Sentencia Social 64/2023 Juzgado de lo Social de Gijón nº 3, Rec. 641/2022 de 11 de abril del 2023

PRIMERO.- Por la demandante se ejercitó una acción de impugnación de despido a la que acumuló otra de reclamación de cantidad, con fundamento en el art. 26.3 LRJS, así como en el art. 53.3 ET en relación con el art. 55.4 ET y demás concordantes, negando la realidad de los hechos invocados como causa y reclamando las diferencias salariales adeudadas entre septiembre de 2021 a septiembre de 2022, octubre de 2022 y tres días de vacaciones, ascendiendo el total a la cantidad de 1.829,05 euros. Se derivan de que la empresa le venía abonando un salario mensual de 1.038,69 euros cuando según Convenio, debía percibir mensualmente la cantidad de 1.168,41 euros.

La empresa se opuso a la pretensión ejercitada de contrario, alegando que la trabajadora prestaba sus servicios a tiempo parcial con jornada reducida al 87,5%, por lo que no se le adeuda ninguna cantidad salarial sino que se le pagó incluso más cuantía que la correspondiente a su jornada, sufriendo igual reducción las vacaciones; añadió que concurre la causa económica justificativa de su despido que ha de declararse como procedente.

SEGUNDO.- Calificación del despido.

Sostiene la actora que no se encuentra justificada la causa de despido, alegando que el actor es propietario de distintas empresas entre las que se realizan operaciones de compra y venta así como del local que pretende arrendar a otras empresas, y que las ventas en el centro de trabajo de la actora se han incrementado respecto al año 2021.

De la lectura de la carta de despido cuya causa extintiva es la económica, únicamente se aporta como dato fundamento de la misma que "estos tres últimos ejercicios se han cerrado con un resultado negativo, siendo reflejado en el balance contable unas pérdidas consecutivas". Y también se indica como inicio de la comunicación que "la actual situación tan inestable económicamente está provocando en una grave crisis mercantil, que afecta directamente a una disminución clara y progresiva de la rentabilidad del centro de trabajo, dando lugar a unos resultados comerciales negativos, generando pérdidas. Esto obliga a tomar medidas urgentes."

La doctrina judicial viene indicando de forma reiterada en relación con los requisitos de la carta de despido objetivo en cumplimiento del art. 53.1 a) del ET, que: "Sobre la alegada insuficiencia formal de la carta de despido es preciso recordar que la comunicación de un despido objetivo debe proporcionar por escrito al trabajador la información de los hechos motivadores de la decisión extintiva que sea suficiente para permitir al despedido conocer las circunstancias fácticas determinantes del despido y preparar los medios de defensa que permitan desvirtuar las afirmaciones de la empresa. Así pues, causa del despido no es la razón abstracta o genérica del mismo, sino los hechos concretos, económicos, productivos, de organización, etc., que han desencadenado la decisión empresarial. El Art. 53.1 a) del ET no exige una descripción pormenorizada o exhaustiva de los hechos determinantes del despido objetivo, sino el relato de los relevantes para trasmitir al trabajador los datos indispensables a fin de poder valorar el despido y, en su caso, preparar su reacción frente al mismo. La carta de despido cumple, asimismo, otra función, complementaria de las mencionadas: delimita los hechos a discutir en el proceso judicial y las posibilidades de defensa así como las cargas de la empresa: frente a la demanda impugnando el despido, al demandado le corresponde la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido y para justificar su decisión extintiva, no se le admitirán en el juicio otros motivos de oposición que los contenidos en esa comunicación extintiva (Arts. 105 y 120 de la LJS)", STSJ de Asturias de 30 de diciembre de 2015, rec. 2231/15.

Más recientemente la STSJ de Andalucía, sede Granada, de 25 de junio de 2020, rec. 89/20, señala: "Al respecto la jurisprudencia recuerda en la STS de 8 de febrero de 2018 , que: "La referencia a la causa en la carta del despido objetivo - art. 53.1.a ET - es equivalente a hechos que lo motivan en la carta de despido disciplinario y debe consistir en los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a la pretensión extintiva empresarial, y, en el supuesto de despido objetivo, los datos fácticos suficientes que configuran el concepto de causas "económicas, técnicas, organizativas o de producción" establecido en el art. 51.1 ET al que también se remite el art. 52.c) ET ; la comunicación escrita debe proporcionar al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de las causas que se invocan como constitutivos del despido objetivo para que, comprendiendo sin dudas racionales el alcance de aquéllos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa ( STS de 12 de mayo de 2015 -rcud 1731/14 -).

Y este último pronunciamiento, que es el invocado por la recurrente, por su parte viene a determinar en lo que ahora interesa, que "En interpretación del art. 53.1.a) ET , en sus esenciales extremos, afectantes especialmente al contenido mínimo de la comunicación escrita de despido y la trascendencia de su exigencia, es reiterada la jurisprudencia de esta Sala, declarativa de que:

a) Los requisitos que haya de expresar la comunicación escrita al trabajador y la expresión de la "causa "indudablemente han de ser los mismos que se exigen para el despido disciplinario debiéndose entender que la expresión "causa" en este precepto utilizada es equivalente a "hechos" a los que se refiere el art. 55, una y otra determinantes, en definitiva, de la garantía que la Ley otorga al trabajador para que si impugna el despido lo haga con conocimiento de los "hechos" que se le imputan a fin de preparar su defensa como reiteradamente ha mantenido esta Sala, lo que obliga a exigir que el contenido de la carta o comunicación sea inequívoco, es decir, suficientemente claro y expresivo, para evitar toda duda o incertidumbre en cuanto a las imputaciones de la empresa" ( sentencia de 3- noviembre-1982 en interés de ley, lo que se reitera en la sentencia de 7-julio-1986 en interés de ley), resolviéndose que examinada comunicación escrita" no cumple el requisito del artículo 53.1.a) ET , es decir de expresión en la comunicación de la causa, que equivale a expresión concreta de los hechos que la constituyen en términos similares a los requeridos por el artículo 55.1 del mismo cuerpo legal "( sentencia de 10-marzo-1987 en interés de ley);

b) En interpretación del art. 55 ET , en el que se establece que "el despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, habiendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos", se declara por nuestra jurisprudencia que esta exigencia" aunque no se impone una pormenorizada descripción de aquéllos, sí exige que la comunicación escrita proporcione al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputan para que, comprendiendo sin dudas racionales el alcance de aquéllos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa y esta finalidad no se cumple, según reiterada doctrina de la Sala -Sentencias de 17 diciembre 1985 , 11 marzo 1986 , 20 octubre 1987 y 19 enero y 8 febrero 1988 -, cuando la aludida comunicación sólo contiene imputaciones genéricas e indeterminadas que perturban gravemente aquella defensa y atentan al principio de igualdad de partes al constituir, en definitiva, esa ambigüedad una posición de ventaja de la que puede prevalerse la empresa en su oposición a la demanda del trabajador", doctrina que se sintetiza en la STS/Social 3-octubre-1988 y se reafirma en las sentencias de fechas 22-octubre-1990 , 13-diciembre- 1990 , 9-diciembre-1998 (recurso 590/1997 ) y la ulterior de fecha 21-mayo-2008 (recurso 528/2007 ), entre otras;

c) Aun sin haber entrado en el fondo del asunto por falta del requisito de contradicción, se ha resaltado por la jurisprudencia social, para distinguir las exigencias y trascendencia de las comunicaciones escritas en los despidos colectivos y en los despidos objetivos ex art. 52.c) ET , la importancia de la expresión de la "causa" en estos últimos, afirmando que "El despido objetivo se lleva a cabo por decisión unilateral y exclusiva del empresario, sin que exista ningún control previo a ese acto extintivo sobre la concurrencia de las causas en que tal empresario basa ese despido; el control de la existencia o no de esas causas justificativas del mismo se lleva a cabo, después de que éste ha tenido lugar, mediante el proceso judicial iniciado por virtud de la demanda presentada por el trabajador cesado impugnando ese despido objetivo; de ahí que, para hacer posible la adecuada y correcta defensa jurídica de la pretensión impugnatoria del trabajador en ese proceso judicial, la Ley imponga como obligación esencial para la validez del despido objetivo que el empresario le comunique por escrito ese despido con expresión de sus causas"; aunque diferenciándolo entonces del despido colectivo al tratarse de un supuesto acaecido antes de la desaparición de la autorización administrativa recaída en expediente de regulación de empleo que en dichas fechas era de conocimiento por la jurisdicción contencioso- administrativa, pues entonces, a diferencia de lo que ahora acontece (citado art. 124.11 LRJS ), "el art. 51 del ET que regula con detalle todos los trámites que se han de cumplir en los despidos colectivos, no exige ni establece que el empresario entregue al trabajador una comunicación escrita expresiva de las causas del despido, como en cambio sí exige el art. 53-1-a) para el despido objetivo" ( STS/IV 20-octubre-2005 -rcud 4153/2004 ).

d) Respecto a la necesidad de comunicación clara escrita al trabajador expresando la causa, "es doctrina reiterada de esta Sala / IV contenida entre otras, en la STS de 1-julio-2010 (rcud. 3439/2009 ) que reproduce la de 30-marzo-2010 (rcud. 1068/2009) que señala que: "El significado de la palabra "causa" en el contexto de la regulación de las causas del despido objetivo por necesidades de la empresa se refiere normalmente no al tipo genérico de causa de despido (por ejemplo, la reestructuración de la plantilla, el cambio en los productos o en los procesos de producción) o a la causa remota que genera las dificultades o situaciones negativas de la empresa en la que se produce el despido (por ejemplo, la crisis económica o las nuevas tecnologías) sino precisamente, como dice repetidamente el art. 51 ET , a las concretas dificultades o situaciones económicas negativas de la empresa alegadas por el empresario para justificar su decisión extintiva. Son estas dificultades o situaciones económicas negativas las que constituyen, en terminología del art. 51 ET [al que, como ya se ha dicho, remite este aspecto de la regulación el art. 52 c) ET sobre el despido objetivo] las "causas motivadoras" ( art. 51.3 ET , art. 51.4 ET , art. 51.12 ET ) que pueden justificar el acto de despido. Por tanto, no es solamente una causa abstracta la que tiene que expresarse en la carta de despido, sino también la causa concreta y próxima motivadora de la decisión extintiva, que refleja la incidencia en la empresa de un determinado tipo de causa o de una posible causa remota. Así lo entendió tradicionalmente la jurisprudencia sobre causas de despido disciplinario ( STS 3-11-1982 ; STS 10-3-1987, Rº 1100/1986 ), y así lo ha entendido en general la doctrina científica en lo que concierne al despido objetivo por necesidades de la empresa", y que "Con arreglo a la anterior doctrina dicho razonamiento no queda invalidado por una supuesta virtualidad general de la vía del despido del art. 56.2 ET , resaltando que: "Este cauce especial está previsto en principio para el despido disciplinario y se extendería por remisión ... a las extinciones del contrato por causas objetivas reguladas en el art. 52 ET . Pero en lo que concierne particularmente a las extinciones objetivas por causas empresariales del art. 52.c) ET la remisión no debe alcanzar a la supresión del requisito de forma escrita "expresando la causa"( STS/IV 2-junio-2014 -rcud 2534/2013 )."

De la lectura de la carta únicamente cabe concluir su insuficiencia en tanto carente de cualquier dato económico, hecho objetivo o cuál es la disminución de la rentabilidad o las pérdidas sufridas, causando indefensión a la trabajadora, sin que dicha ausencia pueda ser completada a través de distintos datos que puedan aportarse mediante la documental privada que se propuso como prueba por la demandada. A este hecho ha de unirse que la persona que testificó indicó que la empresa tiene más centros de trabajo que el de Gijón, lo que profundiza en la indefensión que se causa a la trabajadora que a través de la comunicación de despido recibida, es imposible que conozca la situación económica real de la empresa.

La insuficiencia de la carta de despido conduce a la declaración de improcedente de la decisión extintiva.

SEGUNDO.- Reclamación de cantidad. A la acción de despido acumuló la trabajadora la reclamación de las diferencias salariales y de liquidación ex art. 49.2 ET que le corresponden, pues viene cobrando un salario mensual de 1.038,69 euros cuando debería ascender a 1.168,41 euros según Convenio.

La empresa se opuso a la pretensión ejercitada de contrario indicando que la trabajadora viene prestando servicios a tiempo parcial con un coeficiente reductor de su jornada de 87,5%, añadiendo además, que se le viene abonando un salario sensiblemente superior al que le corresponde.

Sin embargo, las alegaciones empresariales no se acompañan de prueba alguna que las apoye, y el contrato firmado y vigente entre las partes, pues ningún otro posterior se acompaña, señala una jornada completa de 40 horas semanales, sin que la jornada a tiempo parcial pueda concertarse sino por escrito y con la voluntad de ambas partes, art. 12 ET, sin que conste pacto alguno en tal sentido. La referencia al trabajo a tiempo parcial en los boletines de cotización o en las nóminas, no es idónea al fin de acreditar una jornada parcial, teniendo en cuenta además que la que sostiene la empresa no se ajusta a los salarios abonados ni se acompaña prueba alguna del horario realizads por la trabajadora, incumbiendo a la demandada tal carga de la prueba según el art. 217.3 LEC.

Por ello, atendiendo a que la trabajadora percibía un salario mensual de 1.038,69 euros cuando debía de percibir según Convenio 1.168,41 euros (14.020,87/12), se estima la reclamación de cantidad. Y ello, tanto por las diferencias salariales como por la liquidación de los 3 días de vacaciones devengadas. La empresa sostiene la aplicación del principio de proporcionalidad, que debe de decaer al no acreditarse el trabajo a tiempo parcial, y ello sin perjuicio de que además, la duración de las vacaciones no se ve afectada por este tipo de contrato, según el art. 12.4 ET en relación con el art. 38 ET y concordantes.

Con relación a los intereses, procede aplicar el 10% de mora salarial del art. 29.3 ET a las cantidades estrictamente salariales (entre otras, STS 17 de junio de 2014, rec. 1315/2013) y al resto, la diferencia de indemnización por vacaciones devengadas y no disfrutadas, el interés legal del dinero desde la reclamación extrajudicial, ex arts. 1.101 y 1.108 del Código civil.

TERCERO.- Las consecuencias legales de la declaración de despido improcedente son las contenidas en el art. 53.5 en relación con el art. 56, ambos del Estatuto de los Trabajadores y 123 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, condenándose en consecuencia a la empresa a la readmisión de la parte demandante con abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido, o alternativamente y a su elección, al abono de la indemnización contemplada en el art. 56.1 ET. En el supuesto de opción por la readmisión, la trabajadora deberá de reintegrar la indemnización percibida. En el caso de compensación económica se descontará la cantidad percibida por la trabajadora como indemnización.

Con relación a la cuantía de la indemnización, atendida la fecha de antiguedad de la trabajadora en la empresa a 24 de febrero de 2003 y la despido el 30 de octubre de 2022, con un salario módulo de 38,41 euros (14.020,87 euros/año), asciende a la cantidad de 27.655,20 euros, que se calcula en los términos previstos en la D.Tª 13ª ET en la interpretación jurisprudencial prevista, entre otras, en STS 118/2016, de 18 de febrero. De esta cuantía ha de descontarse la percibida y que asciende a 12.293,54 euros.

CUARTO.- Conforme dispone el art. 66.3 LRJS, se imponen a la demandada las costas causadas, ante su incomparecencia injustificada al acto conciliatorio ante la UMAC y la estimación íntegra de la demanda.

QUINTO.- A tenor de lo establecido en el art. 191.3 a) LRJS, contra la presente Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Vistos los artículos citados, y demás preceptos de general y pertinente aplicación,