Sentencia Social 99/2024 Juzgado de lo Social de Cuenca nº 2, Rec. 381/2023 de 13 de marzo del 2024

Primero.-Determinación de los hechos probados

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, por la que se aprueba la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados lo son en base a la prueba documental aportada. En particular, se entiende que Diego y Edemiro, suplantaron la identidad de los trabajadores dados de alta que ese día no fueron a trabajar, esto es, Ernesto y Eugenio, con conocimiento de la empresa sancionada, toda vez que así se constató in situ por la inspección de trabajo y la Guardia Civil. Respecto de las testificales practicadas, esto es, de los encargados de cuadrilla Fabio y Federico, y la técnico responsable de la explotación, Celia, si bien sostuvieron que en la explotación se sigue un protocolo donde se comprueba con los documentos originales la identidad de los trabajadores, uno a uno, con la correspondiente firma en las hojas de registro de jornada, incurrieron en una contradicción muy importante. En efecto, aunque insistieron en que las personas descubiertas les enseñaron una documentación cuando ellos mismos los identificaron y otra a la Guardia Civil, de la declaración espontánea de dichas personas y lo reflejado en el acta de infracción, las mismas no llevaban documentación alguna. Del mismo modo, llama la atención que supuestamente comprobaran los documentos originales de las personas en situación irregular los encargados de la cuadrilla, del mismo país y raza, y después de decir que se cercioraron de que eran las mismas personas, después insinuaron que se parecían mucho. En definitiva, ha quedado demostrado que conocían que eras personas diferentes a las dadas de alta y consintieron que realizaran el trabajo en la explotación.

Segundo.- De la infracción cometida

La resolución administrativa impugnada impone una sanción por infracción muy grave del art. 55.1.c) de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Se incrementa la sanción, de conformidad con lo dispuesto en el art. 48 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, en la cuantía correspondiente a las cuotas que el empresario debería haber ingresado por la prestación de servicios llevada a cabo por la parte trabajadora en situación irregular.

El art. 53 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LIS OS), en cuanto al contenido y eficacia de las actas de infracción, señala, en sus dos primeros apartados, que:

"1 . Las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reflejarán:

a) Los hechos constatados por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social o Subinspector de Empleo y Seguridad Social actuante, que motivaron el acta, destacando los relevantes a efectos de la determinación y tipificación de la infracción y de la graduación de la sanción.

b) La infracción que se impute, con expresión del precepto vulnerado.

c) La calificación de la infracción, en su caso la graduación de la sanción, la propuesta de sanción y su cuantificación.

d) En los supuestos en que exista posible responsable solidario, se hará constar tal circunstancia, la fundamentación jurídica de dicha responsabilidad y los mismos datos exigidos para el responsable principal.

2. Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables."

En relación al valor probatorio de las actas, se hace preciso indicar que el TS en Sentencia de 28-10-97 , siguiendo el criterio sustentado por el Auto del Tribunal Constitucional 7/89 de 13 de enero afirma que "la doctrina de este Tribunal al interpretar el alcance de estos preceptos viene atribuyendo a las actas levantadas por la Inspección de Trabajo por lo que se refiere a los hechos recogidos en las mismas, una presunción de veracidad iuris tantum cuyo fundamento se encuentra en la imparcialidad y especialización que en principio debe reconocerse al Inspector actuante presunción de certeza perfectamente compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia en lo que respecta a las actas de infracción, ya que el art.52-2 de la Ley 8/88 se limita a atribuir a tales actas por la propia naturaleza de la actuación inspectora el carácter de prueba de cargo dejando abierta la posibilidad de practicar prueba en contrario".

Así existe una presunción de certidumbre de las actas realizadas por los inspectores de trabajo, que si bien no conforma una presunción iuris et de iure sino que admite prueba en contrario, pero en todo caso, para que dicha presunción quede desvirtuada, los tribunales han de considerar la existencia de una prueba cumplida y suficiente.

En el acta, se recogen todos los extremos exigidos por el referido artículo 53: hechos constatados, infracción y calificación. Se reflejan además las actuaciones inspectoras llevadas a cabo por el inspector actuante, destacando la visita realizada por la Inspección el día 21 de junio de 2022 en la que pudo comprobar directamente como dos sujetos extranjeros, identificados además por la Guardia Civil que acompañaba a la Inspección, se encontraban prestando servicios suplantando la identidad de otros dos trabajadores.

El actor no ha aportado prueba de suficiente entidad para desvirtuar la eficacia probatoria de las actas, por lo que queda acreditado que tiene responsabilidad por los hechos y que ha cometido la infracción imputada.

Finalmente, respecto de la cuantía de la sanción impuesta, la misma se encuentra en su grado mínimo, por lo que no se puede modular de ninguna otra forma más favorable para la actora.

Por todo ello, se considera ajustada a derecho la resolución de la Subdelegación del Gobierno de Cuenca, que debe confirmarse en todos sus extremos, desestimándose la demanda formulada.

Tercero.-Recurso

De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3.g) LRJS frente a esta resolución sí cabe recurso de suplicación, al exceder la cuantía litigiosa de 18.000 euros.

En atención a lo expuesto,