Sentencia Social 12/2026 Juzgado de lo Social de Cuenca nº 1, Rec. 340/2025 de 11 de febrero del 2026

PRIMERO.- Valoración de la prueba.En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la L.R.J.S. , se hace constar que los hechos declarados probados resultan de la prueba documental aportada por las partes, así como las testificales que se practicaron en el acto de la vista, valoradas conforme a las reglas de la sana crítica.

Cada uno de los hechos probados resulta de las pruebas recogidas entre paréntesis, no existiendo controversia entre los hechos en sí, sino en la valoración de los mismos que hace cada una de las partes, tanto sobre si el trabajador solicitó o no la reincorporación a su puesto de trabajo tras la resolución del INSS en la que se denegaba la incapacidad permanente por la entidad gestora.

SEGUNDO.- Excepciones procesales.En cuanto a la falta de acción alegada por la empresa demandada al considerar que no existe despido si no una mera renuncia por parte del trabajador demandante, se examinará, en relación con la prueba practicada, los diferentes hechos probados para determinar si hay renuncia por el trabajador o despido.

Para ello se toma como referencia lo dispuesto en el Real decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal, en que establece en su artículo 5 la regulación de las declaraciones médicas de alta en los procesos de incapacidad temporal, previéndose que "1. los partes de alta médica en los procesos derivados de contingencias comunes se emitirán, tras el reconocimiento del trabajador, por el correspondiente facultativo del servicio público de salud. En todo caso, deberán contener la causa del alta médica, el código de diagnóstico definitivo y la fecha de la baja inicial.

Asimismo, los partes de alta médica podrán también ser extendidos por los inspectores médicos del servicio público de salud, del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, tras el reconocimiento médico del trabajador afectado.

El alta médica extinguirá el proceso de incapacidad temporal del trabajador con efectos laborales del día siguiente al de su emisión, sin perjuicio de que el referido servicio público, en su caso, siga prestando al trabajador la asistencia sanitaria que considere conveniente. El alta médica determinará la obligación de que el trabajador se reincorpore a su puesto de trabajo el mismo día en que se produzcan sus efectos.

Los partes médicos de alta por contingencias comunes se comunicarán a las mutuas, en el caso de trabajadores protegidos por ellas, en la forma y plazo establecidos en el artículo 2.5, debiendo las mismas comunicar a la empresa la extinción del derecho, su causa y su fecha de efectos".

En el presente caso, se nos plantea la existencia de una incapacidad temporal por enfermedad común iniciada por don Raimundo con fecha de 18 de septiembre de 2023 en la que, tras agotarse el plazo máximo previsto en la LGSS de 545 días, se inició de oficio por parte del INSS, procedimiento de incapacidad permanente, resolviendo, la entidad gestora, denegando dicha incapacidad así como la pensión que lleva aparejada el reconocimiento de la misma de haber sido reconocida.

Así las cosas, tras la resolución del INSS de día de 11 de abril de 2025 se produce una situación de alta médica de la que deviene la aplicación de la obligación establecida en el párrafo tercero, apartado 1º, del artículo 5 de la meritada normativa a la que se ha hecho referencia. Estableciéndose, por consiguiente, una obligación del trabajador, en cuanto a la realización de una conducta activa de reincorporación, es decir, exige una puesta a disposición, por parte de don Raimundo, para la reincorporación a su puesto de trabajo.

Teniendo en consideración que, como resulta acreditado tanto del interrogatorio del demandante, solicitado por el Ministerio Fiscal, como de la testifical de don Constantino, el demandante se había visto incurso en procesos de IT de larga data con anterioridad a la que es objeto del presente procedimiento, y que, en los cuales, tras el agotamiento del plazo de los 545 días establecidos como límite máximo en las norma para los procesos de IT, se había reincorporado en los términos exigidos y expuestos anteriormente. El trabajador era conocedor de la obligación de incorporación y, por consiguiente, de la necesidad de realizar esa conducta activa exigida en la norma, que exime a la empresa de tener que poner en conocimiento o proponer la reincorporación del trabajador, como se intentó hacer ver por la representación procesal del demandante durante el interrogatorio de don Constantino.

En este sentido, toman relevancia los correos electrónicos cruzados entre el demandante y don Constantino, responsable del Departamento de Personal, en los que, a fecha de 8 de abril, el trabajador solicita al mismo las nóminas del mes de marzo y la liquidación, así como información sobre cuándo se iba a empezar a hacer cargo de su nómina la mutua. Volviéndose a poner en contacto a fecha de 9 de abril para solicitar el certificado de retenciones, no siendo hasta el 13 de mayo de 2025, cuando don Constantino le adjunte la documentación requerida por el demandante.

De la relación de correos electrónicos aportado por ambas partes, coincidentes en todos sus extremos, no se atisba ni un solo indicio documental que acredite la puesta a disposición del demandante para la reincorporación a su puesto de trabajo, pues no será hasta el día 5 de junio cuando se acredita nueva comunicación por parte de don Raimundo en la que reseña "me comentaste que ya tenías conocimiento referente al alta emitida por el INSS el día 11 de abril, y no he tenido ninguna noticia de ti en todos estos días, espero me puedas aclarar cuando tienes previsto darme de alta en la Seguridad Social",entendiendo esta Juzgadora que el trabajador, de ponerse a disposición de la empresa lo hizo a fecha de día 5 de junio y no el mismo día en que se produjo el alta médica el día 11 de abril, tal y como exige la norma, pero que, además, por las palabras empleadas, puede entenderse que el trabajador imputa una obligación a la empresa que no le corresponde, pues es el propio demandante el que tiene la obligación de llevar a cabo esa conducta activa de reincorporación.

Para más abundamiento, se refiere por la parte demandante que el trabajador realizaba teletrabajo los meses previos a su proceso de IT y que, por consiguiente, al no tener y un puesto físico dentro de las instalaciones, su ausencia en la empresa no debe tenerse en consideración como una negativa a la reincorporación. No obstante lo anterior, resultó acreditado que el demandante, en el momento del alta médica a fecha de 11 de abril, no tenía a sus disposición los equipos necesarios para el desempeño de su puesto de trabajo a distancia, pues estaban siendo objeto de actualización por parte del Departamento de Informática de la empresa, lo que demuestra que, ni tan si quiera a distancia, pudo haber hecho uso de terminales que pudieran tomarse como referencia como una conducta tácita del trabajador tendente a la reincorporación.

En atención a lo expuesto, se concluye que no existe despido nulo, ni subsidiariamente improcedente, pues se trata de un desistimiento por parte del trabajador al no reincorporarse a su puesto de trabajo en los términos previsto en la normativa, tal y como resulta de la valoración de los acontecimientos que se relatan en los Hechos Probados y que han resultado acreditados de la prueba practicada.

Por consiguiente, y como efecto derivado de lo expuesto, tampoco resulta acreditada la vulneración de Derechos Fundamentales, alegadas por el demandante, en concreto por vulneración del derecho a la Igualdad por discriminación por enfermedad del artículo 14 de la Constitución, en el que se establece que "todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social",todo ello en relación con la Ley Orgánica 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, que establece en su artículo 2.1 que "Se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de su nacionalidad, de si son menores o mayores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal. Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"así como lo previsto en su apartado 3º, al disponer que "La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública".Y, es que, de lo expuesto, así como de las conclusiones realizadas por el Ministerio Fiscal, resulta que, al no existir extinción laboral por despido del trabajador, si no por renuncia del mismo ante su conducta omisiva en cuanto a la reincorporación a la empresa no existe discriminación por enfermedad como se alega.

Por todo ello, y en atención a la prueba practicada y examinada de conformidad a las reglas de la sana crítica, la excepción procesal de falta de acción debe ser estimada por entender que en la presente litis no nos encontramos ante un despido en ninguna de sus modalidades, si no ante una situación de renuncia por parte del trabajador al no reincorporase a su puesto de trabajo dentro del plazo establecido en la legislación vigente, por lo que la pretensión del actor debe ser desestimada íntegramente, lo que acarrea, consecuentemente, la desestimación de la indemnización por vulneración de Derechos Fundamentales solicitada.

TERCERO.- Recurso.

De conformidad con el art. 191.1 de la L.R.J.S. contra la presente sentencia cabe Recurso de Suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

PRIMERO.- Valoración de la prueba.En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la L.R.J.S. , se hace constar que los hechos declarados probados resultan de la prueba documental aportada por las partes, así como las testificales que se practicaron en el acto de la vista, valoradas conforme a las reglas de la sana crítica.

Cada uno de los hechos probados resulta de las pruebas recogidas entre paréntesis, no existiendo controversia entre los hechos en sí, sino en la valoración de los mismos que hace cada una de las partes, tanto sobre si el trabajador solicitó o no la reincorporación a su puesto de trabajo tras la resolución del INSS en la que se denegaba la incapacidad permanente por la entidad gestora.

SEGUNDO.- Excepciones procesales.En cuanto a la falta de acción alegada por la empresa demandada al considerar que no existe despido si no una mera renuncia por parte del trabajador demandante, se examinará, en relación con la prueba practicada, los diferentes hechos probados para determinar si hay renuncia por el trabajador o despido.

Para ello se toma como referencia lo dispuesto en el Real decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal, en que establece en su artículo 5 la regulación de las declaraciones médicas de alta en los procesos de incapacidad temporal, previéndose que "1. los partes de alta médica en los procesos derivados de contingencias comunes se emitirán, tras el reconocimiento del trabajador, por el correspondiente facultativo del servicio público de salud. En todo caso, deberán contener la causa del alta médica, el código de diagnóstico definitivo y la fecha de la baja inicial.

Asimismo, los partes de alta médica podrán también ser extendidos por los inspectores médicos del servicio público de salud, del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, tras el reconocimiento médico del trabajador afectado.

El alta médica extinguirá el proceso de incapacidad temporal del trabajador con efectos laborales del día siguiente al de su emisión, sin perjuicio de que el referido servicio público, en su caso, siga prestando al trabajador la asistencia sanitaria que considere conveniente. El alta médica determinará la obligación de que el trabajador se reincorpore a su puesto de trabajo el mismo día en que se produzcan sus efectos.

Los partes médicos de alta por contingencias comunes se comunicarán a las mutuas, en el caso de trabajadores protegidos por ellas, en la forma y plazo establecidos en el artículo 2.5, debiendo las mismas comunicar a la empresa la extinción del derecho, su causa y su fecha de efectos".

En el presente caso, se nos plantea la existencia de una incapacidad temporal por enfermedad común iniciada por don Raimundo con fecha de 18 de septiembre de 2023 en la que, tras agotarse el plazo máximo previsto en la LGSS de 545 días, se inició de oficio por parte del INSS, procedimiento de incapacidad permanente, resolviendo, la entidad gestora, denegando dicha incapacidad así como la pensión que lleva aparejada el reconocimiento de la misma de haber sido reconocida.

Así las cosas, tras la resolución del INSS de día de 11 de abril de 2025 se produce una situación de alta médica de la que deviene la aplicación de la obligación establecida en el párrafo tercero, apartado 1º, del artículo 5 de la meritada normativa a la que se ha hecho referencia. Estableciéndose, por consiguiente, una obligación del trabajador, en cuanto a la realización de una conducta activa de reincorporación, es decir, exige una puesta a disposición, por parte de don Raimundo, para la reincorporación a su puesto de trabajo.

Teniendo en consideración que, como resulta acreditado tanto del interrogatorio del demandante, solicitado por el Ministerio Fiscal, como de la testifical de don Constantino, el demandante se había visto incurso en procesos de IT de larga data con anterioridad a la que es objeto del presente procedimiento, y que, en los cuales, tras el agotamiento del plazo de los 545 días establecidos como límite máximo en las norma para los procesos de IT, se había reincorporado en los términos exigidos y expuestos anteriormente. El trabajador era conocedor de la obligación de incorporación y, por consiguiente, de la necesidad de realizar esa conducta activa exigida en la norma, que exime a la empresa de tener que poner en conocimiento o proponer la reincorporación del trabajador, como se intentó hacer ver por la representación procesal del demandante durante el interrogatorio de don Constantino.

En este sentido, toman relevancia los correos electrónicos cruzados entre el demandante y don Constantino, responsable del Departamento de Personal, en los que, a fecha de 8 de abril, el trabajador solicita al mismo las nóminas del mes de marzo y la liquidación, así como información sobre cuándo se iba a empezar a hacer cargo de su nómina la mutua. Volviéndose a poner en contacto a fecha de 9 de abril para solicitar el certificado de retenciones, no siendo hasta el 13 de mayo de 2025, cuando don Constantino le adjunte la documentación requerida por el demandante.

De la relación de correos electrónicos aportado por ambas partes, coincidentes en todos sus extremos, no se atisba ni un solo indicio documental que acredite la puesta a disposición del demandante para la reincorporación a su puesto de trabajo, pues no será hasta el día 5 de junio cuando se acredita nueva comunicación por parte de don Raimundo en la que reseña "me comentaste que ya tenías conocimiento referente al alta emitida por el INSS el día 11 de abril, y no he tenido ninguna noticia de ti en todos estos días, espero me puedas aclarar cuando tienes previsto darme de alta en la Seguridad Social",entendiendo esta Juzgadora que el trabajador, de ponerse a disposición de la empresa lo hizo a fecha de día 5 de junio y no el mismo día en que se produjo el alta médica el día 11 de abril, tal y como exige la norma, pero que, además, por las palabras empleadas, puede entenderse que el trabajador imputa una obligación a la empresa que no le corresponde, pues es el propio demandante el que tiene la obligación de llevar a cabo esa conducta activa de reincorporación.

Para más abundamiento, se refiere por la parte demandante que el trabajador realizaba teletrabajo los meses previos a su proceso de IT y que, por consiguiente, al no tener y un puesto físico dentro de las instalaciones, su ausencia en la empresa no debe tenerse en consideración como una negativa a la reincorporación. No obstante lo anterior, resultó acreditado que el demandante, en el momento del alta médica a fecha de 11 de abril, no tenía a sus disposición los equipos necesarios para el desempeño de su puesto de trabajo a distancia, pues estaban siendo objeto de actualización por parte del Departamento de Informática de la empresa, lo que demuestra que, ni tan si quiera a distancia, pudo haber hecho uso de terminales que pudieran tomarse como referencia como una conducta tácita del trabajador tendente a la reincorporación.

En atención a lo expuesto, se concluye que no existe despido nulo, ni subsidiariamente improcedente, pues se trata de un desistimiento por parte del trabajador al no reincorporarse a su puesto de trabajo en los términos previsto en la normativa, tal y como resulta de la valoración de los acontecimientos que se relatan en los Hechos Probados y que han resultado acreditados de la prueba practicada.

Por consiguiente, y como efecto derivado de lo expuesto, tampoco resulta acreditada la vulneración de Derechos Fundamentales, alegadas por el demandante, en concreto por vulneración del derecho a la Igualdad por discriminación por enfermedad del artículo 14 de la Constitución, en el que se establece que "todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social",todo ello en relación con la Ley Orgánica 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, que establece en su artículo 2.1 que "Se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de su nacionalidad, de si son menores o mayores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal. Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"así como lo previsto en su apartado 3º, al disponer que "La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública".Y, es que, de lo expuesto, así como de las conclusiones realizadas por el Ministerio Fiscal, resulta que, al no existir extinción laboral por despido del trabajador, si no por renuncia del mismo ante su conducta omisiva en cuanto a la reincorporación a la empresa no existe discriminación por enfermedad como se alega.

Por todo ello, y en atención a la prueba practicada y examinada de conformidad a las reglas de la sana crítica, la excepción procesal de falta de acción debe ser estimada por entender que en la presente litis no nos encontramos ante un despido en ninguna de sus modalidades, si no ante una situación de renuncia por parte del trabajador al no reincorporase a su puesto de trabajo dentro del plazo establecido en la legislación vigente, por lo que la pretensión del actor debe ser desestimada íntegramente, lo que acarrea, consecuentemente, la desestimación de la indemnización por vulneración de Derechos Fundamentales solicitada.

TERCERO.- Recurso.

De conformidad con el art. 191.1 de la L.R.J.S. contra la presente sentencia cabe Recurso de Suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

PRIMERO.- Valoración de la prueba.En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la L.R.J.S. , se hace constar que los hechos declarados probados resultan de la prueba documental aportada por las partes, así como las testificales que se practicaron en el acto de la vista, valoradas conforme a las reglas de la sana crítica.

Cada uno de los hechos probados resulta de las pruebas recogidas entre paréntesis, no existiendo controversia entre los hechos en sí, sino en la valoración de los mismos que hace cada una de las partes, tanto sobre si el trabajador solicitó o no la reincorporación a su puesto de trabajo tras la resolución del INSS en la que se denegaba la incapacidad permanente por la entidad gestora.

SEGUNDO.- Excepciones procesales.En cuanto a la falta de acción alegada por la empresa demandada al considerar que no existe despido si no una mera renuncia por parte del trabajador demandante, se examinará, en relación con la prueba practicada, los diferentes hechos probados para determinar si hay renuncia por el trabajador o despido.

Para ello se toma como referencia lo dispuesto en el Real decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal, en que establece en su artículo 5 la regulación de las declaraciones médicas de alta en los procesos de incapacidad temporal, previéndose que "1. los partes de alta médica en los procesos derivados de contingencias comunes se emitirán, tras el reconocimiento del trabajador, por el correspondiente facultativo del servicio público de salud. En todo caso, deberán contener la causa del alta médica, el código de diagnóstico definitivo y la fecha de la baja inicial.

Asimismo, los partes de alta médica podrán también ser extendidos por los inspectores médicos del servicio público de salud, del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, tras el reconocimiento médico del trabajador afectado.

El alta médica extinguirá el proceso de incapacidad temporal del trabajador con efectos laborales del día siguiente al de su emisión, sin perjuicio de que el referido servicio público, en su caso, siga prestando al trabajador la asistencia sanitaria que considere conveniente. El alta médica determinará la obligación de que el trabajador se reincorpore a su puesto de trabajo el mismo día en que se produzcan sus efectos.

Los partes médicos de alta por contingencias comunes se comunicarán a las mutuas, en el caso de trabajadores protegidos por ellas, en la forma y plazo establecidos en el artículo 2.5, debiendo las mismas comunicar a la empresa la extinción del derecho, su causa y su fecha de efectos".

En el presente caso, se nos plantea la existencia de una incapacidad temporal por enfermedad común iniciada por don Raimundo con fecha de 18 de septiembre de 2023 en la que, tras agotarse el plazo máximo previsto en la LGSS de 545 días, se inició de oficio por parte del INSS, procedimiento de incapacidad permanente, resolviendo, la entidad gestora, denegando dicha incapacidad así como la pensión que lleva aparejada el reconocimiento de la misma de haber sido reconocida.

Así las cosas, tras la resolución del INSS de día de 11 de abril de 2025 se produce una situación de alta médica de la que deviene la aplicación de la obligación establecida en el párrafo tercero, apartado 1º, del artículo 5 de la meritada normativa a la que se ha hecho referencia. Estableciéndose, por consiguiente, una obligación del trabajador, en cuanto a la realización de una conducta activa de reincorporación, es decir, exige una puesta a disposición, por parte de don Raimundo, para la reincorporación a su puesto de trabajo.

Teniendo en consideración que, como resulta acreditado tanto del interrogatorio del demandante, solicitado por el Ministerio Fiscal, como de la testifical de don Constantino, el demandante se había visto incurso en procesos de IT de larga data con anterioridad a la que es objeto del presente procedimiento, y que, en los cuales, tras el agotamiento del plazo de los 545 días establecidos como límite máximo en las norma para los procesos de IT, se había reincorporado en los términos exigidos y expuestos anteriormente. El trabajador era conocedor de la obligación de incorporación y, por consiguiente, de la necesidad de realizar esa conducta activa exigida en la norma, que exime a la empresa de tener que poner en conocimiento o proponer la reincorporación del trabajador, como se intentó hacer ver por la representación procesal del demandante durante el interrogatorio de don Constantino.

En este sentido, toman relevancia los correos electrónicos cruzados entre el demandante y don Constantino, responsable del Departamento de Personal, en los que, a fecha de 8 de abril, el trabajador solicita al mismo las nóminas del mes de marzo y la liquidación, así como información sobre cuándo se iba a empezar a hacer cargo de su nómina la mutua. Volviéndose a poner en contacto a fecha de 9 de abril para solicitar el certificado de retenciones, no siendo hasta el 13 de mayo de 2025, cuando don Constantino le adjunte la documentación requerida por el demandante.

De la relación de correos electrónicos aportado por ambas partes, coincidentes en todos sus extremos, no se atisba ni un solo indicio documental que acredite la puesta a disposición del demandante para la reincorporación a su puesto de trabajo, pues no será hasta el día 5 de junio cuando se acredita nueva comunicación por parte de don Raimundo en la que reseña "me comentaste que ya tenías conocimiento referente al alta emitida por el INSS el día 11 de abril, y no he tenido ninguna noticia de ti en todos estos días, espero me puedas aclarar cuando tienes previsto darme de alta en la Seguridad Social",entendiendo esta Juzgadora que el trabajador, de ponerse a disposición de la empresa lo hizo a fecha de día 5 de junio y no el mismo día en que se produjo el alta médica el día 11 de abril, tal y como exige la norma, pero que, además, por las palabras empleadas, puede entenderse que el trabajador imputa una obligación a la empresa que no le corresponde, pues es el propio demandante el que tiene la obligación de llevar a cabo esa conducta activa de reincorporación.

Para más abundamiento, se refiere por la parte demandante que el trabajador realizaba teletrabajo los meses previos a su proceso de IT y que, por consiguiente, al no tener y un puesto físico dentro de las instalaciones, su ausencia en la empresa no debe tenerse en consideración como una negativa a la reincorporación. No obstante lo anterior, resultó acreditado que el demandante, en el momento del alta médica a fecha de 11 de abril, no tenía a sus disposición los equipos necesarios para el desempeño de su puesto de trabajo a distancia, pues estaban siendo objeto de actualización por parte del Departamento de Informática de la empresa, lo que demuestra que, ni tan si quiera a distancia, pudo haber hecho uso de terminales que pudieran tomarse como referencia como una conducta tácita del trabajador tendente a la reincorporación.

En atención a lo expuesto, se concluye que no existe despido nulo, ni subsidiariamente improcedente, pues se trata de un desistimiento por parte del trabajador al no reincorporarse a su puesto de trabajo en los términos previsto en la normativa, tal y como resulta de la valoración de los acontecimientos que se relatan en los Hechos Probados y que han resultado acreditados de la prueba practicada.

Por consiguiente, y como efecto derivado de lo expuesto, tampoco resulta acreditada la vulneración de Derechos Fundamentales, alegadas por el demandante, en concreto por vulneración del derecho a la Igualdad por discriminación por enfermedad del artículo 14 de la Constitución, en el que se establece que "todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social",todo ello en relación con la Ley Orgánica 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, que establece en su artículo 2.1 que "Se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de su nacionalidad, de si son menores o mayores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal. Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"así como lo previsto en su apartado 3º, al disponer que "La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública".Y, es que, de lo expuesto, así como de las conclusiones realizadas por el Ministerio Fiscal, resulta que, al no existir extinción laboral por despido del trabajador, si no por renuncia del mismo ante su conducta omisiva en cuanto a la reincorporación a la empresa no existe discriminación por enfermedad como se alega.

Por todo ello, y en atención a la prueba practicada y examinada de conformidad a las reglas de la sana crítica, la excepción procesal de falta de acción debe ser estimada por entender que en la presente litis no nos encontramos ante un despido en ninguna de sus modalidades, si no ante una situación de renuncia por parte del trabajador al no reincorporase a su puesto de trabajo dentro del plazo establecido en la legislación vigente, por lo que la pretensión del actor debe ser desestimada íntegramente, lo que acarrea, consecuentemente, la desestimación de la indemnización por vulneración de Derechos Fundamentales solicitada.

