Sentencia Social 82/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 63/2026 de 30 de abril del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 h) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en cada una de las pruebas que se hacen constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- 1.La cuestión que se plantea es estrictamente jurídica, pues en esencia, de la prueba documental presentada por ambas partes se desprende un escenario fáctico del que no se derivan diferencias sustanciales, y pasa por resolver si Mutua Universal, como así sostiene el sindicato actor, debía aplicar de forma directa e inmediata desde su entrada en vigor, el límite de jornada máxima anual de 37,5 horas de media semanales, derivada de la regulación contenida en la Disposición Adicional 144 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 o como se sostiene por la Mutua, dicho precepto no era aplicable directamente, al no ostentar la misma la condición de administración pública a los efectos pretendidos y por ende, estar sujeta a la previa negociación y aprobación. Si la respuesta es positiva, procedería entonces resolver sobre la petición de regularización de exceso de horas que se reclama por el sindicato actor desde el 23-9-2022 fecha de recepción del primer oficio de la DGOSS al 6-11-2024 desde la que se aplica la jornada legalmente establecida.

2.Si por ende la cuestión controvertida pasa por resolver si el contenido de la citada disposición era directamente aplicable y debía vincular a la Mutua demandada desde el momento de su entrada en vigor, es necesario traer aquí su contenido, que decía literalmente lo siguiente, en su redacción original:

"Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta. Jornada de trabajo en el Sector Público.

Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan.

A estos efectos conforman el Sector Público:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración Pública o a otra entidad pública, así como las Universidades Públicas.

d) Los consorcios definidos en A estos efectos conforman el Sector Público:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración Pública o a otra entidad pública, así como las Universidades Públicas.

d) Los consorcios definidos en el artículo 118 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público .

e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50 %.

e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50 %.

Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en atención a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8 % de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos.

De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva.

Tres. Asimismo, las Administraciones Públicas que cumplan los requisitos señalados en el apartado anterior, podrán autorizar a sus entidades de derecho público o privado y organismos dependientes, a que establezcan otras jornadas ordinarias de trabajo u otro reparto anual de las mismas, siempre que ello no afecte al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto, así como al objetivo de temporalidad del empleo público en el ámbito respectivo a que se hace referencia en el apartado Dos anterior.

Cuatro. Quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes o que puedan suscribirse que contravengan lo previsto en esta disposición.

Cinco. Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá regular una bolsa de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta un 5 % de la jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine y dirigida de forma justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos menores, en los términos que en cada caso se determinen. La Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el que se generará la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones de acumulación de la misma, así como el plazo en el que deberán recuperarse.

Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados, podrá establecerse un sistema específico de jornada continua.

Seis. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7 .ª, 149.1.13 .ª y 149.1.18.ª de la Constitución .

3.Partiendo de dicha redacción, el sindicato actor y la Mutua demandada mantienen posiciones contrapuestas: mientras que CCOO considera que en virtud del principio de jerarquía normativa, el contenido de la norma prevalece y por ende, debió de aplicarse de forma automática a todos los trabajadores de la Mutua la jornada de treinta y siete horas y media de promedio en cómputo anual, la demanda sostiene que dicha Disposición Adicional regula la jornada de trabajo del sector público y dado que no considera a dichos efectos como tal a la Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, la aplicación de la jornada estaba sujeta a su aprobación por la DGOSS y el Ministerio de Hacienda, no procediendo su aplicación automática desde la entrada en vigor de la citada Disposición.

CUARTO.- 1.Sentado lo anterior, dispone el art. 79.1 de la LGSS que la colaboración en la gestión del sistema de Seguridad Social se llevará a cabo por mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y por empresas, definiéndose las mutuas por el art. 80.1 del mismo texto legal como asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en la ley.

En el apartado 4 del mismo art. 80 LGSS se reseña que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

2.A tenor de los hechos declarados probados en la presente resolución que damos por reproducidos en aras a su brevedad, consta acreditado que Mutua Universal y CCOO alcanzaron un preacuerdo en materia de horario y trabajo a distancia, que fue comunicado a la DGOSS para su aprobación, realizándose una serie de puntualizaciones entre las que figuraba que el acuerdo, debía acogerse a la jornada máxima anual prevista en la DA 144 de la LPGE para el año 2018, archivándose el expediente.

Pedidas las correspondientes aclaraciones y remitidos sendos oficios por la DGOSS, la Mutua solicitó la llevar a término una nueva negociación para alcanzar un acuerdo sobre la jornada máxima a aplicar al personal de la Mutua, que finalmente fue culminado el 25-1-2024, si bien su aplicación quedó diferida a la efectiva aprobación del mismo por parte de la DGOSS y el Ministerio de Hacienda, al amparo de lo dispuesto en el art. 34.3 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, cuyo tenor literal dice lo siguiente:

"Todos los acuerdos, convenios, pactos o cualesquiera otros instrumentos de negociación colectiva similares, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido se refiera a gastos imputables al capítulo de gastos de personal de los presupuestos de las entidades públicas empresariales, y demás entes públicos del sector público estatal, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal, consorcios participados mayoritariamente por el sector público estatal y mutuas colaboradoras con la Seguridad social y sus centros mancomunados así como a demás condiciones de trabajo, requerirán, para su plena efectividad, de la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, previo informe de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre impacto presupuestario, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicha autorización, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones por encima del autorizado en el artículo 19 de esta ley .

En estos supuestos, la Secretaría de Estado de Función Pública informará de las actuaciones realizadas a la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas".

3.En el intervalo temporal transcurrido entre uno y otro acuerdo, la Sección Sindical de CCOO ha reclamado insistentemente la aplicación automática de la jornada de 37,5 horas y la correspondiente compensación del exceso de horas realizadas por los trabajadores de Mutua Universal, al realizarse una jornada mayor se dice, que la prevista en la DA 144.

QUINTO.- 1.Tomando en consideración todo lo acontecido, la demanda ha de ser desestimada. Es cierto, como así ya hemos adelantado, que el art. 80.4 LGSS prevé que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo. Ahora bien, no podemos obviar que el tenor literal de la DA 144 de la LPGE para 2018, prevé literalmente: "a estos efectosconforman el Sector Público(...)", es decir, a los efectos de aplicar, a partir de la entrada en vigor de la ley, la jornada de trabajo en cuantía anual con un promedio semanal de 37,5 horas que se recoge en el apartado uno del precepto.

En este punto hemos de dar la razón a la Mutua demandada, pues aun cuando la misma tenga la consideración de sector público, a los efectos regulados por la Ley de Presupuestos y desde su entrada en vigor, las Mutuas no aparecen como entidades a la que se les aplica de forma inmediata la regulación antedicha. Si efectivamente se hubiera querido incluir a las mutuas en dicho apartado, así se hubiera hecho, omitiéndose su inclusión en la relación cerrada que se contiene en los apartados a) a f) del precepto.

2.Por otro lado, si se observan los diferentes oficios remitidos por la DGOSS y el Ministerio de Hacienda, ninguno de ellos prevé la aplicación inmediata y directa de la jornada prevista en la DA 144 desde su entrada en vigor. Lo que en ellos se estipula es que el acuerdo alcanzado entre CCOO y Mutua Universal en materia de horario no podía contener una jornada superior a la prevista en la DA 144 de la LPGE y dado que ello no era así, se procedió al archivo del expediente inicial.

Es en el oficio de 12-9-2023 cuando la DGOSS informa que la se había recibido solicitud de propuesta de líneas generales de negociación colectiva por parte de Mutua Universal al objeto de iniciar proceso de negociación colectiva para establecer un acuerdo para aplicar la DA 144 de la LPGE para el año 2018 y aplicar una redistribución de las jornadas y horarios del personal de la mutua. Y que de dicha solicitud, se había dado traslado junto con el informe de conformidad con la DGOSS remitiéndose el expediente a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública para su tramitación correspondiente, de conformidad con la Ley 31/2022 de PGE para el año 2023, art. 34.3 e Instrucciones de 28-2-2023 sobre los procedimientos de autorización e informe en materia de recursos humanos de las entidades del sector público estatal, autorizadas por la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

3.Si efectivamente hubiera de aplicarse de forma automática la jornada estipulada por la DA 144 de la LPGE, no se entiende por qué la DGOSS no efectuó una indicación al efecto, y se limitó a informar que el expediente había sido remitido a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda.

Lo mismo ha de concluirse respecto a la consulta realizada por Mutua Navarra: la DGOSS contestó que "la DA 144 de la LPGE 2018 no permite establecer horarios minorando la jornada establecida en dicha disposición ni negociar jornada superior o inferior a la misma. Por ello se debería modificar la regulación que establezcan los convenios colectivos con jornadas superiores para adaptarla a los horarios laborales de la DA 144, garantizando el cumplimiento de la citada disposición adicional, recordando que la propuesta sobre este tema no podrá suponer un incremento de las retribuciones o de la masa salarial superior al permitido por la norma presupuestaria para el ejercicio en cuestión".

Es decir, que lo que se contesta es que la jornada de la DA 144 es prevalente respecto a la prevista en los convenios colectivos, y que por ende debe modificarse, pero lo que no dice es que dicha jornada tenga una aplicación directa y sin previa negociación para introducirla en la normativa convencional como pretende el sindicato actor.

4.Solo la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la SS en relación a la consulta remitida por el Comité de Empresa de Mutua Navarra manifestó en correo electrónico de 20-12-2024 que la aplicación de la DA 144 de la LPGE era de aplicación directa desde su entrada en vigor, con cita de la Sentencia dictada por esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional número 3363/2019, de 16 de septiembre.

La sentencia referida no es otra que la dictada por esta Sala de lo Social de la AN en fecha 16-9-2019, proceso 146/2019, confirmada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 14-09-2021 (rco. 193/2019) en la que se corroboró que la jornada de la DA 144 de la LPGE para el año 2018 debía prevalecer sobre la recogida en el I convenio colectivo del Grupo Renfe. Ahora bien, en el asunto resuelto por aquélla, nadie cuestionaba la aplicación directa de la DA 144 al Grupo Renfe, al ostentar la consideración de sector público a los efectos de la citada disposición, cuestión que difiere de la planteada en el supuesto que ahora analizamos.

5.Por ende, si bien como se desprende de los distintos oficios de la DGOSS, la Mutua debía adaptar la jornada a la prevista en la DA 144, no existe indicación o previsión alguna que deba hacernos concluir que dicha aplicación debía realizarse de forma directa, desde su entrada en vigor, tal y como pretende el sindicato actor. Y las indicaciones realizadas en los distintos oficios, solo abogan por la aplicación de la jornada frente a la prevista en el convenio colectivo, abalando la negociación llevada a término en el seno de la Mutua, para su posterior aprobación por el Ministerio de Hacienda, por lo que la tesis de la parte actora no puede ser acogida, desestimándose la demanda en su integridad. Si la jornada de 37,5 horas y media no debe entenderse aplicable directamente desde 2018, huelga decir que ninguna compensación procede por el exceso de horas reclamado en el intervalo temporal solicitado por el sindicato demandante.

SEXTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la misma no es firme, pudiendo interponer frente a la misma recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 h) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en cada una de las pruebas que se hacen constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- 1.La cuestión que se plantea es estrictamente jurídica, pues en esencia, de la prueba documental presentada por ambas partes se desprende un escenario fáctico del que no se derivan diferencias sustanciales, y pasa por resolver si Mutua Universal, como así sostiene el sindicato actor, debía aplicar de forma directa e inmediata desde su entrada en vigor, el límite de jornada máxima anual de 37,5 horas de media semanales, derivada de la regulación contenida en la Disposición Adicional 144 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 o como se sostiene por la Mutua, dicho precepto no era aplicable directamente, al no ostentar la misma la condición de administración pública a los efectos pretendidos y por ende, estar sujeta a la previa negociación y aprobación. Si la respuesta es positiva, procedería entonces resolver sobre la petición de regularización de exceso de horas que se reclama por el sindicato actor desde el 23-9-2022 fecha de recepción del primer oficio de la DGOSS al 6-11-2024 desde la que se aplica la jornada legalmente establecida.

2.Si por ende la cuestión controvertida pasa por resolver si el contenido de la citada disposición era directamente aplicable y debía vincular a la Mutua demandada desde el momento de su entrada en vigor, es necesario traer aquí su contenido, que decía literalmente lo siguiente, en su redacción original:

"Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta. Jornada de trabajo en el Sector Público.

Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan.

A estos efectos conforman el Sector Público:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración Pública o a otra entidad pública, así como las Universidades Públicas.

d) Los consorcios definidos en A estos efectos conforman el Sector Público:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración Pública o a otra entidad pública, así como las Universidades Públicas.

d) Los consorcios definidos en el artículo 118 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público .

e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50 %.

e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50 %.

Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en atención a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8 % de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos.

De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva.

Tres. Asimismo, las Administraciones Públicas que cumplan los requisitos señalados en el apartado anterior, podrán autorizar a sus entidades de derecho público o privado y organismos dependientes, a que establezcan otras jornadas ordinarias de trabajo u otro reparto anual de las mismas, siempre que ello no afecte al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto, así como al objetivo de temporalidad del empleo público en el ámbito respectivo a que se hace referencia en el apartado Dos anterior.

Cuatro. Quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes o que puedan suscribirse que contravengan lo previsto en esta disposición.

Cinco. Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá regular una bolsa de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta un 5 % de la jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine y dirigida de forma justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos menores, en los términos que en cada caso se determinen. La Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el que se generará la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones de acumulación de la misma, así como el plazo en el que deberán recuperarse.

Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados, podrá establecerse un sistema específico de jornada continua.

Seis. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7 .ª, 149.1.13 .ª y 149.1.18.ª de la Constitución .

3.Partiendo de dicha redacción, el sindicato actor y la Mutua demandada mantienen posiciones contrapuestas: mientras que CCOO considera que en virtud del principio de jerarquía normativa, el contenido de la norma prevalece y por ende, debió de aplicarse de forma automática a todos los trabajadores de la Mutua la jornada de treinta y siete horas y media de promedio en cómputo anual, la demanda sostiene que dicha Disposición Adicional regula la jornada de trabajo del sector público y dado que no considera a dichos efectos como tal a la Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, la aplicación de la jornada estaba sujeta a su aprobación por la DGOSS y el Ministerio de Hacienda, no procediendo su aplicación automática desde la entrada en vigor de la citada Disposición.

CUARTO.- 1.Sentado lo anterior, dispone el art. 79.1 de la LGSS que la colaboración en la gestión del sistema de Seguridad Social se llevará a cabo por mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y por empresas, definiéndose las mutuas por el art. 80.1 del mismo texto legal como asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en la ley.

En el apartado 4 del mismo art. 80 LGSS se reseña que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

2.A tenor de los hechos declarados probados en la presente resolución que damos por reproducidos en aras a su brevedad, consta acreditado que Mutua Universal y CCOO alcanzaron un preacuerdo en materia de horario y trabajo a distancia, que fue comunicado a la DGOSS para su aprobación, realizándose una serie de puntualizaciones entre las que figuraba que el acuerdo, debía acogerse a la jornada máxima anual prevista en la DA 144 de la LPGE para el año 2018, archivándose el expediente.

Pedidas las correspondientes aclaraciones y remitidos sendos oficios por la DGOSS, la Mutua solicitó la llevar a término una nueva negociación para alcanzar un acuerdo sobre la jornada máxima a aplicar al personal de la Mutua, que finalmente fue culminado el 25-1-2024, si bien su aplicación quedó diferida a la efectiva aprobación del mismo por parte de la DGOSS y el Ministerio de Hacienda, al amparo de lo dispuesto en el art. 34.3 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, cuyo tenor literal dice lo siguiente:

"Todos los acuerdos, convenios, pactos o cualesquiera otros instrumentos de negociación colectiva similares, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido se refiera a gastos imputables al capítulo de gastos de personal de los presupuestos de las entidades públicas empresariales, y demás entes públicos del sector público estatal, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal, consorcios participados mayoritariamente por el sector público estatal y mutuas colaboradoras con la Seguridad social y sus centros mancomunados así como a demás condiciones de trabajo, requerirán, para su plena efectividad, de la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, previo informe de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre impacto presupuestario, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicha autorización, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones por encima del autorizado en el artículo 19 de esta ley .

En estos supuestos, la Secretaría de Estado de Función Pública informará de las actuaciones realizadas a la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas".

3.En el intervalo temporal transcurrido entre uno y otro acuerdo, la Sección Sindical de CCOO ha reclamado insistentemente la aplicación automática de la jornada de 37,5 horas y la correspondiente compensación del exceso de horas realizadas por los trabajadores de Mutua Universal, al realizarse una jornada mayor se dice, que la prevista en la DA 144.

QUINTO.- 1.Tomando en consideración todo lo acontecido, la demanda ha de ser desestimada. Es cierto, como así ya hemos adelantado, que el art. 80.4 LGSS prevé que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo. Ahora bien, no podemos obviar que el tenor literal de la DA 144 de la LPGE para 2018, prevé literalmente: "a estos efectosconforman el Sector Público(...)", es decir, a los efectos de aplicar, a partir de la entrada en vigor de la ley, la jornada de trabajo en cuantía anual con un promedio semanal de 37,5 horas que se recoge en el apartado uno del precepto.

En este punto hemos de dar la razón a la Mutua demandada, pues aun cuando la misma tenga la consideración de sector público, a los efectos regulados por la Ley de Presupuestos y desde su entrada en vigor, las Mutuas no aparecen como entidades a la que se les aplica de forma inmediata la regulación antedicha. Si efectivamente se hubiera querido incluir a las mutuas en dicho apartado, así se hubiera hecho, omitiéndose su inclusión en la relación cerrada que se contiene en los apartados a) a f) del precepto.

2.Por otro lado, si se observan los diferentes oficios remitidos por la DGOSS y el Ministerio de Hacienda, ninguno de ellos prevé la aplicación inmediata y directa de la jornada prevista en la DA 144 desde su entrada en vigor. Lo que en ellos se estipula es que el acuerdo alcanzado entre CCOO y Mutua Universal en materia de horario no podía contener una jornada superior a la prevista en la DA 144 de la LPGE y dado que ello no era así, se procedió al archivo del expediente inicial.

Es en el oficio de 12-9-2023 cuando la DGOSS informa que la se había recibido solicitud de propuesta de líneas generales de negociación colectiva por parte de Mutua Universal al objeto de iniciar proceso de negociación colectiva para establecer un acuerdo para aplicar la DA 144 de la LPGE para el año 2018 y aplicar una redistribución de las jornadas y horarios del personal de la mutua. Y que de dicha solicitud, se había dado traslado junto con el informe de conformidad con la DGOSS remitiéndose el expediente a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública para su tramitación correspondiente, de conformidad con la Ley 31/2022 de PGE para el año 2023, art. 34.3 e Instrucciones de 28-2-2023 sobre los procedimientos de autorización e informe en materia de recursos humanos de las entidades del sector público estatal, autorizadas por la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

3.Si efectivamente hubiera de aplicarse de forma automática la jornada estipulada por la DA 144 de la LPGE, no se entiende por qué la DGOSS no efectuó una indicación al efecto, y se limitó a informar que el expediente había sido remitido a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda.

Lo mismo ha de concluirse respecto a la consulta realizada por Mutua Navarra: la DGOSS contestó que "la DA 144 de la LPGE 2018 no permite establecer horarios minorando la jornada establecida en dicha disposición ni negociar jornada superior o inferior a la misma. Por ello se debería modificar la regulación que establezcan los convenios colectivos con jornadas superiores para adaptarla a los horarios laborales de la DA 144, garantizando el cumplimiento de la citada disposición adicional, recordando que la propuesta sobre este tema no podrá suponer un incremento de las retribuciones o de la masa salarial superior al permitido por la norma presupuestaria para el ejercicio en cuestión".

Es decir, que lo que se contesta es que la jornada de la DA 144 es prevalente respecto a la prevista en los convenios colectivos, y que por ende debe modificarse, pero lo que no dice es que dicha jornada tenga una aplicación directa y sin previa negociación para introducirla en la normativa convencional como pretende el sindicato actor.

4.Solo la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la SS en relación a la consulta remitida por el Comité de Empresa de Mutua Navarra manifestó en correo electrónico de 20-12-2024 que la aplicación de la DA 144 de la LPGE era de aplicación directa desde su entrada en vigor, con cita de la Sentencia dictada por esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional número 3363/2019, de 16 de septiembre.

La sentencia referida no es otra que la dictada por esta Sala de lo Social de la AN en fecha 16-9-2019, proceso 146/2019, confirmada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 14-09-2021 (rco. 193/2019) en la que se corroboró que la jornada de la DA 144 de la LPGE para el año 2018 debía prevalecer sobre la recogida en el I convenio colectivo del Grupo Renfe. Ahora bien, en el asunto resuelto por aquélla, nadie cuestionaba la aplicación directa de la DA 144 al Grupo Renfe, al ostentar la consideración de sector público a los efectos de la citada disposición, cuestión que difiere de la planteada en el supuesto que ahora analizamos.

5.Por ende, si bien como se desprende de los distintos oficios de la DGOSS, la Mutua debía adaptar la jornada a la prevista en la DA 144, no existe indicación o previsión alguna que deba hacernos concluir que dicha aplicación debía realizarse de forma directa, desde su entrada en vigor, tal y como pretende el sindicato actor. Y las indicaciones realizadas en los distintos oficios, solo abogan por la aplicación de la jornada frente a la prevista en el convenio colectivo, abalando la negociación llevada a término en el seno de la Mutua, para su posterior aprobación por el Ministerio de Hacienda, por lo que la tesis de la parte actora no puede ser acogida, desestimándose la demanda en su integridad. Si la jornada de 37,5 horas y media no debe entenderse aplicable directamente desde 2018, huelga decir que ninguna compensación procede por el exceso de horas reclamado en el intervalo temporal solicitado por el sindicato demandante.

SEXTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la misma no es firme, pudiendo interponer frente a la misma recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 h) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en cada una de las pruebas que se hacen constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- 1.La cuestión que se plantea es estrictamente jurídica, pues en esencia, de la prueba documental presentada por ambas partes se desprende un escenario fáctico del que no se derivan diferencias sustanciales, y pasa por resolver si Mutua Universal, como así sostiene el sindicato actor, debía aplicar de forma directa e inmediata desde su entrada en vigor, el límite de jornada máxima anual de 37,5 horas de media semanales, derivada de la regulación contenida en la Disposición Adicional 144 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 o como se sostiene por la Mutua, dicho precepto no era aplicable directamente, al no ostentar la misma la condición de administración pública a los efectos pretendidos y por ende, estar sujeta a la previa negociación y aprobación. Si la respuesta es positiva, procedería entonces resolver sobre la petición de regularización de exceso de horas que se reclama por el sindicato actor desde el 23-9-2022 fecha de recepción del primer oficio de la DGOSS al 6-11-2024 desde la que se aplica la jornada legalmente establecida.

2.Si por ende la cuestión controvertida pasa por resolver si el contenido de la citada disposición era directamente aplicable y debía vincular a la Mutua demandada desde el momento de su entrada en vigor, es necesario traer aquí su contenido, que decía literalmente lo siguiente, en su redacción original:

"Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta. Jornada de trabajo en el Sector Público.

Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan.

A estos efectos conforman el Sector Público:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración Pública o a otra entidad pública, así como las Universidades Públicas.

d) Los consorcios definidos en A estos efectos conforman el Sector Público:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración Pública o a otra entidad pública, así como las Universidades Públicas.

d) Los consorcios definidos en el artículo 118 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público .

e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50 %.

e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50 %.

Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en atención a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8 % de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos.

De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva.

Tres. Asimismo, las Administraciones Públicas que cumplan los requisitos señalados en el apartado anterior, podrán autorizar a sus entidades de derecho público o privado y organismos dependientes, a que establezcan otras jornadas ordinarias de trabajo u otro reparto anual de las mismas, siempre que ello no afecte al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto, así como al objetivo de temporalidad del empleo público en el ámbito respectivo a que se hace referencia en el apartado Dos anterior.

Cuatro. Quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes o que puedan suscribirse que contravengan lo previsto en esta disposición.

Cinco. Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá regular una bolsa de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta un 5 % de la jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine y dirigida de forma justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos menores, en los términos que en cada caso se determinen. La Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el que se generará la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones de acumulación de la misma, así como el plazo en el que deberán recuperarse.

Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados, podrá establecerse un sistema específico de jornada continua.

Seis. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7 .ª, 149.1.13 .ª y 149.1.18.ª de la Constitución .

3.Partiendo de dicha redacción, el sindicato actor y la Mutua demandada mantienen posiciones contrapuestas: mientras que CCOO considera que en virtud del principio de jerarquía normativa, el contenido de la norma prevalece y por ende, debió de aplicarse de forma automática a todos los trabajadores de la Mutua la jornada de treinta y siete horas y media de promedio en cómputo anual, la demanda sostiene que dicha Disposición Adicional regula la jornada de trabajo del sector público y dado que no considera a dichos efectos como tal a la Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, la aplicación de la jornada estaba sujeta a su aprobación por la DGOSS y el Ministerio de Hacienda, no procediendo su aplicación automática desde la entrada en vigor de la citada Disposición.

CUARTO.- 1.Sentado lo anterior, dispone el art. 79.1 de la LGSS que la colaboración en la gestión del sistema de Seguridad Social se llevará a cabo por mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y por empresas, definiéndose las mutuas por el art. 80.1 del mismo texto legal como asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en la ley.

En el apartado 4 del mismo art. 80 LGSS se reseña que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

2.A tenor de los hechos declarados probados en la presente resolución que damos por reproducidos en aras a su brevedad, consta acreditado que Mutua Universal y CCOO alcanzaron un preacuerdo en materia de horario y trabajo a distancia, que fue comunicado a la DGOSS para su aprobación, realizándose una serie de puntualizaciones entre las que figuraba que el acuerdo, debía acogerse a la jornada máxima anual prevista en la DA 144 de la LPGE para el año 2018, archivándose el expediente.

Pedidas las correspondientes aclaraciones y remitidos sendos oficios por la DGOSS, la Mutua solicitó la llevar a término una nueva negociación para alcanzar un acuerdo sobre la jornada máxima a aplicar al personal de la Mutua, que finalmente fue culminado el 25-1-2024, si bien su aplicación quedó diferida a la efectiva aprobación del mismo por parte de la DGOSS y el Ministerio de Hacienda, al amparo de lo dispuesto en el art. 34.3 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, cuyo tenor literal dice lo siguiente:

"Todos los acuerdos, convenios, pactos o cualesquiera otros instrumentos de negociación colectiva similares, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido se refiera a gastos imputables al capítulo de gastos de personal de los presupuestos de las entidades públicas empresariales, y demás entes públicos del sector público estatal, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal, consorcios participados mayoritariamente por el sector público estatal y mutuas colaboradoras con la Seguridad social y sus centros mancomunados así como a demás condiciones de trabajo, requerirán, para su plena efectividad, de la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, previo informe de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre impacto presupuestario, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicha autorización, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones por encima del autorizado en el artículo 19 de esta ley .

En estos supuestos, la Secretaría de Estado de Función Pública informará de las actuaciones realizadas a la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas".

3.En el intervalo temporal transcurrido entre uno y otro acuerdo, la Sección Sindical de CCOO ha reclamado insistentemente la aplicación automática de la jornada de 37,5 horas y la correspondiente compensación del exceso de horas realizadas por los trabajadores de Mutua Universal, al realizarse una jornada mayor se dice, que la prevista en la DA 144.

QUINTO.- 1.Tomando en consideración todo lo acontecido, la demanda ha de ser desestimada. Es cierto, como así ya hemos adelantado, que el art. 80.4 LGSS prevé que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo. Ahora bien, no podemos obviar que el tenor literal de la DA 144 de la LPGE para 2018, prevé literalmente: "a estos efectosconforman el Sector Público(...)", es decir, a los efectos de aplicar, a partir de la entrada en vigor de la ley, la jornada de trabajo en cuantía anual con un promedio semanal de 37,5 horas que se recoge en el apartado uno del precepto.

En este punto hemos de dar la razón a la Mutua demandada, pues aun cuando la misma tenga la consideración de sector público, a los efectos regulados por la Ley de Presupuestos y desde su entrada en vigor, las Mutuas no aparecen como entidades a la que se les aplica de forma inmediata la regulación antedicha. Si efectivamente se hubiera querido incluir a las mutuas en dicho apartado, así se hubiera hecho, omitiéndose su inclusión en la relación cerrada que se contiene en los apartados a) a f) del precepto.

2.Por otro lado, si se observan los diferentes oficios remitidos por la DGOSS y el Ministerio de Hacienda, ninguno de ellos prevé la aplicación inmediata y directa de la jornada prevista en la DA 144 desde su entrada en vigor. Lo que en ellos se estipula es que el acuerdo alcanzado entre CCOO y Mutua Universal en materia de horario no podía contener una jornada superior a la prevista en la DA 144 de la LPGE y dado que ello no era así, se procedió al archivo del expediente inicial.

Es en el oficio de 12-9-2023 cuando la DGOSS informa que la se había recibido solicitud de propuesta de líneas generales de negociación colectiva por parte de Mutua Universal al objeto de iniciar proceso de negociación colectiva para establecer un acuerdo para aplicar la DA 144 de la LPGE para el año 2018 y aplicar una redistribución de las jornadas y horarios del personal de la mutua. Y que de dicha solicitud, se había dado traslado junto con el informe de conformidad con la DGOSS remitiéndose el expediente a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública para su tramitación correspondiente, de conformidad con la Ley 31/2022 de PGE para el año 2023, art. 34.3 e Instrucciones de 28-2-2023 sobre los procedimientos de autorización e informe en materia de recursos humanos de las entidades del sector público estatal, autorizadas por la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

3.Si efectivamente hubiera de aplicarse de forma automática la jornada estipulada por la DA 144 de la LPGE, no se entiende por qué la DGOSS no efectuó una indicación al efecto, y se limitó a informar que el expediente había sido remitido a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda.

Lo mismo ha de concluirse respecto a la consulta realizada por Mutua Navarra: la DGOSS contestó que "la DA 144 de la LPGE 2018 no permite establecer horarios minorando la jornada establecida en dicha disposición ni negociar jornada superior o inferior a la misma. Por ello se debería modificar la regulación que establezcan los convenios colectivos con jornadas superiores para adaptarla a los horarios laborales de la DA 144, garantizando el cumplimiento de la citada disposición adicional, recordando que la propuesta sobre este tema no podrá suponer un incremento de las retribuciones o de la masa salarial superior al permitido por la norma presupuestaria para el ejercicio en cuestión".

Es decir, que lo que se contesta es que la jornada de la DA 144 es prevalente respecto a la prevista en los convenios colectivos, y que por ende debe modificarse, pero lo que no dice es que dicha jornada tenga una aplicación directa y sin previa negociación para introducirla en la normativa convencional como pretende el sindicato actor.

4.Solo la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la SS en relación a la consulta remitida por el Comité de Empresa de Mutua Navarra manifestó en correo electrónico de 20-12-2024 que la aplicación de la DA 144 de la LPGE era de aplicación directa desde su entrada en vigor, con cita de la Sentencia dictada por esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional número 3363/2019, de 16 de septiembre.

La sentencia referida no es otra que la dictada por esta Sala de lo Social de la AN en fecha 16-9-2019, proceso 146/2019, confirmada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 14-09-2021 (rco. 193/2019) en la que se corroboró que la jornada de la DA 144 de la LPGE para el año 2018 debía prevalecer sobre la recogida en el I convenio colectivo del Grupo Renfe. Ahora bien, en el asunto resuelto por aquélla, nadie cuestionaba la aplicación directa de la DA 144 al Grupo Renfe, al ostentar la consideración de sector público a los efectos de la citada disposición, cuestión que difiere de la planteada en el supuesto que ahora analizamos.

5.Por ende, si bien como se desprende de los distintos oficios de la DGOSS, la Mutua debía adaptar la jornada a la prevista en la DA 144, no existe indicación o previsión alguna que deba hacernos concluir que dicha aplicación debía realizarse de forma directa, desde su entrada en vigor, tal y como pretende el sindicato actor. Y las indicaciones realizadas en los distintos oficios, solo abogan por la aplicación de la jornada frente a la prevista en el convenio colectivo, abalando la negociación llevada a término en el seno de la Mutua, para su posterior aprobación por el Ministerio de Hacienda, por lo que la tesis de la parte actora no puede ser acogida, desestimándose la demanda en su integridad. Si la jornada de 37,5 horas y media no debe entenderse aplicable directamente desde 2018, huelga decir que ninguna compensación procede por el exceso de horas reclamado en el intervalo temporal solicitado por el sindicato demandante.

SEXTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la misma no es firme, pudiendo interponer frente a la misma recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 h) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan en cada una de las pruebas que se hacen constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- 1.La cuestión que se plantea es estrictamente jurídica, pues en esencia, de la prueba documental presentada por ambas partes se desprende un escenario fáctico del que no se derivan diferencias sustanciales, y pasa por resolver si Mutua Universal, como así sostiene el sindicato actor, debía aplicar de forma directa e inmediata desde su entrada en vigor, el límite de jornada máxima anual de 37,5 horas de media semanales, derivada de la regulación contenida en la Disposición Adicional 144 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 o como se sostiene por la Mutua, dicho precepto no era aplicable directamente, al no ostentar la misma la condición de administración pública a los efectos pretendidos y por ende, estar sujeta a la previa negociación y aprobación. Si la respuesta es positiva, procedería entonces resolver sobre la petición de regularización de exceso de horas que se reclama por el sindicato actor desde el 23-9-2022 fecha de recepción del primer oficio de la DGOSS al 6-11-2024 desde la que se aplica la jornada legalmente establecida.

2.Si por ende la cuestión controvertida pasa por resolver si el contenido de la citada disposición era directamente aplicable y debía vincular a la Mutua demandada desde el momento de su entrada en vigor, es necesario traer aquí su contenido, que decía literalmente lo siguiente, en su redacción original:

"Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta. Jornada de trabajo en el Sector Público.

Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan.

A estos efectos conforman el Sector Público:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración Pública o a otra entidad pública, así como las Universidades Públicas.

d) Los consorcios definidos en A estos efectos conforman el Sector Público:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración Pública o a otra entidad pública, así como las Universidades Públicas.

d) Los consorcios definidos en el artículo 118 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público .

e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50 %.

e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50 %.

Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en atención a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8 % de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos.

De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva.

Tres. Asimismo, las Administraciones Públicas que cumplan los requisitos señalados en el apartado anterior, podrán autorizar a sus entidades de derecho público o privado y organismos dependientes, a que establezcan otras jornadas ordinarias de trabajo u otro reparto anual de las mismas, siempre que ello no afecte al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto, así como al objetivo de temporalidad del empleo público en el ámbito respectivo a que se hace referencia en el apartado Dos anterior.

Cuatro. Quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes o que puedan suscribirse que contravengan lo previsto en esta disposición.

Cinco. Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá regular una bolsa de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta un 5 % de la jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine y dirigida de forma justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos menores, en los términos que en cada caso se determinen. La Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el que se generará la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones de acumulación de la misma, así como el plazo en el que deberán recuperarse.

Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados, podrá establecerse un sistema específico de jornada continua.

Seis. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7 .ª, 149.1.13 .ª y 149.1.18.ª de la Constitución .

3.Partiendo de dicha redacción, el sindicato actor y la Mutua demandada mantienen posiciones contrapuestas: mientras que CCOO considera que en virtud del principio de jerarquía normativa, el contenido de la norma prevalece y por ende, debió de aplicarse de forma automática a todos los trabajadores de la Mutua la jornada de treinta y siete horas y media de promedio en cómputo anual, la demanda sostiene que dicha Disposición Adicional regula la jornada de trabajo del sector público y dado que no considera a dichos efectos como tal a la Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, la aplicación de la jornada estaba sujeta a su aprobación por la DGOSS y el Ministerio de Hacienda, no procediendo su aplicación automática desde la entrada en vigor de la citada Disposición.

CUARTO.- 1.Sentado lo anterior, dispone el art. 79.1 de la LGSS que la colaboración en la gestión del sistema de Seguridad Social se llevará a cabo por mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y por empresas, definiéndose las mutuas por el art. 80.1 del mismo texto legal como asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en la ley.

En el apartado 4 del mismo art. 80 LGSS se reseña que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

2.A tenor de los hechos declarados probados en la presente resolución que damos por reproducidos en aras a su brevedad, consta acreditado que Mutua Universal y CCOO alcanzaron un preacuerdo en materia de horario y trabajo a distancia, que fue comunicado a la DGOSS para su aprobación, realizándose una serie de puntualizaciones entre las que figuraba que el acuerdo, debía acogerse a la jornada máxima anual prevista en la DA 144 de la LPGE para el año 2018, archivándose el expediente.

Pedidas las correspondientes aclaraciones y remitidos sendos oficios por la DGOSS, la Mutua solicitó la llevar a término una nueva negociación para alcanzar un acuerdo sobre la jornada máxima a aplicar al personal de la Mutua, que finalmente fue culminado el 25-1-2024, si bien su aplicación quedó diferida a la efectiva aprobación del mismo por parte de la DGOSS y el Ministerio de Hacienda, al amparo de lo dispuesto en el art. 34.3 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, cuyo tenor literal dice lo siguiente:

"Todos los acuerdos, convenios, pactos o cualesquiera otros instrumentos de negociación colectiva similares, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido se refiera a gastos imputables al capítulo de gastos de personal de los presupuestos de las entidades públicas empresariales, y demás entes públicos del sector público estatal, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal, consorcios participados mayoritariamente por el sector público estatal y mutuas colaboradoras con la Seguridad social y sus centros mancomunados así como a demás condiciones de trabajo, requerirán, para su plena efectividad, de la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, previo informe de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre impacto presupuestario, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicha autorización, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones por encima del autorizado en el artículo 19 de esta ley .

En estos supuestos, la Secretaría de Estado de Función Pública informará de las actuaciones realizadas a la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas".

3.En el intervalo temporal transcurrido entre uno y otro acuerdo, la Sección Sindical de CCOO ha reclamado insistentemente la aplicación automática de la jornada de 37,5 horas y la correspondiente compensación del exceso de horas realizadas por los trabajadores de Mutua Universal, al realizarse una jornada mayor se dice, que la prevista en la DA 144.

QUINTO.- 1.Tomando en consideración todo lo acontecido, la demanda ha de ser desestimada. Es cierto, como así ya hemos adelantado, que el art. 80.4 LGSS prevé que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo. Ahora bien, no podemos obviar que el tenor literal de la DA 144 de la LPGE para 2018, prevé literalmente: "a estos efectosconforman el Sector Público(...)", es decir, a los efectos de aplicar, a partir de la entrada en vigor de la ley, la jornada de trabajo en cuantía anual con un promedio semanal de 37,5 horas que se recoge en el apartado uno del precepto.

En este punto hemos de dar la razón a la Mutua demandada, pues aun cuando la misma tenga la consideración de sector público, a los efectos regulados por la Ley de Presupuestos y desde su entrada en vigor, las Mutuas no aparecen como entidades a la que se les aplica de forma inmediata la regulación antedicha. Si efectivamente se hubiera querido incluir a las mutuas en dicho apartado, así se hubiera hecho, omitiéndose su inclusión en la relación cerrada que se contiene en los apartados a) a f) del precepto.

2.Por otro lado, si se observan los diferentes oficios remitidos por la DGOSS y el Ministerio de Hacienda, ninguno de ellos prevé la aplicación inmediata y directa de la jornada prevista en la DA 144 desde su entrada en vigor. Lo que en ellos se estipula es que el acuerdo alcanzado entre CCOO y Mutua Universal en materia de horario no podía contener una jornada superior a la prevista en la DA 144 de la LPGE y dado que ello no era así, se procedió al archivo del expediente inicial.

Es en el oficio de 12-9-2023 cuando la DGOSS informa que la se había recibido solicitud de propuesta de líneas generales de negociación colectiva por parte de Mutua Universal al objeto de iniciar proceso de negociación colectiva para establecer un acuerdo para aplicar la DA 144 de la LPGE para el año 2018 y aplicar una redistribución de las jornadas y horarios del personal de la mutua. Y que de dicha solicitud, se había dado traslado junto con el informe de conformidad con la DGOSS remitiéndose el expediente a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública para su tramitación correspondiente, de conformidad con la Ley 31/2022 de PGE para el año 2023, art. 34.3 e Instrucciones de 28-2-2023 sobre los procedimientos de autorización e informe en materia de recursos humanos de las entidades del sector público estatal, autorizadas por la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

3.Si efectivamente hubiera de aplicarse de forma automática la jornada estipulada por la DA 144 de la LPGE, no se entiende por qué la DGOSS no efectuó una indicación al efecto, y se limitó a informar que el expediente había sido remitido a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda.

Lo mismo ha de concluirse respecto a la consulta realizada por Mutua Navarra: la DGOSS contestó que "la DA 144 de la LPGE 2018 no permite establecer horarios minorando la jornada establecida en dicha disposición ni negociar jornada superior o inferior a la misma. Por ello se debería modificar la regulación que establezcan los convenios colectivos con jornadas superiores para adaptarla a los horarios laborales de la DA 144, garantizando el cumplimiento de la citada disposición adicional, recordando que la propuesta sobre este tema no podrá suponer un incremento de las retribuciones o de la masa salarial superior al permitido por la norma presupuestaria para el ejercicio en cuestión".

Es decir, que lo que se contesta es que la jornada de la DA 144 es prevalente respecto a la prevista en los convenios colectivos, y que por ende debe modificarse, pero lo que no dice es que dicha jornada tenga una aplicación directa y sin previa negociación para introducirla en la normativa convencional como pretende el sindicato actor.

4.Solo la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la SS en relación a la consulta remitida por el Comité de Empresa de Mutua Navarra manifestó en correo electrónico de 20-12-2024 que la aplicación de la DA 144 de la LPGE era de aplicación directa desde su entrada en vigor, con cita de la Sentencia dictada por esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional número 3363/2019, de 16 de septiembre.

La sentencia referida no es otra que la dictada por esta Sala de lo Social de la AN en fecha 16-9-2019, proceso 146/2019, confirmada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 14-09-2021 (rco. 193/2019) en la que se corroboró que la jornada de la DA 144 de la LPGE para el año 2018 debía prevalecer sobre la recogida en el I convenio colectivo del Grupo Renfe. Ahora bien, en el asunto resuelto por aquélla, nadie cuestionaba la aplicación directa de la DA 144 al Grupo Renfe, al ostentar la consideración de sector público a los efectos de la citada disposición, cuestión que difiere de la planteada en el supuesto que ahora analizamos.

5.Por ende, si bien como se desprende de los distintos oficios de la DGOSS, la Mutua debía adaptar la jornada a la prevista en la DA 144, no existe indicación o previsión alguna que deba hacernos concluir que dicha aplicación debía realizarse de forma directa, desde su entrada en vigor, tal y como pretende el sindicato actor. Y las indicaciones realizadas en los distintos oficios, solo abogan por la aplicación de la jornada frente a la prevista en el convenio colectivo, abalando la negociación llevada a término en el seno de la Mutua, para su posterior aprobación por el Ministerio de Hacienda, por lo que la tesis de la parte actora no puede ser acogida, desestimándose la demanda en su integridad. Si la jornada de 37,5 horas y media no debe entenderse aplicable directamente desde 2018, huelga decir que ninguna compensación procede por el exceso de horas reclamado en el intervalo temporal solicitado por el sindicato demandante.

SEXTO.-Notifíquese la presente resolución a las partes y hágase saber que la misma no es firme, pudiendo interponer frente a la misma recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS) .

En virtud de lo expuesto