Sentencia Social 122/2023 Juzgado de lo Social de Guadalajara nº 1, Rec. 500/2023 de 27 de julio del 2023

PRIMERO.- Los hechos declarados probados son consecuencia de la valoración conjunta de la prueba practicada en el acto de juicio, valorando las pruebas documentales conforme a las reglas establecidas por la LEC y la testifical se testifical se pondera críticamente.

Los documentos de la parte demandada no reconocidos despliegan eficacia probatoria cuando vienen avalados o corroborados por otros medios de prueba.

En todo caso se realiza una valoración conjunta de la prueba practicada.

SEGUNDO.- El demandante solicita en la demanda adaptación y concreción horaria durante los meses de julio y agosto del año en curso, en la forma que se expresa en el suplico de la demanda.

El derecho a la reducción de jornada y concreción horaria viene reconocido en las Directivas de la Unión Europea sobre conciliación de la vida profesional y familiar y en el ET.

El artículo 34.8 del ET dispone que asiste a los trabajadores el derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.

Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

En el caso de que tengan hijos tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que cumplan los 12 años.

Este derecho también se extiende a los hijos mayores de 12 años cuando por edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos, debiendo justificar las circunstancias en las que fundamenta su petición.

El artículo 37 del mismo cuerpo legal también contiene previsiones sobre la cuestión objeto de controversia.

Para dar respuesta a la pretensión ejercitada debe tenerse en cuenta también que la norma legal debe interpretarse en el sentido que se produzca la efectiva realización del ejercicio de los derechos, en armonía con el artículo 9.2 de la CE en cuanto a la realidad y efectividad de los derechos.

La empresa no ha accedido a las peticiones del demandante, alegando para ello causas organizativas.

En juicio la empresa también alega que su forma de proceder viene avalada por lo establecido en el convenio colectivo.

En el caso de autos está acreditada la situación personal y familiar del actor y que tiene una hija menor de 12 años de edad, con patria potestad y custodia compartida y con un régimen de visitas pactadas por los progenitores en el acuerdo.

El demandante ha establecido su residencia en un municipio con escasa población.

Además de lo dispuesto en la normativa antes comentada se debe tener en cuenta que el convenio colectivo y de modo particular el artículo 29 y la disposición adicional 5ª que previenen que la persona que tenga reconocida reducción de jornada no estará sujeta a disponibilidad, lo que supondrá la minoración de las correspondientes retribuciones.

La empresa alega causas organizativas pero no aporta prueba alguna sobre la aludida causa que fundamenta la negativa empresarial, máxime cuando el documento aportado por la empresa no ha sido reconocido y se ha cuestionado la correcta gestión de recursos humanos por parte de la empresa demandada.

No cabe duda que en periodo de extinción de incendios se debe disponer de la mayor cantidad de personal posible, pero a falta de una acreditación completa, esta situación no justifica que se haya de denegar lo solicitado por el actor.

De la prueba practicada no se colige una imposibilidad material y real para acceder a lo solicitado.

En definitiva, que la petición del demandante es razonable y está debidamente justificada por la prueba practicada sin que conste acreditada la existencia de causa impeditiva que pudiera justificar la denegación del permiso solicitado.

Se trata de una medida necesaria, idónea y proporcionada y que facilita la conciliación de la vida laboral y familiar de la demandante.

La parte demandante alega en su demanda vulneración de derechos fundamentales y reclama también la correspondiente indemnización.

No cabe considerar que la empresa se haya negado a negociar porque de las comunicaciones intercambiadas lo que se aprecia es que la empresa ha presentado su propuesta que no ha sido aceptada por el actor y también existen acuerdos en años anteriores.

No se ha constatado que la negativa empresarial sea arbitraria o caprichosa, sino que lo hace atendiendo al periodo en que se solicita que es de máxima actividad de la empresa y sobre la premisa que cuantos más medios personales estén disponibles es lo mejor para cumplir los fines de la empresa en toda campaña de extinción de incendios.

Otra cosa es que esta situación estival pueda erigirse en una causa impeditiva absoluta, lo que ahora se resuelve es consecuencia de la valoración de los intereses en presencia y en aplicación de la normativa y convenio colectivo vigentes.

La parte no ha aportado información, indicio o prueba relativa a que la empresa vendría a sacar provecho de una pretendida situación de vulnerabilidad.

La parte demandante al hacer valer la vulneración derechos fundamentales invoca el artículo 14 de la constitución, pero no se aporta término de comparación pero no solo eso sino que no se ha justificado, de haber existido un trato no igualitario o discriminatorio, su relevancia jurídica para que sea posible atender dicha petición.

En este caso atendiendo a lo expresado en la demanda, prueba practicada y razones expuestas por las partes no solo se debe descartar la vulneración del derecho fundamental invocado sino que tampoco se aprecia de forma constatable que el demandante haya sufrido daños personal, patrimonial o de otra índole, para ello también se valora que la custodia y la patria potestad sobre la hija común son compartidas por la madre biológica y el demandante.

En conclusión que con la estimación de la petición en lo relativo a la licencia solicitada se satisface el interés y el derecho del demandante, por lo que no se fija cuantía indemnizatoria alguna.

En razón a la cantidad reclamada contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,