Sentencia Social 74/2022 Juzgado de lo Social de Valladolid nº 5, Rec. 668/2021 de 04 de marzo del 2022

PRIMERO.- Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados se han deducido de la prueba documental obrante en autos, y de la prueba testifical, en el sentido en el que se valorará en los fundamentos jurídicos siguientes.

SEGUNDO.- Se solicita, por la parte actora, que se declare la improcedencia del despido comunicado al trabajador el 12/08/21, con los efectos legales inherentes a dicha declaración. Señala que la carta de despido le imputa una serie de hechos que, además de ser inciertos, se describen de forma genérica y sin indicación de fechas y le generan indefensión. En cuanto a los hechos acaecidos el 9 de agosto, mantiene que no es cierto que se personara de forma sorpresiva ese día en la empresa, sino que fue requerido para ello, y que, una vez allí, se dirigió de forma respetuosa a Dª. Estibaliz para hablar con ella de la indemnización que, entendía, la empresa debía abonarle, siendo ella la que comenzó a gritarle, y a, empujones, trató de sacarle de la oficina, también asegura que, cuando salió del edificio, en el parking, se encontró con Fermín, hijo de aquella, quien le amenazó con una barra de hierro y llegó a agarrarle de cuello en actitud amenazante. En cuanto a D. Tomás, mantiene que se acercó a él por tratarse de una persona muy activa en la empresa a pesar de su situación de jubilación, gestionando y revisando personalmente los movimientos de caja. Señala que, en cualquier caso, todo este incidente es fruto de problemas personales y familiares que no deben extrapolarse al ámbito laboral, puesto que el actor y la Sra. Estibaliz, administradora única de la empresa, se encuentran en proceso de divorcio, señalando que, nunca antes había tenido problemas ni había sido sancionado en la empresa, y que lo que la empresa ha buscado es despedir al trabajador sin coste alguno frustrando cualquier posibilidad de acuerdo. En cuanto a los restantes hechos, niega su carácter autoritario, señala que siempre ha cumplido diligentemente las funciones que se le han encomendado y que le han obligado a trabajar con una carga que exigía el trabajo en fines de semana y vacaciones, señala que siempre ha mostrado predisposición a facilitar el traspaso a la empresa Scwuimac, niega la desaparición de documentos, y en cuanto a las facturas de la nueva sociedad, sostiene que no eran de su responsabilidad, y que también es falso que haya actuado en beneficio de sus familiares. Postula una antigüedad de 1/06/2003, y un salario bruto anual de 56.476,69 euros.

Las empresas demandadas se oponen a las pretensiones esgrimidas por el demandante alegando, en primer lugar, ausencia de relación laboral entre el actor y las mismas, y por ende, la falta de competencia de la jurisdicción social para el conocimiento del pleito. Mantienen que, con independencia de que las partes formalizaran un contrato laboral, la administradora única de las dos demandadas, y propietaria del 51% del capital social, es la esposa del demandante, y que, por ello, el mismo debió ser incluido en el RETA por imperativo de lo dispuesto en el art. 305.2.b) del TRLGSS. Que, a pesar de que en el año 2013 existió una separación judicial, la misma obedeció a intereses económicos de la familia del demandante, y que, durante todos los años posteriores, continuó la convivencia conyugal. El actor no actuaba, señala la parte demandada, bajo el poder de dirección de nadie en la empresa, era apoderado de la misma, y la dirigía decidiendo sobre cuestiones como las relativas al personal (nóminas, contratación, categoría de los trabajadores, etc.) gestionando dichas cuestiones personalmente y dando instrucciones a la gestoría. Subsidiariamente, y para el caso de estimación, considera acreditados los hechos de la carta de despido, califica los mismos - ya en el acto del juicio - como constitutivos de una falta prevista en el art. 62 h) del Convenio Colectivo del Sector del Metal y art. 54 ET: ofensas verbales o físicas al personal de la empresa, alega la falta de legitimación pasiva de Inversiones José Luis Blanco S.L., con la que el demandante no ha tenido relación laboral alguna, niega la existencia de relación laboral alguna previa al alta en el Régimen General de la Seguridad Social, puesto que hasta el año 2012 estuvo de alta en la empresa PROALSA y actuaba como director comercial de ella en virtud de contrato de colaboración con INDUSTRIAS JOSÉ LUIS BLANCO S.L.. Finalmente, en cuanto al salario, sostiene que el mismo ha de ser el establecido en nómina, sin que el demandante percibiera retribuciones en especie, que asciende a 2.945,83 euros brutos, incluida prorrata de pagas extras.

TERCERO.- La primera de las cuestiones a resolver, por lo tanto, es la relativa a si ha existido o no relación laboral entre el demandante y la empresa INDUSTRIAS JOSÉ LUIS BLANCO S.L. Dispone el artículo 1.1 del TRLET que " La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario". La sentencia de 4 de marzo de 2015, de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León (Valladolid), recuerda reiterada doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo: "atendiendo a la más reiterada doctrina jurisprudencial, hay que hablar de una relación laboral cuando concurren las notas de ajeneidad y dependencia del art. 1.1. del ET porque la prestación de servicios contratada se realiza dentro del ámbito de realización y dirección de una empresa con sometimiento al círculo rector disciplinario-organizativo de la misma ( STS 16-2-90 ) e igualmente, aún siendo necesaria la existencia de prestación de un servicio o de una actividad a cambio de una remuneración a favor de la persona para la que se presta, su característica esencial lleva aparejada esa subordinación o dependencia del que presta el servicio a favor de la persona que lo retribuye, siendo necesario que concurra en la persona del trabajador la actividad reglada en virtud de ese círculo organicista rector y disciplinario del empleador, lo que normalmente se puede exteriorizar mediante la inserción en el esquema jerárquico de una empresa, el acatamiento de sus órdenes, mandatos y directrices, la subordinación a otras personas, el sometimiento a normas disciplinarias, la realización de trabajos en centros o dependencias de la empresa, la sujeción a jornadas, horarios, etc".

Asimismo, la sentencia de 22 de octubre de 2014 de la misma Sala, establece que " La determinación del carácter laboral o no de la relación que une a las partes no es algo que quede a la libre disposición de estas, sino que es una calificación que ha de surgir del contenido de las prestaciones concertadas y de la concurrencia de los requisitos que legalmente delimiten el tipo contractual".

La realidad formal o documentada de la que hemos de partir, en el supuesto de hecho que nos ocupa - aunque, como hemos señalado, no necesariamente determinante - es la de que nos encontramos ante una relación laboral. Así, las partes formalizaron, el 1/04/13, un contrato laboral indefinido, y desde dicha fecha, y hasta la fecha del despido, el Sr. Florentino fue dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, siendo retribuido con arreglo a las nóminas que han sido aportadas por las partes.

El siguiente paso sería el determinar si, a pesar de dicha realidad formal, concurren los requisitos para considerar que no nos encontramos ante un auténtico trabajador por cuenta ajena y, al respecto, invoca la parte demandada el art. 305 LGSS, que señala que:

1. Estarán obligatoriamente incluidas en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos las personas físicas mayores de dieciocho años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena, en los términos y condiciones que se determinen en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo.

2. A los efectos de esta ley se declaran expresamente comprendidos en este régimen especial:

(...)

b) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquella. Se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia, cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo de la sociedad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios esté distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado.

2.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo.

3.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad.

Pues bien, en atención a los hechos declarados probados, la conclusión que alcanzamos es la de que resulta acreditado que el Sr. Florentino realizaba funciones de dirección - que no se niegan por la parte actora, que llegó en el acto del juicio a apuntar a que posiblemente nos encontráramos ante un trabajador de alta dirección aunque la relación laboral nunca se calificó ni encuadró así - y que justifican, junto con el vínculo familiar que le unía a la empresaria, que no tuviera un horario estipulado ni el mismo le fuera controlado y que realizara funciones de dirección en materia de personal dando las instrucciones oportunas a la gestoría o fuera apoderado de la empresa (con un límite, por cierto, de 30.000 euros) - sin embargo, no resulta probado que tuviera el control efectivo, directo o indirecto, de la sociedad, en los términos descritos en el precepto que hemos transcrito. Así, desde su fundación, en el año 2000, el Sr. Florentino nunca ha ostentado participación alguna en la sociedad, y, por lo que respecta a la Sra. Estibaliz, quien fuera su esposa, la misma inicialmente tenía una participación minoritaria (hecho probado primero), y, tras la donación, en el año 2015, por sus padres, de parte de las participaciones correspondientes a sus padres (hecho probado 13º), es cuando pasa a ostentar el 51% del capital social. Sin embargo, ni siquiera por la vía de la presunción del apartado 1º de la letra b) puede estimarse que el demandante ostentara dicho control indirecto, puesto que, desde enero de 2014, los cónyuges ya estaban separados legalmente, y se había disuelto la sociedad de gananciales. Con independencia de que retomaran o no la vida en común tras la separación, si es que en algún momento la interrumpieron, lo cierto es que no puede hablarse de control efectivo por cuanto, liquidada la sociedad de gananciales, ningún derecho ostentaba sobre el patrimonio de la Sra. Estibaliz, adquirido, por otra parte, a título lucrativo y a través de la donación de sus progenitores.

Finalmente, los actos propios de la empresa demandada son, también, reveladores del reconocimiento de la relación como laboral, puesto que, lo que comunica al trabajador el 12/08/21, no es otra cosa que su despido disciplinario, terminología que necesariamente conlleva la calificación de la relación como laboral, y así se señala expresamente en la carta que hoy se impugna por el trabajador: "la empresa ha tomado la decisión de proceder de forma inmediata a la extinción de su relación laboral procediendo a su despido disciplinario con fecha del día de hoy 12/08/21". Es también significativo que la empresa haga hincapié en la carta, en el hecho de que, el actor el día 9 de agosto de 2021 (fecha en la que aún no había sido despedido), se personara en la empresa sin autorización: " a pesar de estar de vacaciones, se personó usted de forma sorpresiva y sin autorización para ello en el domicilio de la empresa INDUSTRIAS JOSE LUIS BLANCO, S.L.", autorización que desde luego no precisaría, por ejemplo, la Sra. Estibaliz, aunque estuviera de vacaciones, y en definitiva, no precisaría el actor si, como se mantiene por la parte demandada, ostentara el control de la empresa. La excepción de falta de jurisdicción ha de ser, pues desestimada, al no haberse desvirtuado por la parte demandada la realidad documentada.

CUARTO.- Sentado el carácter laboral de la relación, debe abordarse si nos encontramos ante un despido que ha de calificarse como procedente o improcedente. A este respecto, la carga de la prueba de que el trabajador ha cometido una (o varias) infracciones de tal gravedad que lleven aparejadas la máxima de las sanciones del ordenamiento jurídico laboral, corresponde a la empresa, y, para ello, la carta de despido debe tener un contenido mínimo que permita a la parte actora articular su defensa: la descripción de los hechos, la fecha en la que ocurrieron, la infracción que la empresa considera que se ha cometido.

El primero de los hechos que se imputan al trabajador es el acaecido el día 9/08/21, que la carta de despido no tipifica. La tipificación se realizó por la empresa en el acto del juicio, en el que mantuvo que el actor había cometido una falta de ofensa física o verbal al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o los familiares que convivan con ellos, del art. 54 d) ET y art. 62 h) del Convenio Colectivo estatal del sector del metal. Los hechos deben analizarse en su contexto, y realizarse una valoración conjunta de las declaraciones vertidas en el acto del juicio y de la visualización de las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Analizadas las mismas consideramos probado el relato de hechos que consta en el Hecho probado 18º:

El día 9/08/21 D. Florentino, que se encontraba en período vacacional, compareció en las dependencias de la empresa demandada, en las que se encontraba Dª. Estibaliz y el padre de esta, D. Tomás. D. Florentino inició una discusión, tanto con D. Tomás como con Dª. Estibaliz, en relación con las pretensiones económicas del primero con ocasión de su salida de la empresa. Al lugar fueron accediendo distintos trabajadores, los cuales estaban avisados de que D. Florentino podría personarse en la empresa. En el transcurso de la discusión, D. Florentino manifestaba, gritando y alterado, que la situación de la empresa se debía a todo lo que él había hecho por ella, y que mientras él trabajaba "su mujer se paseaba con su amante y yo le he sido fiel desde 2011", expresión esta última que le dirigió a D. Tomás acercándose al lugar en el que él se había sentado, y en el que se encontraba llorando, visiblemente nervioso y alterado por la situación. D. Tomás y Dª. Estibaliz le decían de forma reiterada a D. Florentino que se fuera, llegando Dª. Estibaliz a empujar al Sr. Florentino instándole a abandonar la empresa. Negándose el Sr. Florentino quien continuaba gritando y, en un momento de la discusión, manifestó: "¡Que no me voy, hostias!", tirando al suelo una caja que había cogido de su despacho. Dª. Estibaliz comenzó a sentirse mal, y se tendió mareada en el suelo donde fue atendida por personal de la empresa. Los trabajadores D. Benito y D. Eduardo, intervinieron colocándose físicamente entre D. Florentino y D. Tomás, consiguiendo finalmente que D. Florentino abandonara las instalaciones. Fuera del edificio, en el acceso al parking, el mismo se encontró con D. Fermín, hijo de la Sra. Estibaliz, con quien también mantuvo una discusión.

En primer lugar, el contexto en el que se produce el incidente es completamente ajeno a la relación laboral, y es el de la ruptura sentimental entre el actor y Dª. Estibaliz, y la discusión tiene lugar entre ambos, y entre el actor y el padre de aquella. El origen del incidente es precisamente el proceso de divorcio inminente entre ambos, y así se refleja en la propia carta de despido, y ello explica que las escasas expresiones que se han relatado de las proferidas por el demandante tengan que ver con dicha relación, como la que alude a una presunta infidelidad por parte de aquella.

En segundo lugar, el contexto ha de ser, asimismo, el de la existencia de un proceso ya iniciado de negociación de ruptura de la relación laboral. Ambas partes aportan un documento manuscrito por el Sr. Florentino en el que se fijan las fechas de vacaciones pendientes de disfrute, y una posible fecha de "despido": 30/09/21, incluso una fecha de despedida de los compañeros. También la carta hace alguna mención a que uno de los motivos de la discusión se centra en que el trabajador no está de acuerdo con las condiciones de su despido ya pactadas.

Sentados tales condicionantes, lo cierto es que el Sr. Florentino comparece en las dependencias de la empresa - dice la carta, "de forma sorpresiva", pero D. Sergio declaró que ya estaban avisados y "alerta" porque sabían que podía acudir - y se produce la discusión con su expareja y el padre de la misma. En el seno de dicha discusión, en el que se aprecia en la grabación que las dos partes se gritaban visiblemente nerviosas, ninguno de los trabajadores que fueron testigos relató la existencia de ofensas físicas o verbales por parte del trabajador ni a la Sra. Estibaliz ni a los familiares de esta. No se produjeron insultos ni amenazas, y, en las grabaciones, lo único que puede apreciarse es que las partes discutían acaloradamente, y el único acometimiento físico es el que se produce por parte de la Sra. Estibaliz al demandante, al que empuja con la visible intención de que abandone las instalaciones de la empresa. Lo mismo sucede con la grabación del incidente en el parking, donde se produce otra discusión entre el Sr. Florentino y D. Fermín, hijo de Dª. Estibaliz, en este caso mantiene el actor que es agarrado por el cuello por aquel, lo que no puede apreciarse con claridad en las imágenes. El testigo Sr. Sergio sí reconoció haber visto al sr. Fermín golpear la mesa con un escobón, con rabia, afirmó, más que de forma amenazante.

Se señala, asimismo, que el actor atenta contra la salud y la integridad física de la administradora y del padre de esta. Ciertamente se aprecia en la grabación cómo ambos estaban afectados, cómo aquella ha de ser atendida en el suelo, al sufrir un mareo, y cómo este lloraba sentado en una mesa. Pero tampoco ello puede convertir la conducta del actor en un deliberado ataque contra la salud o integridad física de ambos, puesto que, nuevamente ha de contextualizarse en el proceso de crisis familiar en el que se produce la discusión, que tuvo lugar en el centro de trabajo pero pudo haberlo tenido en cualquier otro sitio. Resulta razonable concluir que también el trabajador estaba condicionado por un proceso de afectación psicológica ante la situación, puesto que, según consta en los informes médicos que aporta, estaba en seguimiento y terapia psicológica desde hacía varios meses y tenía pautada medicación (Eutirox, Orfidal y Sertalina) desde el mes anterior al despido, por lo que la situación de estrés y ansiedad es predicable de las dos partes.

En atención a todas las circunstancias concurrentes, no estimamos, por ello, que nos encontremos ante un incumplimiento por parte del trabajador dirigido al empresario que justifique la más grave de las sanciones del ordenamiento jurídico laboral.

QUINTO.- El segundo de los hechos que se imputa al demandante se habría producido los días 7 y 9 de agosto de 2021 y se relata así:

"Hemos detectado que ha estado usted con actividad en nuestro sistema informático tanto el sábado 07/08/2021 en que usted no trabajaba, como el propio lunes 09/08/2021 en que estaba de vacaciones, desconociendo de momento qué hizo exactamente".

La generalidad de la redacción impide conocer qué infracción se imputa al Sr. Florentino. La propia empleadora ha concretado los hechos ya en el escrito de conclusiones, en el que manifiesta que el 7/08/21 falsificó los documentos que aporta como números 1 y 14.1 y 14.2 (albaranes y facturas que constan en el ramo de prueba de la parte demandante), a fin de aportarlos como prueba al presente procedimiento. El despido no puede versar sobre un hecho que ni siquiera ha sido conocido por la empleadora hasta el propio acto del juicio, por lo que, con independencia de que ninguna prueba se ha practicado sobre su falsedad y que tampoco el actor pudo defenderse de dicha imputación al haberse realizado en fase de conclusiones, lo que no podemos es valorar dicha presunta falsedad como causa justificativa del despido improcedente.

SEXTO .- Se imputa, asimismo, al actor, el haber conseguido acaparar cada vez más control de la sociedad y destruir el ambiente de trabajo de equipo para todos los trabajadores. Las expresiones utilizadas son genéricas: " trayectoria de comportamiento prepotente y abusivo que le llevó, anulando poco a poco la voluntad de Doña Estibaliz a pasar por encima de su autoridad e ir acaparando un mayor control de la situación y de los distintos aspectos de la actividad empresarial", "ha provocado con su actitud durante el ejercicio de las funciones para las que fue contratado que un ambiente de trabajo excelente se haya convertido en una pesadilla para todos. Algo que desconocíamos y que nos ha sido trasladado por los trabajadores tras el incidente descrito", "ha destruido con su comportamiento prepotente y acaparador el ambiente de equipo existente antes de su incorporación a esta empresa. Y que usted lo absorbe, interfiriendo en todos los ámbitos de la empresa, en el trabajo de todos (...) acaba anulando la voluntad de todos".

Se aporta, como prueba que trata de acreditar esta causa de despido, una serie de cartas o escritos dirigidos por los trabajadores a la empresaria en los días previos al despido en los que le muestran su apoyo, que constituyen una testifical documentada no ratificada en el acto del juicio y que no se ha sometido a contradicción. Pero, en cualquier caso, estos hechos también se describen con generalidades, de forma vaga y sin relatar episodios concretos, sin indicación de fecha alguna y sin imputar al demandante ninguna infracción laboral, por lo que en modo alguno pueden justificar el despido del trabajador ante la dificultad de articular su defensa frente a los mismos.

SÉPTIMO .- En cuarto lugar, se alude a varios hechos que, se señala, han aflorado con ocasión de la escisión de la empresa en las dos codemandadas:

"Otros hechos recientes igualmente censurables son los que han aflorado con motivo de la escisión de la empresa Industrias José Luis Blanco, SL en dos sociedades, la que mantiene el nombre y la actividad empresarial y la escindida Inversiones José Luis Blanco, SL, titular del patrimonio Inmobiliario y dedicada al arrendamiento de inmuebles. Con tal motivo, se le requirió en reiteradas ocasiones por ser necesario para documentar la subrogación del contrato con la nueva propietaria, una copia del contrato de arrendamiento de la vivienda donde residen sus padres, propiedad de Industrias José Luis Blanco, S.L. y ahora de Inversiones José Luis Blanco, S.L. sospechosamente desaparecido de la documentación de la empresa, sin que usted lo haya aportado".

Nuevamente se trata de hechos con respecto a las cuales ni se señala fecha del presunto requerimiento, ni se acredita el mismo, ni se indica cuál es el perjuicio que se ocasiona a la empresa, ni la infracción que se considera cometida.

OCTAVO.- Finalmente, se le imputa el haber favorecido sus intereses personales y de su familia (padres y hermanos) en detrimento de los intereses de la empresa :En una revisión de todas las facturas de arrendamiento correspondientes a 2021 el Administrador de la nueva sociedad observa que no hay ninguna factura realizada a sus padres o el arrendamiento de la casa en la que viven, concretamente a su madre Doña Coral que era a quien se le venía facturando y procede a facturar con fecha 28/06/2021 todas las rentas pendientes que puede facturar con esta sociedad, que son las correspondientes a los meses de enero a mayo de 2021. Se desprende de la contabilidad que la deuda acumulada por impago se inicia en enero de 2018.

Igualmente ha permitido a su hermano Luis Pablo (cliente de la empresa) acumular una deuda de 6.986,22€ sin saldar desde el 21/08/2020.

Estos extremos, que tampoco se tipifican por la empleadora, no resultan acreditados por ningún medio de prueba en los presentes autos.

NOVENO.- Por todo lo expuesto, y no acreditado ningún incumplimiento contractual de tal gravedad que justifique la imposición de la sanción de despido disciplinario, nos encontramos ante un despido que debe ser declarado improcedente, con los efectos previstos en el art. 56 ET, que establece, en sus tres primeros apartados:

1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera.

En cuanto a la fijación de la indemnización que corresponde al actor en caso de opción por la extinción de la relación laboral, han resultados controvertidos los dos parámetros que señala el precepto, tanto la antigüedad como el salario.

Comenzando por el primero de ellos, se postula por la parte actora una antigüedad de 1/06/2003, fecha en la que, mantiene, inició la prestación de servicios laborales para INDUSTRIAS JOSÉ LUIS BLANCO S.L.

En este caso, la realidad que figura documentada conduce a la conclusión de que la relación laboral comenzó el 1/04/13, fecha del contrato de trabajo entre las partes, y del alta en el Régimen General de la Seguridad Social, y corresponde a la parte actora la carga de la prueba de acreditar que, pese a los documentos firmados y a lo que las partes comunicaron a la Seguridad Social, durante los diez años anteriores - y exactamente, desde el 1/06/2003 - existió una relación que reunió las notas de ajeneidad y dependencia del art. 1 ET. Al respecto, los medios de prueba practicados no conducen a esta juzgadora a alcanzar tales conclusiones:

- En cuanto a los albaranes y facturas que se aportan correspondientes a dichos años, cuya autenticidad se impugna por la parte demandada, no estimamos que los mismos sean concluyentes para el resultado del pleito - lo que habría obligado a suspender el mismo por prejudicialidad penal por imperativo del art. 86 LRJS - por cuanto se trata de documentos, obtenidos de la base de datos el 7/08/21, que solo acreditarían una serie de operaciones mercantiles, pero no la intervención del actor en cada una de dichas operaciones, pudiendo ser documentos que se extraigan de los archivos de la empresa por cualquier trabajador, y más aún por quien ostentaba facultades de dirección hasta la fecha del despido. No ha declarado como testigo, al respecto, ningún proveedor que mantuviera que quien realizara las operaciones fuera el Sr. Florentino en los años señalados en los respectivos albaranes.

- En cuanto a las declaraciones testificales: los testigos declararon que, con anterioridad al año 2013, ciertamente el actor ya había dispuesto de una ubicación en INDUSTRIAS JOSÉ BLANCO, pero también manifestaron que hasta 2012 se desplazaba a Madrid donde se encontraba la sede de su entonces empleadora, PROALSA, y constan en autos contratos de colaboración entre ambas empresas firmados entre Dª. Florentino y Dª Estibaliz cada uno en representación de una de ellas. Todo ello, unido al hecho de que, desde el año 2001, ya había contraído matrimonio con Dª. Estibaliz, puede justificar el que se le permitiera prestar servicios desde dichas oficinas para PROALSA, al principio, incluso, ni siquiera disponía de un despacho propio, como declaró uno de los testigos, D. Sergio, con el que este mantuvo que compartía despacho. Todos manifestaron que las labores que realizaba eran para PROALSA, incluso el Sr. Florentino, primo del actor y empleado de la misma, que ratificó que hasta 2012 prestó servicios laborales para PROALSA, sin que le constara que realizara actividad laboral alguna para la demandada.

- No se acredita, por otra parte, que el demandante percibiera, con anterioridad a 2013, retribución alguna por cuenta de INDUSTRIAS JOSÉ LUIS BLANCO S.L.

Por todo ello, y no acreditada la antigüedad de 2003 que se postula por la parte actora, la misma ha de quedar fijada en la fecha del contrato laboral, 1/04/13.

En segundo lugar, por lo que respecta al salario, solicita la parte actora que, al salario reflejado en las nóminas, se añadan una serie de cuantías que el actor percibía como salario en especie:

- En primer lugar, se reclama el 50% del leasing del vehículo propiedad de la empresa y el 50% del importe de la gasolina del vehículo (600 euros), que el trabajador afirma que utilizaba tanto para uso particular como profesional, en cuantía de 4.526,40 euros anuales. En relación con esta cuestión, el coche de empresa debe incluirse cuando el reconocimiento del derecho de uso tiene su origen en la profesión del actor, y, al mismo tiempo, el mismo tenía autorización para su utilización para fines profesionales, señalando, en este último caso, la doctrina y la jurisprudencia, que si se produce un uso mixto del vehículo, profesional y personal, la valoración de la retribución en especie debe realizarse de acuerdo con un criterio de reparto en el que, teniendo en cuenta la naturaleza y características de las funciones del trabajador en la empresa, se valore solo la disponibilidad de fines particulares ( sentencias del TSJ de Castilla y León de 23/07/1007 o de 9/05/12). En el presente supuesto no se realiza dicha valoración de la disponibilidad pero, lo determinante, a nuestro modo de ver, es que el derecho a la utilización del vehículo no tiene su origen en la relación laboral, sino en el vínculo matrimonial con la administradora de la empresa. Así, los testigos señalaron que Dª. Estibaliz y D. Florentino tenían dos vehículos y que usaban ambos indistintamente para acudir al centro de trabajo, por lo que, con independencia de que los mismos estuvieran a nombre de la empresa, el uso por parte del trabajador de ambos - y no solo del Alfa Romeo al que alude - era ajeno a la relación laboral y no puede considerarse salario en especie.

- En tercer lugar, se solicita el 5% del valor del inmueble según la Junta de Castilla y León, en el que convivía con la administradora, 15.286,33 euros. Nuevamente y por lo que respecta al uso de la vivienda, debe acreditarse su concesión por razón del trabajo desarrollado, constituyendo la contratación del actor la causa y condicionante de su disfrute, circunstancia que tampoco concurre en este supuesto, en el que el actor, por razón de su vínculo matrimonial, convivía con la administradora en la vivienda sita en el PASEO000, aunque la misma estuviera a nombre de la empresa demandada.

Por consiguiente, la indemnización, de acuerdo con la antigüedad de 1/04/13 y el salario bruto mensual de 2.945,83€, asciende a 26.899,87 euros y el salario bruto diario para el caso de readmisión a 96,85 euros.

DÉCIMO.- Se ejercita, de forma acumulada a la pretensión de declaración de improcedencia del despido, la de reclamación de cantidad, que, tras la desacumulación de las cantidades correspondientes a 2020 y la desacumulación del importe de la reconvención, que habrían de ser objeto de ulterior procedimiento, queda fijada en la cuantía de los conceptos que integran la liquidación (escrito de la parte actora presentado el 30/09/21):

- Salarios 1.185,66€ por los últimos 12 días de agosto, cantidad que no se ha cuestionado por la demandada.

- Cantidad correspondiente a 13,5 días de vacaciones no disfrutadas en 2021: la cuantía fijada en la demanda era la global de las vacaciones de los años 2020 y 2021 sin que se haya efectuado desglose de importe concreto, por lo que, atendiendo al salario diario que hemos fijado en 96,85€, resulta un total de 1.307,47 euros brutos. Estas cantidades devengarán el 10% de interés por mora del art. 29.3 al ser conceptos de naturaleza salarial.

UNDÉCIMO.- Por último, y en cuanto a qué empresa o empresas han de responder de las consecuencias de la improcedencia del despido y la condena al abono de los salarios reclamados, se solicita, por la parte actora, la condena solidaria de ambas demandadas, INDUSTRIAS JOSÉ LUIS BLANCO S.L., e INVERSIONES JOSÉ LUIS BLANCO S.L y se invoca por estas la falta de legitimación pasiva de esta última al no haber tenido relación laboral con el actor. Se acredita documentalmente que, el 28/04/21, se eleva a pública la escisión de INDUSTRIAS JOSÉ LUIS BLANCO S.L. en las sociedades, INDUSTRIAS JOSÉ LUIS BLANCO S.L. E INVERSIONES JLBLANCO S.L., mediante la segregación de la rama de actividad de alquiler de bienes inmuebles. El demandante, antes y después de la escisión, prestó servicios exclusivamente para INDUSTRIAS JOSÉ LUIS BLANCO S.L., y, ni en la demanda inicial ni en el acto del juicio, expresó la fundamentación jurídica en la que se sustentaba para solicitar la condena de INVERSIONES SL BLANCO, empresa para la que no ha figurado como trabajador y con respecto a la cual, indica en la demanda, que " no tenía poderes ni acceso a la documentación de la nube de la gestoría de la nueva sociedad". En principio, y salvo acreditación de prueba en contrario, la división de empresa está prevista en el ordenamiento jurídico y es conforme a derecho, salvo que se resulte probado el fraude en orden a la elusión de responsabilidades. Así lo señalan entre otras, la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco de 9 de junio de 2020 (Rec 571/20), en un supuesto de escisión en el que sí se había precisado en qué se fundamentaba la petición de responsabilidad solidaria y concretamente lo que se había invocado era la existencia de grupo de empresas:

"El hilo conductor de nuestra resolución parte de dos consideraciones: la primera, que el fraude no se presume debiendo ser acreditado por quien lo alega ( STS 29-12-2014, recurso 83/2014 ); y de otro lado, que esta Sala se ha pronunciado sobre supuestos similares en anteriores resoluciones, entre otras nuestra sentencia del TSJPV de 10-3-2020, recurso 290/20 .

Los supuestos de responsabilidad solidaria por grupo de empresa que se enmascaran para evitar responsabilidades requieren una serie de requisitos que constantemente se vienen reiterando ( STS 23-2-2015, recurso 255/13 ). Estos requisitos son: primero, la existencia de un funcionamiento unitario; una prestación de trabajo indistinta e indiferenciada en orden a los empresarios aparentes; tercero, entidades diferenciadas que, realmente, mantienen una unidad; y, una caja única que puede presentar diversas manifestaciones o modalidades.

Los supuestos de división de empresa son modalidades admitidas dentro del Ordenamiento ( STS 24-9-2015, recurso 309/14 ), que no llevan consigo ninguna anomalía dentro de las vicisitudes de los contratos de trabajo. Desde la anterior perspectiva el que encontrándonos ante un caso en el que una empresa divide dos ramas de su actividad, y después de varios años (la escritura es de diciembre de 2015), procede a la extinción, una de las segregadas, de varios contratos de trabajo, no lleva consigo el que existiese una actividad fraudulenta, tal y como hemos referido en anteriores recursos, y ya hemos expuesto, salvo que se hubiesen acreditado otras circunstancias".

Por lo expuesto, la condena ha de recaer exclusivamente sobre la empleadora, INDUSTRIAS JOSE LUIS BLANCO S.L.

DUODÉCIMO.- Contra esta sentencia cabe interponer recurso de Suplicación de conformidad con lo prevenido en el artículo 191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos legales citados de general y pertinente aplicación