Sentencia Social 103/2024 Juzgado de lo Social de Cáceres nº 1, Rec. 349/2023 de 11 de marzo del 2024

PRIMERO: Los hechos declarados probados resultan de la prueba documental, en relación con las reglas de distribución de la carga de la prueba del artículo 217 de la LEC. Se discute en el presente sobre si el trabajador tiene o no derecho a que le sea reconocido el desempeño de su actividad en régimen de teletrabajo.

SEGUNDO: El juzgador ha de valorar los intereses en liza. De un lado, el del trabajador, ex art. 34. 8 LET, para "...hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral..." y de otro, el de la empresa, atendidas sus "necesidades organizativas o productivas". De ello deriva, que no se pueda actuar por automatismos ni para conceder ni para denegar, de suerte que serán las circunstancias singularísimas del caso, las que justifiquen el pronunciamiento en un sentido o en otro. Cierto es, como se pone de manifiesto, que tiene que existir un previo proceso de negociación entre las partes, que el juzgador considera que aconteció, pues la empresa, recibida la petición inicial del demandante, responde planteándole diversas opciones, que afectan a diversos días de la semana con variación horaria a fin de favorecer la conciliación de la vida familiar que aquel pretende. El proceso fracasó, pero ello no obsta o empece el razonamiento, pues negociar no es claudicar, y por eso no se aprecia mala fe en la empresa que busca acomodar el interés legítimo del actor para el cuidado de sus hijos menores, con el suyo propio presentando propuestas que son a la postre insatisfactorias pero no absurdas o desquiciadas, esto es, llamadas sólo a cubrir el expediente.

TERCERO: Sentado lo anterior, hay que recordar que hasta la entrada en vigor del Real Decreto 6/19 de 1 de marzo de 2019, el teletrabajo (actividad que se lleva a cabo en el domicilio del trabajador o en cualquier otro lugar que este elija, como alternativa a realizarlo en el centro de trabajo de la empresa de manera presencial, puede realizarse a tiempo completo o parcial) era una modalidad meramente convencional, es decir debía pactarse de manera expresa y por escrito entre el empresario y el trabajador. Con la modificación del apartado 8 del artículo 34 se contempla el derecho de este a solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar.

CUARTO: En el caso de autos, no concurren circunstancias singulares que hagan viable la petición. De un lado, el objetivo, el teletrabajo, tal y como dice la defensa de la empresa, ya se le ha reconocido, el cual cubre la exigencia de productividad que la empresa impone, es decir, que no vale para cualquier trabajador en cualquier circunstancia, sino para el que alcance ciertos objetivos que la realidad demuestra que no son desmesurados o inalcanzables. Por lo tanto, si el actor mantiene su rendimiento actual, no tendrá ningún problema para seguir teletrabajando. Hay que afirmar antes, que tiene acción, pues lo que pretende no es teletrabajar solamente, sino hacerlo sin necesidad de cubrir objetivo alguno. Respondiendo a su pretensión, hay que dejar claro que no basta con ser padre de hijos menores ni con estar divorciado para que se le reconozca el derecho en liza, pues si así fuera, la ley lo contemplaría expresamente. No se trae a colación el desamparo de los menores, ni circunstancias que permitan comprender que existen circunstancias dignas de consideración.

QUINTO: Por otro lado, al fin de lo razonado en la STC 3/2007 de 15 de enero, hay que dejar claro que la empresa demandada actúa compelida por aquello a lo que está obligada, esto es, al contrato suscrito con su cliente, DIRECCION001. Impone esta -estipulación segunda del contrato de 1 de noviembre de 2005-, que el servicio se preste en locales propios o alquilados de DIRECCION000, por lo que el apremio que pesa sobre ella podría abocar, caso de extender el teletrabajo a su plantilla sin mayor fundamento o exigencia, a enfrentarla a problemas serios con su comitente si incumpliese con aquello a lo que se obligó, una vez se evidenciara la caída o descenso de la productividad, esto es, de la calidad del servicio, circunstancia que podría imputarse al meritado cambio. La existencia de los planes piloto llevados a término en Cáceres y Lérida evidencia, como se dice, su buena disposición, y antes, su compromiso con el comitente, en orden a exigir a los beneficiarios un compromiso real con el desempeño diligente. Esta buena disposición no puede jugar en su contra, de suerte que quede obligada a reconocer a sus obreros el derecho a teletrabajar en cualquier circunstancia, generando a partir de este momento, agravios comparativos, pues lo que se reconoció a unos, debería reconocerse a otros con perjuicio para el resto.

SEXTO: Atendido el objeto litigioso, contra esta sentencia no podrá interponerse recurso alguno ex art. 139. 1 B LRJS.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE ME CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL,