Sentencia Social 131/2023 Juzgado de lo Social de Albacete nº 1, Rec. 773/2022 de 12 de junio del 2023

PRIMERO.- El relato fáctico se ha obtenido en su integridad de la documental obrante en las actuaciones y de prueba realizada en el acto de juicio oral, estando referenciado en cada extremo fáctico que antecede el respectivo soporte probatorio en el que se fundamenta.

SEGUNDO.- De la prueba presentada por la parte actora (contrato de trabajo, nóminas, certificado de empresa, Informe de Vida Laboral de la empresa), resulta acreditada la existencia de relación laboral entre el actor y la empresa demandada, así como la antigüedad, categoría profesional y salario.

La empresa demandada, a quienes corresponde la carga de la prueba - artículos 105.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (L.R.J.S.), 55 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) y 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.C.)-, citada en forma, así como su Administrador Concursal, no comparecieron al acto de juicio, lo que implica una dejación de sus respectivos derechos a defenderse y ser oídos en el mismo, y un reconocimiento tácito de los hechos de la demanda, por lo que es de aplicación la ficta confesio establecida en el artículo 91.2 de la L.R.J.S.

Todo ello conlleva a concluir que el empleador no cumplió cabalmente en su momento con los requisitos formales y materiales que le son exigibles por ley para entender realizado conforme a Derecho el despido del trabajador (artículos 52.c) y 53 del E.T.), debiéndose entender que la extinción de la relación laboral decidida por la citada mercantil ha de ser calificada como un despido improcedente, al incumplirse dichos requisitos formales legalmente establecidos de ineludible realización ( artículos 53.4 del E.T. y 108.1 de la L.R.J.S.).

Sobre ello, es dable entender que no existe prueba alguna en las actuaciones de la que se pudieran deducir datos esenciales impeditivos de la calificación del despido como improcedente, toda vez que:

- No se ha aportado prueba alguna que acredite que a la fecha de efectividad del despido la empresa se encontrara en situación concursal o preconcursal, más allá de las meras manifestaciones expuestas en la carta de despido.

- No se aporta prueba alguna de la situación económica de la empresa en el momento de la efectividad del despido, ni la situación de liquidez de la misma, impeditiva de la entrega al actor de la cuantía especificada en la carta de despido correspondiente a una indemnización por despido objetivo.

- La empresa entregó al actor carta de despido en fecha posterior a la de su efectividad, y su baja en la Seguridad Social, incumpliendo palmariamente, además, los requisitos legales exigidos para entender realizado conforme a derecho la extinción de la relación laboral por causas objetivas (falta de preaviso, simultánea entrega de la indemnización correspondiente o acreditación de su imposibilidad por falta de liquidez, justificación de las causas económicas del despido, artículo 53.1 del E.T.).

- Dada la incomparecencia injustificada del Administrador Concursal de la mercantil, no consta noticia alguna de la actual y previsible situación de la empresa, por lo que no puede darse por presumida su cierre ni su liquidación.

Por todo ello, de conformidad con los artículos 55.4 y 56 del E.T., y el artículo 108.1, párrafo tercero, de la L.R.J.S., procede declarar improcedente el despido del actor realizado el día 30 de septiembre de 2.022, y de conformidad con el artículo 56.1 del E.T., y con lo dispuesto en el artículo 110 de la L.R.J.S., procede condenar a la empresa demandada (o el órgano correspondiente con capacidad de decisión sobre el particular) a que en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia opte entre la readmisión del actor, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia, a razón de 47,44 €/día, o el abono de una indemnización en cuantía equivalente a 33 días de salario por año de servicio, desde el inicio de la relación laboral (el 23 de febrero de 2.015) y hasta la extinción del contrato de trabajo (el 30 de septiembre de 2.023), resultando una cuantía indemnizatoria de 12.003,01 €. De conformidad con el artículo 110.3 de la L.R.J.S. la opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado de lo Social, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia. En el supuesto de no optar por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera.

CUARTO.- Además, acreditándose el devengo de los salarios reclamados por el actor durante los meses de mayo a septiembre de 2.022 (ambos inclusive e íntegros), pero no así su abono, total o parcial, procede su reconocimiento por deudas salariales pendientes de pago.

QUINTO.- El retraso en el pago de salarios, además de constituir infracción administrativa y, en su caso, causa de resolución del contrato por voluntad del trabajador, determina que la cuantía salarial adeudada se incremente con un interés por mora, que, en caso de salarios, es del 10% de lo adeudado (artículo 29.3 del E.T.), por lo que debe apreciarse el interés por mora anual por el período desde que se contrajo la obligación hasta la fecha de esta sentencia, en la cuantía que se fijara en el Fallo.

SEXTO.- Tal y como ha expuesto y solicitado, de forma expresa, la parte actora en el acto de juicio, dada la injustificada inasistencia de la empresa demandada, ni así tampoco de su Administrador Concursal, al acto de conciliación laboral extrajudicial -incumpliendo su obligación legal (ex artículo 66.1 de la L.R.J.S.)- y a la presente Vista, procede la imposición de las cotas procesales previstas en el artículo 97.3 de la L.R.J.S., y que se expondrán en la parte dispositiva de esta resolución judicial.

SÉPTIMO.- Se advertirá a las partes que contra la presente sentencia cabe recurso de suplicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 191.3.a) de la Ley de la Reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,