Sentencia Social 105/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 428/2025 de 05 de junio del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa, bien en hechos conformes, bien en cada una de las fuentes de prueba que en los mismos se indican.

TERCERO.-Como consta en el antecedente fáctico tercero de la presente resolución se solicita por parte de CCOO que por esta Sala sea declarado que la decisión empresarial consistente en la supresión de los beneficios sociales obsequio de Navidad y tarjeta/ayuda juguetes de reyes, es contraria a Derecho por vulnerar la fuerza vinculante de los acuerdos colectivos aplicables y por tanto, cese en dicha supresión y reponga y mantenga dichos beneficios, sin perjuicio de los procedimientos legalmente previstos para su modificación a través de la negociación colectiva, pretensión esta a la que se opone la Mutua demandada por cuanto que se considera que la modificación de la masa salarial autorizada para el año 2024 llevada a cabo por la Subdirección General de Costes de la que dio cuenta a los trabajadores y a la representación sindical en fecha 21-11-2.025 hace que dichos gastos carezcan de cobertura por la masa salarial y que por ende resulte lícita su supresión en tanto que los mismos no sean autorizados.

De cara abordar la cuestión que se plantea debemos traer a colación cuanto razonábamos en nuestra SAN de 12-4-2.024- proc. 277/2023- si bien las referencias a la Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2022 deben venir referidas a los del año siguiente vigente en la actualidad (Ley 31/2022) y que mantiene idéntica regulación:

"CUARTO.- El art. 80.1 LGSS define las mutuas del siguiente modo: Son mutuas colaboradoras con la Seguridad Social las asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esta ley

El art. 80.4 LGSS establece que Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

Con relación a las retribuciones de su personal el art. 88.5 nos dice: El personal no directivo estará sujeto a relación laboral ordinaria, regulada en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores . En cualquier caso, ningún miembro del personal de la mutuapodrá obtener unas retribuciones totales superiores a las del Director Gerente. En todo caso, las retribuciones del conjunto del personal estarán sujetas a las disposiciones sobre la masa salarial y a las limitaciones o restricciones que establezcan, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año

Y el art.98 LGSS en sus apartados 2 y 3 establece:

2. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social serán objeto anualmente de una auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria , que será realizada por la Intervención General de la Seguridad Social. Asimismo, anualmente realizará una auditoría de cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la referida ley .

3. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social elaborarán anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remitirán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, estarán sujetas al régimen contable establecido en el título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que regula la contabilidad en el sector público estatal, en los términos de aplicación a las entidades del sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de presentar en sus cuentas anuales el resultado económico alcanzado como consecuencia de la gestión de cada una de las actividades señaladas en el artículo 95.1, conforme a las disposiciones que establezca el organismo competente con sujeción a lo dispuesto en la citada ley . Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

QUINTO.- La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 dispone en su art. 19 :

Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público

(...)

Dos. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público

(...)

Cuatro. 1. La masa salarialdel personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior

(...)

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.

En su art. 24

Artículo 24. Personal laboral del sector público estatal.

Uno. A los efectos de la presente Ley, la masa salarialdel personal laboral del sector público estatal será la definida en su artículo 19.Cuatro, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

En su art. 33

Determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario.

Tres. La determinación o modificación de condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario mediante convenio colectivo, pacto, acuerdo, o cualquier instrumento de naturaleza similar, en el caso de las sociedades mercantiles estatales, las entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público estatal, los consorcios que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público , se encuentran adscritos al sector público estatal, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados y de todos los enumerados en el apartado Uno.1 siempre que no trate del ámbito de aplicación del Convenio único , requerirá informe previo y favorable de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas,presidida por la persona titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de conformidad con lo que establezca la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

(...)

Serán nulos de pleno derecho los convenios colectivos, pactos, acuerdos, o cualesquiera instrumentos de naturaleza similar adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra del informe de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas

Y en su DA28ª:

Retribuciones del personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y de sus centros mancomunados.

(...)

Dos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el citado artículo 88, las retribuciones del resto del personal al servicio de las Mutuas y de sus centros mancomunados quedarán sometidas a lo dispuesto en relación con el personal laboral del sector público estatal y, concretamente, a lo establecido en el artículo 24 de esta ley y en la Orden HAP/1057/2013 , de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización de la masa salarialregulado en el artículo 27.tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para las sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público estatal.

