Sentencia Social 131/2023 Juzgado de lo Social de Murcia nº 4, Rec. 122/2022 de 31 de julio del 2023

PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el art. 97.2 de la LRJS, los hechos que se declaran probados resultan de las pruebas practicadas, documental, e interrogatorio de la demandada, a la que se tiene por confesa dada su incomparecencia injustificada al acto del juicio, pese a estar citada en legal forma a tal efecto,

SEGUNDO: La parte actora acumula dos pretensiones, la de extinción de la relación laboral al amparo del art. 50.1 c) del Estatuto de los Trabajadores fundamentado en incumplimiento grave de las obligaciones del empresario por falta de ocupación efectiva, así como la reclamación de cantidad, origen de los presentes autos, y, con posterioridad, la demanda de despido tácito , acumulándose ambas demandas conforme a lo establecido en el art. 32 de la LRJS. La empresa demandada no comparece .

El Fogasa alega que dado que la relación laboral no está viva, no procede la extinción de la relación laboral, solo hay que enjuiciar el despido. En cuanto a las fechas de antigüedad de las trabajadoras Mariola, la fija el 02-12-2013 y la de Rosa, el 28-05-2009; y muestra su conformidad con la antigüedad de Aureliano. Respecto al salario, se opone al importe consignado en el escrito de demanda respecto a Rosa, pues las bases de cotización ascienden a 615,99 €. Respecto a la reclamación salarial, dado que la empresa causa baja el 06-10-2021, los salarios han de circunscribirse hasta esa fecha. Solicita la extinción de la relación laboral a fecha del despido al amparo del art 110.1 a) de la LRJS.

TERCERO: El citado art. 32 de la LRJS dispone que " 1. Cuando el trabajador formule por separado demandas por alguna de las causas previstas en el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y por despido, la demanda que se promueva posteriormente se acumulará a la primera de oficio o a petición de cualquiera de las partes, debiendo debatirse todas las cuestiones planteadas en un solo juicio. A estos efectos, el trabajador deberá hacer constar en la segunda demanda la pendencia del primer proceso y el juzgado que conoce del asunto.

En este supuesto, cuando las acciones ejercitadas están fundadas en las mismas causas o en una misma situación de conflicto, la sentencia deberá analizar conjuntamente ambas acciones y las conductas subyacentes, dando respuesta en primer lugar a la acción que considere que está en la base de la situación de conflicto y resolviendo después la segunda, con los pronunciamientos indemnizatorios que procedan. Si las causas de una u otra acción son independientes, la sentencia debe dar prioridad al análisis y resolución de la acción que haya nacido antes, atendido el hecho constitutivo de la misma, si bien su estimación no impedirá el examen, y decisión en su caso, de la otra acción.".

Según la reiterada doctrina jurisprudencial es prevalente el análisis de la acción de despido, si la relación contractual no estuviera viva en el momento del ejercicio de la acción extintiva, pues, en tal supuesto, en ningún caso procedería la posibilidad de extinguir el contrato a instancia del trabajador. La doctrina del Tribunal Supremo, en sentencias de 21 de junio de 1989 y 23 de abril de 1996, tiene establecido que la acción resolutoria tiene carácter constitutivo, esto es, resuelve el contrato, "ex nunc", y por tanto no puede resolverse lo que ya está extinguido. En el presente caso, la relación laboral permanece viva, de modo que puede entrarse a conocer de la acción planteada de resolución de la relación laboral, siguiendo el orden cronológico de interposición de las demandas, aún cuando la estimación de una excluirá necesariamente a la otra, en tanto que la demanda de despido tácito se articula sobre idénticos hechos en los que se fundamenta la de extinción, de tal forma que las demandas por despido y resolución de contrato deducidas por el actor se han de estudiar conjuntamente, pues es inadmisible que unos mismos hechos, que son los que sustentan ambas pretensiones, puedan ser ambas cosas, y generar la estimación de ambas pretensiones.

CUARTO: Respecto a la acción de extinción de la relación laboral ejercitada por los demandantes en base a lo establecido en el art. 50.1 c) del E.T, cabe decir que constituye doctrina jurisprudencial reiterada que para el ejercicio de la acción prevista en el mencionado art. 50 del ET, es requisito inexcusable la vigencia de la relación laboral y la continuación de la prestación de servicios hasta tanto se autorice judicialmente la extinción, salvo supuestos excepcionales - violación de derechos fundamentales o de peligro para la integridad de la persona del trabajador-, esto es, que la relación esté viva hasta el momento de celebración del juicio e incluso hasta la fecha de dictarse la sentencia, y, en el caso enjuiciado, la relación laboral entre las partes no está viva, dado que, como consta en los informes de vida laboral obrantes en el ramo de prueba del FOGASA, los demandantes no tienen ocupación efectiva desde que causaron baja en el ERTE y fueron dado de baja en la Seguridad Social, de Oficio el 05-05-2022 con efectos del 17-05-2020, fecha del fallecimiento del administrador de la mercantil demandada, hecho desconocido por los actores hasta ese día 05-05-2022, y además, la empresa demandada figura, figura dada baja en la Seguridad Social, desde el 06-10-2021. Por tanto los demandantes carecen de acción para pretender la extinción una relación laboral que ya está extinguida, y, en consecuencia, debe desestimarse la pretensión deducida.

QUINTO: Respecto a la demanda por despido, como ha sido expuesto en el ordinal precedente, resulta acreditada la falta de ocupación efectiva, permaneciendo cerrado el centro de trabajo, lo que constituye un despido tácito, siendo infructuosos los intentos de los actores para averiguar la situación en la que se encontraban una vez que fueron dados de baja en el ERTE en septiembre de 2021, fecha hasta la que percibieron la prestación por desempleo. Y fue el 05-05- 2022 cuando los demandantes tuvieron conocimiento a través del Director de la TGSS, que el administrador de la mercantil demandada había fallecido el 17-05-2020 y que se les daba de baja en la Seguridad Social con efectos de dicha fecha, alegando la falta de pago de las cotizaciones por parte de la empresa. La expresada circunstancia no atañe a los trabajadores que no pueden ver mermados sus derechos laborales por una irregular actuación empresarial. Por tal motivo, se estima que la fecha de despido es la de 05-05-2022, y que el mismo ha de calificarse como improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55.3 y 4 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el art. 56 del citado ET en relación con la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, publicado en el BOE el día 11 de febrero de 2012 y cuya entrada en vigor tuvo lugar el día 12 de febrero de 2012.

El Fogasa interesó la extinción de la relación laboral a fecha del despido al amparo del art. 110.1 a) de la LRJS al no ser posible la readmisión de los demandantes, a lo que adhirió la parte actora.

SEXTO: A tales efectos la fecha de antigüedad y el salario que se ha de tener en cuenta para el cálculo de la indemnización son los que se declaran probados, en relación a Dª. Mariola, ya que la misma estuvo en situación de excedencia por cuidado de hijo, y tiene reconocida el 04-08-2005 una antigüedad de 20-03-2002, y el salario ha de ser a jornada completa ya que tenía reconocida la reducción de jornada. En cuanto a la antigüedad de Rosa, como resulta de la vida laboral, la trabajadora comenzó la relación laboral con la empresa demandada el 13-08-2008, cesó el 12-11-2008, nueva alta el 11-12-2008 y baja el 12-12-2008 y alta el 28-05-2009. Por tanto a los efectos del cálculo de la indemnización por despido, la antigüedad es la de 28-05-2009 que además es la que tiene reconocida en nómina.

SEPTIMO: En lo que respecta a la reclamación de cantidad, ha de tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el art. 217 de la LEC, corresponde a la parte actora la carga de probar la certeza de los hechos en los que basa su pretensión, y a la parte demandada los hechos impeditivos o extintivos. La parte actora acredita el devengo de los conceptos salariales reclamados, en tanto que la parte demandada no ha acreditado el abono de las cantidades devengadas que se reclaman, dada su incomparecencia al acto del juicio teniendo a la misma por confesa, de modo que la pretensión de la parte actora debe ser estimada en aplicación del indicado precepto y de los artículos 4.2 f), 26 y 29 del Estatuto de los Trabajadores.

OCTAVO: Procede declarar la responsabilidad subsidiaria del FOGASA conforme a lo establecido en el art. 33 del Estatuto de los Trabajadores, art. 14 del RD 505/85 de 6 de marzo y arts. 23, 276 y 277 de la LRJS.

NOVENO: De conformidad con lo establecido en el art . 191.3 a) de la LRJS, frente a la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los perceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,