Sentencia Social 16/2023 Juzgado de lo Social de Melilla nº 1, Rec. 139/2021 de 06 de febrero del 2023

PRELIMINAR.- Por la parte demandada se alega indefensión por la variación sustancial de la demanda efectuada por la parte actora, la parte interesada y la parte actora entienden que está correctamente efectuada porque en nada puede vincular la papeleta de conciliación de 26 de enero de 2020.

Artículo 80 LRJS. Forma y contenido de la demanda.

"1 . La demanda se formulará por escrito, pudiendo utilizar los formularios y procedimientos facilitados al efecto en la oficina judicial donde deba presentarse, y habrá de contener los siguientes requisitos generales:

(...) c) La enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas. En ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación o mediación ni introducirse respecto de la vía administrativa previa variaciones sustanciales en los términos prevenidos en el artículo 72, salvo los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.

d) La súplica correspondiente, en los términos adecuados al contenido de la pretensión ejercitada (...).

Ar tículo 85 LRJS. Celebración del juicio.

"1 . Si no hubiera avenencia en conciliación, se pasará seguidamente a juicio y se dará cuenta de lo actuado.

Co n carácter previo se resolverá, motivadamente, en forma oral y oídas las partes, sobre las cuestiones previas que se puedan formular en ese acto, así como sobre los recursos u otras incidencias pendientes de resolución, sin perjuicio de la ulterior sucinta fundamentación en la sentencia, cuando proceda. Igualmente serán oídas las partes y, en su caso, se resolverá, motivadamente y en forma oral, lo procedente sobre las cuestiones que el juez o tribunal pueda plantear en ese momento sobre su competencia, los presupuestos de la demanda o el alcance y límites de la pretensión formulada, respetando las garantías procesales de las partes y sin prejuzgar el fondo del asunto.

A continuación, el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en ningún caso podrá hacer en ella variación sustancial (...)"

La parte actora, en la papeleta de conciliación de 26 de enero de 2020 y que finalmente ha desembocado en este procedimiento, pese a que realmente no hace referencia a la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical no puede obviarse que da una descripción de hechos que pudiera incluirse en esta calificación, por lo que debe darse por válida la demanda en cuanto a este extremo y la petición de la aplicación del art. 89 del ET para instar a la demandada para intentar convenir. En todo caso, la petición de indemnización de 10.000 euros, además de carecer de fundamento y acreditación alguna, no ha sido solicitada expresamente en la papeleta de conciliación por lo que la misma debe tenerse por no efectuada por causar indefensión a la parte demandada.

Expue stas estas consideraciones debe procederse al examen del fondo del asunto.

PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la LRJS este órgano judicial debe explicitar el razonamiento probatorio.

Los hechos probados primero a sexto y octavo tienen la naturaleza de hechos admitidos o conformes. Se trata de hechos que son alegados por una de las partes en el proceso y son admitidos por la contraria, los cuales no son objeto de prueba, ya que la afirmación fáctica de las partes vincula al juez ( arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC).

El hecho probado séptimo resulta del análisis del conjunto de la prueba practicada conforme a las reglas de la sana crítica, habiéndose acreditado por la prueba practicada en el acto del juicio oral: documental de las partes sobre los acuerdos, reuniones e intentos fracasados de convenir (no impugnados) el interrogatorio del legal representante de la Asociación Empresarial Instaladores y Mantenedores de Melilla y la testifical de D. Aureliano ex secretario general de la confederación de asociaciones patronales.

SEGUNDO.- Por la parte actora se formula demanda en materia de tutela de derechos fundamentales y solicita que: A) Se reconozca la existencia de la transgresión o vulneración de la libertad sindical expuesta en la demanda, por parte de las Asociaciones Empresariales demandadas, en el sentido del incumplimiento del principio de buena fe en la negociación colectiva.

B) Condene a las patronales demandadas al cese inmediato en dicha conducta vulneradora, fijando fecha para la constitución de la comisión negociadora del convenio del sector del Metal en Melilla, conforme al art. 89 ET, es decir, en el plazo de un mes.

A dicha pretensión se adhiere el Sindicato CCOO de Melilla

Frente a dicha pretensión se opone la parte demandada, manifestando que no existen indicios de vulneración de los derechos fundamentales y/o libertades públicas alegadas y que, en todo caso, la actuación impugnada responde a causas objetivas y razonables, en concreto, las derivadas de los perjuicios que le podrían ocasionar los acuerdos pretendidos sobre renovación de tablas salariales, debiendo tenerse en cuenta su situación particular para la aprobación de las tablas salariales de su sector.

TERCERO.- El art. 177 LRJS, en atención a lo previsto en el art. 53.2 de la CE, dispone que "Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de liberta sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento".

Se trata de un procedimiento de cognición limitada y así se infiere del art. 178.1. LRJS al establecer que " El objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad".

Adentrándonos en las reglas que regulan la tramitación del procedimiento, en el art. 181.2 LRJS el legislador ha establecido un mecanismo de defensa del derecho fundamental relativo a la prueba según el cual " En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

Al respecto, razona la STS 21-2-2018, recurso 842/2016 " La evidente dificultad probatoria del móvil antisindical o discriminatorio en una conducta empresarial ha sido tenida en cuenta por el legislador, no para producir, de entrada, una inversión de la carga de la prueba, sino para provocar una aliteración de la misma a través de la exigencia, para el actor, de aportar únicamente indicios racionales de la lesión. Y, aunque el referido artículo 181.2 LRJS no provoca, en puridad, una traslación de la carga de la prueba si que produce determinados efectos en la posición procesal de las partes respecto de la actividad probatoria que conviene reseñar.

Así, por lo que hace referencia al demandante resulta necesario aclarar, a la vista de la expresión de la norma procesal, que es a él a quien le incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental, quiere esto decir que incumbe al trabajador la carga de probar la concurrencia de indicios que acrediten la violación del derecho. De suyo, la necesidad de acreditar la existencia de indicios no supone la exigencia de prueba plena; sin embargo, tampoco equivale a un relevo de la prueba como se ha encargado de recordar el Tribunal Constitucional, a propósito de un despido supuestamente discriminatorio, al señalar que "para imponer al empresario la carga probatoria descrita, es razonable la posición del Tribunal Supremo que rechaza que sea suficiente para ello la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión" ( STC 21/1992, de 14 de febrero y 180/94, de 20 de junio )".

En concreto, por lo que al derecho fundamental a la libertad sindical se refiere, ha de recordarse la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, que ya desde su Sentencia num. 38/1981, de 23 de noviembre, ha venido subrayando que la libertad de afiliarse a un sindicato y la libertad de no afiliarse, así como el desarrollo de la actividad inherente a la legítima actuación en el seno de la empresa para defender los intereses a cuyo fin se articulan las representaciones de los trabajadores, necesitan de garantías frente a todo acto de injerencia, impeditivo u obstativo del ejercicio de esa libertad. En consecuencia, el Tribunal Constitucional ha declarado que dentro del contenido del derecho de libertad sindical reconocido en el artículo 28.1 de la Constitución se encuadra el derecho del trabajador a no sufrir, por razón de su afiliación o actividad sindical, menoscabo alguno en su situación profesional o económica en la empresa (entre otras, SSTC num. 44/2001, de 12 de febrero; 185/2003, de 27 de octubre y 216/2005, de 12 de septiembre).

Se trata de una "garantía de indemnidad retributiva" que veda cualquier diferencia de trato por razón de la afiliación sindical o actividad sindical de los trabajadores y sus representantes, en relación con el resto de los trabajadores (por todas, SSTC núm. 214/2001, de 29 de octubre; 188/2004, de 2 de noviembre; y 17/2005, de 1 de febrero).

En definitiva, el derecho a la libertad sindical queda afectado y menoscabado si la actividad sindical tiene consecuencias negativas para quien la realiza o si éste queda perjudicado por el desempeño legítimo de la actividad sindical ( SSTC num. 30/2000, de 31 de enero; 111/2003, de 16 de junio; 79/2004, de 5 de mayo; y 92/2005, de 18 de abril).

La protección contra el perjuicio de todo orden (también el económico) que pueda recaer sobre el representante viene exigido además por el Convenio de la OIT núm. 135, relativo a la protección y facilidades de los representantes de los trabajadores en la empresa, ratificado por España, con la virtualidad hermenéutica que dicho Convenio tiene ex Art. 10.2 de la CE ; establece en concreto su Art. 1 que "los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor".

Ahora bien, es cuestión sabida, y así lo recoge el Art. 181.2 de la LRJS , que cuando se alega la vulneración de algún derecho fundamental, en el caso el derecho a la libertad sindical contenido en el Art. 28 de la Constitución es necesario que el trabajador aporte indicios razonable sobre la concurrencia de un evento de esa naturaleza.

CUARTO.- En el presente supuesto, la parte actora aportó un indicio de que la decisión empresarial impugnada podía haber vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical. El indicio, tal y como se desprende de los hechos probados, consistía en que la demandada no ha dado su visto bueno para lograr el acuerdo sobre las tablas salariales, llegando incluso a impugnar el acuerdo que había sido alcanzado con la Asociación Empresarial de Instaladores y Mantenedores de Melilla, si bien, tal y como se desprende de la documental aportada y no impugnada por las partes así como del interrogatorio de D. Camilo y de la testifical de D. Aureliano, el indicio queda destruido en cuanto que en ningún momento la demandada ha pretendido boicotear un posible acuerdo colectivo, simplemente ha velado por sus propios intereses y entendía que el acuerdo que se pretendía alcanzar podría ocasionarle un perjuicio, debiendo tenerse en cuenta que ya desde el 3 de junio de 2018 estaba reunida la Mesa Negociadora y que se han intentado diversas reuniones para llegar a un acuerdo pero no ha sido posible por discrepancias en cuanto a la solución que debe adoptarse, pero en modo alguno puede achacarse la no adopción del acuerdo a una mala fe de la parte demandada, ni tampoco la falta de voluntad en intentar convenir, puesto que diversos acontecimientos como la época más dura de la COVID-19 y el hecho de que se interpusiera demanda judicial no han creado el clima más apropiado para intentar convenir bajo la buena fe, sino todo lo contrario, en el primer supuesto por imposibilidad y en el segundo por seguridad jurídica y por la creación de un clima de hostilidad.

En todo caso, y al amparo del art. 89 del ET, se declara la obligación de la parte demandada de reunirse con los demás sujetos negociadores del ámbito del convenio para negociar e intentar convenir de buena fe en el plazo de 1 mes natural a partir de la firmeza de la presente resolución.

Por lo expuesto, la demanda debe ser parcialmente estimada.

QUINTO.- A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición.

En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191.3.f) de la LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.