SEXTO.-Todo este elenco normativo conduce a las siguientes conclusiones:

- las retribuciones del conjunto del personal de las mutuas estarán sujetas a las disposiciones sobre la masa salarialy a las limitaciones o restricciones que establezcan, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año, art. 88.5 LGSS en relación con DA28ª LLPE 2022

- la masa salarialdel personal de las mutuas al igual que la del personal laboral del sector público está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior constituida y solo podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el art. 19Dos de la LPE 2022, que como se ha indicado no permite incrementos en gastos de acción social, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación

- dicha masa salarialno puede sobrepasar el límite de las cuantías informadas favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos., art. 24 LPE2022

Por tanto, la masa salarialde las mutuas exige información favorable de la comisión de seguimiento de la negociación colectiva integrada en la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, siendo esta autorización previa a los acuerdos colectivos que puedan alcanzarse. En este sentido STS de 9-9-2020 rec 243/18 .".

A dichos razonamientos hemos de añadir dos puntualizaciones:

1º.- La Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización de la masa salarial regulado en el artículo 27.tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para las sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público estatal dispone en sus arts. 6 y 7:

Artículo 6. Contenido de la solicitud de masa salarial.

La propuesta de masa salarial presentada no deberá contener incrementos con respecto a la del año anterior salvo por alguna de las siguientes causas:

El incremento que pueda establecer, en su caso, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.

El incremento que se pueda producir por variación de efectivos fijos.

El incremento producido como consecuencia de los nuevos devengos del concepto de antigüedad de acuerdo con el sistema de antigüedad que legal o convencionalmente resulte aplicable.

En el caso de que las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás normativa presupuestaria determinen la aplicación de minoraciones de la masa salarial, éstas se recogerán en la comunicación del ejercicio que corresponda con indicación expresa de los conceptos afectados.

Artículo 7. Consecuencias de la remisión de la solicitud de masa salarial.

Las propuestas de masa salarial que sean remitidas en plazo y forma y con las condiciones recogidas en el artículo anterior, se entenderán autorizadas, sin perjuicio de las facultades de comprobación y control por parte de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

En el supuesto de que las propuestas de masa salarial sean remitidas en plazo pero incumplan las condiciones recogidas en el artículo 6 la autorización de la masa salarial quedará en suspenso hasta que sea objeto de comprobación.

Tanto en este supuesto como cuando la propuesta de masa salarial no sea presentada en plazo por una entidad, se entenderá prorrogada la masa salarial del ejercicio presupuestario inmediatamente anterior, previa aplicación de los incrementos, minoraciones y demás modificaciones que correspondan en virtud de las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás normativa presupuestaria y una vez ajustada a los cambios acaecidos en sus condiciones de personal tanto en lo que respecta a efectivos de personal y su antigüedad, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias y otras condiciones laborales.

En ambos casos, a instancias de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, la entidad estará obligada a regularizar, con efectos retroactivos y conforme a la normativa presupuestaria, todas aquellas medidas en materia de personal que se hubiesen adoptado indebidamente en ausencia de masa salarial autorizada.".

2ª.- Es doctrina jurisprudencial consolidada en la interpretación de los arts. 3.1 b) y 3.3 y 85 del E.T que establecen la sujeción de los Convenios y acuerdos colectivos a la legalidad que no es necesario acudir a procedimientos de flexibilidad interna como son los previstos en los arts. 41.4, o en el art. 82.3 E.T cuando un determinado precepto de una norma pactada de forma colectiva resulte contraria a la legalidad. En este sentido, recordábamos en nuestra SAN de 23-3-2.026- proc. 418/2.025- que " para que un gasto retributivo pueda ser asumido por una entidad del sector público debe encontrarse amparado por la masa salarialautorizada, configurándose tal autorización como una "conditio iuris" para su efectividad, de manera que si el gasto no se encuentra autorizado la entidad pública en cuestión puede dejar de abonarlo sin necesidad de acudir a procedimiento alguno de MSCT o de descuelgue (con relación a lo estipulado en convenio colectivo pero igualmente predicable para las CMB en cuanto que su origen es de rango contractual cabe citar la doctrina sentada en los Autos TCo 85 y 104/2011 que son recordados en la STS de 13-1-2.026- rec 141/2024 -.".

Y la plasmación de todo cuanto que se acaba de exponer al presente caso nos ha de llevar a desestimar la demanda toda vez que la Mutua ha acreditado que la masa salarial autorizada para el año 2024- sin que conste que exista variación para el año 2.025- fue revisada por parte de los organismos correspondientes del Ministerio de Hacienda a la baja generando una deuda para los trabajadores respecto de las cantidades percibidas en dicho ejercicio incluso en el 2.025, lo que hace que los gastos sociales que se reclaman, con independencia de que se encuentren contemplados en acuerdos colectivos, carezcan de la necesaria cobertura presupuestaria, por lo que la supresión de su abono no deba acordarse en procedimiento de negociación colectiva alguno, y que, por ende, ningún reproche merezca el proceder patronal.

CUARTO.-Por todo ello dictaremos sentencia desestimatoria de la demandada contra la que cabe interponer recurso de casación ordinario ante la Sala IV del TS ( art. 205 y 206 de la LRJS) .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa, bien en hechos conformes, bien en cada una de las fuentes de prueba que en los mismos se indican.

TERCERO.-Como consta en el antecedente fáctico tercero de la presente resolución se solicita por parte de CCOO que por esta Sala sea declarado que la decisión empresarial consistente en la supresión de los beneficios sociales obsequio de Navidad y tarjeta/ayuda juguetes de reyes, es contraria a Derecho por vulnerar la fuerza vinculante de los acuerdos colectivos aplicables y por tanto, cese en dicha supresión y reponga y mantenga dichos beneficios, sin perjuicio de los procedimientos legalmente previstos para su modificación a través de la negociación colectiva, pretensión esta a la que se opone la Mutua demandada por cuanto que se considera que la modificación de la masa salarial autorizada para el año 2024 llevada a cabo por la Subdirección General de Costes de la que dio cuenta a los trabajadores y a la representación sindical en fecha 21-11-2.025 hace que dichos gastos carezcan de cobertura por la masa salarial y que por ende resulte lícita su supresión en tanto que los mismos no sean autorizados.

De cara abordar la cuestión que se plantea debemos traer a colación cuanto razonábamos en nuestra SAN de 12-4-2.024- proc. 277/2023- si bien las referencias a la Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2022 deben venir referidas a los del año siguiente vigente en la actualidad (Ley 31/2022) y que mantiene idéntica regulación:

"CUARTO.- El art. 80.1 LGSS define las mutuas del siguiente modo: Son mutuas colaboradoras con la Seguridad Social las asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esta ley

El art. 80.4 LGSS establece que Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

Con relación a las retribuciones de su personal el art. 88.5 nos dice: El personal no directivo estará sujeto a relación laboral ordinaria, regulada en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores . En cualquier caso, ningún miembro del personal de la mutuapodrá obtener unas retribuciones totales superiores a las del Director Gerente. En todo caso, las retribuciones del conjunto del personal estarán sujetas a las disposiciones sobre la masa salarial y a las limitaciones o restricciones que establezcan, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año

Y el art.98 LGSS en sus apartados 2 y 3 establece:

2. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social serán objeto anualmente de una auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria , que será realizada por la Intervención General de la Seguridad Social. Asimismo, anualmente realizará una auditoría de cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la referida ley .

3. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social elaborarán anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remitirán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, estarán sujetas al régimen contable establecido en el título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que regula la contabilidad en el sector público estatal, en los términos de aplicación a las entidades del sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de presentar en sus cuentas anuales el resultado económico alcanzado como consecuencia de la gestión de cada una de las actividades señaladas en el artículo 95.1, conforme a las disposiciones que establezca el organismo competente con sujeción a lo dispuesto en la citada ley . Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

QUINTO.- La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 dispone en su art. 19 :

Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público

(...)

Dos. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público

(...)

Cuatro. 1. La masa salarialdel personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior

(...)

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.

En su art. 24

Artículo 24. Personal laboral del sector público estatal.

Uno. A los efectos de la presente Ley, la masa salarialdel personal laboral del sector público estatal será la definida en su artículo 19.Cuatro, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

En su art. 33

Determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario.

Tres. La determinación o modificación de condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario mediante convenio colectivo, pacto, acuerdo, o cualquier instrumento de naturaleza similar, en el caso de las sociedades mercantiles estatales, las entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público estatal, los consorcios que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público , se encuentran adscritos al sector público estatal, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados y de todos los enumerados en el apartado Uno.1 siempre que no trate del ámbito de aplicación del Convenio único , requerirá informe previo y favorable de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas,presidida por la persona titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de conformidad con lo que establezca la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

(...)

Serán nulos de pleno derecho los convenios colectivos, pactos, acuerdos, o cualesquiera instrumentos de naturaleza similar adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra del informe de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas

Y en su DA28ª:

Retribuciones del personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y de sus centros mancomunados.

(...)

Dos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el citado artículo 88, las retribuciones del resto del personal al servicio de las Mutuas y de sus centros mancomunados quedarán sometidas a lo dispuesto en relación con el personal laboral del sector público estatal y, concretamente, a lo establecido en el artículo 24 de esta ley y en la Orden HAP/1057/2013 , de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización de la masa salarialregulado en el artículo 27.tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para las sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público estatal.

SEXTO.-Todo este elenco normativo conduce a las siguientes conclusiones:

- las retribuciones del conjunto del personal de las mutuas estarán sujetas a las disposiciones sobre la masa salarialy a las limitaciones o restricciones que establezcan, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año, art. 88.5 LGSS en relación con DA28ª LLPE 2022

- la masa salarialdel personal de las mutuas al igual que la del personal laboral del sector público está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior constituida y solo podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el art. 19Dos de la LPE 2022, que como se ha indicado no permite incrementos en gastos de acción social, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación

- dicha masa salarialno puede sobrepasar el límite de las cuantías informadas favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos., art. 24 LPE2022

Por tanto, la masa salarialde las mutuas exige información favorable de la comisión de seguimiento de la negociación colectiva integrada en la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, siendo esta autorización previa a los acuerdos colectivos que puedan alcanzarse. En este sentido STS de 9-9-2020 rec 243/18 .".

A dichos razonamientos hemos de añadir dos puntualizaciones:

1º.- La Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización de la masa salarial regulado en el artículo 27.tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para las sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público estatal dispone en sus arts. 6 y 7:

Artículo 6. Contenido de la solicitud de masa salarial.

La propuesta de masa salarial presentada no deberá contener incrementos con respecto a la del año anterior salvo por alguna de las siguientes causas:

El incremento que pueda establecer, en su caso, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.

El incremento que se pueda producir por variación de efectivos fijos.

El incremento producido como consecuencia de los nuevos devengos del concepto de antigüedad de acuerdo con el sistema de antigüedad que legal o convencionalmente resulte aplicable.

En el caso de que las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás normativa presupuestaria determinen la aplicación de minoraciones de la masa salarial, éstas se recogerán en la comunicación del ejercicio que corresponda con indicación expresa de los conceptos afectados.

Artículo 7. Consecuencias de la remisión de la solicitud de masa salarial.

Las propuestas de masa salarial que sean remitidas en plazo y forma y con las condiciones recogidas en el artículo anterior, se entenderán autorizadas, sin perjuicio de las facultades de comprobación y control por parte de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

En el supuesto de que las propuestas de masa salarial sean remitidas en plazo pero incumplan las condiciones recogidas en el artículo 6 la autorización de la masa salarial quedará en suspenso hasta que sea objeto de comprobación.

Tanto en este supuesto como cuando la propuesta de masa salarial no sea presentada en plazo por una entidad, se entenderá prorrogada la masa salarial del ejercicio presupuestario inmediatamente anterior, previa aplicación de los incrementos, minoraciones y demás modificaciones que correspondan en virtud de las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás normativa presupuestaria y una vez ajustada a los cambios acaecidos en sus condiciones de personal tanto en lo que respecta a efectivos de personal y su antigüedad, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias y otras condiciones laborales.

En ambos casos, a instancias de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, la entidad estará obligada a regularizar, con efectos retroactivos y conforme a la normativa presupuestaria, todas aquellas medidas en materia de personal que se hubiesen adoptado indebidamente en ausencia de masa salarial autorizada.".

2ª.- Es doctrina jurisprudencial consolidada en la interpretación de los arts. 3.1 b) y 3.3 y 85 del E.T que establecen la sujeción de los Convenios y acuerdos colectivos a la legalidad que no es necesario acudir a procedimientos de flexibilidad interna como son los previstos en los arts. 41.4, o en el art. 82.3 E.T cuando un determinado precepto de una norma pactada de forma colectiva resulte contraria a la legalidad. En este sentido, recordábamos en nuestra SAN de 23-3-2.026- proc. 418/2.025- que " para que un gasto retributivo pueda ser asumido por una entidad del sector público debe encontrarse amparado por la masa salarialautorizada, configurándose tal autorización como una "conditio iuris" para su efectividad, de manera que si el gasto no se encuentra autorizado la entidad pública en cuestión puede dejar de abonarlo sin necesidad de acudir a procedimiento alguno de MSCT o de descuelgue (con relación a lo estipulado en convenio colectivo pero igualmente predicable para las CMB en cuanto que su origen es de rango contractual cabe citar la doctrina sentada en los Autos TCo 85 y 104/2011 que son recordados en la STS de 13-1-2.026- rec 141/2024 -.".

Y la plasmación de todo cuanto que se acaba de exponer al presente caso nos ha de llevar a desestimar la demanda toda vez que la Mutua ha acreditado que la masa salarial autorizada para el año 2024- sin que conste que exista variación para el año 2.025- fue revisada por parte de los organismos correspondientes del Ministerio de Hacienda a la baja generando una deuda para los trabajadores respecto de las cantidades percibidas en dicho ejercicio incluso en el 2.025, lo que hace que los gastos sociales que se reclaman, con independencia de que se encuentren contemplados en acuerdos colectivos, carezcan de la necesaria cobertura presupuestaria, por lo que la supresión de su abono no deba acordarse en procedimiento de negociación colectiva alguno, y que, por ende, ningún reproche merezca el proceder patronal.

CUARTO.-Por todo ello dictaremos sentencia desestimatoria de la demandada contra la que cabe interponer recurso de casación ordinario ante la Sala IV del TS ( art. 205 y 206 de la LRJS) .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa, bien en hechos conformes, bien en cada una de las fuentes de prueba que en los mismos se indican.

