Sentencia Social 118/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 192/2025 de 08 de septiembre del 2025

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.-De conformidad con el art. 97.2 de la LRJS los hechos declarados probados se fundan bien en hecho conformes, bien en las fuentes de prueba que se citan en las mismas.

TERCERO.-Con carácter previo al examen de la cuestión que de fondo de se suscita hemos de justificar porqué a pesar de haberse interesado por CGT el desistimiento de la demanda procederemos a dictar la presente resolución, teniendo en cuenta que el referido desistimiento se produjo el día siguiente a la celebración de la vista, esto es, después de contestada la demanda.

Al efecto hemos de señalar que el art. 20.2 de la LEC dispone lo siguiente:

"2. El demandante podrá desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio. También podrá desistir unilateralmente, en cualquier momento, cuando el demandado se encontrare en rebeldía.

3. Emplazado el demandado, del escrito de desistimiento se le dará traslado por plazo de diez días.

Si el demandado prestare su conformidad al desistimiento o no se opusiere a él dentro del plazo expresado en el párrafo anterior, por el Letrado de la Administración de Justicia se dictará decreto acordando el sobreseimiento y el actor podrá promover nuevo juicio sobre el mismo objeto.

Si el demandado se opusiera al desistimiento, el Juez resolverá lo que estime oportuno".

Resulta evidente que la necesaria aquiescencia del demandado cuando el desistimiento se produce en casos como el presente en que el referido demandado ha comparecido a juicio, en el propio interés de este en que la cuestión quede resuelta por sentencia, zanjándose definitivamente la situación de conflicto existente entre las partes, así como enervar cualquier posibilidad de abuso de derecho o fraude procesal por parte del actor que pudiera entrañar tal desistimiento, como pudiera ser valerse del mismo para posteriormente ejercitar la misma acción, con nuevas alegaciones fácticas o jurídicas, valiéndose de nuevas pruebas, una vez conocida la contestación a la demanda y la prueba practicada por el demandado, eludiendo la preclusión de los trámites procesales e incurriendo en consecuencia en una situación proscrita por los arts. 6.4, 7.2 Cc, 11.2 de la LOPJ y 75 de la LRJS.

Y dicho esto, y habiendo manifestado el demandado su intención de que prosiga el procedimiento dictándose sentencia procede rechazar el desistimiento, de cara a resolver si el uso por parte del demandado de las siglas CGT entraña una vulneración del derecho de libertad sindical de CGT, rechazando en consecuencia el desistimiento del actor.

CUARTO.-Y entrando a resolver la cuestión de fondo que se plantea que no es otra que determinar si el Sindicato del Sector Ferroviario de la CGT vulnera los derechos de la CGT al usar las siglas y símbolos de dicho sindicato.

Para resolver la cuestión y a la vista de lo que ha resultado probado hemos de partir las consideraciones siguientes;

1º.- Esta Sala ha considerado recientemente en las SSAN de 1-10-2024- autos 310/2020- y de 16-12-2024- autos 235/2024- que el uso de las siglas de una confederación sindical por sindicatos que ya no están integrados en la misma supone una vulneración del derecho a la libertad sindical de la confederación.

En efecto, en la primera de tales resoluciones explicábamos lo siguiente:

"conviene recordar lo que ya señalamos en la SAN 31-3-21, proc. 294/2020 :

"Los sindicatos adquieren en el art. 7 CE el siguiente reconocimiento: Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Para defender los intereses que les son propios el art. 28 reconoce el derecho de libertad sindical indicando: La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato .

El derecho de libertad sindical se desarrolla en la LO 11/85 y conforme su art. 2 comprende:

a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos.

b) El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato.

c) El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato.

d) El derecho a la actividad sindical.

Se aprecia por tanto que este derecho tiene dos destinatarios diferenciados:

- el trabajador individual de quien se predica su libertad de afiliación y su participación democrática

- el ente sindical constituido por las personas que adoptan la decisión de fundarlo y al que se exige un comportamiento interno democrático.

Acerca de las organizaciones sindicales se aplica el art. 2.2 que indica:

2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a:

a) Redactar sus estatutos y reglamento, organizar su administración interna y sus actividades y formular su programa de acción.

b) Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas.

c) No ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes.

d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en las normas correspondientes

(...) De toda esta normativa se llega a la conclusión de que la CE garantiza la libertad de constitución de sindicatos, sólo sometidos como el resto de instituciones y personas al respeto al ordenamiento jurídico.

En el uso de esa libertad sindical cada ente sindical que se constituya dispone de amplias facultades para redactar sus estatutos, organizarse internamente y establecer un programa de acción empleando las medidas de acción sindical que considere adecuadas para lograr los fines que les son propios.

En una sociedad diversa como la reconocida por nuestra CE, el pluralismo sindical es una realidad incuestionable que debe ser respetada.

Ahora bien, no existen derechos absolutos y por tanto existiendo diversas opciones sindicales que conviven para alcanzar, cada uno desde sus posicionamientos organizativos e ideológicos, los fines que de ellos son esperables, pueden producirse colisiones entre los distintos entes sindicales.

Y así, controversias como la que ahora nos ocupa, pretendida identidad en la denominación de ambos entes sindicales, el art. 4.2.a) LOLS prevé expresamente que las normas estatutarias contendrán al menos la denominación de la organización que no podrá coincidir ni inducir a confusión con otra legalmente registrada

(...) La STS de 17-1-2006, rec 20/2004 , citada por la parte actora, analizó la colisión nominal que se producía entre el denominado Sindicato de Enfermería SATSE y el Sindicato de Auxiliares de Enfermería SAE.

Consta en los hechos probados de esta sentencia que el sindicato SAE viene utilizando la denominación registrada del Sindicato SATSE.

Por este motivo el TS concluye que el derecho a la preservación del propio nombre e identificación se revela como algo ínsito en la esencia de la libertad y de la actividad sindical, de tal forma que no puede sostenerse con verdadera consistencia jurídica que el derecho fundamental consagrado en el art. 28-1 de la C.E . no quede dañado por la utilización pública de una denominación ya adoptada y registrada por un Sindicato legalmente constituido

(...) En otra sentencia posterior de 25-10-2016 rec 129/15, citada por la demandada en estas actuaciones, el TS analizó la controversia entre el SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS MUNICIPALES DE ESPAÑA, en adelante SPPME y el SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA-CATALUNYA (SPPME-CAT), controversia que tuvo su origen según se indica en la sentencia en la desmembración del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), producida al escindirse del mismo el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Cataluña (SPPME- CAT)

En este caso el TS se refirió a otro precedente la STS de 16-12-2002 que declaró que el precepto estudiado tiene por fin evitar que la similitud de denominaciones induzca a error y que "de no ser fácilmente previsible este efecto, debe prevalecer la libertad de denominar al nuevo sindicato tal y como sus promotoras tengan por conveniente" .

Y articuló el siguiente argumento: ambas partes usan términos genéricos en su denominación (sindicato, profesional, policía, municipal) que son de uso común y no se los puede apropiar nadie, pero como a esa denominación genérica se le añade un nombre propio (España, Cataluña) que diferencia un sindicato del otro e indica su ámbito de actuación, cabe estimar que la posibilidad de confusión no existe porque el nombre propio que utilizan para denominar a cada sindicato los distingue. En este sentido, conviene tener presente que la jurisprudencia de la Sala 1ª de este Tribunal, al juzgar sobre el riesgo de confusión de marcas y otras denominaciones, viene señalando en sintonía con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la determinación concreta del riesgo de confusión debe hacerse haciendo una valoración global de todos los factores del supuesto concreto, teniendo en cuenta, como factor compensador, que la similitud entre marcas puede obedecer a la semejanza de los servicios designados, pero sin que esa visión conjunta permita descomponer la unidad del nombre cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales ( SSTS (I) de 9 de diciembre de 2010 (R. 218/2007 ), 28 de junio de 2013 (R. 1749/2011 ) y 29 de abril de 2016 (R. 68/2014 ) entre otras citadas en ellas)[...]".

Pues bien, esos mismos argumentos son los que nos permiten resolver la presente controversia. Así, a la vista de la extensa documental aportada, lo que resulta acreditado es que todas y cada una de las demandadas (con excepción de lo que luego se dirá respecto del Sindicato Libertario de Trabajadores de la Comarca de la Marina Alta) utilizan en su denominación y en su actividad diaria bien la expresión "Confederación Nacional del Trabajo", bien las siglas " CNT". Y, con independencia del registro de tales expresiones como marcas nacionales a nombre de la ahora demandante, lo cierto es que las mismas no pueden ser consideradas como expresiones de uso común. El riesgo de confusión, plasmado en distintos momentos, tal y como se recoge en los hechos probados décimo y decimoprimero, resulta evidente. Esto es, no cabe que entidades que fueron desfederadas o abandonaron voluntariamente la CNT pretendan continuar utilizando esas siglas o expresiones o se sigan comportando en el tráfico como continuadoras del Sindicato CNT alegando, como elemento diferenciador, formar parte de una organización sin personalidad jurídica propia (la AIT) que en nada impide apreciar la anterior confusión. Tal comportamiento ha resultado acreditado por parte de las demandadas al disponer de cuentas en redes sociales y páginas web con tales denominaciones y donde indican los pasos a seguir para afiliarse, al continuar utilizando los locales propiedad de la demandante CNT o cedidos a la misma y al desempeñar actividades sindicales de forma manifiestamente coincidente con la ahora demandante. Esto último resulta determinante en relación al Sindicato de Marina Alta que, aunque no utiliza en su denominación las citadas expresiones y siglas, sí se comporta en el tráfico jurídico de manera que induce a confusión respecto de la CNT. Si la ahora demandante tiene registrados en sus Estatutos la expresión Confederación Nacional de Trabajo y las siglas CNT y las demandas fueron expulsadas o abandonaron tal organización (lo que no se discute) no cabe que estas últimas continúen presentándose como integrantes de la CNT. Al hacerlo de forma continuada vulneran el derecho a la libertad sindical del Sindicato demandante.".

2ª.- En el plano procesal y en orden a la distribución de la carga de la prueba cuando se invoca la lesión de un derecho fundamental recuerda la ya citada STS de 13-12-2.022 -rec 41/2021 - lo siguiente:

";Dado que nos encontramos ante un proceso de tutela de la libertad sindical y de otros derechos fundamentales, rige el artículo 181 LRJS que en su apartado 2 dispone que, en el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Del precepto, a la vista de la expresión de la norma procesal, se deduce que es al demandante a quien le incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental. En efecto, es al demandante a quien le incumbe la carga de probar la concurrencia de indicios que acrediten la violación del derecho, porque quien alega cualquier atentado a un derecho fundamental le basta con acreditar indicios racionales de una actitud antisindical de la empresa o de que en ella exista cierto ambiente hostil al ejercicio de actividades sindicales, para que sea la entidad empresarial la que corra con la necesidad de probar que su conducta está totalmente alejada de los referidos móviles antisindicales y que obedece a planteamientos fundados en derecho. De suyo, la necesidad de acreditar la existencia de indicios no supone la exigencia de prueba plena; sin embargo, tampoco equivale a un relevo de la prueba como se ha encargado de recordar el Tribunal Constitucional al señalar que «para imponer al empresario la carga probatoria descrita, es razonable la posición del Tribunal Supremo que rechaza que sea suficiente para ello la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión» ( SSTC 21/1992, de 14 de febrero y 1890/1994, de 20 de junio ) y es que «el demandante el principal gestor de su propio derecho, de ahí que siempre le sea exigible la diligencia suficiente, también en el terreno probatorio, incluso cuando alega la existencia de una discriminación. Esa actividad probatoria ha de recaer, sobre la existencia real y efectiva de una diferenciación de trato, y por lo menos, sobre la existencia de indicios racionales de los que pueda deducirse que esa desigualdad está vinculada a algún factor prohibido de diferenciación» ( SSTC 38/1986, de 21 de marzo y 34/1984, de 9 de marzo ).

Como hemos reiterado en otras ocasiones ( STS de 8 de mayo de 2019, Rec. 42/2018 ), los indicios deben ser entendidos como fenómenos que permiten inferir la existencia de otros no percibidos exigen que se genere una razonable sospecha o presunción en favor del alegato de discriminación o lesión del derecho fundamental, lo que determina que es el afectado por la posible vulneración del derecho fundamental el que debe aportar un principio de prueba que razonablemente permita considerar que la demandada ha actuado guiada por intereses ilícitos contra derechos fundamentales racionalmente reconocidos. En el correcto entendimiento del artículo 181.2 LRJS los indicios son señales o acciones que manifiestan o evidencian -de forma inequívoca-algo oculto, lo que resulta muy diferente de sospechar que es imaginar algo por conjeturas fundadas en las apariencias (en este sentido: STS de 9 de febrero de 1996, rcud. 2429/1994 , sobre el extinto artículo 179.2 LPL ).

Se debe distinguir, por tanto, entre la aportación de elementos probatorios suficientes para ser tenidos como prueba del indicio exigido para cuestionar la legitimidad constitucional del móvil de la actuación empresarial, y las que simplemente suponen meras sospechas y conjeturas sin base suficiente para dar lugar a tan importante efecto jurídico como es el de invertir la carga de la prueba. En definitiva, la no aportación de indicios, la no aportación de elementos que lleven al juzgador a percibir la apariencia de la presunta violación determinará la inaplicación de la consecuencia prevista en el artículo 181.2, es decir, la no exigencia al demandado de la aportación de la justificación de la objetiva razonabilidad y proporcionalidad de la medida combatida. Así lo venimos determinando desde antiguo, señalando que ante la inexistencia de indicios o de simple apariencia «de que se haya producido una violación de la libertad sindical de los actores y, por tanto, no es aplicable la especial regla de la carga de la prueba que establece, en tales casos, el artículo 178.2 LPL (hoy 181.2 LRJS ), de que, constatada la concurrencia de tales indicios, se desplaza hacía el demandado la carga de acreditar que la medida adoptada es objetiva, razonable y proporcionada. Al no producirse el presupuesto inicial exigido en el art. 178.2 (hoy 181.2 LRJS ) citado son aplicables las reglas del art. 1214 CC que impone a los demandantes la aportación de la prueba de que han sido discriminados por razones sindicales» ( STS de 27 de septiembre de 1993, rec. 3034/1992 )".

Partiendo de lo anterior, y a juicio de la Sala, es claro que la demanda debe desestimarse por cuanto que por la Confederación actora no se acreditan indicios suficientes relativos a un uso indebido de las siglas de CGT por parte del sindicato demandado.

En efecto, frente a la vinculación con CGT del Sindicato del Sector Ferroviario de la CGT acreditada por dicho sindicato de la que se dan cuenta en los HHPP 1º a 5º de esta resolución, por CGT nada se acredita que implique la desvinculación definitiva del sindicato, habiéndose referencia a una supuesta decisión del Secretariado Permanente sin que conste acta de la misma, y ni siquiera que dicho órgano, que a la vista del art. 47 de los Estatutos Confederales no tiene más funciones que las de gestión ordinaria del sindicato, tenga atribuida competencia alguna que le faculte para adoptar una decisión de tal relevancia.

Por otro lado, no consta que dicha decisión de desvinculación haya sido presentada por CGT en la oficina pública competente para su depósito y publicación con arreglo al art. 8.2 del RD 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresarial.

Por todo ello dictaremos sentencia desestimatoria de la demanda.

QUINTO.-Aún cuando el demandado hace referencia a que se aprecie temeridad y mala fe por parte de la actora tanto en contestación a la demanda, como en conclusiones y en el escrito de oposición a la ejecución, la Sala considera que no habiéndose solicitado expresamente sanción alguna por tal motivo como preceptúa el art. 97.3 de la LRJS y no habiendo sometido la Sala a la consideración de las partes la imposición de la misma no procede efectuar pronunciamiento al respecto.

SEXTO.-Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ordinario con arreglo a los arts. 205 y 206 de la LRJS.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.-De conformidad con el art. 97.2 de la LRJS los hechos declarados probados se fundan bien en hecho conformes, bien en las fuentes de prueba que se citan en las mismas.

TERCERO.-Con carácter previo al examen de la cuestión que de fondo de se suscita hemos de justificar porqué a pesar de haberse interesado por CGT el desistimiento de la demanda procederemos a dictar la presente resolución, teniendo en cuenta que el referido desistimiento se produjo el día siguiente a la celebración de la vista, esto es, después de contestada la demanda.

Al efecto hemos de señalar que el art. 20.2 de la LEC dispone lo siguiente:

"2. El demandante podrá desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio. También podrá desistir unilateralmente, en cualquier momento, cuando el demandado se encontrare en rebeldía.

3. Emplazado el demandado, del escrito de desistimiento se le dará traslado por plazo de diez días.

Si el demandado prestare su conformidad al desistimiento o no se opusiere a él dentro del plazo expresado en el párrafo anterior, por el Letrado de la Administración de Justicia se dictará decreto acordando el sobreseimiento y el actor podrá promover nuevo juicio sobre el mismo objeto.

Si el demandado se opusiera al desistimiento, el Juez resolverá lo que estime oportuno".

Resulta evidente que la necesaria aquiescencia del demandado cuando el desistimiento se produce en casos como el presente en que el referido demandado ha comparecido a juicio, en el propio interés de este en que la cuestión quede resuelta por sentencia, zanjándose definitivamente la situación de conflicto existente entre las partes, así como enervar cualquier posibilidad de abuso de derecho o fraude procesal por parte del actor que pudiera entrañar tal desistimiento, como pudiera ser valerse del mismo para posteriormente ejercitar la misma acción, con nuevas alegaciones fácticas o jurídicas, valiéndose de nuevas pruebas, una vez conocida la contestación a la demanda y la prueba practicada por el demandado, eludiendo la preclusión de los trámites procesales e incurriendo en consecuencia en una situación proscrita por los arts. 6.4, 7.2 Cc, 11.2 de la LOPJ y 75 de la LRJS.

Y dicho esto, y habiendo manifestado el demandado su intención de que prosiga el procedimiento dictándose sentencia procede rechazar el desistimiento, de cara a resolver si el uso por parte del demandado de las siglas CGT entraña una vulneración del derecho de libertad sindical de CGT, rechazando en consecuencia el desistimiento del actor.

CUARTO.-Y entrando a resolver la cuestión de fondo que se plantea que no es otra que determinar si el Sindicato del Sector Ferroviario de la CGT vulnera los derechos de la CGT al usar las siglas y símbolos de dicho sindicato.

Para resolver la cuestión y a la vista de lo que ha resultado probado hemos de partir las consideraciones siguientes;

1º.- Esta Sala ha considerado recientemente en las SSAN de 1-10-2024- autos 310/2020- y de 16-12-2024- autos 235/2024- que el uso de las siglas de una confederación sindical por sindicatos que ya no están integrados en la misma supone una vulneración del derecho a la libertad sindical de la confederación.

En efecto, en la primera de tales resoluciones explicábamos lo siguiente:

"conviene recordar lo que ya señalamos en la SAN 31-3-21, proc. 294/2020 :

"Los sindicatos adquieren en el art. 7 CE el siguiente reconocimiento: Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Para defender los intereses que les son propios el art. 28 reconoce el derecho de libertad sindical indicando: La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato .

El derecho de libertad sindical se desarrolla en la LO 11/85 y conforme su art. 2 comprende:

a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos.

b) El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato.

c) El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato.

d) El derecho a la actividad sindical.

Se aprecia por tanto que este derecho tiene dos destinatarios diferenciados:

- el trabajador individual de quien se predica su libertad de afiliación y su participación democrática

- el ente sindical constituido por las personas que adoptan la decisión de fundarlo y al que se exige un comportamiento interno democrático.

Acerca de las organizaciones sindicales se aplica el art. 2.2 que indica:

2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a:

a) Redactar sus estatutos y reglamento, organizar su administración interna y sus actividades y formular su programa de acción.

b) Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas.

c) No ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes.

d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en las normas correspondientes

(...) De toda esta normativa se llega a la conclusión de que la CE garantiza la libertad de constitución de sindicatos, sólo sometidos como el resto de instituciones y personas al respeto al ordenamiento jurídico.

En el uso de esa libertad sindical cada ente sindical que se constituya dispone de amplias facultades para redactar sus estatutos, organizarse internamente y establecer un programa de acción empleando las medidas de acción sindical que considere adecuadas para lograr los fines que les son propios.

En una sociedad diversa como la reconocida por nuestra CE, el pluralismo sindical es una realidad incuestionable que debe ser respetada.

Ahora bien, no existen derechos absolutos y por tanto existiendo diversas opciones sindicales que conviven para alcanzar, cada uno desde sus posicionamientos organizativos e ideológicos, los fines que de ellos son esperables, pueden producirse colisiones entre los distintos entes sindicales.

Y así, controversias como la que ahora nos ocupa, pretendida identidad en la denominación de ambos entes sindicales, el art. 4.2.a) LOLS prevé expresamente que las normas estatutarias contendrán al menos la denominación de la organización que no podrá coincidir ni inducir a confusión con otra legalmente registrada

(...) La STS de 17-1-2006, rec 20/2004 , citada por la parte actora, analizó la colisión nominal que se producía entre el denominado Sindicato de Enfermería SATSE y el Sindicato de Auxiliares de Enfermería SAE.

Consta en los hechos probados de esta sentencia que el sindicato SAE viene utilizando la denominación registrada del Sindicato SATSE.

Por este motivo el TS concluye que el derecho a la preservación del propio nombre e identificación se revela como algo ínsito en la esencia de la libertad y de la actividad sindical, de tal forma que no puede sostenerse con verdadera consistencia jurídica que el derecho fundamental consagrado en el art. 28-1 de la C.E . no quede dañado por la utilización pública de una denominación ya adoptada y registrada por un Sindicato legalmente constituido

(...) En otra sentencia posterior de 25-10-2016 rec 129/15, citada por la demandada en estas actuaciones, el TS analizó la controversia entre el SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS MUNICIPALES DE ESPAÑA, en adelante SPPME y el SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA-CATALUNYA (SPPME-CAT), controversia que tuvo su origen según se indica en la sentencia en la desmembración del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), producida al escindirse del mismo el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Cataluña (SPPME- CAT)

En este caso el TS se refirió a otro precedente la STS de 16-12-2002 que declaró que el precepto estudiado tiene por fin evitar que la similitud de denominaciones induzca a error y que "de no ser fácilmente previsible este efecto, debe prevalecer la libertad de denominar al nuevo sindicato tal y como sus promotoras tengan por conveniente" .

Y articuló el siguiente argumento: ambas partes usan términos genéricos en su denominación (sindicato, profesional, policía, municipal) que son de uso común y no se los puede apropiar nadie, pero como a esa denominación genérica se le añade un nombre propio (España, Cataluña) que diferencia un sindicato del otro e indica su ámbito de actuación, cabe estimar que la posibilidad de confusión no existe porque el nombre propio que utilizan para denominar a cada sindicato los distingue. En este sentido, conviene tener presente que la jurisprudencia de la Sala 1ª de este Tribunal, al juzgar sobre el riesgo de confusión de marcas y otras denominaciones, viene señalando en sintonía con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la determinación concreta del riesgo de confusión debe hacerse haciendo una valoración global de todos los factores del supuesto concreto, teniendo en cuenta, como factor compensador, que la similitud entre marcas puede obedecer a la semejanza de los servicios designados, pero sin que esa visión conjunta permita descomponer la unidad del nombre cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales ( SSTS (I) de 9 de diciembre de 2010 (R. 218/2007 ), 28 de junio de 2013 (R. 1749/2011 ) y 29 de abril de 2016 (R. 68/2014 ) entre otras citadas en ellas)[...]".

