Sentencia Social 21/2023 Juzgado de lo Social de Murcia nº 3, Rec. 258/2020 de 20 de febrero del 2023

PRIMERO.- Se ha llegado a la convicción de los hechos que se declaran probados a través de las pruebas documentales de las partes.

En el presente caso se acciona, previo desistimiento de la acción frente al Ministerio Fiscal, a través de demanda por despido ya no nulo, sino improcedente, alegando también fraude en la contratación, por entender que las causas de la misma no se corresponden con lo indicado en el contrato y que se han sucedido diversas contrataciones con unidad de vínculo.

La empresa se opuso a la demanda por las razones expuestas en el antecedente de hecho segundo, e igualmente lo hizo la codemandada, alegando previamente la excepción de falta de legitimación pasiva.

A efectos de resolver sobre esta cuestión previa, debemos partir de conceptos como los de concesión administrativa de un servicio público, responsabilidad de la Administración concedente y aplicabilidad del concepto de empresario a la Administración que contrata la gestión de un servicio público, entre otros. La expresión empresario utilizada por el artículo 42 del ET, no ha de entenderse limitada a quien sea titular de una organización económica específica que manifieste la existencia de una empresa, en sentido económico o mercantil. El área prestacional y no económica en que es encuadrable el servicio encomendado por la Administración a quien es empleadora directa, efectuado mediante contratación administrativa, no excluye, por la condición pública del titular de tal servicio, la aplicación del artículo 42, dado que dicha condición no es obstáculo para que tal entidad, de haber asumido directamente y por sí misma la gestión del referido servicio, con el cual se atiende a la consecución de fines enmarcados en el área de su competencia, habría actuado como empleador directo, siendo también tal en múltiples facetas de su actividad. Para que se genere responsabilidad solidaria ex artículo 42.1 del ET, lo determinante es que las obras o servicios subcontratados pertenezcan a la propia actividad de la empresa principal. El que la actividad de gestión indirecta sea de titularidad municipal es una circunstancia relevante para integrar ese concepto de propia actividad al que se refiere dicho precepto. La relación entre la Administración concedente y concesionario implica una inherencia máxima pues el objeto del contrato típico de gestión de servicios se refiere a una actividad de competencia municipal ex lege. La normativa sobre contratación pública bien podría regular supuestos como el de autos, ahora bien, por no preverlo no cabe concluir que se esté ante un vacío normativo que haga imposible la derivación aquí controvertida de responsabilidad. Se aplica la normativa general, la LGSS y el ET. En definitiva, una Administración Pública que contrata la gestión de un servicio público con una empresa, responde solidariamente por los incumplimientos de la concesionaria.

SEGUNDO.- Ahora bien, partiendo de lo expuesto en el presente, acogemos la excepción alegada por la Universidad de Murcia sobre la base, entre otras, de la STS 2258/2022, Sala de lo social, dictada en fecha 7 de junio de 2022 en unificación de doctrina. Fundamenta la Sala como términos del debate casacional la determinación de si el problema suscitado cae dentro del campo aplicativo que el artículo 42.2 del Estatuto de los trabajadores (ET )asigna a "los empresarios que contraten o subcontraten con otros obras o servicios correspondientes a la propia actividad". El asunto es de puro corte interpretativo, pero ello no exime de su análisis, en especial a fin de determinar la posición de las partes en litigio y de la concurrencia de los presupuestos procesales que legitiman su resolución.

A tales efectos y como hechos relevantes, se centra la causa en el " marco de un procedimiento por extinción causal y reclamación de cantidad". Y sobre tales hechos, el recurso de casación unificadora precisa que se trata de determinar si debe responder el Ayuntamiento de las deudas salariales en las que incurrió la empresa, como adjudicataria de los servicios de atención al público complementario al Programa cultural del Patronato Sociocultural, organismo autónomo de dicho Ayuntamiento, debiendo ser la respuesta afirmativa porque tales servicios corresponden a la propia actividad del Ayuntamiento. Denuncia la infracción del artículo 42.2 ET y acaba interesando se declare la responsabilidad solidaria tanto del Ayuntamiento cuanto de su Patronato Sociocultural. El recurso invoca la Sentencia que condena solidariamente a empresa, Ayuntamiento y Patronato al considerar que los servicios prestados integran la propia actividad del Ayuntamiento, subrayando que era el Patronato quien realmente ordenaba y encomendaba de forma inmediata a la empresa, al señalarse que las necesidades materiales y personales expresadas en su Anexo tienen carácter orientativo pudiendo el patronato variarlas en más o menos en función de las circunstancias concurrentes. La "propia actividad" no solo comprenderá lo que es la actividad cultural como tal, sino también todas aquellas tareas "complementarias" e "indispensables" que resulten necesarias para la ejecución de los programas culturales.

Pues bien, tal responsabilidad solidaria se extiende respecto de las obligaciones referidas a la Seguridad Social, así como a las de naturaleza salarial contraídas por las contratistas y subcontratistas con las personas trabajadoras, no siendo el supuesto de autos sino una acción por despido, al margen de tales reclamaciones salariares que excluyen de responsabilidad a la Universidad de Murcia, al no encontrarnos tampoco ante una cesión ilegal de trabajadores. De hecho la STS de referencia estima en primera instancia, en relación a la extinción y despido, la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por las codemandadas Ayuntamiento de Alcobendas y Patronato Sociocultural, estimando tal demanda y condenando a la empresa y, en relación con la reclamación de cantidad, se desestima la excepción de las citadas codemandadas y condena solidariamente a éstas junto con la empresa al abono solidario al actor del importe adeudado por diferencias salariales y retribución no percibida.

Interpuesto Recurso de Suplicación, la Sala de lo Social del TSJM, estima el recurso formulado por el indicado Ayuntamiento y Patronato, revocando parcialmente la sentencia recurrida, que se mantiene en todos sus pronunciamientos, pero dejando sin efecto la condena solidaria de la parte recurrente en el abono de la cantidad al demandante, absolviéndoles.

Y finalmente el TS estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el trabajador, resolviendo el debate suscitado en suplicación, casando y anulando la sentencia del TSJ de Madrid y declarando la firmeza de la sentencia del Juzgado de lo Social en los términos que ya hemos indicado y en la consideración de la estimación de la excepción de falta de legitimación pasiva en relación con la extinción y despido, como concurre en el presente supuesto de autos.

La doctrina de la Sala es que "Correspondientes a la propia actividad" han de ser las obras o servicios requeridos de un tercero para que juegue la responsabilidad cuestionada. El sistema de garantías instrumentado por el art. 42 ET pende de que la colaboración entre empresas concierna a "la propia actividad" del empresario principal. Así, los diversos apartados del artículo 42 ET se aplican a los empresarios que " contraten o subcontraten", pese a que la rúbrica alude sólo a la "subcontratación de obras o servicios". En realidad, lo que se está abordando es el fenómeno de la descentralización productiva consistente en que una empresa principal solicita colaboración a otra(s) auxiliar(es). Esta consecuencia viene amparada en la finalidad del precepto: conseguir que quien está en condiciones de obtener un beneficio también responda de los perjuicios que puedan derivar del mismo.

Siguiendo la argumentación de la STS 5 de diciembre 2017 ( rec. 2664/2015 ), « Es indubitado que este precepto configura una responsabilidad solidaria de carácter legal, atribuyendo esa naturaleza a la responsabilidad que impone a la empresa principal en el pago las deudas salariales de la contratista con los trabajadores empleados en la contrata, lo que no supone el sometimiento de tal responsabilidad al cuerpo normativo que regula las obligaciones solidarias, por cuanto esta responsabilidad se regula por la norma legal que la crea que es diferente. En efecto, la responsabilidad del empleador nace del contrato de trabajo y de las normas que regulan el pago de sus retribuciones al trabajador ( artículos 26 y siguientes del ET ), mientras que la responsabilidad del empresario principal nace del artículo 42.2 del ET que tiene un fin diferente: obligar a quien contrata a otro para que haga algo por él, algo que él podría hacer, a controlar que el contratista, quien le auxilia en la ejecución de la obra, cumple con las obligaciones que le imponen los contratos laborales que celebre, lo que se pretende conseguir imponiéndole su responsabilidad subsidiaria, aunque solidaria, en el cumplimiento de las obligaciones laborales del otro. Su responsabilidad es subsidiaria porque requiere el previo incumplimiento de quien contrató, pero solidaria con él cuando consta el impago, momento en el que nace para él la obligación de pagar el total de la deuda, aunque luego pueda repetir la totalidad del pago que efectúe contra el deudor principal".

Así pues, la responsabilidad del empresario principal nace y es regulada por el art. 42.2 del ET, precepto diferente de los que regulan la prestación de servicios por cuenta ajena, la relación entre el empleador y el trabajador que contrató y de cuyo trabajo se beneficia. El empresario principal no tiene relación jurídica alguna con el empleado del contratista, salvo las de tutela y garantía que le impone la ley con el fin de evitar que la contrata sea un medio para eludir responsabilidades. Consiguientemente, las obligaciones del empresario principal nacen del contrato celebrado con el contratista y de preceptos legales diferentes a los que regulan la relación del contratista con sus empleados, lo que comporta que su responsabilidad en orden al pago de salarios que el contratista no abone se fija por distinta norma, aunque sea solidaria. Según la STS 9 de julio 2002 ( rec. 2175/2001 ) la responsabilidad solidaria del empresario principal y de los subcontratistas (siempre que concurra el requisito de la propia actividad y la naturaleza salarial) debe entenderse referida a toda la cadena ascendente de contratistas de una misma obra y no solo al binomio integrado por el concreto subcontratista empleador del trabajador demandante y su inmediato antecesor (pronunciamiento, por otra parte, muy interesante pues hace una síntesis de la evolución histórica de la regulación normativa de esta responsabilidad).

En definitiva, quedan excluidas las Deudas extrasalariales. La STS 21 de julio 2016 ( rec. 2147/2014 ), recogiendo el criterio jurisprudencial sobre esta cuestión afirma que, el « artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores limita la responsabilidad a las obligaciones de naturaleza salarial, descargando al empresario principal de cualquier incumplimiento por parte del contratista de obligaciones de carácter distinto, como pueden ser las de readmisión o indemnización del trabajador despedido, las que no pueden ser transferidas al empresario que encarga la obra o el servicio pues este no responde del inadecuado ejercicio del poder disciplinario del contratista».

TERCERO.- Partiendo de lo expuesto, esencialmente de las contrataciones referidas en los hechos probados, en cuanto a la petición de improcedencia del despido, la parte demandante alegó en su demanda, sobre los motivos que fundamentan la improcedencia, la existencia de fraude en la contratación, que habría convertido en indefinida la relación laboral al concurrir unidad de vínculo.

La empresa alegó cumplimiento de requisitos formales, tanto en la contratación, como en cuanto a la notificación del cese o finalización del contrato, motivada en todo momento la causa por refuerzo de un trabajador en situación de permiso no retribuido ante los problemas de salud del mismo.

En cuanto al carácter fraudulento, hay que decir que si bien en la contratación temporal se establece una presunción del carácter indefinido de los contratos celebrados en fraude de Ley, esta presunción admite prueba en contrario, de forma que acreditado que concurren requisitos de los que extraer esa presunción, corresponde al que mantiene el carácter temporal del contrato, en el presente caso al empresario, acreditar que no ha existido fraude sino verdadera intención de contrato de duración determinada.

La jurisprudencia viene estableciendo, en relación a este tipo de contratación, una serie de notas características. La primera consiste en la concurrencia de necesidad extraordinaria de trabajo que pueda justificar la contratación realizada. La segunda es la relativa a que la necesidad de trabajo es, en principio, imprevisible y queda fuera de cualquier ciclo de reiteración regular ( Sentencias de 27 de septiembre de 1988, 26 de mayo de 1997, 25 de febrero de 1998, y 1 de octubre de 2001).

Al respecto es de señalar que la doctrina constante del Tribunal Supremo, sostenida también por los Tribunales Superiores de Justicia, es la de que aun cuando la descripción del trabajo que va a realizarse no tiene que ser exhaustiva, y la propia norma legal admite prueba en contra de la presunción de fraude que acredite su naturaleza temporal, a virtud del artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores y el Art. 9.1 del Real Decreto de contratación temporal, ello no puede traducirse en cláusulas genéricas que ocultan al trabajador la información necesaria para el conocimiento de los límites temporales de su contrato.

No obstante lo dicho, si trasladamos al presente caso las exigencias normativas citadas y la interpretación jurisprudencial de las citadas normas, y las comparamos con la realidad de los hechos que se declaran probados, nos encontramos con que, en la contratación estudiada, no se ha producido un quebrantamiento de los preceptos habilitadores del tipo de contratación eventual empleado por la parte demandada, ya que no sólo de manera genérica se menciona la causa del contrato, sino que lo justifica y acredita con la actividad realizada durante la vigencia del mismo, motivando que la actividad y sobre todo la que conlleva la contratación temporal de carácter eventual es la verdadera intención de contrato de duración determinada, sin ocultar a la trabajadora la información necesaria para el conocimiento de los límites temporales de su contrato.

Y todo ello, porque con la prueba practicada, se llega a acreditar la verdadera naturaleza temporal de la contratación y se justifican la causa de la temporalidad, reiteramos, el " Refuerzo en el servicio prestado al cliente por permiso sin retribuir del trabajador asociado al servicio Santiago "; trabajador además que es uno de los subrogados en el contrato de servicios suscrito entre las partes demandadas, al que se ha hecho referencia en el Hecho Probado Octavo de esta resolución.

CUARTO.- Reiterar, por tanto, según lo dicho en el Fundamento de Derecho que precede, que no se ha producido un quebrantamiento de los preceptos habilitadores del tipo de contratación eventual empleado por la parte demandada, ya que se puede decir que la expresión de la causa de contratación cumple los requisitos suficientes exigidos para esta modalidad temporal de contratación, al describirse de forma adecuada la necesidad eventual de la misma.

Abundar en que queda acreditado por la propia documental acompañada y aportada por la misma parte demandante, quién únicamente adjunta dos contratos de fechas 02-03-2019 y 25-01-2020, el primero de ellos incluso aportándolo de manera sesgada y no completa, y que precisamente son los que reflejan y motivan las causas de la temporalidad ya indicadas en los hechos probados, tales como " REFUERZO EN EL EQUIPO DE LA PLANTILLA FIJA", el primero, y " Refuerzo en el servicio prestado al cliente por permiso sin retribuir del trabajador asociado al servicio Santiago", el segundo, lo que documentalmente quedó plenamente justificado por la empresa demandada en relación a la particular causa de salud del trabajador sustituido, debiendo reseñar también sobre tales contrataciones el transcurso de más de seis meses entre una y otra, las diferentes causas de la temporalidad y el distinto centro de trabajo dónde la trabajadora prestó sus servicios, uno en Alcantarilla y otro en Murcia. Se desconoce en definitiva, las causas de la temporalidad del resto de contratos no aportados, las funciones y servicios prestados, así como si eran o no en iguales condiciones.

Además, el propio informe de vida laboral de la trabajadora demandante coadyuva a la conclusión desestimatoria de su pretensión, pues analizados los períodos de contratación y las empresas contratantes, amén de no estar aportados en sí los propios contratos, desconociendo en consecuencia las causas de la temporalidad de los mismos, es lo cierto que no se da siempre esa unidad de vínculo que la actora aduce, ni esa continuidad entre todos ellos, pues a modo ilustrativo, partiendo del primero que marca para ella la antigüedad con alta el 29.04.2017 y baja el 30.04.2017 con la mercantil ALTERNATIVAS DEL LEVANTE S.L. y al margen del que se intercala después con MEDIAPPOST SPAIN, S.L, como ya referimos también en los hechos probados, entre la siguiente contratación con la misma empresa desde el 06.05.2017 al 07.07.2017 al alta de nuevo el 18.01.2018 transcurre un período de más de cinco meses sin vinculación laboral alguna con la empresa y sin quedar justificadas las causas de tales contrataciones temporales ante la falta de prueba mencionada sobre este particular, por lo que no podemos acoger la unidad de vínculo pretendida, transcurriendo además desde esta contratación otro período de casi cuatro meses hasta el siguiente alta con la empresa el 27.04.2018.

En definitiva, y dados los términos de la demanda, y en atención a las pruebas practicadas no se aprecia la vulneración denunciada en el cese de la trabajadora, que era ajustado a la fecha de finalización del periodo pactado al quedar corroborada con toda la documental acompañada por la mercantil demandada, de cuyos datos se ha hecho fiel reflejo en los hechos probados de esta resolución.

Por todo ello, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 15.1.b), 15.2 del ET, y Art. 3.2., 8.1.b), 8.2 del RD 2720/1.998 de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el contenido del Art. 15 del ET., no cabe apreciar que concurra fraude de ley en la contratación, con los efectos indicados, por aplicación de los Arts. 15.3 del ET y Art. 9.3 del RD 2720/1.998 que establecen una presunción del carácter indefinido de los contratos temporales celebrados en fraude de Ley, que en este caso ha quedado destruida por prueba en contrario, procediendo la desestimación de la pretensión de improcedencia.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.