TERCERO.-Como consta en el antecedente fáctico tercero de la presente resolución se solicita por parte de CCOO que por esta Sala sea declarado que la decisión empresarial consistente en la supresión de los beneficios sociales obsequio de Navidad y tarjeta/ayuda juguetes de reyes, es contraria a Derecho por vulnerar la fuerza vinculante de los acuerdos colectivos aplicables y por tanto, cese en dicha supresión y reponga y mantenga dichos beneficios, sin perjuicio de los procedimientos legalmente previstos para su modificación a través de la negociación colectiva, pretensión esta a la que se opone la Mutua demandada por cuanto que se considera que la modificación de la masa salarial autorizada para el año 2024 llevada a cabo por la Subdirección General de Costes de la que dio cuenta a los trabajadores y a la representación sindical en fecha 21-11-2.025 hace que dichos gastos carezcan de cobertura por la masa salarial y que por ende resulte lícita su supresión en tanto que los mismos no sean autorizados.

De cara abordar la cuestión que se plantea debemos traer a colación cuanto razonábamos en nuestra SAN de 12-4-2.024- proc. 277/2023- si bien las referencias a la Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2022 deben venir referidas a los del año siguiente vigente en la actualidad (Ley 31/2022) y que mantiene idéntica regulación:

"CUARTO.- El art. 80.1 LGSS define las mutuas del siguiente modo: Son mutuas colaboradoras con la Seguridad Social las asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esta ley

El art. 80.4 LGSS establece que Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

Con relación a las retribuciones de su personal el art. 88.5 nos dice: El personal no directivo estará sujeto a relación laboral ordinaria, regulada en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores . En cualquier caso, ningún miembro del personal de la mutuapodrá obtener unas retribuciones totales superiores a las del Director Gerente. En todo caso, las retribuciones del conjunto del personal estarán sujetas a las disposiciones sobre la masa salarial y a las limitaciones o restricciones que establezcan, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año

Y el art.98 LGSS en sus apartados 2 y 3 establece:

2. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social serán objeto anualmente de una auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria , que será realizada por la Intervención General de la Seguridad Social. Asimismo, anualmente realizará una auditoría de cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la referida ley .

3. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social elaborarán anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remitirán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, estarán sujetas al régimen contable establecido en el título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que regula la contabilidad en el sector público estatal, en los términos de aplicación a las entidades del sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de presentar en sus cuentas anuales el resultado económico alcanzado como consecuencia de la gestión de cada una de las actividades señaladas en el artículo 95.1, conforme a las disposiciones que establezca el organismo competente con sujeción a lo dispuesto en la citada ley . Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

QUINTO.- La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 dispone en su art. 19 :

Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público

(...)

Dos. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público

(...)

Cuatro. 1. La masa salarialdel personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior

(...)

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.

En su art. 24

Artículo 24. Personal laboral del sector público estatal.

Uno. A los efectos de la presente Ley, la masa salarialdel personal laboral del sector público estatal será la definida en su artículo 19.Cuatro, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

En su art. 33

Determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario.

Tres. La determinación o modificación de condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario mediante convenio colectivo, pacto, acuerdo, o cualquier instrumento de naturaleza similar, en el caso de las sociedades mercantiles estatales, las entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público estatal, los consorcios que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público , se encuentran adscritos al sector público estatal, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados y de todos los enumerados en el apartado Uno.1 siempre que no trate del ámbito de aplicación del Convenio único , requerirá informe previo y favorable de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas,presidida por la persona titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de conformidad con lo que establezca la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

(...)

Serán nulos de pleno derecho los convenios colectivos, pactos, acuerdos, o cualesquiera instrumentos de naturaleza similar adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra del informe de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas

Y en su DA28ª:

Retribuciones del personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y de sus centros mancomunados.

(...)

Dos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el citado artículo 88, las retribuciones del resto del personal al servicio de las Mutuas y de sus centros mancomunados quedarán sometidas a lo dispuesto en relación con el personal laboral del sector público estatal y, concretamente, a lo establecido en el artículo 24 de esta ley y en la Orden HAP/1057/2013 , de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización de la masa salarialregulado en el artículo 27.tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para las sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público estatal.

SEXTO.-Todo este elenco normativo conduce a las siguientes conclusiones:

- las retribuciones del conjunto del personal de las mutuas estarán sujetas a las disposiciones sobre la masa salarialy a las limitaciones o restricciones que establezcan, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año, art. 88.5 LGSS en relación con DA28ª LLPE 2022

- la masa salarialdel personal de las mutuas al igual que la del personal laboral del sector público está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior constituida y solo podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el art. 19Dos de la LPE 2022, que como se ha indicado no permite incrementos en gastos de acción social, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación

- dicha masa salarialno puede sobrepasar el límite de las cuantías informadas favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos., art. 24 LPE2022

Por tanto, la masa salarialde las mutuas exige información favorable de la comisión de seguimiento de la negociación colectiva integrada en la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, siendo esta autorización previa a los acuerdos colectivos que puedan alcanzarse. En este sentido STS de 9-9-2020 rec 243/18 .".

A dichos razonamientos hemos de añadir dos puntualizaciones:

1º.- La Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización de la masa salarial regulado en el artículo 27.tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para las sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público estatal dispone en sus arts. 6 y 7:

Artículo 6. Contenido de la solicitud de masa salarial.

La propuesta de masa salarial presentada no deberá contener incrementos con respecto a la del año anterior salvo por alguna de las siguientes causas:

El incremento que pueda establecer, en su caso, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.

El incremento que se pueda producir por variación de efectivos fijos.

El incremento producido como consecuencia de los nuevos devengos del concepto de antigüedad de acuerdo con el sistema de antigüedad que legal o convencionalmente resulte aplicable.

En el caso de que las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás normativa presupuestaria determinen la aplicación de minoraciones de la masa salarial, éstas se recogerán en la comunicación del ejercicio que corresponda con indicación expresa de los conceptos afectados.

Artículo 7. Consecuencias de la remisión de la solicitud de masa salarial.

Las propuestas de masa salarial que sean remitidas en plazo y forma y con las condiciones recogidas en el artículo anterior, se entenderán autorizadas, sin perjuicio de las facultades de comprobación y control por parte de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

En el supuesto de que las propuestas de masa salarial sean remitidas en plazo pero incumplan las condiciones recogidas en el artículo 6 la autorización de la masa salarial quedará en suspenso hasta que sea objeto de comprobación.

Tanto en este supuesto como cuando la propuesta de masa salarial no sea presentada en plazo por una entidad, se entenderá prorrogada la masa salarial del ejercicio presupuestario inmediatamente anterior, previa aplicación de los incrementos, minoraciones y demás modificaciones que correspondan en virtud de las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás normativa presupuestaria y una vez ajustada a los cambios acaecidos en sus condiciones de personal tanto en lo que respecta a efectivos de personal y su antigüedad, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias y otras condiciones laborales.

En ambos casos, a instancias de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, la entidad estará obligada a regularizar, con efectos retroactivos y conforme a la normativa presupuestaria, todas aquellas medidas en materia de personal que se hubiesen adoptado indebidamente en ausencia de masa salarial autorizada.".

2ª.- Es doctrina jurisprudencial consolidada en la interpretación de los arts. 3.1 b) y 3.3 y 85 del E.T que establecen la sujeción de los Convenios y acuerdos colectivos a la legalidad que no es necesario acudir a procedimientos de flexibilidad interna como son los previstos en los arts. 41.4, o en el art. 82.3 E.T cuando un determinado precepto de una norma pactada de forma colectiva resulte contraria a la legalidad. En este sentido, recordábamos en nuestra SAN de 23-3-2.026- proc. 418/2.025- que " para que un gasto retributivo pueda ser asumido por una entidad del sector público debe encontrarse amparado por la masa salarialautorizada, configurándose tal autorización como una "conditio iuris" para su efectividad, de manera que si el gasto no se encuentra autorizado la entidad pública en cuestión puede dejar de abonarlo sin necesidad de acudir a procedimiento alguno de MSCT o de descuelgue (con relación a lo estipulado en convenio colectivo pero igualmente predicable para las CMB en cuanto que su origen es de rango contractual cabe citar la doctrina sentada en los Autos TCo 85 y 104/2011 que son recordados en la STS de 13-1-2.026- rec 141/2024 -.".

Y la plasmación de todo cuanto que se acaba de exponer al presente caso nos ha de llevar a desestimar la demanda toda vez que la Mutua ha acreditado que la masa salarial autorizada para el año 2024- sin que conste que exista variación para el año 2.025- fue revisada por parte de los organismos correspondientes del Ministerio de Hacienda a la baja generando una deuda para los trabajadores respecto de las cantidades percibidas en dicho ejercicio incluso en el 2.025, lo que hace que los gastos sociales que se reclaman, con independencia de que se encuentren contemplados en acuerdos colectivos, carezcan de la necesaria cobertura presupuestaria, por lo que la supresión de su abono no deba acordarse en procedimiento de negociación colectiva alguno, y que, por ende, ningún reproche merezca el proceder patronal.

CUARTO.-Por todo ello dictaremos sentencia desestimatoria de la demandada contra la que cabe interponer recurso de casación ordinario ante la Sala IV del TS ( art. 205 y 206 de la LRJS).

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la redacción de la resultancia fáctica de la presente resolución descansa, bien en hechos conformes, bien en cada una de las fuentes de prueba que en los mismos se indican.

TERCERO.-Como consta en el antecedente fáctico tercero de la presente resolución se solicita por parte de CCOO que por esta Sala sea declarado que la decisión empresarial consistente en la supresión de los beneficios sociales obsequio de Navidad y tarjeta/ayuda juguetes de reyes, es contraria a Derecho por vulnerar la fuerza vinculante de los acuerdos colectivos aplicables y por tanto, cese en dicha supresión y reponga y mantenga dichos beneficios, sin perjuicio de los procedimientos legalmente previstos para su modificación a través de la negociación colectiva, pretensión esta a la que se opone la Mutua demandada por cuanto que se considera que la modificación de la masa salarial autorizada para el año 2024 llevada a cabo por la Subdirección General de Costes de la que dio cuenta a los trabajadores y a la representación sindical en fecha 21-11-2.025 hace que dichos gastos carezcan de cobertura por la masa salarial y que por ende resulte lícita su supresión en tanto que los mismos no sean autorizados.

De cara abordar la cuestión que se plantea debemos traer a colación cuanto razonábamos en nuestra SAN de 12-4-2.024- proc. 277/2023- si bien las referencias a la Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2022 deben venir referidas a los del año siguiente vigente en la actualidad (Ley 31/2022) y que mantiene idéntica regulación:

"CUARTO.- El art. 80.1 LGSS define las mutuas del siguiente modo: Son mutuas colaboradoras con la Seguridad Social las asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esta ley

El art. 80.4 LGSS establece que Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

Con relación a las retribuciones de su personal el art. 88.5 nos dice: El personal no directivo estará sujeto a relación laboral ordinaria, regulada en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores . En cualquier caso, ningún miembro del personal de la mutuapodrá obtener unas retribuciones totales superiores a las del Director Gerente. En todo caso, las retribuciones del conjunto del personal estarán sujetas a las disposiciones sobre la masa salarial y a las limitaciones o restricciones que establezcan, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año

Y el art.98 LGSS en sus apartados 2 y 3 establece:

2. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social serán objeto anualmente de una auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria , que será realizada por la Intervención General de la Seguridad Social. Asimismo, anualmente realizará una auditoría de cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la referida ley .

3. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social elaborarán anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remitirán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, estarán sujetas al régimen contable establecido en el título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que regula la contabilidad en el sector público estatal, en los términos de aplicación a las entidades del sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de presentar en sus cuentas anuales el resultado económico alcanzado como consecuencia de la gestión de cada una de las actividades señaladas en el artículo 95.1, conforme a las disposiciones que establezca el organismo competente con sujeción a lo dispuesto en la citada ley . Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

QUINTO.- La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 dispone en su art. 19 :

Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público

(...)

Dos. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público

(...)

Cuatro. 1. La masa salarialdel personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior

(...)

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.

En su art. 24

Artículo 24. Personal laboral del sector público estatal.

Uno. A los efectos de la presente Ley, la masa salarialdel personal laboral del sector público estatal será la definida en su artículo 19.Cuatro, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

En su art. 33

Determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario.

Tres. La determinación o modificación de condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario mediante convenio colectivo, pacto, acuerdo, o cualquier instrumento de naturaleza similar, en el caso de las sociedades mercantiles estatales, las entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público estatal, los consorcios que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público , se encuentran adscritos al sector público estatal, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados y de todos los enumerados en el apartado Uno.1 siempre que no trate del ámbito de aplicación del Convenio único , requerirá informe previo y favorable de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas,presidida por la persona titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de conformidad con lo que establezca la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

(...)

Serán nulos de pleno derecho los convenios colectivos, pactos, acuerdos, o cualesquiera instrumentos de naturaleza similar adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra del informe de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas

Y en su DA28ª:

Retribuciones del personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y de sus centros mancomunados.

(...)

Dos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el citado artículo 88, las retribuciones del resto del personal al servicio de las Mutuas y de sus centros mancomunados quedarán sometidas a lo dispuesto en relación con el personal laboral del sector público estatal y, concretamente, a lo establecido en el artículo 24 de esta ley y en la Orden HAP/1057/2013 , de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización de la masa salarialregulado en el artículo 27.tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para las sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público estatal.

SEXTO.-Todo este elenco normativo conduce a las siguientes conclusiones:

- las retribuciones del conjunto del personal de las mutuas estarán sujetas a las disposiciones sobre la masa salarialy a las limitaciones o restricciones que establezcan, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año, art. 88.5 LGSS en relación con DA28ª LLPE 2022

- la masa salarialdel personal de las mutuas al igual que la del personal laboral del sector público está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior constituida y solo podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el art. 19Dos de la LPE 2022, que como se ha indicado no permite incrementos en gastos de acción social, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación

- dicha masa salarialno puede sobrepasar el límite de las cuantías informadas favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos., art. 24 LPE2022

Por tanto, la masa salarialde las mutuas exige información favorable de la comisión de seguimiento de la negociación colectiva integrada en la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, siendo esta autorización previa a los acuerdos colectivos que puedan alcanzarse. En este sentido STS de 9-9-2020 rec 243/18 .".

A dichos razonamientos hemos de añadir dos puntualizaciones:

1º.- La Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización de la masa salarial regulado en el artículo 27.tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para las sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público estatal dispone en sus arts. 6 y 7:

Artículo 6. Contenido de la solicitud de masa salarial.

La propuesta de masa salarial presentada no deberá contener incrementos con respecto a la del año anterior salvo por alguna de las siguientes causas:

El incremento que pueda establecer, en su caso, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.

El incremento que se pueda producir por variación de efectivos fijos.

El incremento producido como consecuencia de los nuevos devengos del concepto de antigüedad de acuerdo con el sistema de antigüedad que legal o convencionalmente resulte aplicable.

En el caso de que las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás normativa presupuestaria determinen la aplicación de minoraciones de la masa salarial, éstas se recogerán en la comunicación del ejercicio que corresponda con indicación expresa de los conceptos afectados.

Artículo 7. Consecuencias de la remisión de la solicitud de masa salarial.

Las propuestas de masa salarial que sean remitidas en plazo y forma y con las condiciones recogidas en el artículo anterior, se entenderán autorizadas, sin perjuicio de las facultades de comprobación y control por parte de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

En el supuesto de que las propuestas de masa salarial sean remitidas en plazo pero incumplan las condiciones recogidas en el artículo 6 la autorización de la masa salarial quedará en suspenso hasta que sea objeto de comprobación.

Tanto en este supuesto como cuando la propuesta de masa salarial no sea presentada en plazo por una entidad, se entenderá prorrogada la masa salarial del ejercicio presupuestario inmediatamente anterior, previa aplicación de los incrementos, minoraciones y demás modificaciones que correspondan en virtud de las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás normativa presupuestaria y una vez ajustada a los cambios acaecidos en sus condiciones de personal tanto en lo que respecta a efectivos de personal y su antigüedad, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias y otras condiciones laborales.

En ambos casos, a instancias de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, la entidad estará obligada a regularizar, con efectos retroactivos y conforme a la normativa presupuestaria, todas aquellas medidas en materia de personal que se hubiesen adoptado indebidamente en ausencia de masa salarial autorizada.".

2ª.- Es doctrina jurisprudencial consolidada en la interpretación de los arts. 3.1 b) y 3.3 y 85 del E.T que establecen la sujeción de los Convenios y acuerdos colectivos a la legalidad que no es necesario acudir a procedimientos de flexibilidad interna como son los previstos en los arts. 41.4, o en el art. 82.3 E.T cuando un determinado precepto de una norma pactada de forma colectiva resulte contraria a la legalidad. En este sentido, recordábamos en nuestra SAN de 23-3-2.026- proc. 418/2.025- que " para que un gasto retributivo pueda ser asumido por una entidad del sector público debe encontrarse amparado por la masa salarialautorizada, configurándose tal autorización como una "conditio iuris" para su efectividad, de manera que si el gasto no se encuentra autorizado la entidad pública en cuestión puede dejar de abonarlo sin necesidad de acudir a procedimiento alguno de MSCT o de descuelgue (con relación a lo estipulado en convenio colectivo pero igualmente predicable para las CMB en cuanto que su origen es de rango contractual cabe citar la doctrina sentada en los Autos TCo 85 y 104/2011 que son recordados en la STS de 13-1-2.026- rec 141/2024 -.".

Y la plasmación de todo cuanto que se acaba de exponer al presente caso nos ha de llevar a desestimar la demanda toda vez que la Mutua ha acreditado que la masa salarial autorizada para el año 2024- sin que conste que exista variación para el año 2.025- fue revisada por parte de los organismos correspondientes del Ministerio de Hacienda a la baja generando una deuda para los trabajadores respecto de las cantidades percibidas en dicho ejercicio incluso en el 2.025, lo que hace que los gastos sociales que se reclaman, con independencia de que se encuentren contemplados en acuerdos colectivos, carezcan de la necesaria cobertura presupuestaria, por lo que la supresión de su abono no deba acordarse en procedimiento de negociación colectiva alguno, y que, por ende, ningún reproche merezca el proceder patronal.

CUARTO.-Por todo ello dictaremos sentencia desestimatoria de la demandada contra la que cabe interponer recurso de casación ordinario ante la Sala IV del TS ( art. 205 y 206 de la LRJS).

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación