Sentencia Social 243/2023 Juzgado de lo Social de Ávila nº 1, Rec. 659/2022 de 08 de septiembre del 2023

PRIMERO. Motivación fáctica . Prueba. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se hace constar que los anteriores hechos probados son el resultado de la valoración de las pruebas practicadas en el acto del juicio. En particular de aquellos alegados por una de las partes en el proceso y son admitidos por la contraria, los cuales no son objeto de prueba, ya que la afirmación fáctica de las partes vincula al juez ( arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC), junto con la prueba documental, el interrogatorio de parte y de testigo, que se valoran en aplicación de los artículos 326, 319, 316 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO. - Planteamiento de la acción ejercitada.

2.1.- Por la parte actora se solicita que se declare la improcedencia del despido en atención a las manifestaciones realizadas en el acto de la vista sobre su solicitud de despido nulo.

Junto a dicha pretensión acumula la acción de reclamación de cantidad que cuantifica en la suma de 4.316,00 euros al no interesar el importe en su día solicitado-364,00 euros-en concepto de paga extra de navidad.

2.2.- Frente a dicha pretensión se opone la parte demandada, alegando, en síntesis: 1.-En cuanto a la acción de despido, sostiene que es procedente toda vez que fue el propio trabajador que causo baja voluntaria al trabajar en otro lugar. 2.- En cuanto al salario considera que es de 800,00 euros en efectivo pues se pactó verbalmente una parte en especie, en particular el alquiler de una vivienda junto con el abono de los suministros por parte de la empresa. 3.- Respecto de la cantidad reclamada se opone asimismo en atención al abono de la parte del salario en especie que mantiene y que en todo caso debería descontarse de la suma pretendida así como los perjuicios que ha ocasionado a la empresa demandada en atención a la naturaleza de la exploración agraria de la que que tuvo que hacerse cargo incluso el hijo del demandado.

TERCERO. - Delimitación al caso de autos.

3.1.- De la improcedencia del despido. En materia de despido disciplinario, el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores El art. 54 del ET regula el despido disciplinario: "1. El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador."

En cuanto a la forma y efectos del despido disciplinario, el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores establece: "1. El despido deberá ser noticiado por escrito al trabajador, haciendo gurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos. Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido".

La jurisprudencia viene armando que además del deber de acreditarse la comisión de la infracción imputada por la empresa, deben concurrir unas especificaciones formales respecto del contenido de la carta de despido, ya que no puede consistir en genéricas expresiones, ha de ser concreto, claro y preciso, recogiendo los hechos a los que se reere, días en los que se cometieron etc. ( Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 1990 y 28 de abril de 1997), sin que baste la mera transcripción de la definición jurídica de la causa de despido. La concreción de la fecha de comisión de la falta imputada es necesaria, pues lo contrario lleva a considerarlo improcedente ( Sentencia del Tribunal Supremo para la unicación de la doctrina de 21 de septiembre de 2005), salvo que, por tratarse de una conducta continuada o tan trascendente o grave, sea tal la notoriedad que la haga innecesaria.

3.2.- En el presente caso, y acerca de la realidad de los hechos imputados al trabajador al considerar que ha existido por su parte una transgresión de la buena fe contractual ante la falta de asistencia injustificada durante los días 26, 29, 30 y 31 de agosto. Junto a tal indicación en el acto de la vista, se mantuvo que el trabajador demandante fue quien precisamente causo baja voluntaria con el fin de trabajar en otra empresa, que existió fraude y engaño por su parte.

Reiterada doctrina jurisprudencial sostiene que "en las cuestiones situadas en el área disciplinaria o sancionadora de esta rama del ordenamiento jurídico, han de ponderarse todos sus aspectos, objetivos y subjetivos, pues los más elementales principios de justicia exigen una perfecta proporcionalidad y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción, y en este orden de cosas, no puede operarse objetiva y automáticamente, sino que tales elementos han de enlazarse para buscar en su conjunción la auténtica realidad jurídica que de ella nace, a través de un análisis específico e individualizado de cada caso concreto, con valor predominante del factor humano, pues en definitiva se juzga sobre la conducta observada por el trabajador en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, o con ocasión de ellas" ( STS de 26-4-2007, recurso 801/2006; 15-1-2009, recurso 2302/2007; y 19-7-2010, recurso 2643/2009, y las citadas en ellas).

El TS sostiene que "el enjuiciamiento del despido debe abordarse de forma gradualista buscando la necesaria proporción ante la infracción y la sanción y aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades de cada caso concreto ( sentencias de 19 y 28 febrero 6 abril y 18 de mayo de 1990 , 16 mayo 1991 y 2 de abril y 30 de mayo de 1.992 , entre otras)." ( STS de 10 de enero de 2019, recurso 2595/2017).

Valorando el conjunto de circunstancias del caso, esta Juzgadora debe concluir que no se ha acreditado la existencia de unos incumplimientos contractuales de la persona trabajadora que justifiquen su despido disciplinario. En el presente caso no se acredita por la empresa, que es a quién le corresponde la carga de la prueba, los hechos determinantes del despido, pues no obstante, coincidir en la relación laboral con el alta en otra empresa, en particular "Diego Gastronomía SL" como de desprende de la consulta de Informe de Vida Laboral, es perfectamente posible el desempeño de una pluriactividad, pues no se ha acreditado la incompatibilidad por ejemplo de ambos trabajos. En cuanto a la invocación de la baja voluntaria por parte del trabajador, lo cierto, es que no consta acreditada, así se desprende del propio certificado de empresa aportado donde se hace constar como causa de extinción de la relación laboral la del "despido de la persona trabajadora", por otro lado, no obstante las manifestaciones vertidas por la parte demandada sobre la ausencia del trabajador durante el mes de agosto, sin embargo, en la carta de despido solamente se hace mención a 4 días.

3.3.- De conformidad con lo dispuesto en los arts. 56 del ET y 110 de la LRJS, al haberse declarado improcedente la decisión extintiva sin que la persona trabajadora ostente ni haya ostentado en el año anterior al despido, la condición de representante legal o sindical de las personas trabajadoras, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión de la persona trabajadora o el abono de una indemnización

3.4.- De la indemnización extintiva. La declaración del despido como improcedente obliga a calcular la indemnización extintiva de acuerdo con el art. 110.1 de la LRJS y con el art. 56.1 del ET ascendiendo a "treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades".

El cálculo de esta indemnización debe hacerse sobre la base del periodo en que la parte actora ha prestado servicios laborales para el empleador, tomando como fecha inicial el día 20/08/2021 correspondiente a la antigüedad reconocida en esta resolución. El prorrateo de los días que exceden de un mes completo se computa como si la prestación de servicios se hubiera efectuado durante toda la mensualidad: se considera como un mes completo ( STS de 20 de julio de 2009, recurso 2398/2008; 20 de junio de 2012, recurso 2931/2011; y 6 de mayo de 2014, recurso 562/2013).

El salario tomado en cuenta será el de 1166,70 euros mensuales, importe en el que se incluyen el prorrateo de las pagas extraordinarias, según lo expuesto en el hecho probado 2º. Frente a las alegaciones vertidas por la empresa demandada sobre el salario, de 800,00 euros en metálico y otra parte en especie con ocasión de un acuerdo verbal, lo cierto que es que dicho extremo no ha quedado corroborado, dándose por valido el indicado anteriormente en atención a las siguientes consideraciones: 1.- En el propio certificado de empresa donde se hace constar expresamente la suma indicada, 2.- Importe que coincide con las nóminas aportadas a los folios 3 a 6 por la parte actora. 3.- Partiendo de la dificultad que entraña la prueba de los acuerdos verbales puede llegarse a admitir su existencia a través de determinados actos previos, coetáneos y posteriores del demandado, y que en el presente caso no ha quedado acreditado, en efecto, en cuanto a los documentos que sostienen dicha oposición-documentos 1 a 12 cabe hacer las siguientes observaciones: a.- Documentos 1 a 8 factura de gastos de suministros consta emitida a nombre de una persona ajena al procedimiento, desconociéndose más datos sobre la misma y en su caso la relación con el demandado. b.- En cuanto al resto de los documentos 9 a 12 donde de forma manuscrita, sin mayor especificación se menciona pago, pago alquiler, pago piso Se trata de un documento privado del que se desconoce, la fuente de elaboración o de obtención de datos. Un documento que sólo contiene declaraciones unilaterales de quien lo ofreció debe estimarse que carece de valor probatorio, aun cuando no haya sido objetado por la parte contraria, pues esa falta de objeción no puede tener el alcance de otorgarle valor probatorio a una documental que en sí misma no produce convicción en cuanto a su contenido, dada la forma unilateral en que fue elaborada; por lo que es necesario articularla con algún otro medio probatorio que corrobore las declaraciones que en ella se contienen. 3.- Sobre las declaraciones de parte y del testigo, hijo del demandado, deben tomarse con suma cautela en atención a la relación de parentesco.

Aplicando los referidos criterios, la indemnización total asciende a 1.371,27 euros-S.E.U.O-. De esa cuantía debe deducirse la indemnización que por cese del contrato haya podido percibir, en su caso, la parte demandante.

CUARTO. - De la acción de reclamación de cantidad.

4.1.- Debe recordarse que el artículo 4, apartado segundo, del Estatuto de los Trabajadores , dentro de la regulación de los "Derechos laborales" dispone que en la relación de trabajo, los trabajadores tiene derecho, en su apartado f), "a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida" ; percepción salarial ésta que constituye la contraprestación fundamental que corresponde al empleador en el seno del contrato de trabajo por los servicios del trabajador, y que integra, de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 26 del mismo cuerpo legal , "la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo" , sin que puedan conceptuarse como tal salario, según aclara el apartado segundo de este mismo artículo, "las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos".

4.2.- En nuestro sistema jurídico las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento ( art. 1156 Código Civil), entendiéndose hecho el mismo cuando entregue completamente el precio en que la obligación dineraria consista, según establece el art. 1157 Código Civil.

Según la norma general sobre distribución de la carga probatoria del art. 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incumbe al deudor la demostración de que ha cumplido su prestación, cuando opone la extinción de la obligación en cualquiera de las formas admitidas, es una deuda de dinero y debe primar el art. 1.170 del Código Civil, en metálico, ingreso en cuenta corriente, entrega de documentos de crédito.

4.3.- En el presente supuesto, procede acceder a la cuantía indemnizatoria solicitada y que se desglosa de la siguiente manera:

1.- 1.093 euros correspondiente al salario del mes de agosto de 2022.

2.- 3.223,00 euros correspondiente a la diferencia salarial existente entre el salario devengado desde septiembre de 2021 a julio de 2022. El salario fijado en 1093,00 euros, se abonó la suma de 800,00 euros-véase el documento aportado por la actora al folio 2 que no fue objeto de impugnación. -existiendo una diferencia salarial de 293 euros mensualesx11.

En atención a lo expuesto, así como en el fundamento precedente, sobre los importes satisfechos en concepto de salario en especie por la parte demanda, procede desestimar la pretendida compensación.

No ha lugar tampoco acceder a la invocación que se efectuó por la empresa sobre los perjuicios causados y en particular atendidos por el hijo del empresario, no solo ante la falta de acreditación de los mismos, así como sobre su cuantificación, máxime cuando tampoco se siguió el procedimiento a tal fin fijado en el articulo 85 de la LRJS ante una pretendida reconvención en su caso.

QUINTO. - De la condena en costas.

5.1.- En atención a la petición de condena en costas ante la incomparecencia de la parte demandada al acto de conciliación Al efecto, traer a colación la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2.010 (recurso no 2.248/09), igualmente indicadora, que centra así los términos del debate: "(...) El objeto del presente recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si la injusticia incomparecencia al preceptivo acto de conciliación administrativa de la parte que, a la postre, ha resultado condenada en lo esencial en el posterior proceso judicial, debe -o no- acarrear también la automática consecuencia de una condena pecuniaria -y su alcance en su caso- por temeridad o mala fe a dicha parte demandada", a lo que más adelante agrega: "(...) Esta Sala ya tuvo ocasión de recordar que 'la conciliación regulada en los artículos 63 y siguientes de la ley de Procedimiento Laboral es susceptible de una triple consideración, a) como una actividad ordenada a una solución del conflicto con evitación del litigio, b) como un contrato- transacción cuando la conciliación llega a término y c) como un presupuesto procesal (...); la ley exige la celebración de la conciliación propiciando que las partes acudan al acto de celebración. A esta finalidad va orientado el artículo 66 de la ley de Procedimiento Laboral que en su número 1º establece la obligación de los litigantes de asistir al acto de conciliación y los números 2 y 3 previenen las consecuencias adversas para el solicitante y para la otra parte de una inasistencia injustificada' ( TS 17-2-1999, R. 1457/98 ). Y aunque con respecto al solicitante no cabe una interpretación desproporcionada de los motivos que puedan dar lugar a rechazar una justa causa como razón de la incomparecencia, puesto que, para él, a diferencia de lo que normalmente sucede con el demandado, la consecuencia legalmente prevista ('se tendrá por no presentada la papeleta, archivándose todo lo actuado': art. 66.2 LPL ) puede llegar a afectar a su derecho a la tutela judicial efectiva (puede verse al respecto la STC 350/93, de 22 de noviembre ), y tal trascendental afectación no tiene porqué darse, como con acierto sostiene la sentencia de contraste, en el caso de incomparecencia de la parte demandada (la empresarial en este supuesto) al acto de conciliación, lo cierto es que ha sido el propio legislador quién, en el art. 63.3 de la LPL, ha establecido de forma expresa y clara (sin duda para dar mayor ecacia a la declaración de obligatoriedad de asistencia a la conciliación que proclama el nº 1 del mismo precepto) la mencionada consecuencia sancionatoria. La consecuencia, pues, ha de ser prácticamente automática; pero tal efecto, que, como vimos, se produce por mandato legal expreso ('deberá', dice el precepto y dicho término significa, según el DRAE, estar obligado a algo por ley), no es la mera secuela o el simple resultado de la incomparecencia del demandado al acto de conciliación, al que, por supuesto, hubo de ser debidamente citado, sino que, además, y sobre todo, es el producto o consecuencia de la falta de justificación de dicha ausencia . Esa justicación podrá hacerse valer ante el órgano administrativo conciliador y éste habrá de tomar las medidas que considere necesarias o convenientes al respecto, pero el lugar adecuado para hacerlo será, desde luego, ante el órgano jurisdiccional y mediante cualquier prueba válida y eficaz en derecho. Será, pues, el órgano judicial (primero el de instancia y luego el competente para atender las eventuales impugnaciones planteadas) el que deberá pronunciarse sobre la concreta justicación de aquella ausencia y, en función de su resultado, apreciar o no la temeridad o mala fe para, en denitiva, imponer o no la correspondiente sanción. Se trata, en n, de una automaticidad relativa, no absoluta, porque siempre cabe la intervención y la ponderación judicial sobre las causas que, de existir, podrían justificar la ausencia. 'Justa causa' y 'justicación' son términos sinónimos, es decir, también según el DRAE, vocablos o expresiones con una misma o muy parecida signicación" (las negritas también son nuestras)".

5.2.- En el caso que nos ocupa, debe entenderse justificada la ausencia de comparecencia al acto de conciliación por la parte demandada, en particular tras las peticiones que se concretaron por la parte actora en el acto de la vista sin ejercitar la pretensión de despido nulo y la reclamación de cantidad respecto de la paga extra de navidad 2022.

SEXTO. - Que de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente Sentencia cabe interponer Recurso de Suplicación.

Vistos los preceptos citados, y demás de general y pertinente aplicación,