Sentencia Social 151/2023 Juzgado de lo Social de Ávila nº 1, Rec. 117/2023 de 05 de mayo del 2023

PRIMERO. - Planteamiento de la acción ejercitada.

1.1.- A través de la demanda origen del presente procedimiento interesa la parte actora la improcedencia del despido con los efectos legales oportunos. Sostiene en suma su pretensión, alegando la inexistencia de causa alguna que justifique la extinción de la relación laboral en el supuesto de sucesión empresarial. Considera que la extinción de la relación laboral lo es con fecha 09/01/2023. Acumula la acción de reclamación de las cantidades que en concepto de salario no le han sido abonadas y en atención a la fecha de extinción interesa los salarios devengados hasta dicha fecha y que por los 9 días del mes de enero cuantifica en 488,79 euros y por las vacaciones devengadas-15 días-la suma de 814,65 euros.

1.2.- La empresa codemandada INSTITUTO ESPAÑOL MURALLAS DE ÁVILA SL opuso la falta de legitimación pasiva ad causam con ocasión de la venta del negocio a Anibal e intereso una condena en costas.

1.3.- El FOGASA puso de manifiesto la situación de IT del trabajador demandante a efectos de determinar el alcance de la reclamación.

SEGUNDO. - Delimitación al supuesto de autos.

2.1.-Motivación fáctica. Prueba. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.2 LRJS se hace constar que los anteriores hechos probados son el resultado de la valoración de la prueba practicada, documental, interrogatorio de la parte codemandada e interrogatorio de testigo en aplicación de lo establecido en el artículo 326, 319, 316 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. E incomparecida la empresa demandada CARLOS LOPEZ BECERRO, a quien se tiene por confesa con los hechos de la demanda, en lo relativo al impago, en los términos que luego se dirá ( art. 91.2 LRJS) junto con aquellos hechos admitidos o conformes, se trata de hechos que son alegados por una de las partes en el proceso y son admitidos por la contraria, los cuales no son objeto de prueba, ya que la afirmación fáctica de las partes vincula al juez ( arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC)

2.2.- Procede declarar la imprudencia del despido. El despido tácito es el que se realiza sin comunicación expresa al trabajador por el empresario de su voluntad de extinguir el contrato, pero existiendo actos concluyentes por parte de este que evidencian tal voluntad. Es decir, se trata de un tipo de despido en el que la voluntad empresarial de extinguir el contrato de trabajo queda reflejada por hechos indiscutibles que dejan clara la intención de la empresa de poner fin a la relación jurídico- laboral. STJ Murcia, de 17/01/2000 , TS, Sala de lo Social, de 12/01/2010, Rec. 2870/2007 , TSJ Murcia, de 20/03/2000 y TSJ Cataluña, Sala de lo Social, nº 4388/2014, de 17/06/2014, Rec. 2612/2014

Este tipo de acto extintivo se caracteriza porque el empresario, ni cumple con los requisitos formales legalmente exigidos, ni manifiesta, de forma expresa y clara, su voluntad de poner fin a la relación laboral, sino que ésta se deduce de su comportamiento ( STS de 16 de noviembre de 1998, STSJ de Madrid, de 18 de febrero de 1992 y 21 de octubre de 1996, STSJ de Baleares de 7 de noviembre de 1995, SSTSJ el País Vasco de 10 de febrero de 1998, entre otras). En consecuencia, el despido debe ser calificado el mismo como improcedente, de acuerdo con lo dispuesto al efecto en los arts. 55.4 del Estatuto de los Trabajadores y 108 de la Ley de Jurisdicción Social, según los cuales el despido será calificado como improcedente cuando no se respeten las formalidades legales o no quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en el escrito de comunicación, y con los efectos que así mismo disponen el artículo 56 del E.T. en cuanto a la indemnización a percibir y el artículo 110 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social . SJS- Toledo- Nº 155/2020, de 30 de marzo de 2020, Ecli: ES: JSO:2020:1683

2.3.- De conformidad con lo dispuesto en los arts. 56 del ET y 110 de la LRJS, al haberse declarado improcedente la decisión extintiva sin que la persona trabajadora ostente ni haya ostentado en el año anterior al despido, la condición de representante legal o sindical de las personas trabajadoras, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión de la persona trabajadora o el abono de una indemnización

2.4.- De la indemnización extintiva. La declaración del despido como improcedente obliga a calcular la indemnización extintiva de acuerdo con el art. 110.1 de la LRJS y con el art. 56.1 del ET ascendiendo a "treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades".

El cálculo de esta indemnización debe hacerse sobre la base del periodo en que la parte actora ha prestado servicios laborales para el empleador, tomando como fecha inicial el día 12/06/1995 correspondiente a la antigüedad reconocida en esta resolución, en particular dada la subrogación empresarial acreditada a través de la prueba documental-Hecho probado primero- y como fecha final el día de extinción de la relación laboral-fecha de baja del trabajador-09/01/2023-. El prorrateo de los días que exceden de un mes completo se computa como si la prestación de servicios se hubiera efectuado durante toda la mensualidad: se considera como un mes completo ( STS de 20 de julio de 2009, recurso 2398/2008; 20 de junio de 2012, recurso 2931/2011; y 6 de mayo de 2014, recurso 562/2013). El salario tomado en cuenta será el mensual de 1.629,30 euros, importe en el que se incluyen el prorrateo de las pagas extraordinarias, según lo expuesto en el hecho probado 1º.

Aplicando el referido criterio, la indemnización total asciende a 40.174,5 euros-s.e.u. o- que se desglosa de la siguiente manera: -40.174,5 euros hasta el 11/02/2012 y 0 euros desde el 12/02/2012.

2.5.- En un supuesto de sucesión de empresa, la empresa transmitente responde solidariamente con la empresa cesionaria durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas, pero no así de las obligaciones surgidas con posterioridad, a salvo que se aprecie fraude de ley en la cesión o la existencia de un grupo laboral de empresas. En aplicación al caso de autos, la responsabilidad se limita exclusivamente respecto de la empresa CARLOS LOPEZ BECERRO toda vez que no existe prueba alguna objetiva por el que se aprecie fraude de ley en la cesión o que las empresas demandadas constituyan un grupo laboral de empresas, sin perjuicio en su caso de la responsabilidad de la empresa cedente respecto de otras obligaciones laborales que pudieran corresponder en atención al acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social, desempleo, FOGASA y FP-documento nº 6 aportado en autos por la parte actora-y que no constituye el objeto de la presente litis.

Téngase en cuenta, que no fue objeto de discusión la subrogación de empresa a favor de D. Anibal-hecho segundo del escrito de demanda-extremos que fueron corroborados a través tanto de la prueba de interrogatorio de parte como de la testigo que depuso a instancia de la parte actora, D. Carina compañera del demandante, la cual tuvo conocimiento de la subrogación desde julio de 2022, que no recibia ningún tipo de orden por parte de la empresa INSTITUTO ESPAÑOL MURALLLAS DE ÁVILA SL, sino que desde julio por parte de Anibal su nuevo jefe. De la misma forma a través de la prueba documental aportada por la empresa codemandada-documento nº 2, en particular el contrato privado de compraventa del negocio de academia-documento que no fue objeto de impugnación-negocio que fue igualmente reconocido a través de la prueba de interrogatorio de parte.

Finalmente indicar, siguiendo con las alegaciones vertidas en el acto de la vista, con invocación de la sentencia de noviembre de 2016 sobre la sucesión empresarial a fin de determinar la responsabilidad solidaria de las empresas cedente y cesionaria, que la misma se refiere a un despido con anterioridad a la sucesión no abonadas las cantidades correspondientes, mientras que en el presente caso, se trata de un supuesto diferente, toda vez que la extinción de la relación laboral tiene lugar con posterioridad a la subrogación de empresa a favor de Anibal y los salarios que se reclaman son los devengados igualmente con posterioridad.

TERCERO. - De la reclamación de cantidad.

3.1.- En el presente supuesto se ha acreditado la antigüedad, categoría y salario de la parte actora, en atención a las nóminas aportadas por la parte actora, contrato de trabajo unido al hecho de la incomparecencia de la empresa demandada al acto del juicio, a pesar de haber sido citada en forma y con los apercibimientos legales, por lo que se la tiene por confesa con los hechos de la demanda en virtud de lo dispuesto en el art. 91.2 de la LRJS, se desprende que han quedado acreditadas tanto las circunstancias concurrentes en la parte actora, como la existencia de la deuda, habiendo incumplido la empresa con sus obligaciones, infringiendo de ese modo lo dispuesto en los arts. 4.2 f), 26, 29, 31 y concordantes del ET, que amparan la demanda. Por otro lado, también corroborado a través de las manifestaciones del codemandado Anibal recogidas ante la actuación inspectora, (...) En comparecencia celebrada en fecha 01/02/2022 reconoce el empresario el impago de los salarios correspondientes a noviembre y diciembre de 2022. Sin embargo, no justifica ni acredita el pago de octubre...página 8/14 documento nº 6.

Los hechos declarados constatan la existencia de una deuda a favor del demandante que incluye las mensualidades de septiembre a diciembre de 2022 y extra de diciembre del año 2022, así como los 15 días de vacaciones devengados -. Por consiguiente, procede, con amparo en lo dispuesto en los artículos 4.2. f), 26 y 29 ET, y que arroja un total de 4.885,53 euros en atención a los conceptos que se desglosan en el hecho declarado probado tercero, con recargo del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.

La pretensión indemnizatoria se limita a dicho importe toda vez que el trabajador, en particular respecto de la petición del importe correspondiente al salario del mes de diciembre de 2022, se encuentra en situación de Incapacidad Temporal desde el 15/12/2022, según el propio relato factico del escrito de demanda y las manifestaciones recogidas en el acta de Inspección. La situación de incapacidad temporal es causa de suspensión del contrato de trabajo , quedando exoneradas las partes de sus respectivas obligaciones de trabajar y de retribuir el trabajo, téngase en cuenta que el pago directo de la prestación se lleva a cabo por la Mutua concertada-Hecho probado tercero in fine- y por el mismo motivo no procede el importe solicitado en el acto de la vista, en concepto de los salarios devengados por los 9 días del mes de enero de 2023 que cuantifica en la suma de 488,79 euros.

No concurren en el presente supuesto ninguno de los dos requisitos básicos para que podamos hablar de una alteración sustancial: a) que se trate de la introducción de algún elemento innovador que altere la delimitación del objeto del proceso, tal y como éste ha quedado jado en la papeleta de conciliación, ex Art. 80.1 c) LRJS -, b) que con ello se ponga en riesgo el derecho de defensa de la parte demandada, ( STS/4ª de 18 julio 2005-rcud. 1393/2004 - y 15 noviembre 2012 -rcud. 3839/2011- y 30 abril 2014 -rec. 213/2013-), puesto que en el acto de la vista amplio el quantum indemnizatorio respecto de lo interesado tanto en la demanda como en la papeleta de conciliación, toda vez que la modificación que se propone, no afecta de forma decisiva a la configuración de la pretensión ejercitada o a los hechos en que ésta se funda, ni introduce un elemento de innovación esencial en la delimitación del objeto del proceso, susceptible, a su vez, de generar para la parte demandada una situación de indefensión ( SSTS de 17 de marzo de 1988 y de 9 de noviembre de 1989). No nos encontramos, por tanto, ante una variación sustancial ni en las causas ni en la razón de pedir, que es la misma tanto en la papeleta de conciliación previa como en la demanda, y no es otra que la falta de abono de unos salarios que el actor considera que le son adeudados, y en particular con ocasión de la actuación inspectora que ha tenido lugar con posterioridad a la celebración del acto de conciliación, y aportada con posterioridad a la presentación y admisión de la demanda, según escrito fechado el 14 de marzo de 2023 máxime cuando ya con la demanda, se aportó como documento nº 7 denuncia ante la Inspección de Trabajo. Ni tampoco puede considerarse que estuviera en peligro el derecho de defensa de la parte demandada que, no solo era conocedora de lo reclamado, sino que ni siquiera compareció en el acto de juicio a sustentar su derecho.

CUARTO. - Habiéndose citado al Fondo de Garantía Salarial, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1 de la LRJS, únicamente puede ser condenado a estar y pasar por este pronunciamiento, sin perjuicio de resultar ulteriormente la insolvencia de la empresa, deba asumir su responsabilidad legal.

QUINTO. - No se aprecia circunstancia alguna que justifique la condena en costas solicitada por la empresa codemandada en aplicación del artículo 97 de la LRJS, toda vez que la llamada al procedimiento de la empresa INSTITUTO ESPAÑOL MURALLAS DE ÁVILA SL tiene lugar con ocasión de la invocación de la sucesión empresarial del articulo 44 ET, a tal fin véase los fundamentos de derecho de la demanda, y así se deduce tanto de los hechos primero y segundo de la mencionada demanda. En definitiva, utilizó los resortes o instrumentos procesales que la Ley pone a su disposición en términos tales que no puede decirse hayan extravasado el uso racional y legítimo del correspondiente derecho.

SEXTO. - A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191.3.a) de la LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,