Sentencia Social 118/2023 Juzgado de lo Social de Guadalajara nº 1, Rec. 795/2022 de 27 de julio del 2023

PRIMERO.- Los hechos declarados probados son consecuencia de la valoración conjunta de la prueba practicada en el acto de juicio, valorando las pruebas documentales conforme a las reglas establecidas por la LEC.

Los documentos no reconocidos solo despliegan efectos probatorios en la medida que vengan corroborados por otros medios de prueba.

Los documentos emitidos por personal dependiente de las administraciones públicas, como es- a modo de ejemplo- el informe relativo a la salud del menor, surte plena eficacia probatoria, sin necesidad de ser ratificados en juicio, máxime cuando no se aportan pruebas que los cuestionen o desvirtúen.

Las pruebas de interrogatorio judicial y testifical se valoran críticamente.

En todo caso se realiza una valoración conjunta de la prueba practicada.

SEGUNDO.- La defensa letrada empresa demandada alega modificación sustancial de la demanda, cuestión que se ha solventado por la actora en su escrito de aclaración de la demanda, lo que hace innecesario examinar si se estaría ante un supuesto de modificación sustancial alegado.

La demandante solicita en la demanda adaptación y concreción horaria, con cambio al turno de mañana, de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

El derecho a la reducción de jornada y concreción horaria viene reconocido en las Directivas de la Unión Europea sobre conciliación de la vida profesional y familiar y en el ET.

El artículo 34.8 del ET dispone que asiste a los trabajadores el derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.

Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

En el caso de que tengan hijos tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que cumplan los 12 años.

Este derecho también se extiende a los hijos mayores de 12 años cuando por edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos, debiendo justificar las circunstancias en las que fundamenta su petición.

El artículo 37 del mismo cuerpo legal también contiene previsiones sobre la cuestión objeto de controversia.

Para dar respuesta a la pretensión ejercitada debe tenerse en cuenta también que la norma legal debe interpretarse en el sentido que se produzca la efectiva realización del ejercicio de los derechos, en armonía con el artículo 9.2 de la CE en cuanto a la realidad y efectividad de los derechos.

La empresa no ha accedido a las peticiones del demandante, alegando para ello causas productivas y organizativas.

Así como que la demandante no entra en el campo de aplicación de la normativa que regula lo pretendido.

En cuanto a esto último cabe la posibilidad que el hijo sea mayor de 12 años si se dan las circunstancias antes citadas.

En el caso de autos el informe/certificado médico de 29/9/2022.

Este informe médico pone de manifiesto la necesidad de acompañamiento del menor por parte de su progenitora, que ostenta la patria potestad del menor.

Por tanto el umbral de los 12 años no puede erigirse en una causa impeditiva para poder reconocer el derecho pretendido.

En este sentido se debe acudir a la doctrina de los actos propios puesto que en la prueba documental de la empresa consta que se concedió el cambio a una trabajadora porque una hija necesitaba de la presencia de sus padres.

En cuanto a las causas productivas y organizativas no está acreditado que la empresa no pueda conceder lo pedido por la actora, se ha practicado prueba documental y testifical sobre esta cuestión controvertida y de la su resultado no se desprende una imposibilidad material y real, además esta prueba no es absoluta en el sentido que la empresa ha aportado la información que ha considerado más apropiada para sus tesis, aún así la prueba aporta el dato de nuevas contrataciones de personal en turno de mañana y a jornada completa, no se ha podido valorar la entidad de los llamamientos de personal a través de ETTs.

Se alega que está sobredimensionado turno de mañana, extremo que no es fácilmente de comprobar a la luz de la prueba aportada por la empleadora, en todo caso si se hubiera producido el sobredimensionamiento que se alude la empresa la empresa dispone de medidas legales para cambiar esta alegada situación.

En definitiva que la petición de la actora es razonable y está debidamente justificada por la información médica que ha sido aportada a los autos.

Se trata de una medida necesaria, idónea y proporcionada.

Pero aquí surge el problema de la vigencia de la medida solicitada, la parte demandada se opone a la demanda alegando que al no fijarse un plazo por la parte demandante se tornaría en indefinida, lo que no considera que sea posible.

Sin embargo esto no tiene porque ser así, cabe modular la medida en el espacio temporal y el Juzgador puede hacerlo puesto que no se excede de lo peticionado por la parte actora.

Aquí si se aprecia una carencia probatoria para poder concretar en el tiempo la aplicación de la medida, por ello y atendiendo a las circunstancias del caso y a la vista de la prueba practicada se considera suficiente que la misma lo sea inicialmente por 22 meses, contados desde la notificación de esta sentencia.

La parte demandante alega en su demanda vulneración de derechos fundamentales y reclama también la correspondiente indemnización.

No cabe considerar que la empresa se haya negado a negociar porque de las comunicaciones intercambiadas lo que se aprecia es que la empresa instaba a la demandante a presentar una nueva propuesta y esta última optó legítimamente por acudir a la vía judicial. En todo caso la falta de negociación no parece que suponga la vulneración de derechos fundamentales, que no se han concretado por la parte a la que corresponde invocarlos y fundamentar la vulneración, entre los que no está la protección del derecho a la salud.

También se toma en consideración lo informado por el Ministerio Fiscal.

La parta demandante al hacer valer la vulneración derechos fundamentales cita exclusivamente el artículo 14 de la constitución, pero no se aporta término de comparación pero no solo eso sino que no se ha justificado, de haber existido un trato no igualitario o discriminatorio, su relevancia jurídica para que sea posible atender dicha petición.

Tampoco se pone de manifiesto la existencia de daño moral, perjuicios económicos, lucro cesante o daño emergente.

En consecuencia, el derecho de la actora se ve satisfecho en la forma que se resuelve en esta sentencia.

Como quiera que la parte actora anuda a su petición de adaptación de jornada con cambio de turno una pretensión indemnizatoria contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,