Sentencia Social 67/2023 Juzgado de lo Social de Ciutadella de Menorca nº 1, Rec. 92/2023 de 17 de mayo del 2023

PRIMERO.- El relato de hechos probados resulta de acuerdo con lo establecido en el art. 87.5 en relación con el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS), éste de la libre y conjunta valoración de la prueba, señalada y especialmente, de las vidas laborales y de las nóminas, reconocidas.

SEGUNDO.- En el supuesto, declinándose la nulidad que inicialmente de forma cautelar se solicitaba en las demandas, - lo que, al menos al tiempo de la celebración del juicio, no se había de entender concurrente al no haberse producido aún, vistas las fechas de llamamiento, el número de ceses necesarios como para aseverar la exigencia de las formalidades de despido colectivo, indicándose desde luego urgir la misma de llegar el caso, o de decidirse finalmente el cese de la totalidad de la plantilla tratándose de más de cinco trabajadores -, de la mencionada documentación reconocida en los términos señalados, se derivaba la procedencia de la estimación de las demandas, en la consideración acorde de sendos despidos improcedentes - así como también, al menos, respecto de los extremos reconocidos de las reclamaciones de cantidad por devengos de las dos mensualidades -, pues, en relación con el art. 21 de la LEC, de conformidad con lo señalado en el art. 85.7 de la LRJS, dispone éste que "En caso de allanamiento total o parcial será aprobado por el órgano jurisdiccional, oídas las demás partes, de no incurrir en renuncia prohibida de derechos, fraude de ley o perjuicio a terceros, o ser contrario al interés público, mediante resolución que podrá dictarse en forma oral. Si el allanamiento fuese total se dictará sentencia condenatoria de acuerdo con las pretensiones del actor".

En su consecuencia, aludiéndose en primer lugar a los despidos, acreditándose por los trabajadores la existencia de la respectiva relación laboral, (aportando nóminas y vidas laborales), recociéndose por la empresa que no va contar con los actores, admitido el ejercicio anticipado de la acción, ha de declararse la improcedencia de los despidos; y, en segundo lugar, ha de darse lugar a la estimación de las cantidades que por principal se reclamaban, - incluidas, (lo que de esta forma se adelanta, aun no comprendiéndose en el allanamiento, todos los devengos incluidos en las nóminas, pues tratándose en todo caso de reclamación de cantidad bruta, sin perjuicio de lo que luego hubiera de resultar líquida, se han de entender comprendidas tanto las retribuciones salariales como las no salariales -).

Consideración aparte ha de tener lo no allanado ni acordado relativo a los intereses reclamados.

TERCERO.- De dichas declaraciones de improcedencia del despido se derivan las consecuencias establecidas en el Art. 56 del ET, "1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización..., si bien en el caso de elegir ésta, ha de ser modulada en el cómputo y cálculo por la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, publicado en el BOE 36/2012, de 11 de febrero de 2012, vigente al tiempo del cese, que dispone en su nº 2 que "La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso".

No obstante, el art. 110. 1 a) de la LRJS señala que, en el acto de juicio, la parte titular de la opción entre readmisión o indemnización podrá anticipar su opción, para el caso de declaración de improcedencia, mediante expresa manifestación en tal sentido, sobre la que se pronunciará el juez en la sentencia. Teniéndose ella por ejercida con concreción de las indemnizaciones especificas - y patente que fue que desde el inicio de sus respectivas fechas de antigüedad, lo que se produjo fue la sucesión de subrogaciones operadas por las empresas señaladas conexas entre sí -, la indemnización correspondiente al Sr. Juan Francisco asciende a 47.860 €, netos, y la del Sr. Juan Ignacio a 57.315,88 €, netos -.

Se solicitó la aplicación de intereses de demora sobre la indemnización correspondiente a la improcedencia del despido. Como ya se ha tenido oportunidad de decir en casos anteriores, aun limitada a los intereses moratorios, es decir al legal del dinero, ya que es claro que la indemnización no es salarial, la cuestión planteada en este punto es un tanto ardua. Los casos claros de admisión son supuestos en que la empresa ya había reconocido en las propias cartas de despido su improcedencia y el derecho del trabajador a la correspondiente indemnización cifrada, discrepando el trabajador sobre su concreto importe, reclamando el mismo judicialmente el importe líquido que se entendía correcto.

Sin embargo, la única diferencia que se había de encontrarse para no dar lugar a los intereses que se piden habría de ser la aplicación de la máxima de que si no es líquida la cantidad no procede la mora; pero señalándose por la jurisprudencia que ha de huirse especialmente en las relaciones laborales de los automatismos interpretativos de dicho principio y que ciertamente la sentencia no opera la creación de un derecho con carácter constitutivo, sino que lo tiene meramente declarativo, pues a través de la misma lo que se hace es declarar un derecho a la obtención de una cosa o cantidad que, con anterioridad a la resolución judicial, - por ser esta meramente declarativa, así también la STSJ de Andalucía de 14/11/19 -, ya pertenecía y debía haberle sido atribuida al acreedor, su completa satisfacción de los derechos del acreedor, que exige que se le abonen los intereses de la suma que le correspondía: pues desde el despido se habrían desplegado los efectos extintivos del vínculo contractual, aunque se confirmasen más tarde en la sentencia declarativa y en el ejercicio de la opción que para la demandada establece la ley. Por lo tanto, se estima que, salvo mejor y superior criterio, ha de darse lugar también a esta pretensión ejercitada, en el caso desde las respectivas fechas de interposición de las demandas.

CUARTO.- Solicitándose también la demora correspondiente a las reclamaciones salariales, se he ha de aplicar respecto de ello, lo señalado en el art. 32 del Convenio que dispone que "Cuando el trabajador se vea obligado a formular demanda ante la jurisdicción competente en reclamación de cantidades por los conceptos exclusivos de salarios ordinarios, gratificaciones extraordinarias, fiestas o vacaciones, al finalizar el contrato tendrá derecho a percibir una indemnización consistente en un 30% sobre la diferencia existente entre la cantidad definitivamente fijada por la jurisdicción competente y la que la empresa hubiere ofrecido o hecho efectiva con anterioridad a la resolución judicial".

Y siendo doctrina judicial reiterada y constante, - así, p. ej. la STSJ Valencia de 20 mayo 2005 -, la que dispone la aplicación preferente de la norma convencional que mejora y supera la regla general establecida en el art. 29.3 ET, - y aun cuando hubiese solo estimación parcial de lo reclamado, y en línea con lo que la doctrina jurisprudencial unificada se establece actualmente -, procede la imposición del recargo por mora señalado en el referido artículo 32.

Pero sólo lo ha de ser sobre los conceptos expresamente recogidos, (no por lo tanto sobre plus de desplazamiento, GVA Variable, ni cotización por seguro convenio), es decir, para el caso del Sr. Juan Francisco, se ha de excluir la cuantía de 492,44 €, y el 30% se ha de aplicar sobre la diferencia entre 4.030,32 y 492,44, es decir, sólo sobre 3.537,88 €, (1061,36 €), dando 4.599,24 €; y, paralelamente, para el caso del Sr. Juan Ignacio, se han de restar 577,12 € a 4.713,30 €, aplicando el 30% sobre 4.136,18 € (1.240,85 €), dando 5377,03 €.

En cuanto a las cantidades restadas, se ha de hacer una doble matización; porque, para los conceptos salariales no incluidos en el art. 32 del Convenio, (GVA Variable) se ha de aplicar el art. 29.3 del E.T, mas éste (así, p. ej. y, por todas, la STS Sala 4ª de 15 noviembre 2005), no alcanza a los conceptos extrasalariales, (plus de desplazamiento, ni cotización por seguro convenio), por lo que, sumando todos estos últimos conceptos 240,84 € tanto en el caso del Sr. Juan Francisco, como en el caso del Sr. Juan Ignacio, ha de ser sobre el resto de las cantidades excluidas del art. 32 del Convenio sobre lo que se ha de realizar la aplicación del art. 29.3

Por lo tanto, en el supuesto del Sr. Juan Francisco, a la cantidad de 251,6 € (492,44 € - 240,84 €), y en el supuesto del Sr. Juan Ignacio, a la cantidad de 336,28 € (577,12 € - 240,84 €), desde sus respectivos devengos, - en tal sentido, así p. ej. las SS.TSJ de Cantabria de 19/12/04 y 12/11/03, ó la S. del TSJ de Madrid de 30/11/99, interpretando el art. 1.100 del C.Civil desde la perspectiva laboral, se habrá de imponer desde la fecha en que tal deuda debió satisfacerse puntual y totalmente -, hasta esta sentencia le es aplicable el interés del 10% anual, de conformidad con el art. 29.3 del ET.

Para el resto de la cantidad, esto es, 240,84 € para cada caso, también desde su devengo hasta sentencia se ha de aplicar el tipo del interés legal del dinero.

Y ello, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el art. 576 de la LEC - variándose el tipo de interés al allí señalado, menor actualmente -, a aplicar sobre la cantidad que habría de resultar de sumar el principal y la que corresponda por aplicación del interés de demora, desde la fecha de la sentencia hasta su completo pago.

QUINTO.- Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación, según lo dispuesto en el art. 191 de la LRJS.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.