Sentencia Social 182/2023 Juzgado de lo Social de Burgos nº 3, Rec. 806/2022 de 21 de abril del 2023

PRIMERO.- Los documentos obrantes en los ramos de prueba de ambas partes, constituyen los elementos de prueba que sustentan el anterior relato de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LRJS.

SEGUNDO.- Se insta por la parte actora la declaración de improcedencia del despido operado en fecha 26/9/2022, con una fecha de antigüedad desde el primero de los contratos de trabajo temporales encadenados, 24/8/2020, por aplicación de la doctrina de la unidad esencial del vínculo, existiendo fraude en la contratación del contrato de obra y servicio determinado celebrado el 17/4/21. Alega que el salario regulador que debe aplicarse es el de Encargado, pues desde junio de 2021 estuvo desempeñando las funciones del anterior Encargado, D. Juan Ramón, siendo el puesto de necesidades permanente y estructural, que convierte el contrato en fraude de ley, en indefinido.

Fren te a dicha pretensión, la parte demandada viene a reconocer en fase de conclusiones, la improcedencia del despido, si bien aduce que desde el último de los contratos de fecha 17/4/2021. Discute también el salario regulador invocado, manifestando que las funciones que desempeñó la actora, si bien, no eran las de auxiliar técnico, tampoco las de un encargado, sino las de un puesto de trabajo intermedio de CAPATAZ, cuyo salario es de 2.184,15 euros.

TERC ERO.- Cent rados los términos del debate, y dado que se ha reconocido la improcedencia del despido, los dos únicos extremos a resolver consisten en la antigüedad y en el salario regulador a efectos indemnizatorios.

Sobr e la antigüedad que se discute, la doctrina sobre la "unidad esencial del vínculo" aparece resumida en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 21 de septiembre de 2017, que cabe extractar así:

" En supuestos de sucesión de contratos temporales se computa la totalidad del tiempo de prestación de servicios a efectos de la antigüedad, cuando ha existido la unidad esencial del vínculo, lo que comporta que se le haya quitado valor con carácter general a las interrupciones de menos de veinte días, pero, también, a interrupciones superiores a treinta días, cuando la misma no es significativa, dadas las circunstancias del caso, a efectos de romper la continuidad en la relación laboral existente.

Una interrupción de treinta días entre contratos sucesivos no es significativa a efectos de romper la continuidad de la relación laboral, así como que la subsistencia del vínculo debe valorarse con criterio realista y no sólo atendiendo a las manifestaciones de las partes al respecto, pues la voluntad del trabajador puede estar viciada y condicionada por la oferta de un nuevo contrato. Por ello, en supuestos de sucesión de contratos temporales, si existe unidad esencial del vínculo laboral, se computa la totalidad de la contratación para el cálculo de la indemnización por despido improcedente.

Cabe el examen judicial de toda la serie contractual, sin atender con precisión aritmética a la duración de las interrupciones entre contratos sucesivos, admitiéndose, por ejemplo, que se mantiene la unidad del vínculo con una interrupción de 45 días, en la que el trabajador percibió prestaciones de desempleo, teniendo en cuenta el tiempo de prestación de servicios anterior y posterior ; o que no se acredita la ruptura de la unidad esencial del vínculo, pese al transcurso de 69 días de intervalo, en caso de reiterada contratación fraudulenta.

Esta doctrina de la "unidad esencial del vínculo " es, por otro lado, diversa a la sentada respecto del complemento por antigüedad respecto de algunas empresas, pues, a efectos de antigüedad, deben computarse los servicios efectivamente prestados por los demandantes mediante los contratos temporales suscritos con anterioridad a la fecha del reconocimiento expreso y formal de la antigüedad por la demandada, tomando como fecha inicial la del primero de los citados contratos, y aun cuando entre ellos se hayan producido interrupciones significativas en la prestación de servicios.

La unidad del vínculo, a efectos del cómputo de la antigüedad, no se rompe, por ejemplo, por la simple firma de recibos de finiquito entre los sucesivos contratos suscritos con cortas interrupciones; ni cuando las interrupciones se hacen coincidir con el periodo vacacional.

Si en un contrato temporal concluye el plazo de vigencia que le es propio o se produce la causa extintiva del mismo, y a continuación, sin interrupción temporal alguna, es seguido por un contrato indefinido entre las mismas partes, bien porque el trabajador continúe la prestación de sus servicios, bien concertándose en forma escrita el nuevo contrato, se entiende que la antigüedad del empleado en la empresa se remonta al momento en que se inició el trabajo en virtud del primer contrato temporal. Y la novación extintiva sólo se admite si está objetivamente fundada en la modificación del contenido de la obligación y por ello en los supuestos en que la relación sigue siendo la misma, la diversidad de contratos no provoca la existencia de relaciones [sucesivas] diferentes.

La cuestión a resolver se reduce a determinar lo que haya de entenderse por la interrupción "significativa" que lleve a excluir la " unidad esencial" del vínculo, cuya frontera -la de aquélla- si bien inicialmente fue situada en los veinte días del plazo de caducidad para accionar por despido, en los últimos tiempos se ha ampliado a periodos que carezcan de relevancia en relación con la duración total de los servicios prestados, como evidencia la casuística jurisprudencial.

A los referidos efectos, si bien es claro que no necesariamente la unidad del vínculo está ligada la existencia de fraude de ley, pues parece innegable que pudiera apreciarse aquélla en la sucesión de contratos temporales perfectamente ajustados a derecho, no lo es menos cierto que la concurrencia de fraude parece que haya de comportar - razonablemente- que se siga un criterio más relajado -con mayor amplitud temporal - en la valoración del plazo que deba entenderse "significativo" como rupturista de la unidad contractual, habida cuenta de que la posición contraria facilitaría precisamente el éxito de la conducta defraudadora.

Y máxime cuando la doctrina comunitaria ha entendido que aquella disposición de la Unión Europea "debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que considera que únicamente deben calificarse de sucesivos los contratos o relaciones laborales de duración determinada que no estén separados entre sí por un intervalo superior a 20 días laborales" ( sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 4 de julio de 2006, asunto "Adeneler " [ROJ: PTJUE 95/2006]); doctrina que ciertamente ha de tenerse en cuenta, en tanto que resulta obligada la interpretación de la normativa nacional en términos de conformidad con el derecho y jurisprudencia de la Unión Europea.

Concretamente, se ha considerado que no se produce una interrupción significativa, en casos de prestación de servicios durante 6 años, en virtud de contratación fraudulenta, lo que minora la relevancia de las dos interrupciones contractuales acaecidas, primero de algo más de tres meses y después de uno solo. Tampoco cuando en un periodo de 14 años, haya habido dos interrupciones contractuales, primero de algo más de 4 meses y después de más de 1. O cuando se produce una interrupción por un período de 3 meses y 19 días, en una sucesión de contratos celebrados durante 14 años.

Por el contrario, no se ha admitido que pueda existir un vínculo laboral unitario a los efectos de computar la totalidad de la contratación, en el caso en el que se han suscrito 20 contratos temporales en el periodo de seis años; en cuatro ocasiones, al menos, los períodos de cese alcanzaron más de los 3 meses e incluso 5 y 6 meses, además de haberse percibido prestaciones por desempleo en algunos periodos. Y se ha considerado que, en casos como éste, mantener que, en largos períodos de inactividad, intercalados por prestaciones de desempleo, debe presumirse la existencia de unidad de contrato, cuando de los hechos lo que puede deducirse es precisamente lo contrario, implicaría la imposición de una carga injustificada al empleador por utilizar reiteradas veces los servicios del mismo trabajador.

En definitiva, ha de atenerse al tiempo total transcurrido desde el momento en que se pretende fijar el inicio del cómputo, el volumen de actividad desarrollado dentro del mismo, el número y duración de los cortes, la identidad de la actividad productiva, la existencia de anomalías contractuales, el tenor del convenio colectivo y, en general, cualquier otro que se considere relevante a estos efectos".

Apli cando la anterior doctrina al caso de autos, cabe señalar que la trabajadora comenzó a prestar servicios para la empresa demandada el día 24/8/2020, en virtud de un contrato eventual por circunstancias de la producción, en concreto, acumulación de tareas que, no era tal, sino para cubrir suplencias como vacaciones y otras bajas, perfectamente previsibles para el empresario y conocidas de antemano porque se amparan dentro de los derechos de los trabajadores de un normal desarrollo del contrato de trabajo. A ese contrato, se fueron encadenando otros dos contratos de trabajo temporales por interinidad "a fin de cubrir baja por maternidad, lactancia y vacaciones de una trabajadora", sin interrupción alguna, pues se celebraron al día siguiente de concluirse el anterior, hasta que se celebra el último de los contratos por obra o servicio determinado, cuyo objeto, servicio y ejecución de proyecto viene a reconocer la actora que no respondía a esa causa, siendo el despido improcedente. En todos los contratos consta que la actora prestará servicios como Auxiliar técnico, sin perjuicio de la discusión mantenida acerca de la realización de funciones de superior categoría a partir de julio de 2021 por el ascenso del superior jerárquico D. Juan Ramón que se insta para fijar el salario regulador, pero ello, no rompe la unidad del vínculo contractual porque se mantiene desde el inicio con la misma empleadora, aunque se suscribieran varios contratos de distintos tipos eventual o de interinidad, todos sin solución de continuidad y con la misma categoría profesional.

Doct rina amparada y recogida en la STSJ de Castilla y León, Burgos, de 13/10/2.022, Rec. 567/22 " siendo palmario, la existencia de unidad esencial del vínculo laboral.Así, en el presente caso cabe entender que existe unidad esencial del vínculo, dada la proximidad temporal entre la finalización del primer contrato de trabajo y la suscripción del segundo, con la misma categoría profesional en ambos".

La mayor antigüedad se fundamenta en la doctrina de la unidad esencial del vínculo, no en el carácter fraudulento de los contratos previos. Por lo tanto, no existe incoherencia en la pretensión instada derivada del fraude alegado en la contratación temporal por obra y servicio de fecha 17/4/21 para considerar que se convierte en indefinido el contrato, en aplicación del art. 15 ET y jurisprudencia que lo interpreta ( STS 385/2018 de 11 abril, rec 540/2016) siendo reconocida la improcedencia del despido, es decir, la falta de causa para decretar el fin del contrato suscrito el 17/4/21 y con ello, de forma implícita, que las funciones de la actora no respondían a la realmente establecidas por contrato de trabajo como Auxiliar Técnico, ya que respondían o estaban dirigidas a satisfacer una actividad habitual y ordinaria de la empresa, como era la de llegar a reemplazar el trabajo de D. Juan Ramón, Encargado de Producción, actividad que, ni si quiera se acreditó por la empresa que fuera concluida a la fecha del cese de la trabajadora porque se hubiera contratado a otra persona para tales fines. De hecho, sostiene la demandada que sus funciones fueron las de un Capataz, con ánimo de cuestionar el salario regulador de la actora a efectos indemnizatorios. Y la propia actora ha manifestado que nunca realizó funciones de digitalización (objeto del proyecto, causa del contrato reconocido en fraude de ley)

En consecuencia, la antigüedad computable es la del primer contrato de 24/8/20, no la del último contrato 17/4/2021, pese a que se reconozca en el acto del juico por la empresa que se realiza una actividad distinta, si bien, hay una continuidad sucesiva de prestación de servicios temporales suscritos con la misma demandada y categoría profesional. No se crea una relación ex novo entre las partes que suponga ruptura del vínculo, con distintas condiciones. A la trabajadora se le sigue abonando la retribución de un auxiliar técnico desde el inicio, sin perjuicio de las liquidaciones operadas en cada contratación temporal finalizado, que no enturbia la aplicación de la citada doctrina jurisprudencial sobre unidad de propósito en la contratación.

Por ello, no puede considerarse que exista una novación contractual, amén de la prueba practicada en el acto del juicio para determinar el salario regulador conforme a las funciones de superior categoría efectivamente realizadas.

CUAR TO.- Sobre el estudio del salario regulador aplicable, tal y como viene reiterando el Tribunal Supremo, el salario regulador de las indemnizaciones será el que correspondía percibir legal o convencionalmente al trabajador al tiempo de la extinción del contrato y no el que realmente viniera percibiendo si el mismo era inferior a los preceptos legales o convencionales aplicables ( STS, rec. 1404/1993, de 25 de febrero de 1993). En todo caso, la regla general, -de calcular la indemnización por despido sobre el salario real del último mes trabajado en la empresa prorrateado con las pagas extraordinarias- como pretende la parte actora, ha de ser revisada en el caso de que existan variaciones circunstanciales o aleatorias como:

-La presencia de conceptos salariales variables de mes a mes. ( STS, rec. 4911/2003, de 27 de septiembre de 2004).

-Cuando el salario del último mes sea inferior al legal.

En estos supuestos la unidad temporal elegida será el año, calculándose la cuantía del «salario regulador» en función del promedio salarial anual. ( STS, rec. 2776/2004, de 12 de mayo de 2005, ECLI:ES:TS:2005:3032).

Al amparo de estas premisas, y discutidas las funciones realmente desempeñadas por la actora como Encargada, de acuerdo con la prueba practicada, ha quedado perfectamente probado que ejecutaba el mismo trabajo que su antecesor D. Juan Ramón, como Encargado de Producción. Funciones de superior categoría profesional a las de Auxiliar Técnico que habían sido retribuidas hasta el momento, y que de conformidad con el art. 39.3 E.T. se interesa que sean tenidas en cuenta para fijar el salario regulador que sirva de parámetro en el cálculo de la indemnización por despido improcedente. No se insta, pues, una acción de clasificación profesional respecto a la cual cabría oponer que no reúne los requisitos de experiencia de la ficha técnica del puesto de trabajo de Encargado (5 años).

Dich o esto, quedan huérfanos los esfuerzos de la parte demandada para defender el ejercicio de las funciones de capataz, toda vez que, la documental, testifical e interrogatorio de parte demuestra lo contrario, ex art. 217 LEC. Así, la propia empresa en el organigrama de la organización y en la auditoría interna reconoce a Dña. Sandra como Team Leader, Encargada de Producción, al mismo nivel que el otro encargado, D. Bartolomé, ambos bajo la dependencia del Responsable de Producción D. Bienvenido. Documentos 1 y 3 de la actora que se apoyan también en el doc. 13 de la demandada, consistente en el correo electrónico que remite la actora a la empresa reclamando que se tenga en cuenta su situación ya a fecha 24/1/2022; que lejos de probar que la actora insta el ascenso solo de capataz, está reconociendo (en la respuesta que traslada la empresa) que conocía los parámetros en los que se estaba desarrollando la relación laboral como sustituta de D. Juan Ramón, Encargado, encomendándola funciones de superior categoría que excedían de su categoría profesional contratada como "Auxiliar Técnico", siendo retribuida con el salario de este grupo profesional.

La empresa admite que está "asumiendo las funciones de Juan Ramón" y si bien, es cierto que en ese correo electrónico se tiene en cuenta, para promocionar en la clasificación profesional conforme al art. 18 del convenio colectivo, la formación y experiencia, no es menos cierto que aquí, no se está solicitando esa pretensión, sino la fijación del salario regulador indemnizatorio, esto es, el promedio del salario acorde a las funciones desarrolladas en el último año, conforme fija la jurisprudencia.

A mayores, Dña. Sandra expone en el acto del juicio con perfecta fluidez los trabajos de los que se encargaba y que hasta junio 2021 estuvo conviviendo laboralmente con D. Juan Ramón, que la formaba y enseñaba sus funciones, hasta el 1 de julio de 2021 en que directamente desempeñó sola, con autonomía y responsabilidad, el cargo, sin perjuicio de la supervisión puntual que hubiera precisado del anterior encargado, no de su superior. Fue presentada formalmente a través de correo electrónico y personalmente a sus subordinados como Encargada. No como capataz. Así lo manifiestan los testigos D. Casiano y Anton, personal a su cargo, los cuales relataron que cumplía correctamente con el desempeño del puesto y que, de hecho, ahora que no estaba, había problemas para cumplir los pedidos. Por lo que, a pesar de los intentos de la parte demandada en anular la eficacia laboral de la actora por el reducido tiempo en el puesto y la formación previa como encargada, y de la testifical de D. Bienvenido a fin de restar importancia a las labores de la actora, queda probado que hacia los mismos cometidos que el anterior encargado en la zona de los accionados y pintura, gestionando las compras en cantidad suficiente para cumplir los plazos, de reclamaciones frente a otras empresas, del stock, e incluso con las empresas de Francia, asegurando el cumplimiento del plan de producción para entregar los pedidos al cliente, mantenía reuniones diarias, etc. la actora se encontraba al mismo nivel que el otro encargado D. Bartolomé. En valoración de salarios, las nóminas de Juan Ramón e Bartolomé son iguales en salario base, no resta el hecho de que uno tenga más personal a su cargo que otro, como aducía la demandada y el testigo D. Bienvenido.

Por todo ello, el salario regulador que debe fijarse a efectos indemnizatorios es el de Encargado de producción en el último año, calculándose el salario promedio de la última anualidad de lo que debería haber percibido la trabajadora conforme a la jornada realizada cada mes, puesto que efectivamente, en atención al convenio regulador, grupo profesional 5, esto es, 2.583,95 euros en el año 2021 y 2.648,55 euros en el año 2022, resultando un promedio anual con pagas extras prorrateadas de de 39.486,03/12 meses= 3.290,50 euros; o bien, 109,68 euros día brutos.

QUINT O.- La declaración del despido como improcedente obliga a calcular la indemnización extintiva de acuerdo con el artículo 110.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011, de 10 de octubre) y con el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre), ascendiendo a "treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades". Ello significa que por cada mes de prestación de servicios laborales se devengan 2,75 días indemnizatorios (33 días de salario anuales divididos por los 12 meses del año), con el tope de 720 días.

El cálculo de esta indemnización debe hacerse sobre la base del periodo en que la parte actora ha prestado servicios laborales para el empleador, tomando como fecha inicial el día 24/8/2020 correspondiente a la antigüedad reconocida en esta resolución y como fecha final el día de extinción de la relación laboral 26/9/22. El prorrateo de los días que exceden de un mes completo se computa como si la prestación de servicios se hubiera efectuado durante toda la mensualidad: se considera como un mes completo ( sentencias del TS de 20 de julio de 2009, recurso 2398/2008, ECLI:ES:TS:2009:5261; 20 de junio de 2012, recurso 2931/2011 ECLI:ES:TS:2012:4645; y 6 de mayo de 2014, recurso 562/2013, ECLI:ES:TS:2014:2125). Por consiguiente, debemos contabilizar 32 meses de prestación de servicios.

Aplic ando el referido criterio, la indemnización total asciende a 7.734,93 euros. De esa cuantía, debe deducirse la indemnización percibida por la trabajadora por la extinción del último contrato temporal, siguiendo el criterio fijado por el Tribunal Supremo en sentencia de 14/2/2019, por importe de 1370,58 euros, que no la falta de preaviso que no se descuenta, siendo el total a percibir en concepto de indemnización de 6.364,35 euros. Cantidad que devenga el interés legal del dinero previsto en el art. 1.108 CC ( STS de 17/6/2014 rec. 1315/2013)

La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera. De conformidad con el artículo 110.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría del Juzgado de lo social, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, sin esperar a la firmeza de la misma.

SEXTO.- Contr a esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación en virtud de lo establecido en el artículo 191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.