Sentencia Social 9/2022 Juzgado de lo Social de Cuenca nº 1, Rec. 126/2021 de 16 de febrero del 2022

PRIMERO.- En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2) del Art. 97 de la LRJS, debe hacerse constar que los anteriores hechos probados son el resultado del interrogatorio de la empresa demandada, del interrogatorio de la demandante, de la prueba documental acompañada a las actuaciones, de la pericial y de la confrontación de las alegaciones de las partes.

SEGUNDO.- La demandante pretende que se declare extinguida la relación laboral que le vinculaba con la empresa demanda con fundamento en el apartado c del artículo 50 del ET, esto es, "Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados".

Asimismo, se interesa por la parte demandante la declaración de improcedencia del despido llevado a cabo por la empresa demandada con fecha de 28 de julio de 2021, con las consecuencias inherentes a dicha declaración. Así, argumenta la demandante que la empresa demandada procedió a darle de alta y baja en el Régimen General de la Seguridad Social ese mismo día 28 de julio de 2021, cuando a la trabajadora le resultaba imposible reincorporarse a su puesto de trabajo.

Igualmente, interesa la demandante la condena la empresa demandada al abono de la suma de 10.128,92 euros en concepto de salarios de los meses de julio de 2020 (hasta el 16), mayo de 2021, junio de 2021 y julio de 2021 (hasta el 28); complemento de IT del artículo 31 del Convenio Colectivo aplicable (3.428,10 euros) y vacaciones no disfrutadas de 2019, 2020 y 2021 (hasta el 28 de julio), más el interés legal por mora.

En apoyo de su pretensión, ofrece la prueba de interrogatorio de la demandada, la documental y la pericial.

TERCERO.- Por su parte, la entidad demandada se opuso a la demanda, negando la existencia de incumplimiento por su parte del artículo 50 del ET, como fundamento para la extinción del contrato por parte de la trabajadora. Así, sostiene que no concurren los requisitos para que prospere la acción de extinción que contempla el citado artículo 50 del ET.

Asimismo, se opone la empresa demandada a la declaración de improcedencia del despido, alegando que el mismo resulta procedente, puesto que la actora, tras ser requerida en varias ocasiones, no se reincorporó a su puesto de trabajo, una vez recaída Resolución del INSS de fecha 4 de mayo de 2021 denegatoria de la prestación de incapacidad permanente a la trabajadora demandante.

Igualmente, se opone a la pretensión de la trabajadora demandante relativa a la reclamación de cantidad, reconociendo adeudar únicamente la suma de 3.538,30 euros, en concepto de vacaciones no disfrutadas de 2019, 2020 y 2021 (hasta el 28 de julio).

Por tanto, las cuestiones controvertidas en autos radican en determinar, por un lado, si concurre o no los requisitos de extinción del artículo 50.1 c) del ET alegado por la trabajadora ; si el despido es o no procedente y si la demandada adeuda a la demandante la cantidad reclamada por ésta y por los conceptos por ella reclamados o únicamente la suma reconocida por la empresa demandada en concepto de vacaciones .

CUARTO.- En cuanto a la primera cuestión controvertida, relativa a determinar si concurre o no el requisito de extinción del artículo 50.1 c) del ET alegado por la trabajadora, hay que tener en cuenta que de acuerdo con dicho artículo 50.1 del ET, "serán justas causas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato: [...] c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, [...]".

En el caso de autos, resulta de la documentación obrante que con fecha 14 de junio de 2019 la trabajadora demandante causó baja médica, iniciando un proceso de incapacidad temporal por enfermedad común. Asimismo, mediante Resolución del INSS de fecha 7 de julio de 2020 se acordó emitir el alta médica de la trabajadora demandante, con efectos de 3 de julio de 2020, por agotamiento del plazo máximo de 365 días el día 24 de junio de 2020.

Impugnada por la trabajadora demandante el alta médica, mediante Resolución del INSS de fecha 17 de julio de 2020 se reconoció la prórroga de la incapacidad temporal por un máximo de 180 días más, por recaída, acordándose iniciar un expediente de incapacidad permanente de la trabajadora demandante mediante Resolución del INSS de fecha 7 de diciembre de 2020.

Por Resolución del INSS de fecha 23 de diciembre de 2020 se acordó la demora en la calificación de la incapacidad permanente de acuerdo con lo previsto en el artículo 174 de la LGSS, con efectos desde el 21 de diciembre de 2020, por un plazo máximo de seis meses.

De este modo, la empresa demandada cursó la baja de la trabajadora demandante en la Seguridad Social con efectos de 20 de diciembre de 2020 por agotamiento del plazo máximo de incapacidad temporal,

Asimismo, se infiere de la citada documentación que mediante Resolución del INSS de fecha 4 de mayo de 2021 se acordó denegar la prestación de incapacidad permanente a la trabajadora demandante.

En este sentido, se ha de tomar en consideración que, si bien la empresa demandada, cuando cursó la baja de la trabajadora en la Seguridad Social con fecha de efectos de 20 de diciembre de 2020, se hallaba amparada por el artículo 174.2 de la LGSS, sin que ello supusiera despido alguno de la trabajadora, con la denegación de la incapacidad permanente en fecha 4 de mayo de 2021 quedaba sin efecto la suspensión del contrato de trabajo de la trabajadora demandante a que alude el artículo 48 del ET.

Así, desde que tuvo conocimiento de dicha denegación, debió cumplir con su obligación de dar de alta a la trabajadora, extremo que efectuó con fecha 28 de julio de 2021, tal y como consta acreditado por la documentación aportada.

Por tanto, siendo conocedora la empresa demandada de la Resolución del INSS denegatoria de la incapacidad permanente a la trabajadora demandante, tal y como consta en la documentación obrante ( documentos 16 a 19 de la demandada), la mercantil empleadora no cursó el alta de la trabajadora inmediatamente después de serle notificada dicha Resolución denegatoria; por el contrario, la cursó con fecha 28 de julio de 2021.

De este modo, contemplada la ausencia del alta de los trabajadores como una infracción grave en el artículo 22.2 del TRLISOS, cabe considerar como incumplimiento grave de la empresa demandada la no tramitación del alta de la trabajadora demandante tras conocer la denegación de la incapacidad permanente por parte del INSS.

Por todo ello, atendiendo a lo anteriormente expuesto, cabe llegar a la conclusión de que, en el presente caso, concurre la causa de extinción del contrato de trabajo invocada por la demandante, por lo que procede la estimación de la acción ejercitada por la trabajadora demandante, cuya consecuencia no puede ser otra que la extinción de la relación laboral a fecha de la presente sentencia, sin derecho de opción por parte de la empresa al haber prosperado la acción de extinción por voluntad de la trabajadora, pero con derecho de ésta a la misma indemnización establecida para el despido calificado como improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 50.2 del ET .

De este modo, la indemnización que corresponde a la trabajadora demandante como consecuencia de la extinción de la relación laboral, que será la prevista para el despido improcedente ex artículo 50.2 del ET, asciende a la suma de 21.715,20 euros, de conformidad con la "Herramienta de cálculo de indemnizaciones laborales" del Consejo General del Poder Judicial, puesta a disposición por el mismo en la página web del propio Consejo General del Poder Judicial; dicha cuantía se ha calculado atendiendo a la fecha de inicio de la relación laboral, el día 17 de marzo de 2009, así como a la fecha de extinción de dicha relación laboral, coincidente con la fecha de la presente Sentencia, y el salario bruto diario, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias de 46,80 euros.

QUINTO.- En relación con la cuestión controvertida relativa a la procedencia o improcedencia del despido , la empresa demandada se opuso a las pretensiones de la parte actora en el acto de la vista, argumentando que los hechos alegados en la carta de despido sí resultan probados, así como que el mismo resulta procedente, puesto que la actora, tras ser requerida en varias ocasiones, no se reincorporó a su puesto de trabajo, una vez recaída Resolución del INSS de fecha 4 de mayo de 2021 denegatoria de la prestación de incapacidad permanente a la trabajadora demandante.

En el supuesto de autos, la empresa imputa a la trabajadora en la carta de despido de 28 de julio de 2021 unos hechos constitutivos de falta muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 65.3 b) del Convenio Colectivo Estatal de Industrias Lácteas y sus derivados, consistente en " La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un periodo de un mes".

En este sentido, hay que tener en cuenta que, en el presente caso, puede considerarse acreditado por la empresa demandada el hecho imputado a la trabajadora demandante, consistente en que la trabajadora no se incorporó al puesto de trabajo tras recaer la Resolución del INSS denegatoria de la incapacidad permanente, de fecha 4 de mayo de 2021.

Así, la carga probatoria del empresario se ve reforzada por la previsión normativa expresa contenida en el art. 105 de la LJS, según el cual "ratificada, en su caso, la demanda [...] corresponderá al demandado [...] la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo. 2. Para justificar el despido, al demandado no se le admitirán en el juicio otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en la comunicación escrita de dicho despido" .

De este modo, especifica en la carta de despido el hecho concreto imputado a la trabajadora y constitutivo de falta muy grave, consistente en "La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un periodo de un mes".

En este sentido, en relación con el hecho imputado a la trabajadora demandante y consistente en la inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un periodo de un mes, ha de tomarse en consideración que el mismo puede considerarse acreditado a la luz de la prueba practicada en el acto de la vista.

De esta forma, de acuerdo con la relación fáctica de la presente resolución, una vez notificada a la demandante la Resolución del INSS por la que se le denegaba la incapacidad permanente, por la empresa demandada se le requirió en varias ocasiones para que se incorporase a su puesto de trabajo, así como para que justificase los motivos de su incomparecencia: extremo que no se llevó a cabo por la trabajadora, a pesar de haber recibido dos de los burofaxes enviados al efectos, tal y como se desprende de la documentación aportada.

Así, no consta que la trabajadora demandante pusiera en conocimiento de la empresa demandada su imposibilidad de incorporarse al puesto de trabajo, debiendo tener en cuenta en cuenta que la Resolución del INSS por la que se denegaba la incapacidad permanente, de 4 de mayo de 2021, es una resolución administrativa y, por ende, es ejecutiva, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En este sentido, la ejecutividad de dicha Resolución será inmediata, es decir, al denegarse la incapacidad permanente a la trabajadora, cesará la suspensión del contrato de trabajo, por lo que la trabajadora deberá reincorporarse a su puesto de trabajo.

En el caso de autos, se alegó por la parte actora en el acto de la vista que la falta de asistencia al trabajo fue debida a una imposibilidad de la demandante.

Sin embargo, pese que la situación impeditiva de la trabajadora para su reincorporación pudiera considerarse como una ausencia justificada al trabajo, no se considera probado por la prueba practicada que la trabajadora actuara de forma diligente. Ello, porque ni siquiera consta que informara a la empresa demandada de dicha imposibilidad, sin resultar acreditado que aportara al efecto informe médico alguno justificativo de la imposibilidad de la ejecución del trabajo.

Por otra parte, y atendiendo a la prueba practicada, puede considerarse acreditado el hecho concreto imputado a la trabajadora y constitutivo de falta muy grave, consistente en "La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un periodo de un mes", por los efectos que el artículo 91.2 de la LRJS concede a la incomparecencia de las partes al acto de la vista, al haberse admitido el interrogatorio de la actora como medio probatorio.

SEXTO.- Por tanto, atendiendo a lo expuesto en el fundamento jurídico anterior, el despido objeto de impugnación por la demandante ha de calificarse como PROCEDENTE.

SÉPTIMO.- Finalmente, en cuanto a la reclamación de cantidad , se interesa por la actora la condena de la empresa demandada a abonarle la cantidad de 10.128,92 euros en concepto de salarios de los meses de julio de 2020 (hasta el 16), mayo de 2021, junio de 2021 y julio de 2021 (hasta el 28); complemento de IT del artículo 31 del Convenio Colectivo aplicable y vacaciones no disfrutadas de 2019, 2020 y 2021 (hasta el 28 de julio), más el interés legal por mora.

Por su parte, la empresa demandada se opone a las pretensiones de la parte actora, reconociendo adeudar únicamente la suma de 3.538,30 euros, en concepto de vacaciones no disfrutadas de 2019, 2020 y 2021 (hasta el 28 de julio).

OCTAVO.- En cuanto a los salarios de los meses de julio de 2020 (hasta el 16), mayo de 2021, junio de 2021 y julio de 2021 (hasta el 28), hay que tener en cuenta que, de conformidad con la documentación obrante, mediante Resolución del INSS de fecha 7 de julio de 2020 se acordó emitir el alta médica de la trabajadora demandante, con efectos de 3 de julio de 2020. Sin embargo, impugnada por la trabajadora demandante el alta médica, mediante Resolución del INSS de fecha 17 de julio de 2020 se reconoció la prórroga de la incapacidad temporal por un máximo de 180 días más, por recaída.

Asimismo, mediante Resolución del INSS de fecha 7 de diciembre de 2020 se acordó iniciar un expediente de incapacidad permanente de la trabajadora demandante, acordándose por Resolución del INSS de fecha 23 de diciembre de 2020 la demora en la calificación de la incapacidad permanente, con efectos desde el 21 de diciembre de 2020, por un plazo máximo de seis meses.

De igual modo, se extrae de la referida documentación que mediante Resolución del INSS de fecha 4 de mayo de 2021 se acordó denegar la prestación de incapacidad permanente a la trabajadora demandante.

En este sentido, ha de tomarse en consideración que, mientras la demandante se halló en situación de incapacidad temporal, así como mientras se tramitó el expediente de incapacidad permanente, el contrato de trabajo se hallaba suspendido, de acuerdo con el artículo 48 del ET, de modo que, durante dicha situación de suspensión, cesa para el trabajador la obligación de prestar sus servicios para la empresa, mientras que para ésta cesa la obligación de abonar los salarios.

Por tanto, en el caso de autos, atendiendo a lo anterior, no procede el abono a la trabajadora de las sumas reclamadas en concepto de salarios de julio de 2020 (hasta el 16) y mayo de 2021 (hasta el día 6).

Por otra parte, en cuanto a las sumas reclamadas en concepto de salarios de mayo de 2021 (a partir del día 6). Junio de 2021 y julio de 2021 (hasta el día 28), cabe llegar a la misma conclusión que en el caso anterior, toda vez que, tal y como consta acreditado por la documentación obrante, la trabajadora no prestó servicios para la empresa demandada entre el 6 de mayo de 2021 y el 28 de julio de 2021; ello, pese a los requerimientos de la empleadora para que se incorporase a su puesto de trabajo.

Por tanto, se considera justificado el impago de los salarios por la empresa demandada a la trabajadora demandante durante dicho periodo.

NOVENO.- En relación con el complemento de IT del artículo 31 del Convenio Colectivo aplicable, la parte actora reclama la suma de 1.836,90 euros.

En este sentido, resulta del artículo 31 del Convenio Colectivo de aplicación que "En caso de enfermedad común o accidente no laboral, las empresas deberán complementar, a partir del tercer día de la baja, si procede, la diferencia resultante entre la suma de los conceptos de salario base y antigüedad mensual del trabajador y el 75% de la base reguladora de la prestación.

Para aquellos trabajadores que en la fecha de inicio de la baja lleven un mínimo de 5 meses sin haber faltado al trabajo, la empresa les abonará dicho complemento a partir del primer día de la baja.

A estos efectos, se entenderán como faltas al trabajo las ausencias por causas de enfermedad común, accidente no laboral y faltas no justificadas.

Este complemento se percibirá mientras el trabajador permanezca de alta en la empresa y por un máximo de 18 meses".

Atendido lo anterior, resulta que la empresa habría de abonar el 25% del salario diario de la trabajadora demandante, lo que asciende a la suma de 11,70 euros diarios (25% de 46,80 euros).

De este modo, la empresa demandada habrá de abonar a la actora, en concepto de dicho complemento, la suma reclamada de 1.836,90 euros, resultado de multiplicar la cuantía de 11,70 euros por 157 días, correspondientes con el periodo comprendido entre el 17 de julio de 2020 y el 5 de mayo de 2021, aplicado el límite de 18 meses previsto en el citado artículo 31 del Convenio Colectivo.

DÉCIMO.- Con respecto a las vacaciones no disfrutadas de 2019, 2020 y 2021 (hasta el 28 de julio), la empresa demandada reconoce adeudar por dicho concepto la cuantía de 3.538,30 euros.

En este sentido, resulta del artículo 20 del Convenio Colectivo de aplicación que "El personal, cualquiera que sea su categoría profesional, tendrá derecho a unas vacaciones retribuidas anuales de treinta y un días naturales, o veintitrés días laborables.

Quien cese en el transcurso del año sin haberlas disfrutado, tendrá derecho a que le sea abonada la parte del importe de dicho período proporcionalmente al número de meses trabajados durante el mismo. A estos efectos se computará como mes completo la fracción del mismo que exceda de diez días [...]".

De este modo, en el año 2021, la trabajadora demandante trabajó 209 días (desde enero de 2021 hasta el 28 de julio de 2021).

Así, en el año 2018 le corresponden 14 días de vacaciones, lo que se corresponde con la suma de 655,20 euros (46,80 euros/día x 14 días de vacaciones). Ello, unido a las vacaciones de 2019 y 2020 (2.808,06 euros), arrojan como resultado la cuantía de 3.463,26 euros.

No obstante lo anterior, habiendo reconocido la empresa demandada adeudar a la actora en concepto de vacaciones la cuantía de 3.538,30 euros, ésta será la suma que habrá de satisfacer a la demandante.

DECIMOPRIMERO.- Por todo ello, atendiendo a lo expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores, resulta que la cuantía total adeudada a la trabajadora demandante asciende a la suma de 5.375,20 euros, en concepto de complemento de IT del artículo 31 del Convenio Colectivo aplicable y de vacaciones no disfrutadas de 2019, 2020 y 2021 (hasta el 28 de julio).

DECIMOSEGUNDO.- La cantidad reconocida como adeudada en el fundamento de derecho anterior de la presente resolución devengará un interés de demora del 10%, con arreglo a lo establecido en el art. 29.3 del ET , desde la fecha del acto de conciliación hasta la fecha de la presente sentencia, además de los intereses procesales del art. 576 de la LEC , que se comenzarán a devengar desde la fecha de la presente resolución.

DECIMOTERCERO.- A la vista de lo expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores, procede la estimación parcial de la demanda.

DECIMOCUARTO.- Sin pronunciamiento en materia de costas procesales.

Vistos los preceptos legales y demás de pertinente y general aplicación,