afectada por decisión o práctica de empresa, en tanto se están cambiando de alguna manera las condiciones de trabajo y, como es lógico, surge la confrontación litigiosa [...]. En suma, si lo que se pretende con una demanda que se plantea como conflicto colectivo es que sea el órgano judicial el que fije condiciones laborales cuyas notas o características no pueden extraerse o deducirse de ninguna fuente normativa u obligacional previa, nos encontraremos ante una evidente falta de acción de quien así acciona y, por ello, la consecuencia habrá de ser la desestimación de la demanda[...]".

En nuestro caso es evidente que en su demanda USO pretende la inaplicación de un concreto precepto convencional al personal de la demandada que no procede la antigua INSA, pero lo cierto es que tal inaplicación la funda en una situación de hecho que estima contraria al art. 14 CE y por tanto proscrita, lo que hace que la pretensión pueda tener encaje en el apartado 4 del art. 163 de la LRJS o en una peculiar interpretación de la normativa aplicable.

Lo cual, y sin perjuicio de lo que se resolverá en el siguiente fundamento de derecho, nos habrá de llevar a rechazar la excepción.

CUARTO.-En cuanto al fondo del asunto, se viene a traer a la consideración de la Sala, la supuesta desigualdad en la demandada entre el personal proveniente de INSA y el de ISDEFE, en lo relativo a las condiciones de trabajo y retribución.

En la SAN de 4-5-2022- proc. 93/2022- consideramos que resulta discriminatorio para los trabajadores provenientes de la antigua INSA el hecho de que la entidad ISDEFE concertara dos pólizas de seguro diferente para los dos colectivos existentes en la empresa ( el proveniente de INSA y el que ya prestaba servicios en ISDEFE antes de la fusión), y consideramos que no era una justificación objetiva y razonable la existencia de que se presentasen dos masas salariales diferenciadas para su aprobación por las autoridades del Ministerio de Hacienda. Tales razonamientos fueron avalados por la STS de 10-9-2.024- rec 197/2.022- en la cual se razona:

"el art. 44.4 ET "Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre el cesionario y los representantes de los trabajadores una vez consumada la sucesión, las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida.

Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a la entidad económica transmitida".

La sucesión empresarial que convierte a ISDEFE en empleadora de los antiguos trabajadores de INSA se hace efectiva en el año 2013. A partir de esa fecha hay un solo y único colectivo de trabajadores indiferenciados.

De acuerdo con lo dispuesto en el antedicho precepto legal, cabe la posibilidad de que en algunos aspectos pudiere mantenerse transitoriamente un régimen jurídico diferenciado entre uno y otro colectivo.

Así se desprende de la reciente STS 375/2024, de 23 de febrero, rcud. 4543/2022 , y las que en ella se citan, en lo relativo al acceso de todos los trabajadores de ISDEFE al procedimiento SEDA para la percepción de determinadas retribuciones variables, en razón de los diferentes acuerdos colectivos que pudieren seguir vigentes en la anualidad correspondiente.

Pero ese no el caso en lo que se refiere a la materia que es objeto de este procedimiento, sobre lo que no existen dos sistemas, convenios o acuerdos colectivos diferenciados y vigentes.".

En una segunda resolución, en la SAN de 23-4-2.023- proc. 55/2023- razonamos que resultaba discriminatorio el hecho de que el cheque comida en una y otra entidad tuviese diferente cuantía por cuanto en origen tales compensaciones procedía de CMB diferentes, razonamiento que fue avalado por la STS de 15-9-2.025- rec. 249/2.023-, la cual en su fundamentación jurídica razona:

"3.La jurisprudencia constitucional, como sintetiza la STC 39/2003, 27 febrero , con cita de anteriores sentencias, señala: «el artículo 14 CE no impone en el ámbito de las relaciones laborales una igualdad de trato en sentido absoluto, pues la eficacia en este ámbito del principio de la autonomía de la voluntad deja un margen en el que el acuerdo privado o la decisión unilateral del empresario, en ejercicio de sus poderes de organización de la empresa, puede libremente disponer la retribución del trabajador, respetando los mínimos legales o convencionales. En la medida, pues, en que la diferencia salarial no tenga un significado discriminatorio, por incidir en alguna de las causas prohibidas por la Constitución o el Estatuto de los Trabajadores, no puede considerarse como vulneradora del principio de igualdad»

5. En el ámbito de la Administración pública o, en general, del sector público, la STS 149/2022, de 15 de febrero (rcud 3939/2018 ) dijo que:

«[...]

B) Las situaciones comparadas han de ser homogéneas.

Solo poseen trascendencia constitucional las desigualdades que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable.

[...]

D) La no discriminación en las relaciones laborales.

Mientras que el principio de igualdad -en la Ley y en la aplicación de la ley- vincula a los poderes públicos, y al convenio colectivo en la medida en que, en nuestro Derecho, tiene una eficacia normativa que transciende el marco normal de una regulación privada, no sucede lo mismo con la tutela antidiscriminatoria, que por la especial intensidad de su protección se proyecta en el ámbito de las relaciones privadas.[...]».

En el presente caso lo que hemos de resolver es si existe un trato discriminatorio prohibido por el hecho de que a los trabajadores de INSA no se les compense y absorba el complemento de antigüedad y a los trabajadores de ISDEFE sí. La aplicación de la doctrina que sirvió en otros casos para apreciar trato discriminatorio nos ha de llevar a descartarlo en el presente.

En efecto, en primer lugar no concurre la homogeneidad entre un colectivo y otro, pues mientras los trabajadores de INSA perciben el complemento de antigüedad como un complemento personal derivado de acuerdos laborales previos a la fusión, los de ISDEFE lo perciben con arreglo al Convenio sectorial de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, sin que se haya acreditado que la cuantía de uno y otro, así como la forma de devengo del mismo sea similar.

Pero es que además, la desigualdad de trato trae causa tanto del art. 44.1 y 2 E. T como de los acuerdos alcanzados antes y tras la fusión de los que se da cuenta en los hechos probados 4º a 7º de esta resolución, y de la aplicación en concreto de los arts,. 7 y 28 del Convenio de Ingeniería y Oficinas de Estudio de Técnico que disponen lo siguiente:

"Artículo 7. Compensación. Absorción.

1. Todas las condiciones económicas que se establecen en el presente convenio colectivo, sean o no de naturaleza salarial, son compensables en su conjunto y cómputo anual con las mejoras de cualquier tipo que vinieran anteriormente satisfaciendo las empresas, bien sea por imperativo legal, convenio colectivo, laudo, contrato individual, uso o costumbre, concesión voluntaria de las empresas o por cualesquiera otras causas.

2. Dichas condiciones también serán absorbibles, hasta donde alcancen y en cómputo anual, por los aumentos que en el futuro pudieran establecerse en virtud de preceptos legales, convenios colectivos o contratos individuales de trabajo, con la única excepción de aquellos conceptos que expresamente fuesen excluidos de absorción en el texto del presente convenio colectivo.

Artículo 28. Antigüedad.

1. Las bonificaciones por años de servicio, como premio de vinculación a la empresa respectiva, consistirán, en este orden, en cinco trienios del cinco por ciento cada uno del salario base pactado para su categoría en las tablas salariales del presente convenio colectivo, tres trienios siguientes del diez por ciento cada uno y un último trienio del cinco por ciento del indicado salario.

2. No obstante, de acuerdo con lo pactado en el artículo 8, y en sus propios términos, aquellas empresas que vinieran satisfaciendo por el concepto de antigüedad un porcentaje por trienio superior a los indicados en el apartado anterior, las personas trabajadoras a ellas vinculados y en activo en la fecha de 18 de septiembre de 1980, continuarán manteniendo a título personal la condición más beneficiosa que vinieren disfrutando, sin que, en ningún caso puedan superarse las limitaciones que establecía el artículo 25 del Estatuto de los Trabajadores , de 10 de marzo de 1980, que se mantienen.

En el supuesto contemplado en el párrafo precedente, para las personas trabajadoras que en el mismo se mencionan, y siempre con las limitaciones en él establecidas, la antigüedad no será absorbible en ningún caso.

3. Los trienios se devengarán a partir del 1 de enero del año en que se cumplan y todos ellos se abonarán con arreglo a la última categoría y sueldo base de convenio que tenga la persona trabajadora.".

Por lo tanto, aún en el caso que la Sala no comparte y que sólo admitiríamos a efectos dialécticos de que existiese homogeneidad entre colectivos, la diferencia de trato obedece a una justificación objetiva y razonable como es el ejercicio del derecho a la negociación colectiva y el carácter vinculante de los acordado, derivado de los arts. 37 CE, 44 y 82 E.T a diferencia de los casos anteriores en los que la discriminación tenía su origen en decisiones unilaterales del empleador.

QUINTO.-Por todo ello y en contra del criterio que defendió el Ministerio Fiscal dictaremos sentencia desestimatoria de la demandada contra la que cabe interponer recurso de casación ordinario ante la Sala IV del TS ( art. 205 y 206 de la LRJS) .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa, bien en hechos conformes, bien en cada una de las fuentes de prueba que en los mismos se indican.

TERCERO.-Interesándose por USO que se dicte una sentencia en la que con fundamento en una violación del art. 14 CE, se condene a la empresa a dejar de aplicar el artículo 7 del Convenio Ingenierías sobre el concepto de antigüedad al personal del colectivo ISDEFE y a aplicar, a toda la plantilla, tanto al colectivo INSA como al Colectivo ISDEFE, lo establecido en el artículo 28 del Convenio de Ingenierías, para retribuir la antigüedad de los trabajadores sin que sea objeto de absorción sobre ningún otro concepto salarial, tal y como ya se practica con los trabajadores del colectivo INSA, frente a tal reclamación por parte de la Abogacía del Estado que actúa en representación de la entidad pública demandada se han opuesto en primer lugar dos objeciones procesales que impedirían un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, así como la excepción de falta de acción por ser el conflicto regulatorio o de interés la cual inexorablemente llevaría al dictado de sentencia desestimatoria de la demanda.

Consideramos que tales excepciones procesales y de fondo han de ser resueltas en primer lugar.

I.- En lo que se refiere a la excepción de cosa juzgada consideramos que el procedimiento que se siguió inicialmente ante el Juzgado de lo Social número 35 de los de Madrid, y en suplicación ante el TSJ de Madrid no ha de producir efecto de cosa juzgada ni negativo, ni prejudicial en el presente procedimiento.

En efecto, el art. 222 de la LEC dispone:

"1. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley.

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen.

3. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en los artículos 11 y 11 bis de esta ley.

En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad y de medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, la cosa juzgada tendrá efectos frente a terceros a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil.

Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no hubieren litigado.

4. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal."

Por su parte el apartado 2 del art. 400 de la misma LEC señala que: "De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste."

El efecto negativo o excluyente esto es la imposibilidad de seguirse el mismo procedimiento es evidente desde el momento en que la demanda interpuesta en el año 2015 se circunscribía a un colectivo más reducido del aquel al que se refiere la demanda que ahora se dilucida.

Al efecto recuerda la STS de 4-6-2024- rcud 4371/2021- que:

" Los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como la inexistencia de elemento alguno que aconseje adoptar una solución divergente, determinan ahora que apliquemos la doctrina elaborada en el recurso unificador de referencia del que pasamos a destacar alguno de sus pasajes.

Así el elenco jurisprudencial que plasma:

- STS IV 936/2018, de 25 octubre (rcud 203/2017 ), que diferencia: "mientras el efecto negativo o preclusivo impide a los Tribunales de Justicia pronunciarse de nuevo sobre un asunto ya resuelto por sentencia firme, la función positiva o prejudicial de la cosa juzgada no prohíbe que se dicte sentencia en el segundo juicio, sino que obliga tan sólo a que en esa segunda sentencia se sigan y apliquen los mandatos y criterios establecidos por la sentencia firme anterior".

- STS IV 981/2023 de 21 noviembre (rcud 153/2020 ) al explicar que "[l]a cosa juzgada persigue que la actividad jurisdiccional se desarrolle una sola vez y culmine con una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Cada controversia litigiosa debe resolverse con una única sentencia sobre el fondo. No puede reabrirse una controversia respecto de una cuestión jurídica que ya está juzgada [...] Si una controversia litigiosa se aborda y resuelve en un primer pleito con una sentencia relativa al fondo que adquiere firmeza, la cosa juzgada positiva obliga a reiterar ese pronunciamiento en los ulteriores litigios entre las mismas partes en los que se suscite idéntica cuestión respecto de periodos temporales posteriores, salvo cuando concurran hechos nuevos y distintos".

La doctrina constitucional - STC 35/2018, de 23 abril , FD 3, y las citadas en ella- al afirmar que "el derecho a la intangibilidad, inmodificabilidad o invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes es presupuesto lógico para el ejercicio del derecho del justiciable a instar la ejecución de lo juzgado [...] el principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes es una consecuencia, tanto del principio de seguridad jurídica ( art. 9.3 CE ), como, sobre todo, del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión ( art. 24.1 CE ), habida cuenta de que "este derecho asegura a los que han sido parte en un proceso que las resoluciones judiciales definitivas dictadas en el mismo no sean alteradas o modificadas fuera de los cauces legales establecidos para ello" [...] pues si el órgano jurisdiccional modificara una Sentencia fuera del correspondiente recurso establecido al efecto por el legislador, quedaría asimismo vulnerado el derecho a la tutela judicial, puesto que ésta carecería de eficacia si se permitiera reabrir un proceso ya resuelto por resolución firme [...] Por ello, "el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE actúa como límite que impide a los Jueces y Tribunales variar o revisar las resoluciones judiciales definitivas y firmes al margen de los supuestos taxativamente previstos por la ley, incluso en la hipótesis de que con posterioridad entendieran que la decisión judicial no se ajusta a la legalidad" [...] a los órganos judiciales corresponde, en el ejercicio de la función jurisdiccional constitucionalmente conferida, la interpretación de los términos del fallo y la del alcance que quepa atribuir a la cosa juzgada, así como la decisión de si aquél ha sido ejecutado o no correctamente y la adopción de las medidas oportunas para asegurar, en su caso, su ejecución. Dichas apreciaciones únicamente resultan revisables en sede constitucional cuando han incurrido en incongruencia, arbitrariedad, carecen de razonabilidad o evidencian la dejación por parte del órgano judicial de su obligación de hacer ejecutar lo juzgado".

- STS IV 579/2021, de 26 mayo (rec. 171/2019 ), que acudía a la doctrina la Sala Civil del TS: la cosa juzgada "ha de apreciarse estableciendo un juicio comparativo entre la sentencia precedente y las pretensiones del posterior proceso, pues de la paridad entre los dos litigios es de donde ha de inferirse la relación jurídica controvertida, interpretada, si es preciso, con los hechos y fundamentos que sirvieron de base a la petición ( sentencias de la Sala Civil del TS de 10 de marzo de 2011, recurso 1998/2007 ; 13 de junio de 2012, recurso 1654/2009 y 4 de diciembre de 2012, recurso 1139/2010 )".

-En orden a la exégesis del transcrito art. 400 LEC , la STS IV 936/2018, de 25 de octubre de 2018 (rcud 203/2017 ), sentó la doctrina siguiente: "La aplicación del artículo 400.2 LEC (supletorio de la LRJS) ha dado lugar a una doctrina resumida por la STS 17 octubre 2013 (rec. 3076/2012 ), conforme a la cual en el proceso laboral, los efectos preclusivos de la cosa juzgada, igual que los de la litis pendencia, se extienden tanto a los hechos y fundamentos jurídicos aducidos en el proceso previo como a los que en él hubieran podido alegarse".

