Sentencia Social 164/2023 Juzgado de lo Social de Burgos nº 3, Rec. 778/2022 de 13 de abril del 2023

PRIMERO.- Los documentos obrantes en los ramos de prueba de ambas partes y la testifical practicada en el acto de la vista de la encargada del Departamento de Calidad, Dña. Belen, constituyen los elementos de prueba que sustentan el anterior relato de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LRJS.

SEGUNDO.- Se impugna por la actora el despido con fecha y efectos de 29/9/2.022, interesando como petición principal la declaración de nulidad del despido y, subsidiariamente, que sea declarado improcedente, alegando que no siendo ciertos los hechos que tipifica la carta. Se dan por reproducidas las alegaciones efectuadas en fase de conclusiones entendiendo que los hechos sancionados no acreditan la operativa que se imputa trasgresora de la buena fe contractual, reconociendo que el hecho de que el teléfono de los clientes sea el mismo, se produjo porque eran todas personas extranjeras a las que acompañaba otra persona que facilitaba su mismo numero de teléfono. Añade que los contratos aportados están todos firmados y con NIE facilitado, que no se acredita que se haya causado perjuicio a telefónica por falta de identificación a los deudores para reclamarles la deuda o que ésta no se haya abonado. Impugna las normas de la empresa porque no están firmadas por la actora. Y que el impago de los clientes está dentro del riesgo de la contratación.

La entidad demandada se ha opuesto alegando que los hechos de la carta están acreditados y que constituyen una trasgresión de la buena fe y un abuso de confianza, que la actora conocía la operativa de la venta y debía solicitar el Documento de identificación de los clientes y escanearlo, así como verificar que los contratos estuvieran firmados, pudiendo no obstante, contratar igualmente en la aplicación TELCO en contra de las normas de la empresa, que ello afecta a la imagen de la empresa frente a la compañía Telefónica pudiéndose ver perjudicada, sin que la falta cometida exija acreditar el perjuicio causado.

No se discute la antigüedad ni el salario.

TERCERO.- Centradas las alegaciones de las partes, partiendo de la primera pretensión de nulidad del despido, se desconoce en base a qué extremo se invoca, puesto que no se consideran vulnerados los derechos fundamentales de la actora, tampoco se aprecia que el despido obedezca a causa de discriminación prevista en la Constitución o en la ley, o esté encuadrado en alguno de los casos del art. 108.2 de la LRJS.

Convi ene resaltar, como ha reiterado la jurisprudencia, que, para que pueda prosperar la denuncia formulada de vulneración de derechos fundamentales, no basta con alegarla, sino que deben acreditarse, al menos, indicios de su existencia (Sala Social del TS, S. 4-3-2013).

Por ello, se desestima la pretensión de nulidad del despido, ya que no existe vulneración de derecho fundamental alguno.

CUARTO.- Así, pasando al estudio de la segunda pretensión sobre improcedencia del despido, corresponde a la empresa acreditar la causa del despido establecida en la carta de fecha 29/9/2022.

Se atribuye a la actora una falta muy grave por trasgresión de la buena fe y abuso de confianza tipificada en el art. 26.2 del Convenio colectivo aplicable sancionada con el despido, toda vez que se había comprobado, tras recibir un correo electrónico de telefónica avisando de una suma importante de deuda, los servicios contratados por la actora, en los que no se habían cumplido las normas de seguridad fijadas, en concreto, que dentro de esos 39 contratos que habían generado el adeudo de 18.732,61 euros indicado en carta de despido (sin perjuicio del exceso por impago de renting hasta alcanzar 35.928,03 euros según denuncia), existiendo unos contratos que no tenían firma y otros que no se había escaneado el NIE como documento identificativo, favoreciendo una tramitación fraudulenta que implica grave perjuicio para Telefónica entidad de la que es distribuidora la demandada. Alegando la empresa que el no tener el NIE, ni el contrato firmado obstaculiza la reclamación frente al deudor.

Y al hilo de lo anterior, a fin de acreditar dichos extremos, se ha practicado prueba testifical de la encargada del Departamento de Calidad, Dña. Belen, que realizó la investigación interna dirigida a constatar las posibles irregularidades en las contrataciones realizadas por la actora, en su punto de venta, como encargada del establecimiento, en el periodo de diciembre de 2021 a agosto de 2022, las cuales se reflejaron en la carta de despido, y en el doc. 271 y 272 con extracto detallado de la observación de los contratos expuestos, haciendo el cotejo de la deuda devengada por cada uno de estos clientes, observando que, en 12 de ellos, se habían suscritos los contratos sin escanear el NIE, al ser personas de nacionalidad extranjera, indicándose "sin documentos", y que, en otros 8, solo estaba el documento identificativo, no había contrato firmado reflejado como "solo documento identificativo".

La testigo no mantiene relación alguna de amistad o enemistad con la actora, limitándose a verificar los datos de los contratos facilitados que causaron el desfalco, por lo que, valorada conforme a las reglas de la sana critica del art. del art. 376 de la LEC, y en todo caso, en consonancia con la documental ratificada en la que se apoya, no se ha presentado prueba por la actora que lo contradiga, ofreciendo explicaciones razonadas y ajustadas a los hechos verificados.

Dicho lo cual, se relata el mecanismo correcto de la operativa por la testigo, indicando que debe escanearse el documento NIE, en este caso, por el comercial, en la aplicación SIAC, aparte de firmar contratos y subirlos a la aplicación para su conocimiento por la empresa y distribuidora lógicamente.

No obstante, si no se escanea el NIE, ello no es óbice para celebrar el contrato, porque se puede formalizar en la aplicación TELCO, como sucedió en este caso, en 12 contratos. Asimismo, si solo se escanea el NIE, pero no se firma el contrato, significa que, siendo responsable de la tienda, con la documentación que el cliente presenta, decides personalmente dar el visto bueno para la contratación, asumiendo un riesgo, porque las normas de la empresa son claras al respecto, ya que siempre deben estar firmados los contratos antes de entregar el dispositivo. Normas que pese a ser impugnadas por la parte actora, al manifestar que no estaban firmadas por la trabajadora, han sido expuestas en su relato por la testigo que corrobra la forma en la que deben suscribirse los contratos, y que habida cuenta de la antigüedad de la trabajadora, desde el 2008, no eran ajenas a la misma. Como tampoco lo es, la imagen que debe trasmitirse a los terceros implicados en el servicio contratado como Telefónica.

Es dable entender que los contratos suscritos sin haberse escaneado el NIE, no pasan el filtro de validez de contratación, y suponen una conducta contraria a la falta de diligencia y buen hacer en el desempeño de las tareas encargadas, máxime su responsabilidad como encargada de la tienda, que se repitió, sino en 39 contratos, sí, en 20, número considerable, pues pasa de la consideración de que pueda asumirse como un riesgo de impago de los clientes. Sin olvidar que al no estar 8 de los contratos firmados, igualmente es palmaria la falta de responsabilidad, cuando es una cuestión mínima en la materia y sector en el que se trabaja.

Otro de los detalles es que se consigne mismo número de teléfono, y correo electrónico para varias personas. La testigo así lo corrobora y la actora admite que se debió a un tercero que acompañaba a las personas extranjeras, pero no ha justificado para su descargo, la existencia de esa persona y su proceder. Es cierto que en la carta de despido se alude a la repetición del nº de teléfono NUM002, ahora bien, en los contratos que se han podido acompañar se contrasta que existe repetición en varios clientes del número NUM001, pudiendo ser fácilmente ficticio y repercutir en la tramitación correcta para que pueda localizarse al cliente. Como la testigo no refirió ese número concreto, se ha considerado acreditado el que obra repetido en los contratos, sin perjuicio de que efectivamente pueda tratarse también del expuesto en la carta de despido, toda vez que tampoco lo ha negado la actora.

La testigo ha contrastado los contratos suscritos en el periodo interesado por Telefónica, y además se aportó correo electrónico con las deudas reclamadas y contratos habidos con las fechas de solicitud, en algunos incluso unos días antes desde 29/11/2021 (doc. 163). Contratos todos de la clave Pin con la que se adscribe a la trabajadora (similar a su DNI, no sustituible, como expuso la testigo) y que reflejan la realidad desgranada en la carta de despido, pues no habla de que todos los 39 contratos sean irregulares, sino parte con omisión de NIE y parte adolecen de firma.

La trabajadora se ha limitado a negar los hechos, pero correspondiendo la carga de la prueba a la empresa, queda acreditado el incumplimiento grave y culpable de las normas que como empleada "Encargada" debía asumir y su falta de diligencia en las gestiones encomendadas, sin que pruebe justificación alguna de ello, siendo una acción que se reproduce de forma reiterada y consciente.

Lo que supone una clara trasgresión de la buena fe y abuso de confianza porque sabe que de ella depende la contratación, la propia testigo ha matizado que ella no supervisa los contratos que se viene celebrando. Saltando la actora la operativa propia que le va a indicar si un cliente responde a una documentación válida o no, al no escanear los NIE en el SIAC, y no realizar una contratación segura.

Como manifestaba la testigo " cuando es un NIE, tú puedes hacer el contrato si tienes toda la documentación, siempre y cuando lo subas a la aplicación, si los subes, porque hay unos contratos que no tiene la documentación" no tendría por qué haberlo suscrito y, aun así, la actora los realizó, Añade que " Tú puedes firmar un contrato y no subir la documentación. El día de mañana si necesitamos hacer las comprobaciones, no tenemos acceso a la documentación porque no existe" esto es, que, si se ha generado la deuda por esos contratos mal realizados, es que se formalizaron sin cumplir las normas de la empresa y tramitación correcta.

Ese incumplimiento es grave y culpable porque acontece con el pleno conocimiento de la actora y de forma repetida. Queda patente que se ha producido una trasgresión de la buena fe y abuso de confianza en el desempeño de sus funciones.

QUINTO.- En este contexto, analizarse la causa de despido invocada por la empresa que ha determinado la extinción del contrato de trabajo por incumplimiento grave y culpable del trabajador tasada en el art. 26.2 del Convenio colectivo aplicable, en relación con el 54.2.d) ET "trasgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo", queda acreditada con la prueba practicada.

Se cita también "la desobediencia" del art. 54.2 b) ET, pero respecto de esta causa, debe identificarse con la anterior por no cumplir las normas de la empresa que trasgrede la confianza depositada en el trabajador.

Por transgresión de la buena fe contractual se ha de entender la actuación contraria a los esenciales deberes de conducta que debe presidir la ejecución de la prestación de trabajo y la relación entre las partes conforme a los artículos 5 y 20 párrafo 2º del Estatuto de los Trabajadores ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1991), deberes de conducta que imponen un comportamiento arreglado a valoraciones éticas que se traducen en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza ( sentencia de Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1991).

Respecto a la trasgresión de la buena fe contractual, el Tribunal Supremo ha elaborado la siguiente doctrina:

a) la buena fe es consustancial al contrato, en cuanto por su naturaleza sinalagmática genera derechos y deberes recíprocos: el deber de mutua fidelidad entre empresario y trabajador es una exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y exigible en el ámbito contractual, y la deslealtad implica siempre una conducta totalmente contraria a la que ha de observar el trabajador respecto de la empresa como consecuencia del postulado de fidelidad;

b) la buena fe como moral social, formadora de criterios inspiradores de conductas para el adecuado ejercicio de los derechos y fiel cumplimiento de los deberes, ha trascendido al ordenamiento jurídico, y en el Estatuto de los Trabajadores viene reflejado en los artículos 20 párrafo 2º, 50 párrafo 1º letra a ) y 54 párrafo 2º letra d ), expresamente;

c) es requisito básico que ha de concurrir para configurar la deslealtad, que el trabajador cometa el acto con plena conciencia de que su conducta afecta al elemento espiritual del contrato, consistiendo dicha deslealtad en la eliminación voluntaria de los valores éticos que deben inspirar al trabajador en el cumplimiento de los deberes básicos que el nexo laboral impone. También consiste en usar con exceso el empleado de la confianza que ha recibido de la empresa, en razón del cargo que desempeñaba rebasando los límites que el cargo ostentado tiene por su propia naturaleza y ello en provecho propio o de tercero, que no sea, naturalmente acreedor directo de las prestaciones empresariales;

e) la falta se entiende cometida, aunque no se acredite la existencia de lucro personal ni haber causado perjuicios a la empresa.

Aplicada dicha jurisprudencia a los hechos declarados probados y valoración de la prueba, queda probada pues la falta muy grave tipificada en el artículo 26.2 del Convenio Colectivo estatal y sancionada con el despido en el citado convenio colectivo, siendo conocedora igualmente de las sanciones ya desde 26/11/2010 donde se recogen algunas de las normas y consejos para personal de punto de venta, y entre ellas, seguir el protocolo de valija, cuanto más, el previsto para la correcta tramitación de los contratos que son el objeto de la actividad laboral desempeñada. Sin que sea necesario acreditar que Telefónica no haya cobrado la deuda expuesta.

El despido se calificará como procedente cuando cumpla las exigencias legales de causa y de forma y quede acreditado el incumplimiento alegado en el escrito de comunicación. Estableciendo el art. 108 de la LRJS que, en caso contrario, o en el supuesto en que se hubieren incumplido los requisitos de forma establecidos en el nº 1 del art. 55 ET, será calificado como improcedente.

Y de la valoración de la prueba realizada se colige que quiebra la confianza y el principio de la buena fe contractual, ya que queda acreditado el hecho base de que la actora no escaneaba la documentación identificativa de los clientes y suscribía contratos sin firmar, quedando acreditada la atribución de la falta muy grave por trasgresión de la buena fe, lleno en contra de las gestiones encomendadas, haciendo quebrantar la confianza depositada.

Cabe añadir que la tipificación es correcta y ajustada a la sanción en la graduación del despido, habida cuenta de la repetición de los hechos sin estar amparada en causa justificada y en función del puesto de responsabilidad inherente al estar como Encargada del establecimiento. Gravedad de la conducta que alcanza su punto máximo, advirtiendo el deber de lealtad infringido.

SEXTO.- Por todo lo expuesto, se ha acreditado la causa del despido invocada que justifica la extinción de la relación contractual, por lo que, de conformidad con los artículos 55.4 ET y 108.1 LRJS procede la declaración de procedencia del despido de la actora.

SÉPTIMO.- Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación en virtud de lo establecido en el artículo 191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Visto s los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.