Pues bien, esos mismos argumentos son los que nos permiten resolver la presente controversia. Así, a la vista de la extensa documental aportada, lo que resulta acreditado es que todas y cada una de las demandadas (con excepción de lo que luego se dirá respecto del Sindicato Libertario de Trabajadores de la Comarca de la Marina Alta) utilizan en su denominación y en su actividad diaria bien la expresión "Confederación Nacional del Trabajo", bien las siglas " CNT". Y, con independencia del registro de tales expresiones como marcas nacionales a nombre de la ahora demandante, lo cierto es que las mismas no pueden ser consideradas como expresiones de uso común. El riesgo de confusión, plasmado en distintos momentos, tal y como se recoge en los hechos probados décimo y decimoprimero, resulta evidente. Esto es, no cabe que entidades que fueron desfederadas o abandonaron voluntariamente la CNT pretendan continuar utilizando esas siglas o expresiones o se sigan comportando en el tráfico como continuadoras del Sindicato CNT alegando, como elemento diferenciador, formar parte de una organización sin personalidad jurídica propia (la AIT) que en nada impide apreciar la anterior confusión. Tal comportamiento ha resultado acreditado por parte de las demandadas al disponer de cuentas en redes sociales y páginas web con tales denominaciones y donde indican los pasos a seguir para afiliarse, al continuar utilizando los locales propiedad de la demandante CNT o cedidos a la misma y al desempeñar actividades sindicales de forma manifiestamente coincidente con la ahora demandante. Esto último resulta determinante en relación al Sindicato de Marina Alta que, aunque no utiliza en su denominación las citadas expresiones y siglas, sí se comporta en el tráfico jurídico de manera que induce a confusión respecto de la CNT. Si la ahora demandante tiene registrados en sus Estatutos la expresión Confederación Nacional de Trabajo y las siglas CNT y las demandas fueron expulsadas o abandonaron tal organización (lo que no se discute) no cabe que estas últimas continúen presentándose como integrantes de la CNT. Al hacerlo de forma continuada vulneran el derecho a la libertad sindical del Sindicato demandante.".

2ª.- En el plano procesal y en orden a la distribución de la carga de la prueba cuando se invoca la lesión de un derecho fundamental recuerda la ya citada STS de 13-12-2.022 -rec 41/2021 - lo siguiente:

";Dado que nos encontramos ante un proceso de tutela de la libertad sindical y de otros derechos fundamentales, rige el artículo 181 LRJS que en su apartado 2 dispone que, en el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Del precepto, a la vista de la expresión de la norma procesal, se deduce que es al demandante a quien le incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental. En efecto, es al demandante a quien le incumbe la carga de probar la concurrencia de indicios que acrediten la violación del derecho, porque quien alega cualquier atentado a un derecho fundamental le basta con acreditar indicios racionales de una actitud antisindical de la empresa o de que en ella exista cierto ambiente hostil al ejercicio de actividades sindicales, para que sea la entidad empresarial la que corra con la necesidad de probar que su conducta está totalmente alejada de los referidos móviles antisindicales y que obedece a planteamientos fundados en derecho. De suyo, la necesidad de acreditar la existencia de indicios no supone la exigencia de prueba plena; sin embargo, tampoco equivale a un relevo de la prueba como se ha encargado de recordar el Tribunal Constitucional al señalar que «para imponer al empresario la carga probatoria descrita, es razonable la posición del Tribunal Supremo que rechaza que sea suficiente para ello la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión» ( SSTC 21/1992, de 14 de febrero y 1890/1994, de 20 de junio ) y es que «el demandante el principal gestor de su propio derecho, de ahí que siempre le sea exigible la diligencia suficiente, también en el terreno probatorio, incluso cuando alega la existencia de una discriminación. Esa actividad probatoria ha de recaer, sobre la existencia real y efectiva de una diferenciación de trato, y por lo menos, sobre la existencia de indicios racionales de los que pueda deducirse que esa desigualdad está vinculada a algún factor prohibido de diferenciación» ( SSTC 38/1986, de 21 de marzo y 34/1984, de 9 de marzo ).

Como hemos reiterado en otras ocasiones ( STS de 8 de mayo de 2019, Rec. 42/2018 ), los indicios deben ser entendidos como fenómenos que permiten inferir la existencia de otros no percibidos exigen que se genere una razonable sospecha o presunción en favor del alegato de discriminación o lesión del derecho fundamental, lo que determina que es el afectado por la posible vulneración del derecho fundamental el que debe aportar un principio de prueba que razonablemente permita considerar que la demandada ha actuado guiada por intereses ilícitos contra derechos fundamentales racionalmente reconocidos. En el correcto entendimiento del artículo 181.2 LRJS los indicios son señales o acciones que manifiestan o evidencian -de forma inequívoca-algo oculto, lo que resulta muy diferente de sospechar que es imaginar algo por conjeturas fundadas en las apariencias (en este sentido: STS de 9 de febrero de 1996, rcud. 2429/1994 , sobre el extinto artículo 179.2 LPL ).

Se debe distinguir, por tanto, entre la aportación de elementos probatorios suficientes para ser tenidos como prueba del indicio exigido para cuestionar la legitimidad constitucional del móvil de la actuación empresarial, y las que simplemente suponen meras sospechas y conjeturas sin base suficiente para dar lugar a tan importante efecto jurídico como es el de invertir la carga de la prueba. En definitiva, la no aportación de indicios, la no aportación de elementos que lleven al juzgador a percibir la apariencia de la presunta violación determinará la inaplicación de la consecuencia prevista en el artículo 181.2, es decir, la no exigencia al demandado de la aportación de la justificación de la objetiva razonabilidad y proporcionalidad de la medida combatida. Así lo venimos determinando desde antiguo, señalando que ante la inexistencia de indicios o de simple apariencia «de que se haya producido una violación de la libertad sindical de los actores y, por tanto, no es aplicable la especial regla de la carga de la prueba que establece, en tales casos, el artículo 178.2 LPL (hoy 181.2 LRJS ), de que, constatada la concurrencia de tales indicios, se desplaza hacía el demandado la carga de acreditar que la medida adoptada es objetiva, razonable y proporcionada. Al no producirse el presupuesto inicial exigido en el art. 178.2 (hoy 181.2 LRJS ) citado son aplicables las reglas del art. 1214 CC que impone a los demandantes la aportación de la prueba de que han sido discriminados por razones sindicales» ( STS de 27 de septiembre de 1993, rec. 3034/1992 )".

Partiendo de lo anterior, y a juicio de la Sala, es claro que la demanda debe desestimarse por cuanto que por la Confederación actora no se acreditan indicios suficientes relativos a un uso indebido de las siglas de CGT por parte del sindicato demandado.

En efecto, frente a la vinculación con CGT del Sindicato del Sector Ferroviario de la CGT acreditada por dicho sindicato de la que se dan cuenta en los HHPP 1º a 5º de esta resolución, por CGT nada se acredita que implique la desvinculación definitiva del sindicato, habiéndose referencia a una supuesta decisión del Secretariado Permanente sin que conste acta de la misma, y ni siquiera que dicho órgano, que a la vista del art. 47 de los Estatutos Confederales no tiene más funciones que las de gestión ordinaria del sindicato, tenga atribuida competencia alguna que le faculte para adoptar una decisión de tal relevancia.

Por otro lado, no consta que dicha decisión de desvinculación haya sido presentada por CGT en la oficina pública competente para su depósito y publicación con arreglo al art. 8.2 del RD 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresarial.

Por todo ello dictaremos sentencia desestimatoria de la demanda.

QUINTO.-Aún cuando el demandado hace referencia a que se aprecie temeridad y mala fe por parte de la actora tanto en contestación a la demanda, como en conclusiones y en el escrito de oposición a la ejecución, la Sala considera que no habiéndose solicitado expresamente sanción alguna por tal motivo como preceptúa el art. 97.3 de la LRJS y no habiendo sometido la Sala a la consideración de las partes la imposición de la misma no procede efectuar pronunciamiento al respecto.

SEXTO.-Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ordinario con arreglo a los arts. 205 y 206 de la LRJS.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.-De conformidad con el art. 97.2 de la LRJS los hechos declarados probados se fundan bien en hecho conformes, bien en las fuentes de prueba que se citan en las mismas.

TERCERO.-Con carácter previo al examen de la cuestión que de fondo de se suscita hemos de justificar porqué a pesar de haberse interesado por CGT el desistimiento de la demanda procederemos a dictar la presente resolución, teniendo en cuenta que el referido desistimiento se produjo el día siguiente a la celebración de la vista, esto es, después de contestada la demanda.

Al efecto hemos de señalar que el art. 20.2 de la LEC dispone lo siguiente:

"2. El demandante podrá desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio. También podrá desistir unilateralmente, en cualquier momento, cuando el demandado se encontrare en rebeldía.

3. Emplazado el demandado, del escrito de desistimiento se le dará traslado por plazo de diez días.

Si el demandado prestare su conformidad al desistimiento o no se opusiere a él dentro del plazo expresado en el párrafo anterior, por el Letrado de la Administración de Justicia se dictará decreto acordando el sobreseimiento y el actor podrá promover nuevo juicio sobre el mismo objeto.

Si el demandado se opusiera al desistimiento, el Juez resolverá lo que estime oportuno".

Resulta evidente que la necesaria aquiescencia del demandado cuando el desistimiento se produce en casos como el presente en que el referido demandado ha comparecido a juicio, en el propio interés de este en que la cuestión quede resuelta por sentencia, zanjándose definitivamente la situación de conflicto existente entre las partes, así como enervar cualquier posibilidad de abuso de derecho o fraude procesal por parte del actor que pudiera entrañar tal desistimiento, como pudiera ser valerse del mismo para posteriormente ejercitar la misma acción, con nuevas alegaciones fácticas o jurídicas, valiéndose de nuevas pruebas, una vez conocida la contestación a la demanda y la prueba practicada por el demandado, eludiendo la preclusión de los trámites procesales e incurriendo en consecuencia en una situación proscrita por los arts. 6.4, 7.2 Cc, 11.2 de la LOPJ y 75 de la LRJS.

Y dicho esto, y habiendo manifestado el demandado su intención de que prosiga el procedimiento dictándose sentencia procede rechazar el desistimiento, de cara a resolver si el uso por parte del demandado de las siglas CGT entraña una vulneración del derecho de libertad sindical de CGT, rechazando en consecuencia el desistimiento del actor.

CUARTO.-Y entrando a resolver la cuestión de fondo que se plantea que no es otra que determinar si el Sindicato del Sector Ferroviario de la CGT vulnera los derechos de la CGT al usar las siglas y símbolos de dicho sindicato.

Para resolver la cuestión y a la vista de lo que ha resultado probado hemos de partir las consideraciones siguientes;

1º.- Esta Sala ha considerado recientemente en las SSAN de 1-10-2024- autos 310/2020- y de 16-12-2024- autos 235/2024- que el uso de las siglas de una confederación sindical por sindicatos que ya no están integrados en la misma supone una vulneración del derecho a la libertad sindical de la confederación.

En efecto, en la primera de tales resoluciones explicábamos lo siguiente:

"conviene recordar lo que ya señalamos en la SAN 31-3-21, proc. 294/2020 :

"Los sindicatos adquieren en el art. 7 CE el siguiente reconocimiento: Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Para defender los intereses que les son propios el art. 28 reconoce el derecho de libertad sindical indicando: La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato .

El derecho de libertad sindical se desarrolla en la LO 11/85 y conforme su art. 2 comprende:

a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos.

b) El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato.

c) El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato.

d) El derecho a la actividad sindical.

Se aprecia por tanto que este derecho tiene dos destinatarios diferenciados:

- el trabajador individual de quien se predica su libertad de afiliación y su participación democrática

- el ente sindical constituido por las personas que adoptan la decisión de fundarlo y al que se exige un comportamiento interno democrático.

Acerca de las organizaciones sindicales se aplica el art. 2.2 que indica:

2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a:

a) Redactar sus estatutos y reglamento, organizar su administración interna y sus actividades y formular su programa de acción.

b) Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas.

c) No ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes.

d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en las normas correspondientes

(...) De toda esta normativa se llega a la conclusión de que la CE garantiza la libertad de constitución de sindicatos, sólo sometidos como el resto de instituciones y personas al respeto al ordenamiento jurídico.

En el uso de esa libertad sindical cada ente sindical que se constituya dispone de amplias facultades para redactar sus estatutos, organizarse internamente y establecer un programa de acción empleando las medidas de acción sindical que considere adecuadas para lograr los fines que les son propios.

En una sociedad diversa como la reconocida por nuestra CE, el pluralismo sindical es una realidad incuestionable que debe ser respetada.

Ahora bien, no existen derechos absolutos y por tanto existiendo diversas opciones sindicales que conviven para alcanzar, cada uno desde sus posicionamientos organizativos e ideológicos, los fines que de ellos son esperables, pueden producirse colisiones entre los distintos entes sindicales.

Y así, controversias como la que ahora nos ocupa, pretendida identidad en la denominación de ambos entes sindicales, el art. 4.2.a) LOLS prevé expresamente que las normas estatutarias contendrán al menos la denominación de la organización que no podrá coincidir ni inducir a confusión con otra legalmente registrada

(...) La STS de 17-1-2006, rec 20/2004 , citada por la parte actora, analizó la colisión nominal que se producía entre el denominado Sindicato de Enfermería SATSE y el Sindicato de Auxiliares de Enfermería SAE.

Consta en los hechos probados de esta sentencia que el sindicato SAE viene utilizando la denominación registrada del Sindicato SATSE.

Por este motivo el TS concluye que el derecho a la preservación del propio nombre e identificación se revela como algo ínsito en la esencia de la libertad y de la actividad sindical, de tal forma que no puede sostenerse con verdadera consistencia jurídica que el derecho fundamental consagrado en el art. 28-1 de la C.E . no quede dañado por la utilización pública de una denominación ya adoptada y registrada por un Sindicato legalmente constituido

(...) En otra sentencia posterior de 25-10-2016 rec 129/15, citada por la demandada en estas actuaciones, el TS analizó la controversia entre el SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS MUNICIPALES DE ESPAÑA, en adelante SPPME y el SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA-CATALUNYA (SPPME-CAT), controversia que tuvo su origen según se indica en la sentencia en la desmembración del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), producida al escindirse del mismo el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Cataluña (SPPME- CAT)

En este caso el TS se refirió a otro precedente la STS de 16-12-2002 que declaró que el precepto estudiado tiene por fin evitar que la similitud de denominaciones induzca a error y que "de no ser fácilmente previsible este efecto, debe prevalecer la libertad de denominar al nuevo sindicato tal y como sus promotoras tengan por conveniente" .

Y articuló el siguiente argumento: ambas partes usan términos genéricos en su denominación (sindicato, profesional, policía, municipal) que son de uso común y no se los puede apropiar nadie, pero como a esa denominación genérica se le añade un nombre propio (España, Cataluña) que diferencia un sindicato del otro e indica su ámbito de actuación, cabe estimar que la posibilidad de confusión no existe porque el nombre propio que utilizan para denominar a cada sindicato los distingue. En este sentido, conviene tener presente que la jurisprudencia de la Sala 1ª de este Tribunal, al juzgar sobre el riesgo de confusión de marcas y otras denominaciones, viene señalando en sintonía con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la determinación concreta del riesgo de confusión debe hacerse haciendo una valoración global de todos los factores del supuesto concreto, teniendo en cuenta, como factor compensador, que la similitud entre marcas puede obedecer a la semejanza de los servicios designados, pero sin que esa visión conjunta permita descomponer la unidad del nombre cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales ( SSTS (I) de 9 de diciembre de 2010 (R. 218/2007 ), 28 de junio de 2013 (R. 1749/2011 ) y 29 de abril de 2016 (R. 68/2014 ) entre otras citadas en ellas)[...]".

Pues bien, esos mismos argumentos son los que nos permiten resolver la presente controversia. Así, a la vista de la extensa documental aportada, lo que resulta acreditado es que todas y cada una de las demandadas (con excepción de lo que luego se dirá respecto del Sindicato Libertario de Trabajadores de la Comarca de la Marina Alta) utilizan en su denominación y en su actividad diaria bien la expresión "Confederación Nacional del Trabajo", bien las siglas " CNT". Y, con independencia del registro de tales expresiones como marcas nacionales a nombre de la ahora demandante, lo cierto es que las mismas no pueden ser consideradas como expresiones de uso común. El riesgo de confusión, plasmado en distintos momentos, tal y como se recoge en los hechos probados décimo y decimoprimero, resulta evidente. Esto es, no cabe que entidades que fueron desfederadas o abandonaron voluntariamente la CNT pretendan continuar utilizando esas siglas o expresiones o se sigan comportando en el tráfico como continuadoras del Sindicato CNT alegando, como elemento diferenciador, formar parte de una organización sin personalidad jurídica propia (la AIT) que en nada impide apreciar la anterior confusión. Tal comportamiento ha resultado acreditado por parte de las demandadas al disponer de cuentas en redes sociales y páginas web con tales denominaciones y donde indican los pasos a seguir para afiliarse, al continuar utilizando los locales propiedad de la demandante CNT o cedidos a la misma y al desempeñar actividades sindicales de forma manifiestamente coincidente con la ahora demandante. Esto último resulta determinante en relación al Sindicato de Marina Alta que, aunque no utiliza en su denominación las citadas expresiones y siglas, sí se comporta en el tráfico jurídico de manera que induce a confusión respecto de la CNT. Si la ahora demandante tiene registrados en sus Estatutos la expresión Confederación Nacional de Trabajo y las siglas CNT y las demandas fueron expulsadas o abandonaron tal organización (lo que no se discute) no cabe que estas últimas continúen presentándose como integrantes de la CNT. Al hacerlo de forma continuada vulneran el derecho a la libertad sindical del Sindicato demandante.".

2ª.- En el plano procesal y en orden a la distribución de la carga de la prueba cuando se invoca la lesión de un derecho fundamental recuerda la ya citada STS de 13-12-2.022 -rec 41/2021 - lo siguiente:

";Dado que nos encontramos ante un proceso de tutela de la libertad sindical y de otros derechos fundamentales, rige el artículo 181 LRJS que en su apartado 2 dispone que, en el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Del precepto, a la vista de la expresión de la norma procesal, se deduce que es al demandante a quien le incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental. En efecto, es al demandante a quien le incumbe la carga de probar la concurrencia de indicios que acrediten la violación del derecho, porque quien alega cualquier atentado a un derecho fundamental le basta con acreditar indicios racionales de una actitud antisindical de la empresa o de que en ella exista cierto ambiente hostil al ejercicio de actividades sindicales, para que sea la entidad empresarial la que corra con la necesidad de probar que su conducta está totalmente alejada de los referidos móviles antisindicales y que obedece a planteamientos fundados en derecho. De suyo, la necesidad de acreditar la existencia de indicios no supone la exigencia de prueba plena; sin embargo, tampoco equivale a un relevo de la prueba como se ha encargado de recordar el Tribunal Constitucional al señalar que «para imponer al empresario la carga probatoria descrita, es razonable la posición del Tribunal Supremo que rechaza que sea suficiente para ello la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión» ( SSTC 21/1992, de 14 de febrero y 1890/1994, de 20 de junio ) y es que «el demandante el principal gestor de su propio derecho, de ahí que siempre le sea exigible la diligencia suficiente, también en el terreno probatorio, incluso cuando alega la existencia de una discriminación. Esa actividad probatoria ha de recaer, sobre la existencia real y efectiva de una diferenciación de trato, y por lo menos, sobre la existencia de indicios racionales de los que pueda deducirse que esa desigualdad está vinculada a algún factor prohibido de diferenciación» ( SSTC 38/1986, de 21 de marzo y 34/1984, de 9 de marzo ).

Como hemos reiterado en otras ocasiones ( STS de 8 de mayo de 2019, Rec. 42/2018 ), los indicios deben ser entendidos como fenómenos que permiten inferir la existencia de otros no percibidos exigen que se genere una razonable sospecha o presunción en favor del alegato de discriminación o lesión del derecho fundamental, lo que determina que es el afectado por la posible vulneración del derecho fundamental el que debe aportar un principio de prueba que razonablemente permita considerar que la demandada ha actuado guiada por intereses ilícitos contra derechos fundamentales racionalmente reconocidos. En el correcto entendimiento del artículo 181.2 LRJS los indicios son señales o acciones que manifiestan o evidencian -de forma inequívoca-algo oculto, lo que resulta muy diferente de sospechar que es imaginar algo por conjeturas fundadas en las apariencias (en este sentido: STS de 9 de febrero de 1996, rcud. 2429/1994 , sobre el extinto artículo 179.2 LPL ).

Se debe distinguir, por tanto, entre la aportación de elementos probatorios suficientes para ser tenidos como prueba del indicio exigido para cuestionar la legitimidad constitucional del móvil de la actuación empresarial, y las que simplemente suponen meras sospechas y conjeturas sin base suficiente para dar lugar a tan importante efecto jurídico como es el de invertir la carga de la prueba. En definitiva, la no aportación de indicios, la no aportación de elementos que lleven al juzgador a percibir la apariencia de la presunta violación determinará la inaplicación de la consecuencia prevista en el artículo 181.2, es decir, la no exigencia al demandado de la aportación de la justificación de la objetiva razonabilidad y proporcionalidad de la medida combatida. Así lo venimos determinando desde antiguo, señalando que ante la inexistencia de indicios o de simple apariencia «de que se haya producido una violación de la libertad sindical de los actores y, por tanto, no es aplicable la especial regla de la carga de la prueba que establece, en tales casos, el artículo 178.2 LPL (hoy 181.2 LRJS ), de que, constatada la concurrencia de tales indicios, se desplaza hacía el demandado la carga de acreditar que la medida adoptada es objetiva, razonable y proporcionada. Al no producirse el presupuesto inicial exigido en el art. 178.2 (hoy 181.2 LRJS ) citado son aplicables las reglas del art. 1214 CC que impone a los demandantes la aportación de la prueba de que han sido discriminados por razones sindicales» ( STS de 27 de septiembre de 1993, rec. 3034/1992 )".

Partiendo de lo anterior, y a juicio de la Sala, es claro que la demanda debe desestimarse por cuanto que por la Confederación actora no se acreditan indicios suficientes relativos a un uso indebido de las siglas de CGT por parte del sindicato demandado.

En efecto, frente a la vinculación con CGT del Sindicato del Sector Ferroviario de la CGT acreditada por dicho sindicato de la que se dan cuenta en los HHPP 1º a 5º de esta resolución, por CGT nada se acredita que implique la desvinculación definitiva del sindicato, habiéndose referencia a una supuesta decisión del Secretariado Permanente sin que conste acta de la misma, y ni siquiera que dicho órgano, que a la vista del art. 47 de los Estatutos Confederales no tiene más funciones que las de gestión ordinaria del sindicato, tenga atribuida competencia alguna que le faculte para adoptar una decisión de tal relevancia.

Por otro lado, no consta que dicha decisión de desvinculación haya sido presentada por CGT en la oficina pública competente para su depósito y publicación con arreglo al art. 8.2 del RD 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresarial.

Por todo ello dictaremos sentencia desestimatoria de la demanda.

QUINTO.-Aún cuando el demandado hace referencia a que se aprecie temeridad y mala fe por parte de la actora tanto en contestación a la demanda, como en conclusiones y en el escrito de oposición a la ejecución, la Sala considera que no habiéndose solicitado expresamente sanción alguna por tal motivo como preceptúa el art. 97.3 de la LRJS y no habiendo sometido la Sala a la consideración de las partes la imposición de la misma no procede efectuar pronunciamiento al respecto.

SEXTO.-Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ordinario con arreglo a los arts. 205 y 206 de la LRJS.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial ,en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .

SEGUNDO.-De conformidad con el art. 97.2 de la LRJS los hechos declarados probados se fundan bien en hecho conformes, bien en las fuentes de prueba que se citan en las mismas.

TERCERO.-Con carácter previo al examen de la cuestión que de fondo de se suscita hemos de justificar porqué a pesar de haberse interesado por CGT el desistimiento de la demanda procederemos a dictar la presente resolución, teniendo en cuenta que el referido desistimiento se produjo el día siguiente a la celebración de la vista, esto es, después de contestada la demanda.

Al efecto hemos de señalar que el art. 20.2 de la LEC dispone lo siguiente:

"2. El demandante podrá desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio. También podrá desistir unilateralmente, en cualquier momento, cuando el demandado se encontrare en rebeldía.

3. Emplazado el demandado, del escrito de desistimiento se le dará traslado por plazo de diez días.

Si el demandado prestare su conformidad al desistimiento o no se opusiere a él dentro del plazo expresado en el párrafo anterior, por el Letrado de la Administración de Justicia se dictará decreto acordando el sobreseimiento y el actor podrá promover nuevo juicio sobre el mismo objeto.

Si el demandado se opusiera al desistimiento, el Juez resolverá lo que estime oportuno".

Resulta evidente que la necesaria aquiescencia del demandado cuando el desistimiento se produce en casos como el presente en que el referido demandado ha comparecido a juicio, en el propio interés de este en que la cuestión quede resuelta por sentencia, zanjándose definitivamente la situación de conflicto existente entre las partes, así como enervar cualquier posibilidad de abuso de derecho o fraude procesal por parte del actor que pudiera entrañar tal desistimiento, como pudiera ser valerse del mismo para posteriormente ejercitar la misma acción, con nuevas alegaciones fácticas o jurídicas, valiéndose de nuevas pruebas, una vez conocida la contestación a la demanda y la prueba practicada por el demandado, eludiendo la preclusión de los trámites procesales e incurriendo en consecuencia en una situación proscrita por los arts. 6.4, 7.2 Cc, 11.2 de la LOPJ y 75 de la LRJS.

Y dicho esto, y habiendo manifestado el demandado su intención de que prosiga el procedimiento dictándose sentencia procede rechazar el desistimiento, de cara a resolver si el uso por parte del demandado de las siglas CGT entraña una vulneración del derecho de libertad sindical de CGT, rechazando en consecuencia el desistimiento del actor.

CUARTO.-Y entrando a resolver la cuestión de fondo que se plantea que no es otra que determinar si el Sindicato del Sector Ferroviario de la CGT vulnera los derechos de la CGT al usar las siglas y símbolos de dicho sindicato.

Para resolver la cuestión y a la vista de lo que ha resultado probado hemos de partir las consideraciones siguientes;

1º.- Esta Sala ha considerado recientemente en las SSAN de 1-10-2024- autos 310/2020- y de 16-12-2024- autos 235/2024- que el uso de las siglas de una confederación sindical por sindicatos que ya no están integrados en la misma supone una vulneración del derecho a la libertad sindical de la confederación.

En efecto, en la primera de tales resoluciones explicábamos lo siguiente:

"conviene recordar lo que ya señalamos en la SAN 31-3-21, proc. 294/2020 :

"Los sindicatos adquieren en el art. 7 CE el siguiente reconocimiento: Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Para defender los intereses que les son propios el art. 28 reconoce el derecho de libertad sindical indicando: La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato .

El derecho de libertad sindical se desarrolla en la LO 11/85 y conforme su art. 2 comprende:

a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos.

b) El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato.

c) El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato.

d) El derecho a la actividad sindical.

Se aprecia por tanto que este derecho tiene dos destinatarios diferenciados:

- el trabajador individual de quien se predica su libertad de afiliación y su participación democrática

- el ente sindical constituido por las personas que adoptan la decisión de fundarlo y al que se exige un comportamiento interno democrático.

Acerca de las organizaciones sindicales se aplica el art. 2.2 que indica:

2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a:

a) Redactar sus estatutos y reglamento, organizar su administración interna y sus actividades y formular su programa de acción.

b) Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas.

c) No ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes.

d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en las normas correspondientes

(...) De toda esta normativa se llega a la conclusión de que la CE garantiza la libertad de constitución de sindicatos, sólo sometidos como el resto de instituciones y personas al respeto al ordenamiento jurídico.

En el uso de esa libertad sindical cada ente sindical que se constituya dispone de amplias facultades para redactar sus estatutos, organizarse internamente y establecer un programa de acción empleando las medidas de acción sindical que considere adecuadas para lograr los fines que les son propios.

En una sociedad diversa como la reconocida por nuestra CE, el pluralismo sindical es una realidad incuestionable que debe ser respetada.

Ahora bien, no existen derechos absolutos y por tanto existiendo diversas opciones sindicales que conviven para alcanzar, cada uno desde sus posicionamientos organizativos e ideológicos, los fines que de ellos son esperables, pueden producirse colisiones entre los distintos entes sindicales.

Y así, controversias como la que ahora nos ocupa, pretendida identidad en la denominación de ambos entes sindicales, el art. 4.2.a) LOLS prevé expresamente que las normas estatutarias contendrán al menos la denominación de la organización que no podrá coincidir ni inducir a confusión con otra legalmente registrada

(...) La STS de 17-1-2006, rec 20/2004 , citada por la parte actora, analizó la colisión nominal que se producía entre el denominado Sindicato de Enfermería SATSE y el Sindicato de Auxiliares de Enfermería SAE.

Consta en los hechos probados de esta sentencia que el sindicato SAE viene utilizando la denominación registrada del Sindicato SATSE.

Por este motivo el TS concluye que el derecho a la preservación del propio nombre e identificación se revela como algo ínsito en la esencia de la libertad y de la actividad sindical, de tal forma que no puede sostenerse con verdadera consistencia jurídica que el derecho fundamental consagrado en el art. 28-1 de la C.E . no quede dañado por la utilización pública de una denominación ya adoptada y registrada por un Sindicato legalmente constituido

(...) En otra sentencia posterior de 25-10-2016 rec 129/15, citada por la demandada en estas actuaciones, el TS analizó la controversia entre el SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS MUNICIPALES DE ESPAÑA, en adelante SPPME y el SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA-CATALUNYA (SPPME-CAT), controversia que tuvo su origen según se indica en la sentencia en la desmembración del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), producida al escindirse del mismo el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Cataluña (SPPME- CAT)

En este caso el TS se refirió a otro precedente la STS de 16-12-2002 que declaró que el precepto estudiado tiene por fin evitar que la similitud de denominaciones induzca a error y que "de no ser fácilmente previsible este efecto, debe prevalecer la libertad de denominar al nuevo sindicato tal y como sus promotoras tengan por conveniente" .

Y articuló el siguiente argumento: ambas partes usan términos genéricos en su denominación (sindicato, profesional, policía, municipal) que son de uso común y no se los puede apropiar nadie, pero como a esa denominación genérica se le añade un nombre propio (España, Cataluña) que diferencia un sindicato del otro e indica su ámbito de actuación, cabe estimar que la posibilidad de confusión no existe porque el nombre propio que utilizan para denominar a cada sindicato los distingue. En este sentido, conviene tener presente que la jurisprudencia de la Sala 1ª de este Tribunal, al juzgar sobre el riesgo de confusión de marcas y otras denominaciones, viene señalando en sintonía con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la determinación concreta del riesgo de confusión debe hacerse haciendo una valoración global de todos los factores del supuesto concreto, teniendo en cuenta, como factor compensador, que la similitud entre marcas puede obedecer a la semejanza de los servicios designados, pero sin que esa visión conjunta permita descomponer la unidad del nombre cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales ( SSTS (I) de 9 de diciembre de 2010 (R. 218/2007 ), 28 de junio de 2013 (R. 1749/2011 ) y 29 de abril de 2016 (R. 68/2014 ) entre otras citadas en ellas)[...]".

Pues bien, esos mismos argumentos son los que nos permiten resolver la presente controversia. Así, a la vista de la extensa documental aportada, lo que resulta acreditado es que todas y cada una de las demandadas (con excepción de lo que luego se dirá respecto del Sindicato Libertario de Trabajadores de la Comarca de la Marina Alta) utilizan en su denominación y en su actividad diaria bien la expresión "Confederación Nacional del Trabajo", bien las siglas " CNT". Y, con independencia del registro de tales expresiones como marcas nacionales a nombre de la ahora demandante, lo cierto es que las mismas no pueden ser consideradas como expresiones de uso común. El riesgo de confusión, plasmado en distintos momentos, tal y como se recoge en los hechos probados décimo y decimoprimero, resulta evidente. Esto es, no cabe que entidades que fueron desfederadas o abandonaron voluntariamente la CNT pretendan continuar utilizando esas siglas o expresiones o se sigan comportando en el tráfico como continuadoras del Sindicato CNT alegando, como elemento diferenciador, formar parte de una organización sin personalidad jurídica propia (la AIT) que en nada impide apreciar la anterior confusión. Tal comportamiento ha resultado acreditado por parte de las demandadas al disponer de cuentas en redes sociales y páginas web con tales denominaciones y donde indican los pasos a seguir para afiliarse, al continuar utilizando los locales propiedad de la demandante CNT o cedidos a la misma y al desempeñar actividades sindicales de forma manifiestamente coincidente con la ahora demandante. Esto último resulta determinante en relación al Sindicato de Marina Alta que, aunque no utiliza en su denominación las citadas expresiones y siglas, sí se comporta en el tráfico jurídico de manera que induce a confusión respecto de la CNT. Si la ahora demandante tiene registrados en sus Estatutos la expresión Confederación Nacional de Trabajo y las siglas CNT y las demandas fueron expulsadas o abandonaron tal organización (lo que no se discute) no cabe que estas últimas continúen presentándose como integrantes de la CNT. Al hacerlo de forma continuada vulneran el derecho a la libertad sindical del Sindicato demandante.".

2ª.- En el plano procesal y en orden a la distribución de la carga de la prueba cuando se invoca la lesión de un derecho fundamental recuerda la ya citada STS de 13-12-2.022 -rec 41/2021 - lo siguiente:

";Dado que nos encontramos ante un proceso de tutela de la libertad sindical y de otros derechos fundamentales, rige el artículo 181 LRJS que en su apartado 2 dispone que, en el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Del precepto, a la vista de la expresión de la norma procesal, se deduce que es al demandante a quien le incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental. En efecto, es al demandante a quien le incumbe la carga de probar la concurrencia de indicios que acrediten la violación del derecho, porque quien alega cualquier atentado a un derecho fundamental le basta con acreditar indicios racionales de una actitud antisindical de la empresa o de que en ella exista cierto ambiente hostil al ejercicio de actividades sindicales, para que sea la entidad empresarial la que corra con la necesidad de probar que su conducta está totalmente alejada de los referidos móviles antisindicales y que obedece a planteamientos fundados en derecho. De suyo, la necesidad de acreditar la existencia de indicios no supone la exigencia de prueba plena; sin embargo, tampoco equivale a un relevo de la prueba como se ha encargado de recordar el Tribunal Constitucional al señalar que «para imponer al empresario la carga probatoria descrita, es razonable la posición del Tribunal Supremo que rechaza que sea suficiente para ello la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión» ( SSTC 21/1992, de 14 de febrero y 1890/1994, de 20 de junio ) y es que «el demandante el principal gestor de su propio derecho, de ahí que siempre le sea exigible la diligencia suficiente, también en el terreno probatorio, incluso cuando alega la existencia de una discriminación. Esa actividad probatoria ha de recaer, sobre la existencia real y efectiva de una diferenciación de trato, y por lo menos, sobre la existencia de indicios racionales de los que pueda deducirse que esa desigualdad está vinculada a algún factor prohibido de diferenciación» ( SSTC 38/1986, de 21 de marzo y 34/1984, de 9 de marzo ).

Como hemos reiterado en otras ocasiones ( STS de 8 de mayo de 2019, Rec. 42/2018 ), los indicios deben ser entendidos como fenómenos que permiten inferir la existencia de otros no percibidos exigen que se genere una razonable sospecha o presunción en favor del alegato de discriminación o lesión del derecho fundamental, lo que determina que es el afectado por la posible vulneración del derecho fundamental el que debe aportar un principio de prueba que razonablemente permita considerar que la demandada ha actuado guiada por intereses ilícitos contra derechos fundamentales racionalmente reconocidos. En el correcto entendimiento del artículo 181.2 LRJS los indicios son señales o acciones que manifiestan o evidencian -de forma inequívoca-algo oculto, lo que resulta muy diferente de sospechar que es imaginar algo por conjeturas fundadas en las apariencias (en este sentido: STS de 9 de febrero de 1996, rcud. 2429/1994 , sobre el extinto artículo 179.2 LPL ).

Se debe distinguir, por tanto, entre la aportación de elementos probatorios suficientes para ser tenidos como prueba del indicio exigido para cuestionar la legitimidad constitucional del móvil de la actuación empresarial, y las que simplemente suponen meras sospechas y conjeturas sin base suficiente para dar lugar a tan importante efecto jurídico como es el de invertir la carga de la prueba. En definitiva, la no aportación de indicios, la no aportación de elementos que lleven al juzgador a percibir la apariencia de la presunta violación determinará la inaplicación de la consecuencia prevista en el artículo 181.2, es decir, la no exigencia al demandado de la aportación de la justificación de la objetiva razonabilidad y proporcionalidad de la medida combatida. Así lo venimos determinando desde antiguo, señalando que ante la inexistencia de indicios o de simple apariencia «de que se haya producido una violación de la libertad sindical de los actores y, por tanto, no es aplicable la especial regla de la carga de la prueba que establece, en tales casos, el artículo 178.2 LPL (hoy 181.2 LRJS ), de que, constatada la concurrencia de tales indicios, se desplaza hacía el demandado la carga de acreditar que la medida adoptada es objetiva, razonable y proporcionada. Al no producirse el presupuesto inicial exigido en el art. 178.2 (hoy 181.2 LRJS ) citado son aplicables las reglas del art. 1214 CC que impone a los demandantes la aportación de la prueba de que han sido discriminados por razones sindicales» ( STS de 27 de septiembre de 1993, rec. 3034/1992 )".

Partiendo de lo anterior, y a juicio de la Sala, es claro que la demanda debe desestimarse por cuanto que por la Confederación actora no se acreditan indicios suficientes relativos a un uso indebido de las siglas de CGT por parte del sindicato demandado.

En efecto, frente a la vinculación con CGT del Sindicato del Sector Ferroviario de la CGT acreditada por dicho sindicato de la que se dan cuenta en los HHPP 1º a 5º de esta resolución, por CGT nada se acredita que implique la desvinculación definitiva del sindicato, habiéndose referencia a una supuesta decisión del Secretariado Permanente sin que conste acta de la misma, y ni siquiera que dicho órgano, que a la vista del art. 47 de los Estatutos Confederales no tiene más funciones que las de gestión ordinaria del sindicato, tenga atribuida competencia alguna que le faculte para adoptar una decisión de tal relevancia.

Por otro lado, no consta que dicha decisión de desvinculación haya sido presentada por CGT en la oficina pública competente para su depósito y publicación con arreglo al art. 8.2 del RD 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresarial.

Por todo ello dictaremos sentencia desestimatoria de la demanda.

QUINTO.-Aún cuando el demandado hace referencia a que se aprecie temeridad y mala fe por parte de la actora tanto en contestación a la demanda, como en conclusiones y en el escrito de oposición a la ejecución, la Sala considera que no habiéndose solicitado expresamente sanción alguna por tal motivo como preceptúa el art. 97.3 de la LRJS y no habiendo sometido la Sala a la consideración de las partes la imposición de la misma no procede efectuar pronunciamiento al respecto.

SEXTO.-Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ordinario con arreglo a los arts. 205 y 206 de la LRJS.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación