Sentencia Social 214/2024 Juzgado de lo Social de Albacete nº 3, Rec. 414/2023 de 03 de junio del 2024

PRIMERO.-Se interpone demanda por parte de PANADERO AB, S.L. solicitando que se declare se deje sin efecto la sanción impuesta por la resolución de 08/03/2023, o subsidiariamente se imponga en su grado mínimo. Considera dicha entidad que no existe relación de causalidad entre el accidente y el incumplimiento de la norma preventiva, por haberse tratado de un suceso provocado exclusivamente por la imprudencia del trabajador.

SEGUNDO.-Como señala el Tribunal Supremo en sentencias como la de 2 de octubre de 2000, vienen exigiéndose como requisitos determinantes de la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo, los siguientes: a) que la empresa haya cometida alguna infracción consistente en el incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial, b) que se acredite la causación de un daño efectivo en la persona del trabajador, y c) que exista una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso, conexión que puede romperse cuando la infracción es imputable al propio interesado.

Como indica el Tribunal Supremo en sentencia de 8 de octubre de 2001, "deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

A ello debe añadirse que el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario, pero en todos estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración.

En el supuesto que nos ocupa, es evidente la existencia de un accidente laboral y la producción de un resultado lesivo en el trabajador.

Como constata la Inspección de Trabajo, no estaban identificados ni evaluados los riesgos que el puesto de trabajo que desempeñaba el demandado, ya que como dice la IT, "El documento aportado por la empresa como Evaluación de Riesgos, respecto del puesto "Carretillero-traspaleta-encargado de almacén" describe las tareas de este puesto con el siguiente literal: "sus tareas habituales son el manejo de la carretilla clavadora en las instalaciones de la empresa"

El documento referido indica, respecto a oste puesta, una serie de riesgos y recoge generalidades tales como las siguientes; "se tendré en cuenta todo lo establecido en la NTP714 Carretillas elevadoras automotoras(II)... reproduciendo a continuación el contenido de dicha norma técnica de prevención

El documento aportado por la empresa y rubricado "planificación de la actividad preventiva 2020-2021" no contiene indicación alguna respecto de los riegos y medidas preventivas concretas respecto al puesto de carretillero,

El Sr. Farid, afirma en su comparecencia en sede de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que hace unos meses han cambiado el sistema de recogida y almacenamiento de las estufas ya terminadas. Pero insisto que no ha sido para evitar la repetición de accidentes similares al analizado, sino que ha sido porgue han comprobado que es más eficaz el nuevo sistema. (...)"

Alega la empresa que la causa del accidente es la exclusiva imprudencia del trabajador, por ir marcha atrás cuando eso está prohibido.

No podemos compartir la tesis de la parte actora, por cuanto tanto existiendo resultado dañoso, también existe relación de causalidad, no solo porque no se ha acreditado la imprudencia temeraria del trabajador o que se tratara de un casos fortuito, sino porque además es que el riesgo que dice la IT no estaba evaluado, y no se ha acreditado que lo estuviera, tan solo alega la empresa que no era necesario, lo que, a la vista del resultado dañoso, es totalmente incierto.

Para determinar la responsabilidad de la empresa, es preciso un elemento de voluntariedad a título de dolo, culpa o al menos negligencia , responsabilidad que recae directamente sobre el empresario infractor, alcanzando a la empresa como responsable en esta materia por los hechos cometidos por sus empleados en su actividad laboral.

Se trata de responsabilidad empresarial cuasiobjetiva con escasa incidencia de la conducta del trabajador, como se afirmó con relación a la intrascendencia de la falta de negativa a realizar los trabajos sin la protección requerida en un supuesto de accidente laboral de un trabajador con cargo de colaboración en materia de seguridad e higiene ( STS 06-05-1998, recurso 2318/1997).

Sin embargo, la relación de causalidad se rompe y, en consecuencia, el recargo no procede, cuando el trabajador era consciente y conocedor de los peligros que suponía su actuación, así como responsable de la adopción de las medidas adecuadas y de ponerlas en conocimiento de la empresa. Es decir, se excluye la responsabilidad empresarial cuando la producción del evento acontece de manera fortuita, de forma imprevista o imprevisible, sin constancia diáfana del incumplimiento por parte del empleador de alguna norma de prevención, o por imprudencia (que ha ser temeraria) del propio trabajador accidentado ( STSJ del País Vasco, 28-01-2020, recurso 21/2020). Ahora bien, no se exonera de responsabilidad al empresario, si la conducta imprudente del trabajador no rompe el nexo causal entre la infracción empresarial de la norma de seguridad y el accidente o daño sufrido ( STS 06-05-1998, recurso 2318/1997); en estos casos sólo puede disminuir el porcentaje, pero no exonerar de responsabilidad al empresario ( STSJ de Madrid 11-06-99, recurso 1751/1999).

En este caso, se ha hecho mucho hincapié por parte de la empresa en que se ha cumplido por su parte la normativa relativa a la distancia y medidas de los pasillos. Pero recordemos que no se le ha sancionado por infringir una norma de las que sí que dice que ha cumplido, sino por incumplir su deber de garante.

En este sentido, no se ha acreditado que la formación sobre la conducción de transpaletas se efectiva, pues la inspectora constató en su visita que las transpaletas circulaban hacia atrás, tampoco tienen señales que adviertan de que se circula hacia atrás, cuando los propios trabajadores declaran que es necesario una vez que dejan la carga circular marcha atrás, no hay señales que adviertan de que se circula para atrás o no hay mecanismo que asegure la visibilidad en las esquinas cuando hay un transpaleta echando hacia atrás.

Por tanto, a pesar de que el trabajador accidentado fuera marcha atrás, dado que la propia empresa dice que eso estaba prohibido, y no adoptó medidas suficientes para garantizar que no se circurlara marcha atrás, o que en caso de que así se hiciera, se protegiera la seguridad y salud tanto del trabajador como de sus compañeros, es por lo que procede la ratificación de la sanción impuesta.

CUARTO.-Por otro lado, dice la empresa que se impone una infracción grave del art. 39.3 c), b) y h) en relación con el 12.16 b), y que esta mal calificada la infracción.

El artículo 5.2 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social indica que "Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a esta ley."

Y el artículo 12.1 b de dicha norma califica como graves "No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales".

El artículo 39.3 señala que "En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, a efectos de su graduación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo. b) El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades. c) La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias. d) El número de trabajadores afectados. e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos. f) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos a que se refiere el artículo 43 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ".

Las infracciones cometidas tienen la consideración de graves por vulneración de la normas de prevención de riesgos laborales, y la elección del grado medio ( artículo 40.2.b) TRLGSS) , se muestra plenamente justificada.

No se ha desvirtuado ninguno de los argumentos vertidos para la calificación de la sanción como grave, pues la parte simplemente se limita a decir que debería de calificarse como leve, pero sin justificar dicho extremo ni apoyarlo en elementos probatorios tangibles.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación.