Sentencia Social 80/2023 Juzgado de lo Social de Cáceres nº 1, Rec. 570/2022 de 19 de julio del 2023

PRIMERO: Los hechos declarados probados resultan de la prueba documental, en relación con las reglas de distribución de la carga de la prueba del artículo 217 de la LEC. Se discute en el presente sobre si la trabajadora tiene o no derecho a que le sea reconocido el desempeño de su actividad en régimen de teletrabajo.

SEGUNDO: El juzgador ha de valorar los intereses en liza. De un lado, el de la trabajadora, ex art. 34. 8 LET para "...hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral" y de otro, el de la empresa, atendidas sus "necesidades organizativas o productivas"

De ello deriva, que no se pueda actuar por automatismos ni para conceder ni para denegar, de suerte que serán las circunstancias singularísimas del caso, las que justifiquen el pronunciamiento en un sentido o en otro. Cierto es, como se pone de manifiesto, que tiene que existir un previo proceso de negociación entre las partes, que el juzgador considera que aconteció, pues la empresa, recibida la petición de la demandante, responde planteándole "seis opciones para que usted pueda estudiarlas con el fin de llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes" opciones (véase el documento ad hoc, el 1 en el ramo de la actora) que pasan por una readaptación horaria que concentre la actividad, esencialmente, en los viernes y fines de semana, con algún día de labor contraído al lunes. Obviamente, negociar no es claudicar, y por eso no se aprecia mala fe en la empresa que busca acomodar el interés legítimo de la actora, para el cuidado de sus hijos menores, con el de la empresa.

TERCERO: Sentado lo anterior, hay que recordar que hasta la entrada en vigor del Real Decreto 6/19 de 1 de marzo de 2019, el teletrabajo (actividad que se lleva a cabo en el domicilio del trabajador o en cualquier otro lugar que este elija, como alternativa a realizarlo en el centro de trabajo de la empresa de manera presencial, puede realizarse a tiempo completo o parcial) era una modalidad meramente convencional, es decir debía pactarse de manera expresa y por escrito entre el empresario y el trabajador. Con la modificación del apartado 8 del artículo 34 se contempla el derecho de este a solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar.

CUARTO: En el caso de autos, concurren diversas circunstancias que imponen acceder a lo que se interesa. De un lado, la petición de la actora, sea cual sea el horario escolar de sus hijos, no es caprichosa o infundada, al contrario, es coherente con su propia situación en la empresa, esto es, con la notable reducción de jornada y salario vinculados a su cualidad de madre y al problema que tiene el esposo, ganadero autónomo y sin empleados, para cuidar de su explotación, con todo lo que implica. Efectivamente A) La actora reside en DIRECCION000, a cincuenta kilómetros de su centro trabajo, estando sus dos hijos menores escolarizados en un colegio radicado en la citada localidad. Que el horario académico de estos y el de su trabajo se solapen no empece lo dicho, pues su derecho a estar siempre cerca y disponible -por lo que pudiera ocurrir-, es jurídicamente atendible. Cualquier madre lo anhela legítimamente. B) Como se dice, el esposo está sujeto a una exigencia empresarial permanente e insoslayable. C) La demandante ha teletrabajado para su empresa a raíz de la pandemia y lo hizo sin problema para ninguna de las partes durante largo tiempo, por lo que no estamos hablando de una petición de resultado incierto. D) Permite abundar en lo expuesto que la propia empresa haya puesto en marcha un plan piloto, si bien con efectos claudicantes, (hasta fin de año) a fin de ampliar el teletrabajo a parte de su plantilla, entre la que se incluye a la demandante, evidencia de que los intereses de una y otra no son inconciliables. E) No se aportan datos o elementos que hagan comprender que la empresa tiene, realmente, algún tipo de dificultad objetiva para atender su petición, datos que permitan afirmar que sufrirá un impacto negativo si accediera a lo interesado. Si más adelante proliferasen demandas al amparo de esta sentencia o de otras similares, debería estarse a las circunstancias del caso concreto, pues lo que vale para uno, puede no valer para otros, máxime si entonces surgieran para la empresa problemas que ahora no se aprecian.

QUINTO: Atendido el objeto litigioso, contra esta sentencia no podrá interponerse recurso alguno ex art. 139. 1 B LRJS.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE ME CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL,