Sentencia Social 15/2024 Juzgado de lo Social de Cáceres nº 1, Rec. 398/2023 de 19 de enero del 2024

PRIMERO: Los hechos declarados probados resultan de la prueba documental, y testifical, en relación con las reglas de distribución de la carga de la prueba del artículo 217 de la LEC. Se discute en el presente sobre si la actora puede o no desenvolver su actividad profesional en régimen de teletrabajo.

SEGUNDO: Veamos en primer lugar lo declarado por los testigos. Guillermo, coordinador de servicio en la empresa desde hace dos o tres años, y presidente del comité de empresa, refiere la actora, afiliada a su sindicato CCOO, les pidió ayuda para la adaptación del puesto, pues vive en DIRECCION001 y tiene dos hijos pequeños, uno de ellos, un bebé. Que su jornada es de 26 horas, lo que hace que le sea poco rentable trabajar. Refiere que en la empresa hay varios que obreros teletrabajan, en su mismo servicio, hay 5 o 6, en otros diversos, 1 o 2, y donde más hay, es en el que atiende DIRECCION002 donde son entre 8 y 10. Dice que la actora hizo su petición de teletrabajo alrededor de abril de 2023 y que antes hubo contactos informales. Refiere que a la primera petición no hubo contestación y que la siguiente la hizo por medio de abogado y no hubo contestación. Tan sólo, una contrapropuesta posterior para el cambio de horario. Dice que estaba la actora en activo y no en baja, cuando hizo su petición y que no entiende que el trabajo a distancia se conceda solo cuando es favorable para la empresa por implicar ahorro de costes. El teletrabajo es por movilidad reducida en algunos casos, y por conciliación familiar había dos personas más. Por su parte, Lucas, representante de la empresa de la delegación en Extremadura desde hace 7 años, pero trabajando en ella, 21 años, refiere que tras la reincorporación de la actora tras una baja, pidió el teletrabajo en abril de 2023, por razones de conciliación de la vida personal y familiar, petición que la empresa rechazó. La segunda solicitud se realizó y se negoció con ella delante del presidente del comité de empresa. La actora dijo que vivía fuera de Cáceres y tenía dos niños pequeños y que su marido se iba a ir del hogar familiar en breve para trabajar en la recogida del corcho. La actora les dijo entonces que se iba a ir de la empresa, pues no le compensaba, pero fue disuadida, al informarle de que, si lo hacía, se quedaría sin indemnización y sin paro. Luego hizo otra petición y le contraofertaron cambiar su jornada, cosa que aquella no admitió. Explica que actualmente hay obreros teletrabajando, de los cuales, uno lo está por razones de conciliación con la vida familiar, lo cual trae causa del acuerdo extrajudicial logrado una vez este presentó una demanda. Por mor de tal acuerdo, pasó a desempeñar el 50% de su jornada en régimen de teletrabajo, oferta que se hizo a la actora y ratificó al prestar declaración. La solicitud que hizo esta el 24 de mayo de 2023 no fue atendida porque estaba esta de baja y es política de la empresa no entablar negociaciones hasta que el interesado se reincorpore a su puesto ya que cualquier cosa que la empresa hiciera en estas circunstancias podría entenderse como un abuso o similar. Deja constancia de que la empresa paga gasto de guardería y para otras atenciones de la infancia, gafas, prótesis y dentista entre otras, que la actora nunca solicitó. Cuando la actora hizo una petición por correo electrónico, se le pidió que ampliara documentación, pero no lo hizo.

TERCERO: La única en la que se interesa el teletrabajo, de acuerdo con la relación de hechos de la demanda, tiene lugar el 24 de mayo de 2023, por lo que no cabe ponderar otros intentos anteriores, aún cuando afloren en el acto de la vista pues, como se resolvió, dejan al demandado en indefensión que se ve sorprendido por una alegación nueva relativa a hechos conocidos o debidos conocer por la parte actora antes de formular aquella. Recordemos también que la baja data del 17 de mayo de 2023, por DIRECCION000 (con duración prevista inicialmente de 7 días, pero luego prolongada), de manera que no puede decirse que la empresa, sin más, se haya negado a negociar con ella. El problema radica en que el inconveniente familiar, esa conciliación dificultada o impedida por el desenvolvimiento presencial del trabajo, no existe. Así, en la localidad en la que vive, DIRECCION001, hay guardería pública, sin coste, con horario de apertura de 7.30 a 15. 30 que puede atender perfectamente a sus hijos menores. Por otro lado, hay que destacar que la demandante nunca ha interesado el pago o compensación que la empresa contempla para la atención de aquellos, así como nunca ha sido beneficiaria de otro tipo de ayudas vinculadas a la maternidad. Ítem más: pese a lo que se dice, esto es, que el marido partirá en breve para trabajar fuera de casa en la saca del corcho, no se acredita este extremo ni antes, que estuviera impedido para ocuparse de sus hijos. Lo actuado evidencia que el problema de la demandante es única y exclusivamente económico, esto es, que no sale rentable desplazarse a su puesto de trabajo cotidianamente. Lo suyo habría sido dejar el empleo por motivo tan elocuente como ese, o bien, aceptar alguna de las ofertas realizadas por la empresa, incluida la que se hace en el acto del juicio (y que desdeña completamente), de modo que pasaría a trabajar media jornada en régimen de teletrabajo. Nada de esto la satisface y antes, su situación de IT, hace inviable que se pondere la exigencia de negociar con ella como si estuviera en activo. Lo suyo sería esperar a que se reintegrase a su puesto para aclarar estos extremos, pues, estando el contrato suspendido es tan complicado como peligroso entrar en porfías con quien está de baja, precisamente, por su ánimo depresivo. Es revelador de la buena fe de la empresa, véase el documento 8 del ramo de la demandada, que la demandante dimitiera de su puesto y que aquella, para ahorrarle los perjuicios derivados, esencialmente, no cobrar la prestación por desempleo, le hiciera ver tal circunstancia forzándole, en el mejor sentido del verbo, a reconsiderar su decisión. Así pues, no estamos, ante un caso en el que las circunstancias singulares de la trabajadora le hagan o conviertan en legítima acreedora del derecho que reclama ex art. 34. 8 LET, ya que la petición no responde, realmente, a la oportunidad y necesidad de hacer viable la conciliación de la vida laboral y profesional, sin que se traiga a colación la concurrencia del presupuesto de peligro o quebranto de la salud, que permitiría integrar la citada, y escueta, previsión legal con lo que resulta de los artículos 14 y 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que el problema jurídico ha de ser afrontado sin perder de vista que cada norma se integra en el conjunto de ellas, esto es, en el ordenamiento jurídico que las estructura con arreglo a unos principios, según la definición clásica de Santi Romano.

CUARTO: Atendido el objeto litigioso, contra esta sentencia procede afirmar su recurribilidad ex art 191 LRJS.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE ME CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL,