Sentencia Social 80/2023 Juzgado de lo Social de Albacete nº 3, Rec. 25/2022 de 17 de abril del 2023

PRIMERO.- Se solicita se dicte Sentencia por la que se anule y deje sin efecto la Resolución de 08/02/2018 de la IPTSS de Albacete y la Resolucion desestimatoria del recurso de Alzada de la Dirección General de Trabajo de fecha 30/10/2021, dando por reproducidas las alegaciones vertidas en el apartado B).- de los fundamentos jurídicos materiales de la demanda, en aras a la brevedad.

Pretensión a la que se opone la defensa Letrada de la demandada, alegando que las cuestiones que se plantean en demandad fueron objeto de análisis en las Resoluciones y Recursos que obran en vía administrativa, debiéndose acudir a indicios en los supuestos de connivencia al no existir nunca prueba directa, desgranando lo constatado en el expediente administrativo.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados, según preceptúa el art.97.2 de la LJS, resultan de una valoración conjunta de la prueba practicada, que ha sido concretada en los distintos hechos probados para su mejor comprensión.

TERCERO.- Se han de examinar dos cuestiones, por un lado, la configuración del fraude de ley, y por otro la virtualidad

de las Actas de la Inspección.

Así, y por lo que se refiere al primer punto, resulta de notable interés el contenido de la STS de 12-05-2009 (Rec. 2497/2008), indicando que: "La cuestión fundamental que desde siempre ha sido debatida es la afectante a la exigencia de «animus fraudandi» como requisito del fraude de ley. La jurisprudencia de esta Sala IV y de la I- no ha sido siempre uniforme, oscilando entre la tesis objetiva (atiende al resultado prohibido) y la subjetiva (contempla la intención defraudatoria), sin que no falten soluciones de síntesis como la que representa la STS/I 22-diciembre-1997 (recurso 1667/1993 ), al caracterizar la figura «como toda actividad tendente a inutilizar la finalidad práctica de una ley material, mediante la utilización de otra que sirve de cobertura para ello ( SS. 14 febrero 1986 y 12 noviembre 1988 ), llegándose al extremo de manifestar que el fraude de ley exige una serie de actos que, pese a su apariencia legal, violan el contenido ético de un precepto legal ( S. de 26 mayo 1989 )".

"Ciertamente que no faltan resoluciones que atienden -para apreciar el fraude- a la mera constatación objetiva de la producción del resultado prohibido por la norma (al margen de la intención o propósito del autor), como cuando se afirma que aunque el fraude de ley no se presume y debe ser probado por la parte que lo alega, esto no significa que tenga que justificarse la intencionalidad fraudulenta de los negociadores, sino que es suficiente con que los datos objetivos que constan en el mismo revelen el ánimo de ampararse en el texto de una norma para conseguir un resultado prohibido o contrario a la ley ( STS/IV 19-junio-1995 -recurso 2371/1994 ; citada por la de 31-mayo-2007 -recurso 401/2006 ). Pero mayoritariamente, la doctrina de esta Sala se inclina por afirmar que en materia de fraude de ley, el elemento fundamental consiste en la intención maliciosa de violar la norma (así, las SSTS/IV 11-octubre-1991 -recurso 95/1991 y 5-diciembre-1991 -recurso 626/1991 ), pues en la concepción de nuestro Derecho, el fraude es algo integrado por un elemento subjetivo o de intención, de manera que para que pueda hablarse de fraude es necesario que la utilización de determinada norma del ordenamiento jurídico, persiga, pretenda, o muestre el propósito, de eludir otra norma del propio ordenamiento ( STS/IV 6-febrero-2003 -recurso 1207/2002 ); y en la entraña y en la propia naturaleza del fraude de ley está la creación de una apariencia de realidad con el propósito torticero de obtener de ella unas consecuencias que la auténtica realidad, no aparente, sino deliberadamente encubierta, no permitirían ( STS 5-diciembre-1991 -recurso 626/1991 ). O lo que es igual, el fraude de ley que define el art. 6.4 CC es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma, o con una posible elección errónea del tipo contractual que corresponde a un determinado propósito negocial (así, con cita de diversos precedentes, las SSTS/IV 16-enero-1996 -recurso 693/1995 en contratación temporal ; y 31-mayo-2007 -recurso 401/2006 en contrato de aprendizaje)".

Por otra parte, y en orden a la acreditación del fraude, las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 1993, (rec. 795/1992); de 24 de febrero de 2003, (rec. 4369/2001), 14 de mayo de 2008 (rec. 884/2007) y la ya citada de 12 de mayo de 2009 (rec. 2497/2008) indican que: "La expresión no presunción del fraude ha de entenderse en el sentido de que no se ha de partir de éste como hecho dado y supuesto a falta de prueba en contrario [al modo de una inversión de la carga probatoria, ciertamente prohibida a estos efectos], pero naturalmente no excluye en absoluto la posibilidad de que el carácter fraudulento de una contratación pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones, pues su existencia -como la del abuso de derecho- sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados".

En ese sentido, el art. 386.1 de la LEC, sobre presunciones judiciales, dispone que "A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano". Según la doctrina jurisprudencial ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1989 y 29 de marzo de 1993) la prueba de presunciones exige la cumplida demostración del hecho básico que le sirve de sustento y el enlace lógico, preciso y cumplidamente justificado entre el hecho y su consecuencia.

A su vez y en relación con el valor probatorio de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo, tanto el apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y art. 15 de Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, como el art. 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establecen que las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se extiendan con arreglo a los requisitos establecidos legalmente estarán dotadas de presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en la misma, que hayan sido constatados por el Inspector actuante, salvo prueba en contrario. Presunción de veracidad que se sustenta en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante, ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 18 de enero y 18 de marzo de 1991 y 16 de diciembre de 1996) y que queda limitada a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 24 de junio de 1991 y 18 de diciembre de 1995, citadas por la del mismo Tribunal de fecha 16 de diciembre de 1996). Por ello, concluye la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 8 de mayo de 2000, que: "El acta de la Inspección es una prueba documental pública susceptible de valoración, en cuanto refleja hechos constatados por funcionario, sin perjuicio, claro está, de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar o señalar los administrados".

Aplicando todo lo que queda expuesto al supuesto que ahora nos ocupa, se impone necesariamente la desestimación de la demanda, y ello por cuanto que analizando los hechos declarados probados tras una valoración conjunta de la prueba practicada y a la vista de los datos consignados en el acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo, en absoluto desvirtuados de contrario, se aprecia la concurrencia de multitud de indicios directamente derivados de hechos específicamente probados que evidencian la existencia de un efectivo acuerdo de voluntades para extinguir la vinculación laboral. Consta acreditado que la actividad ejercida por ELECTROMANCHUELA, S.L. ha sido continuada por ELECTROMANCHUELA EPSJ, realizándose en el mismo local, con el mismo logo y con material que era de ELECTROMANCHUELA, S.L., sin traspaso o similar, concertándose un precio de 500,00 € por el alquiler de la nace de 300 m2 equipada según el contrato de alquiler. Al jubilarse D. Constancio, su hijo, D. Carlos José fue despedido percibiendo prestación por desempleo y capitalización de la misma para continuar la actividad, no habiéndose justificado el despido al no extinguirse la sociedad ELECTROMANCHUELA, S.L. ni cesado en su actividad, continuando D. Jose Ramón de alta en RETA por su relación con ELECTROMANCHUELA, S.L., siendo su administrador único.

Decisión que, sin perjuicio de conformarse como legítima y susceptible de ser llevada a cabo en el ámbito de la libertad que a ambos les asistía en orden a la conformación de su futuro profesional y empresarial, sin embargo no amparaba, ni justificaba, su consecución a través de mecanismos ajenos a la situación que se pretendía obtener, dado que mediante la simulación de un despido objetivo que en realidad no existía, lo que se pretendía era conseguir una apariencia de cese involuntario a fin de obtener una prestación como es la de desempleo, que legalmente no se reconoce en dicho supuesto, actuación que efectivamente implica connivencia para obtener un resultado ilegítimo, tal y como entendió la Inspección de Trabajo actuante imponiendo la sanción objeto de impugnación, la cual debe ser ratificada, pues no puede decirse entonces que falte entre aquellos hechos y la conclusión extraída en el Acta de Infracción, el enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, en los términos en que viene previsto en el artículo 386 de la LEC.

CUARTO.- A tenor de lo prevenido en el artículo 191 LRJS, frente a esta Sentencia cabe Recurso de Suplicación.

Vistos los artículos citados, doctrina legal y demás normas de aplicación al caso,