-La sentencia de la Sala Civil del TS 21/2022, de 17 enero (recurso 1740/2019 ) explica que el art. 400.2 de la LEC quiere impedir que, "resuelto el primer pleito con desestimación de la demanda, el demandante pueda volver a formular la misma pretensión sobre la base de unos hechos o fundamentos jurídicos que, pudiendo haber sido invocados en el pleito inicial, no lo fueron".

Sucede en nuestro caso que ni concurre identidad subjetiva entre el anterior conflicto y en el presente por cuanto que el primero de circunscribía a un centro de trabajo determinado, y el presente se extiende a todo el personal de ISDEFE, resultando además que las peticiones que se ejercitan son diferentes, por más que las normas que se hayan de aplicar para dilucidar uno y otro caso puedan ser coincidentes, amen de los más de diez años transcurridos entre una demanda y otra, durante los que han variado las versiones de los Convenios sectoriales aplicables.

Por ello, rechazaremos esta excepción.

II.- En lo que se refiere a la inadecuación de procedimiento, hemos de considerar que ex art. 177.1 de la LRJS ("Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso")basta para acudir a esta vía procesal que se considere que se ha vulnerado un derecho fundamental o el principio de igualdad como aquí sucede para que la vía procesal sea adecuada.

Y el suplico que se ejercita ("se condene a la empresa a dejar de aplicar el artículo 7 del Convenio Ingenierías sobre el concepto de antigüedad al personal del colectivo ISDEFE y a aplicar, a toda la plantilla, tanto al colectivo INSA como al Colectivo ISDEFE, lo establecido en el artículo 28 del Convenio de Ingenierías, para retribuir la antigüedad de los trabajadores sin que sea objeto de absorción sobre ningún otro concepto salarial, tal y como ya se practica con los trabajadores del colectivo INSA") es el que el sindicato considera adecuado para conjurar la situación de desigualdad que se denuncia, lo cual se ser así- y con independencia de lo que resulte del criterio esta Sala- tendría perfecto encaje en los apartados c) y d) del art. 182 de la LRJS ("c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados. d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183.").

Lo cual llevará al rechazo de la excepción.

III:- En cuanto a la excepción de falta de acción por tratarse de conflicto regulatorio o de interés, tal y como hicimos en nuestra SAN de 24-2-2.025- proc. 404/2024- debemos traer aquí a colación la interpretación jurisprudencial en la delimitación entre el conflicto colectivo y el conflicto de intereses, por todas las STSS de 11 de septiembre de 2024 (Rec. 254/2022), con cita entre otras de la STS de 29 de junio de 2020 (Rec. 30/2019), en las que establece que:

"El conflicto colectivo jurídico presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una norma jurídica, pues lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación jurídica disciplinada por la ley o por el convenio colectivo, o afectada por decisión o práctica de empresa, en tanto se están cambiando de alguna manera las condiciones de trabajo y, como es lógico, surge la confrontación litigiosa [...]. En suma, si lo que se pretende con una demanda que se plantea como conflicto colectivo es que sea el órgano judicial el que fije condiciones laborales cuyas notas o características no pueden extraerse o deducirse de ninguna fuente normativa u obligacional previa, nos encontraremos ante una evidente falta de acción de quien así acciona y, por ello, la consecuencia habrá de ser la desestimación de la demanda[...]".

En nuestro caso es evidente que en su demanda USO pretende la inaplicación de un concreto precepto convencional al personal de la demandada que no procede la antigua INSA, pero lo cierto es que tal inaplicación la funda en una situación de hecho que estima contraria al art. 14 CE y por tanto proscrita, lo que hace que la pretensión pueda tener encaje en el apartado 4 del art. 163 de la LRJS o en una peculiar interpretación de la normativa aplicable.

Lo cual, y sin perjuicio de lo que se resolverá en el siguiente fundamento de derecho, nos habrá de llevar a rechazar la excepción.

CUARTO.-En cuanto al fondo del asunto, se viene a traer a la consideración de la Sala, la supuesta desigualdad en la demandada entre el personal proveniente de INSA y el de ISDEFE, en lo relativo a las condiciones de trabajo y retribución.

En la SAN de 4-5-2022- proc. 93/2022- consideramos que resulta discriminatorio para los trabajadores provenientes de la antigua INSA el hecho de que la entidad ISDEFE concertara dos pólizas de seguro diferente para los dos colectivos existentes en la empresa ( el proveniente de INSA y el que ya prestaba servicios en ISDEFE antes de la fusión), y consideramos que no era una justificación objetiva y razonable la existencia de que se presentasen dos masas salariales diferenciadas para su aprobación por las autoridades del Ministerio de Hacienda. Tales razonamientos fueron avalados por la STS de 10-9-2.024- rec 197/2.022- en la cual se razona:

"el art. 44.4 ET "Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre el cesionario y los representantes de los trabajadores una vez consumada la sucesión, las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida.

Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a la entidad económica transmitida".

La sucesión empresarial que convierte a ISDEFE en empleadora de los antiguos trabajadores de INSA se hace efectiva en el año 2013. A partir de esa fecha hay un solo y único colectivo de trabajadores indiferenciados.

De acuerdo con lo dispuesto en el antedicho precepto legal, cabe la posibilidad de que en algunos aspectos pudiere mantenerse transitoriamente un régimen jurídico diferenciado entre uno y otro colectivo.

Así se desprende de la reciente STS 375/2024, de 23 de febrero, rcud. 4543/2022 , y las que en ella se citan, en lo relativo al acceso de todos los trabajadores de ISDEFE al procedimiento SEDA para la percepción de determinadas retribuciones variables, en razón de los diferentes acuerdos colectivos que pudieren seguir vigentes en la anualidad correspondiente.

Pero ese no el caso en lo que se refiere a la materia que es objeto de este procedimiento, sobre lo que no existen dos sistemas, convenios o acuerdos colectivos diferenciados y vigentes.".

En una segunda resolución, en la SAN de 23-4-2.023- proc. 55/2023- razonamos que resultaba discriminatorio el hecho de que el cheque comida en una y otra entidad tuviese diferente cuantía por cuanto en origen tales compensaciones procedía de CMB diferentes, razonamiento que fue avalado por la STS de 15-9-2.025- rec. 249/2.023-, la cual en su fundamentación jurídica razona:

"3.La jurisprudencia constitucional, como sintetiza la STC 39/2003, 27 febrero , con cita de anteriores sentencias, señala: «el artículo 14 CE no impone en el ámbito de las relaciones laborales una igualdad de trato en sentido absoluto, pues la eficacia en este ámbito del principio de la autonomía de la voluntad deja un margen en el que el acuerdo privado o la decisión unilateral del empresario, en ejercicio de sus poderes de organización de la empresa, puede libremente disponer la retribución del trabajador, respetando los mínimos legales o convencionales. En la medida, pues, en que la diferencia salarial no tenga un significado discriminatorio, por incidir en alguna de las causas prohibidas por la Constitución o el Estatuto de los Trabajadores, no puede considerarse como vulneradora del principio de igualdad»

5. En el ámbito de la Administración pública o, en general, del sector público, la STS 149/2022, de 15 de febrero (rcud 3939/2018 ) dijo que:

«[...]

B) Las situaciones comparadas han de ser homogéneas.

Solo poseen trascendencia constitucional las desigualdades que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable.

[...]

D) La no discriminación en las relaciones laborales.

Mientras que el principio de igualdad -en la Ley y en la aplicación de la ley- vincula a los poderes públicos, y al convenio colectivo en la medida en que, en nuestro Derecho, tiene una eficacia normativa que transciende el marco normal de una regulación privada, no sucede lo mismo con la tutela antidiscriminatoria, que por la especial intensidad de su protección se proyecta en el ámbito de las relaciones privadas.[...]».

En el presente caso lo que hemos de resolver es si existe un trato discriminatorio prohibido por el hecho de que a los trabajadores de INSA no se les compense y absorba el complemento de antigüedad y a los trabajadores de ISDEFE sí. La aplicación de la doctrina que sirvió en otros casos para apreciar trato discriminatorio nos ha de llevar a descartarlo en el presente.

En efecto, en primer lugar no concurre la homogeneidad entre un colectivo y otro, pues mientras los trabajadores de INSA perciben el complemento de antigüedad como un complemento personal derivado de acuerdos laborales previos a la fusión, los de ISDEFE lo perciben con arreglo al Convenio sectorial de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, sin que se haya acreditado que la cuantía de uno y otro, así como la forma de devengo del mismo sea similar.

Pero es que además, la desigualdad de trato trae causa tanto del art. 44.1 y 2 E. T como de los acuerdos alcanzados antes y tras la fusión de los que se da cuenta en los hechos probados 4º a 7º de esta resolución, y de la aplicación en concreto de los arts,. 7 y 28 del Convenio de Ingeniería y Oficinas de Estudio de Técnico que disponen lo siguiente:

"Artículo 7. Compensación. Absorción.

1. Todas las condiciones económicas que se establecen en el presente convenio colectivo, sean o no de naturaleza salarial, son compensables en su conjunto y cómputo anual con las mejoras de cualquier tipo que vinieran anteriormente satisfaciendo las empresas, bien sea por imperativo legal, convenio colectivo, laudo, contrato individual, uso o costumbre, concesión voluntaria de las empresas o por cualesquiera otras causas.

2. Dichas condiciones también serán absorbibles, hasta donde alcancen y en cómputo anual, por los aumentos que en el futuro pudieran establecerse en virtud de preceptos legales, convenios colectivos o contratos individuales de trabajo, con la única excepción de aquellos conceptos que expresamente fuesen excluidos de absorción en el texto del presente convenio colectivo.

Artículo 28. Antigüedad.

1. Las bonificaciones por años de servicio, como premio de vinculación a la empresa respectiva, consistirán, en este orden, en cinco trienios del cinco por ciento cada uno del salario base pactado para su categoría en las tablas salariales del presente convenio colectivo, tres trienios siguientes del diez por ciento cada uno y un último trienio del cinco por ciento del indicado salario.

2. No obstante, de acuerdo con lo pactado en el artículo 8, y en sus propios términos, aquellas empresas que vinieran satisfaciendo por el concepto de antigüedad un porcentaje por trienio superior a los indicados en el apartado anterior, las personas trabajadoras a ellas vinculados y en activo en la fecha de 18 de septiembre de 1980, continuarán manteniendo a título personal la condición más beneficiosa que vinieren disfrutando, sin que, en ningún caso puedan superarse las limitaciones que establecía el artículo 25 del Estatuto de los Trabajadores , de 10 de marzo de 1980, que se mantienen.

En el supuesto contemplado en el párrafo precedente, para las personas trabajadoras que en el mismo se mencionan, y siempre con las limitaciones en él establecidas, la antigüedad no será absorbible en ningún caso.

3. Los trienios se devengarán a partir del 1 de enero del año en que se cumplan y todos ellos se abonarán con arreglo a la última categoría y sueldo base de convenio que tenga la persona trabajadora.".

Por lo tanto, aún en el caso que la Sala no comparte y que sólo admitiríamos a efectos dialécticos de que existiese homogeneidad entre colectivos, la diferencia de trato obedece a una justificación objetiva y razonable como es el ejercicio del derecho a la negociación colectiva y el carácter vinculante de los acordado, derivado de los arts. 37 CE, 44 y 82 E.T a diferencia de los casos anteriores en los que la discriminación tenía su origen en decisiones unilaterales del empleador.

QUINTO.-Por todo ello y en contra del criterio que defendió el Ministerio Fiscal dictaremos sentencia desestimatoria de la demandada contra la que cabe interponer recurso de casación ordinario ante la Sala IV del TS ( art. 205 y 206 de la LRJS) .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación