Sentencia Social 85/2024 Juzgado de lo Social de Ciudad Real nº 1, Rec. 652/2023 de 15 de febrero del 2024

PRIMERO.- Valoración probatoria y Hechos probados

Al anterior relato de hechos probados se ha llegado de acuerdo con la apreciación por este juzgador de las pruebas admitidas y practicadas por su utilidad y pertinencia para el esclarecimiento de los hechos controvertidos ( art.90 Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social, en lo sucesivo LJS), de acuerdo con la general distribución de carga de la prueba ( art.2 y 217 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en lo sucesivo LEC) y en atención a los principios de valoración de acuerdo con los principios de lógica inferencia y sana crítica ( STS, Sala 4º, de 28 de enero de 2015).

No existe en puridad controversia alguna articulada por las partes sobre el iter fáctico arriba expuesto, que además se encuentra sobradamente acreditado sobre la base de documental pública, o privada no impugnada (326 LEC), siendo así que la cuestión objeto de debate debe limitarse a analizar, en primer lugar, la excepción de falta de legitimación pasiva aducida por la demandada, y en segundo lugar, las causas técnicas y organizativas de fondo para acordar el traslado del trabajador.

Sí debe hacerse una última mención en relación con el salario del actor, y que se ha obtenido multiplicando por 12 la base reguladora correspondiente al mes de junio de 2023, de 2534,60 euros. No resulta admisible el salario bruto mensual propuesto por la parte actora, y que supondría computar los pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad, pues estos no le constan reconocidos en ninguna nómina, no siendo en modo alguno cierto su devengo.

SEGUNDO.- De la falta de legitimación pasiva de la demandada

Debe resolverse en primer lugar la excepción de falta de legitimación pasiva de la demandada, quien no sería, desde luego, la empleadora actual del trabajador, ni quien le remitió la misiva de cambio de centro de trabajo.

La demandada citó, y de forma del todo pertinente, la Sentencia de la Sala Cuarta 44/2021, de 14 de enero, en la que se recoge lo siguiente:

La sala entiende que no se puede atribuir la incorrecta identificación del empresario a un error excusable del trabajador en la medida en la que la persona física para la que prestaba servicios es la que reiteradamente se consigna tanto en la carta de despido como en las nóminas. Se menciona la existencia de una anterior sentencia que declaró improcedente una decisión disciplinaria de la demandada. En tales casos, prosigue la sala, no puede transformarse la causa excepcional de suspensión de los efectos de la caducidad, con amparo en el artículo 64 LPL , en un instrumento de subsanación de errores materiales, pues no se trata de un empresario aparente o que el trabajador desconociera.

2. Aunque efectivamente se detectan algunas diferencias entre los dos supuestos: por la causa extintiva - condición resolutoria en la recurrida, despido en la de contraste-, por la legislación aplicada -ley reguladora de la jurisdicción social en la recurrida, ley de procedimiento laboral en la de contraste-, y porque en la sentencia recurrida la empresa inicialmente demandada es un grupo empresarial al que pertenece el colegio finalmente condenado, lo que no acaece en la referencial, sin embargo, concurre una identidad esencial desde el plano de análisis propuesto. El núcleo de contradicción es de índole procesal, por lo que la similitud debe circunscribirse a ese plano, que se evidencia coincidente: si cabe aplicar la excepción de caducidad a un supuesto de extinción contractual en el que se produce una ampliación de la demanda a instancias del propio juzgado, para dirigir la misma contra la empresa que figuraba en las nóminas de ambos actores y dicha demanda se presenta pasados los 20 días desde la extinción. Y ante tal debate nuclear las sentencias, sin embargo, alcanzan fallos divergentes.

Pues bien, es del todo cierto que en el presente supuesto, concurren tanto motivos para estimar tal falta de legitimación, como para no hacerlo.

Desde luego, tanto las nóminas del trabajador como los partes son rubricados o sellados por la correcta empleadora -Elecnor Servicios y Proyectos SAU-, pero no es tampoco menos cierto que, en relación con la carta que notifica la modificación, a pesar de aparecer firmada también por Elecnor Servicios y Proyectos, lleva el membrete y el sello tan sólo de Elecnor, lo que lleva a una cierta y sin duda comprensible confusión.

Junto con ello, ya se ha hecho también mención a que la propia carta de segregación, en donde se ponía tal circunstancia en conocimiento de los trabajadores, no aparece en modo alguno firmada o recibida por el actor, al igual que no se discute que la sociedad empleadora está participada, en su totalidad, por la entidad demandada.

Por todo ello, y aún siendo sin duda cierto que el actor pudo haber empleado un mucho mayor celo en articular su demanda, no es menos cierto a tal confusión ha contribuido también, y muy notablemente, tanto la empresa empleadora como la matriz, de suerte tal que no puede convalidarse ahora que tal confusión lo sea en perjuicio del trabajador.

Por todo ello, no procede estimar la excepción de falta de legitimación pasiva.

TERCERO.- De los fundamentos legales y jurisprudenciales de la movilidad geográfica

El artículo 40.1 del Estatuto de los Trabajadores dice lo siguiente:

"1. El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial.

La decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador, así como a sus representantes legales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad."

El punto de partida para la resolución del supuesto debe ser necesariamente la Jurisprudencia de la Sala Cuarta, entre la cual encontramos pronunciamientos como el siguiente:

«(...) La regla general que se deriva del artículo 40 ET es que, salvo que el convenio disponga otra cosa como ocurre con el de la Banca Privada que dio lugar a las sentencias de 27-12-99, EDJ 55552 y 19-12-02 , EDJ 61425, el traslado a centro de trabajo sito en población distinta de aquella en la que se prestan los servicios, implica en sí misma un cambio de residencia, que por ello, constituye un supuesto de movilidad geográfica incardinable en el artículo 40 ET y su impugnación tramitarse por la modalidad específica regulada en el art.138 LPL . Ahora bien, dicha regla no puede aplicarse de un modo automático y objetivo, de forma que obligue a considerar que todo traslado a población distinta implica un cambio de residencia, sino racionalmente y atendidas las circunstancias concretas de cada caso. Y en éste, las especialísimas circunstancias ya expuestas, de trabajador que desde el inicio de su relación mantuvo su residencia habitual en población alejada de aquella en la que prestaba servicios, permite calificar la orden de que, después de un período de desarrollar su trabajo en otra localidad más próxima a su domicilio, volviera a su inicial puesto sin que ello "supusiera un cambio de residencia", como una excepción a la regla general. ( TS 4ª 18-3-03, EDJ 7162; 16-4-03, EDJ 15595).

CUARTO.- De la valoración del caso de autos

Desde este momento, debe adelantarse que la movilidad pretendida por la mercantil va a resultar convalidada, en atención a los argumentos siguientes.

En primer lugar, la causa económica resulta del todo cierta y evidente, y ha sido cotejada no sólo en el devenir de las facturas giradas a la propiedad de las plantas, sino en el propio acuerdo de modificación del contrato original, en el que, desde octubre de 2023, se fija una merma en las retribuciones por planta, con efectos retroactivos para marzo de 2023; justamente, a partir de tal mes ha sido apreciado en las facturas la merma significativa de ingresos para Elecnor. Por otro lado, aunque ciertamente relacionado con ello, no puede tampoco dejarse de lado que las cifras pactadas en octubre de 2023, de 5.200.000 por planta, coinciden con los 433.333 abonados por mes y planta desde marzo de 2023, cantidad sustancialmente menor, en casi ciento cincuenta mil euros, a la percibida a comienzos del 23, y en casi cien mil euros, a la percibida durante 2022. Por tanto, la causa organizativa existe.

En relación con la causa técnica, o concreta elección del trabajador, se fundamenta en la carta en su experiencia y motivación, así como en haber trabajado ya en ocasiones en la planta de Cuenca. Ambas afirmaciones han sido del todo adveradas incluso por los propios testigos de la parte actora; en efecto, todos ellos han reconocido que el actor tiene la capacitación idónea para el puesto -don Celso lo reiteró en varias ocasiones-, y en particular, doña Coro que el trabajador ya había estado en otras ocasiones en la planta de Cuenca.

No se ha apreciado en cambio el supuesto elemento de honda animadversión para con su jefe de planta en Ciudad Real, el señor Camilo. A pesar de los whatsapp extractados, se duda del todo de que pueda tener tal capacidad decisoria como para trasladar a un trabajador de una provincia a otra a su mera voluntad. Sin perjuicio de que en los whatsapp se alternan broncas y tratos displicentes con comentarios también más afectuosos e incluso disculpas; se duda por ello también de que el actor viviera bajo una objetiva situación de acoso y maltrato que, en todo caso, no ha resultado acreditada.

En relación por último con las nuevas contrataciones alegadas en la demanda, dos de ellas son de un año anterior, 2022, a aquél en el que se variaron los términos de la modificación, y en todo caso, resulta del todo comprensible que deban resultar amortizados puestos de trabajo en una planta energética, cuando los ingresos abonados y derivados de la misma han de verse reducidos tan drásticamente como ha ocurrido con la planta de Alcázar de San Juan.

Por todo ello y en conclusión, se aprecian desde luego las motivaciones económicas del cambio, y si bien el trabajador don Adriano podría reunir también las características personales como para ser él la persona escogida, no es menos cierto que el actor cuenta con la experiencia profesional suficiente y el concreto conocimiento del nuevo lugar de trabajo, luego no existe discriminación alguna por haberle escogido a él en vez de a su compañero.

Finalmente, debe hacerse constar que a mayor abundamiento, la Inspección de Trabajo, en el informe remitido a este juzgado, a llegado a las mismas conclusiones que este juez al valorar la prueba practicada en el plenario: que las causas económicas concurren, que el actor y don Adriano tienen idéntica formación y que, en fin, no son apreciables causas objetivas de discriminación en el trato recibido por el trabajador.

Así las cosas, el actor ha sido trasladado a otro lugar de trabajo distinto en el que su mercantil empleadora opera, lo cual supone una evidente movilidad geográfica pero justificada por motivos económicos y de organización, y por lo tanto, no es cierto que la movilidad no tenga causa cierta y legítima, lo que debe llevar, necesariamente, a desestimar la demanda así interpuesta.

Todo ello, sin perjuicio de que el actor pueda optar, al amparo de lo previsto en el artículo 40.1.III del Estatuto de los Trabajadores, entre el traslado junto con compensación por gastos, o la extinción indemnizada de su contrato laboral, a razón de veinte días por año trabajado.

QUINTO.- Del régimen de recursos

Contra la presente Sentencia no cabe recurso alguno al hallarse este procedimiento expresamente excluido de ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 191.2 apartado e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,