Sentencia Social 90/2022 Juzgado de lo Social de Ciutadella de Menorca nº 1, Rec. 65/2022 de 13 de julio del 2022

PRIMERO.- El relato de hechos probados, resulta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97.2 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS), de conformidad con las reseñas probatorias que se expresan en cada uno los respectivos hechos, y de acuerdo con las especificaciones que se han de señalar en los fundamentos de derecho siguientes.

SEGUNDO.- El despido practicado, se ha de declarar improcedente.

Es reiterada la doctrina judicial (así y por todas, STS de 25/5/95, STSJ Baleares de 15 abril 2002 ó STSJ Canarias de 31/5/02) la que , atendiendo a la modalidad contractual temporal concertada, recuerda, en línea con lo dispuesto en los arts. 105 y 108 de la LRJS, que pesa sobre el empresario la carga de la prueba de los hechos alegados como justificación de la pretendida extinción del contrato de trabajo - que la parte demandante considera como despido improcedente, en calificación que el Juzgado debe compartir -, porque el determinar en qué momento la actividad objeto del contrato de trabajo ha concluido es aspecto que la empleadora no puede decidir a su arbitrio, puesto que tal decisión unilateral determinaría ineficacia del término pactado, y daría lugar a esa calificación de despido improcedente, con todas las consecuencias inherentes a tal declaración.

En relación con la prueba, dicha doctrina judicial, dicha carga es aplicable a cualquier cese no realizado en el periodo de prueba, aunque no consista en un incumplimiento contractual de los previstos por el art. 54 del E.T.

Para el tipo de contrato de que se trata, en el la terminación habría de coincidir no con una fecha fija, sino con la terminación del servicio que constituía su objeto (mencionando éste que no podría durar más de tres años), lo que se exige es la finalización de la obra o servicio correspondiente; y la justificación de ello fue omitida en este juicio, se reitera, por lo que se habría de tener todavía como vigente el servicio, y el cese del actor como improcedente.

TERCERO.- Habiendo de ser estimada la acción de despido, de dicha declaración de despido se derivan las consecuencias establecidas en el Art. 56 del ET, "1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización de 33 días por año de servicio....";

Estando ésta determinada por el tiempo de relación laboral y por el salario regulador, - y recordando que reiterada doctrina jurisprudencial sostiene invariablemente que éste no es el que rige entre las partes, sino el que legalmente habría de aplicarse -, la prueba de confesión judicial, tras la complementación o aclaración del señalamiento de los motivos por los que se señalaba por la actora en el escrito rector el de 1.375,68 €, (doc. 34 del EE, en relación con la demanda), junto con la actividad económica de la empresa que se consignaba en el contrato de trabajo, y que era de transporte, y no logística, determinaban que, efectivamente haya de ser ese señalado por la actora el salario regulador, - en importe por diferencias que también ha de prosperar respecto de la reclamación de cantidad efectuada, en los puntos que se dirán -.

Así es, porque, como bien se precisaba por la parte actora, el Convenio Colectivo de transporte de mercancías por carretera de las Islas Baleares, (BOIB de 17/9/08), en su art. 2 establece que :"El presente Convenio Colectivo es de aplicación a las empresas dedicadas a la actividad de transporte de mercancías por toda clase de vías terrestres en vehículos automóviles, así como a las actividades que la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, denomina auxiliares y complementarias del transporte de mercancías. Se incluyen también en el ámbito de aplicación de este Convenio las empresas de transporte de correo y paquetería.

Y dicho importe de 1.375,68 €, era el recogido para el conductor en la última revisión publicada del Convenio (BOIB nº 34 de 02/03/2010), cuyo importe se confesaba como el debido de aplicar en la reclamación que se efectuaba.

Haciendo por lo tanto un total, << con el criterio de cómputo de la cantidad que se deriva de la doctrina unificada establecida en las SSTS de 31/10/07 y 12/11/07, y de 24/1/11, que determina un salario bruto diario de 45,23 € >>, de 1.865,65 € netos.

En el solo caso de que se opte por la readmisión, (no en el caso de la indemnización), el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia.

CUARTO.- En cuanto a la acción de reclamación de cantidad, ha de recordarse que, conforme al art. 4.2 f) del Estatuto de los Trabajadores, (en adelante E.T), el trabajador tiene como derecho básico el de la percepción puntual de los salarios pactados o legalmente establecidos, percepción de salarios que constituye la contraprestación fundamental que al empresario corresponde en el contrato de trabajo por los servicios del trabajador y que viene constituido por la totalidad de las percepciones económicas que aquel reciba, en dinero o en especie y que no tengan la consideración de suplidos por los gastos realizados por el trabajador durante su actividad laboral ( art. 26 del E.T).

También que, conforme al art. 49.2 del Estatuto de los Trabajadores, (en adelante E.T), al producirse la extinción del contrato han de abonarse al trabajador los conceptos ya devengados, como los salarios pendientes, la parte proporcional de pagas extraordinarias, así como las cantidades correspondientes a las vacaciones no disfrutadas.

Y que, cuando se trata de la reclamación de pago de salarios, el reclamante viene obligado a demostrar la prestación de servicios cuyo pago se reclama, así como el devengo del importe solicitado al demandado incumba demostrar su pago ( STS 2-3-93, en unificación de doctrina); es decir, como recuerda, p. ej. la STSJ del País Vasco de 13 febrero 2001, es a la empresa, a quien se reclama esa obligación del pago de salarios, a quien le corresponde la acreditación de los hechos que impiden, obstan o excluyen su condición de deudora de la misma.

Aplicando ello al caso, ha de decirse, en primer término, que, como ya se adelantaba, la reclamación de diferencias entre lo abonado y debido abonar en el último año como importe salarial mensual, es procedente y se estima. Así como se ha de estimar la reclamación de los salarios señalados como no abonados de los meses de noviembre y diciembre de 2.021 y enero de 2.022 en el importe que se señala. La mera alegación en contestación de no deberse nada, (m. 1 del v) quedó sin justificación de pago ninguno, en contra de las reglas de la carga probatoria, (omitiéndose el requerimiento documental a su fácil y debido alcance, art. 217 de la LEC) por lo que se han de considerar debidas.

En cuanto a las horas extras, igualmente ha de darse lugar a la estimación pues, - además de la por la confesión judicial - sobre la materia, con ocasión de la entrada en vigor del art. 10 del Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que establecía en nueva redacción del art. 34 9 del E.T << "La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. >>, las reglas relativas a la carga de la prueba se invierten a favor del trabajador, de manera que ha de ser la empresa la que ha de acreditar no ser correcta la relación de horas que se sostenía por el mismo. Y, en tal sentido, del registro diario estaba a su fácil alcance acreditar que lo reclamado por el trabajador no se correspondía con lo realmente ocurrido; mas, sin embargo, estando ello, nuevamente, a su fácil alcance ( art. 217 de la LEC), no se aportaba ni nada se decía en contestación respecto de su realización más allá de no poder ser acumulada la acción de despido a la reclamación de horas extras (lo que se solventó ya en sentido desestimatorio de dicha objeción por la demandada, en lo que no es preciso reiterar, m. 2 del v, pues obviamente, no dejaría de ser reclamación de cantidad, sustanciable de forma conjunta con la acción de despido, sin motivos de especial complejidad en el caso). De consiguiente, también se ha de estimar las cantidades reclamadas.

QUINTO.- Se reclamaba también, - en extremo que merece fundamentación separada - el importe por las vacaciones no disfrutadas y se hacía tanto por las del año 2.020, como por las del 2.021, con cuantía duplicada y por igual para ambos casos.

Evidentemente, ello no habría de considerarse ajustado, toda vez que, siendo el inicio de la relación el 20/11/20, por el año 2.020 se habrían generado 42 días de devengo hasta el fin de año 31/12/20, y los días proporcionales de vacaciones habrían de ser, pues, 3,45.

Siendo correcto, de acuerdo con el principio dispositivo, lo reclamado por el 2.021.

Por la parte demandada, en la contestación se sostuvo que las vacaciones fueron disfrutadas, añadiéndose que en todo caso habría caducado el derecho de su disfrute.

Mas, nuevamente, en cuanto a lo primero, ninguna prueba, correspondiéndole a la misma, se daba de haberse disfrutado. Y, en cuanto, a lo segundo, la mera alegación, sin acreditación de las circunstancias que se pudieran haber dado y sin justificación del cumplimiento de las obligaciones que al respecto le corresponde a la empresa, no pueda dar lugar a la consecuencia que la empresa meramente formulaba, sin más.

Porque ello es contrario a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación del artículo 7 de la Directiva 2003/88 y del artículo 31.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como a la doctrina de nuestra sala del TSJ que la sigue.

Debe apuntarse que el art. 55 del Convenio que habría de resultar de aplicación a la relación laboral dispone que..

"Las empresas, oída la representación legal de los trabajadores, confeccionarán antes de finalizar el primer trimestre del año, los calendarios de vacaciones del personal que, una vez aprobados con la representación legal de los trabajadores, no podrán ser modificados más que a solicitud del trabajador. En caso de desacuerdo, si la representación legal de los trabajadores en el ejercicio de sus facultades considera la confección empresarial del calendario como lesiva a los intereses de los trabajadores, podrá recurrirla oportunamente ante la jurisdicción social"; y que ello no estaba acreditado en su cumplimiento en el caso.

De acuerdo con la doctrina judicial del TJCE "en sentencias como las de 6 de noviembre de 2018 (TJCE 2018, 252) , Shimizu, C-684/16 , y las que en ella se citan, afirma lo siguiente:

"54 .... solo pueden establecerse limitaciones al derecho fundamental a vacaciones anuales retribuidas consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta si se respetan los estrictos requisitos previstos en el artículo 52, apartado 1, de esta y, en particular, el contenido esencial de ese derecho. Por tanto, los Estados miembros no pueden establecer excepciones al principio que se deriva del artículo 7 de la Directiva 2003/88 , leído a la luz del artículo 31, apartado 2, de la Carta, según el cual un derecho a vacaciones anuales retribuidas adquirido no puede extinguirse a la conclusión del período de devengo o de un período de aplazamiento fijado por el Derecho nacional cuando el trabajador no haya podido disfrutar de sus vacaciones (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de noviembre de 2017 (TJCE 2017, 230) , King, C-214/16 , EU:C:2017:914 , apartado 56).

55 De estas consideraciones se desprende que tanto el artículo 7 de la Directiva 2003/88 como, en lo que se refiere a las situaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la Carta, el artículo 31, apartado 2, de esta deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional con arreglo a la cual la circunstancia de que un trabajador no haya solicitado ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas, adquirido en virtud de dichas disposiciones, durante el período de referencia tiene como consecuencia automática, sin que, por lo tanto, se haya comprobado con carácter previo si dicho trabajador pudo efectivamente ejercer este derecho, que dicho trabajador pierda ese derecho y, correlativamente, su derecho a la compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas en caso de extinción de la relación laboral.

56 En cambio, si el trabajador se abstuvo, deliberadamente y con pleno conocimiento de causa en cuanto a las consecuencias que podían derivarse de su abstención de tomar sus vacaciones anuales retribuidas tras haber podido ejercer efectivamente su derecho a estas, el artículo 7, apartados 1 y 2 , de la Directiva 2003/88 , así como el artículo 31, apartado 2, de la Carta, no se oponen a la pérdida del derecho ni, en caso de extinción de la relación laboral, a la consiguiente falta de compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas, sin que el empresario esté obligado a imponer al trabajador que ejerza efectivamente el citado derecho".

Y, nuestra Sala, p. ej. en STSJ de 12 de febrero de 2019 recordaba que, tratándose de una reclamación de la cantidad dineraria en concepto de vacaciones no disfrutadas ni compensadas, "resulta procedente el abono por cuanto la empresa no ha demostrado ni su disfrute ni que haya tenido lugar su satisfacción económica por la imposibilidad de disfrute pese haber organizado su materialización, por lo que surge como compensación correspondiente a su dedicación profesional durante el periodo de prestación de servicios, de manera que han sido generadas las consecuencias económicas de su devengo. Y, conforme a la jurisprudencia reiterada, - así la sentencia del Tribunal Supremo de 20 mayo 2014 -, la ausencia del disfrute de vacaciones previamente a la extinción de la relación laboral, conduce inexorablemente a la compensación económica correspondiente.(...)". Y, tras el análisis de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de noviembre de 2018, concluye que "es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de Unión Europea en esta línea, al establecer que el derecho a vacaciones anuales retribuidas no puede interpretarse de manera restrictiva, así en sentencia de 22 de abril de 2010, C-486/08 . Y en este mismo sentido de interpretación protectora del derecho a las vacaciones retribuidas la sentencia de 12 junio 2014, C-118/132, enjuiciando el supuesto de un trabajador fallecido, y que ha considerado que el derecho a una compensación económica de las vacaciones por extinción del contrato de trabajo no puede supeditarse a una solicitud previa. Es por ello contrario a la Directiva 2003/88 una normativa que disponga el derecho a las vacaciones anuales retribuidas pueda extinguirse sin dar derecho a una compensación por las vacaciones no disfrutadas".

Por lo tanto, procede la estimación parcial de la reclamación en este punto, y con ello la estimación parcial de la demanda, puesto que la cuantía ha de ser (de acuerdo con ese principio dispositivo), la de 3,45 x 45,86 (por las del año 2.020) = 158,21; y 1.375,80 € por las del 2.021.

En total, 8. 243,80 € brutos.

SEXTO.- A esa cantidad de 8.243,80 € - sin importar, como bien dice la parte actora, por la referencia de jurisprudencia reiterada en su suplico, que se trate de estimación parcial - desde su devengo - en tal sentido, así p. ej. las SS.TSJ de Cantabria de 19/12/04 y 12/11/03, ó la S. del TSJ de Madrid de 30/11/99, interpretando el art. 1.100 del C.Civil desde la perspectiva laboral, se habrá de imponer desde la fecha en que tal deuda debió satisfacerse puntual y totalmente -, hasta esta sentencia, le es aplicable el interés del 10% anual, de conformidad con el art. 29.3 del ET.

Y ello, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el art. 576 de la LEC - variándose el tipo de interés al allí señalado, menor actualmente -, a aplicar sobre la cantidad que habría de resultar de sumar el principal y la que corresponda por aplicación del interés de demora, desde la fecha de la sentencia, hasta su completo pago.

SÉPTIMO.- Contra la presente resolución cabe interponer, de conformidad con lo establecido en art. 191 de la LRJS, recurso de suplicación.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,