TERCERO.- Recurso.

De conformidad con el art. 191.1 de la L.R.J.S. contra la presente sentencia cabe Recurso de Suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

PRIMERO.- Valoración de la prueba.En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la L.R.J.S. , se hace constar que los hechos declarados probados resultan de la prueba documental aportada por las partes, así como las testificales que se practicaron en el acto de la vista, valoradas conforme a las reglas de la sana crítica.

Cada uno de los hechos probados resulta de las pruebas recogidas entre paréntesis, no existiendo controversia entre los hechos en sí, sino en la valoración de los mismos que hace cada una de las partes, tanto sobre si el trabajador solicitó o no la reincorporación a su puesto de trabajo tras la resolución del INSS en la que se denegaba la incapacidad permanente por la entidad gestora.

SEGUNDO.- Excepciones procesales.En cuanto a la falta de acción alegada por la empresa demandada al considerar que no existe despido si no una mera renuncia por parte del trabajador demandante, se examinará, en relación con la prueba practicada, los diferentes hechos probados para determinar si hay renuncia por el trabajador o despido.

Para ello se toma como referencia lo dispuesto en el Real decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal, en que establece en su artículo 5 la regulación de las declaraciones médicas de alta en los procesos de incapacidad temporal, previéndose que "1. los partes de alta médica en los procesos derivados de contingencias comunes se emitirán, tras el reconocimiento del trabajador, por el correspondiente facultativo del servicio público de salud. En todo caso, deberán contener la causa del alta médica, el código de diagnóstico definitivo y la fecha de la baja inicial.

Asimismo, los partes de alta médica podrán también ser extendidos por los inspectores médicos del servicio público de salud, del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, tras el reconocimiento médico del trabajador afectado.

El alta médica extinguirá el proceso de incapacidad temporal del trabajador con efectos laborales del día siguiente al de su emisión, sin perjuicio de que el referido servicio público, en su caso, siga prestando al trabajador la asistencia sanitaria que considere conveniente. El alta médica determinará la obligación de que el trabajador se reincorpore a su puesto de trabajo el mismo día en que se produzcan sus efectos.

Los partes médicos de alta por contingencias comunes se comunicarán a las mutuas, en el caso de trabajadores protegidos por ellas, en la forma y plazo establecidos en el artículo 2.5, debiendo las mismas comunicar a la empresa la extinción del derecho, su causa y su fecha de efectos".

En el presente caso, se nos plantea la existencia de una incapacidad temporal por enfermedad común iniciada por don Raimundo con fecha de 18 de septiembre de 2023 en la que, tras agotarse el plazo máximo previsto en la LGSS de 545 días, se inició de oficio por parte del INSS, procedimiento de incapacidad permanente, resolviendo, la entidad gestora, denegando dicha incapacidad así como la pensión que lleva aparejada el reconocimiento de la misma de haber sido reconocida.

Así las cosas, tras la resolución del INSS de día de 11 de abril de 2025 se produce una situación de alta médica de la que deviene la aplicación de la obligación establecida en el párrafo tercero, apartado 1º, del artículo 5 de la meritada normativa a la que se ha hecho referencia. Estableciéndose, por consiguiente, una obligación del trabajador, en cuanto a la realización de una conducta activa de reincorporación, es decir, exige una puesta a disposición, por parte de don Raimundo, para la reincorporación a su puesto de trabajo.

Teniendo en consideración que, como resulta acreditado tanto del interrogatorio del demandante, solicitado por el Ministerio Fiscal, como de la testifical de don Constantino, el demandante se había visto incurso en procesos de IT de larga data con anterioridad a la que es objeto del presente procedimiento, y que, en los cuales, tras el agotamiento del plazo de los 545 días establecidos como límite máximo en las norma para los procesos de IT, se había reincorporado en los términos exigidos y expuestos anteriormente. El trabajador era conocedor de la obligación de incorporación y, por consiguiente, de la necesidad de realizar esa conducta activa exigida en la norma, que exime a la empresa de tener que poner en conocimiento o proponer la reincorporación del trabajador, como se intentó hacer ver por la representación procesal del demandante durante el interrogatorio de don Constantino.

En este sentido, toman relevancia los correos electrónicos cruzados entre el demandante y don Constantino, responsable del Departamento de Personal, en los que, a fecha de 8 de abril, el trabajador solicita al mismo las nóminas del mes de marzo y la liquidación, así como información sobre cuándo se iba a empezar a hacer cargo de su nómina la mutua. Volviéndose a poner en contacto a fecha de 9 de abril para solicitar el certificado de retenciones, no siendo hasta el 13 de mayo de 2025, cuando don Constantino le adjunte la documentación requerida por el demandante.

De la relación de correos electrónicos aportado por ambas partes, coincidentes en todos sus extremos, no se atisba ni un solo indicio documental que acredite la puesta a disposición del demandante para la reincorporación a su puesto de trabajo, pues no será hasta el día 5 de junio cuando se acredita nueva comunicación por parte de don Raimundo en la que reseña "me comentaste que ya tenías conocimiento referente al alta emitida por el INSS el día 11 de abril, y no he tenido ninguna noticia de ti en todos estos días, espero me puedas aclarar cuando tienes previsto darme de alta en la Seguridad Social",entendiendo esta Juzgadora que el trabajador, de ponerse a disposición de la empresa lo hizo a fecha de día 5 de junio y no el mismo día en que se produjo el alta médica el día 11 de abril, tal y como exige la norma, pero que, además, por las palabras empleadas, puede entenderse que el trabajador imputa una obligación a la empresa que no le corresponde, pues es el propio demandante el que tiene la obligación de llevar a cabo esa conducta activa de reincorporación.

Para más abundamiento, se refiere por la parte demandante que el trabajador realizaba teletrabajo los meses previos a su proceso de IT y que, por consiguiente, al no tener y un puesto físico dentro de las instalaciones, su ausencia en la empresa no debe tenerse en consideración como una negativa a la reincorporación. No obstante lo anterior, resultó acreditado que el demandante, en el momento del alta médica a fecha de 11 de abril, no tenía a sus disposición los equipos necesarios para el desempeño de su puesto de trabajo a distancia, pues estaban siendo objeto de actualización por parte del Departamento de Informática de la empresa, lo que demuestra que, ni tan si quiera a distancia, pudo haber hecho uso de terminales que pudieran tomarse como referencia como una conducta tácita del trabajador tendente a la reincorporación.

En atención a lo expuesto, se concluye que no existe despido nulo, ni subsidiariamente improcedente, pues se trata de un desistimiento por parte del trabajador al no reincorporarse a su puesto de trabajo en los términos previsto en la normativa, tal y como resulta de la valoración de los acontecimientos que se relatan en los Hechos Probados y que han resultado acreditados de la prueba practicada.

Por consiguiente, y como efecto derivado de lo expuesto, tampoco resulta acreditada la vulneración de Derechos Fundamentales, alegadas por el demandante, en concreto por vulneración del derecho a la Igualdad por discriminación por enfermedad del artículo 14 de la Constitución, en el que se establece que "todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social",todo ello en relación con la Ley Orgánica 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, que establece en su artículo 2.1 que "Se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de su nacionalidad, de si son menores o mayores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal. Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"así como lo previsto en su apartado 3º, al disponer que "La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública".Y, es que, de lo expuesto, así como de las conclusiones realizadas por el Ministerio Fiscal, resulta que, al no existir extinción laboral por despido del trabajador, si no por renuncia del mismo ante su conducta omisiva en cuanto a la reincorporación a la empresa no existe discriminación por enfermedad como se alega.

Por todo ello, y en atención a la prueba practicada y examinada de conformidad a las reglas de la sana crítica, la excepción procesal de falta de acción debe ser estimada por entender que en la presente litis no nos encontramos ante un despido en ninguna de sus modalidades, si no ante una situación de renuncia por parte del trabajador al no reincorporase a su puesto de trabajo dentro del plazo establecido en la legislación vigente, por lo que la pretensión del actor debe ser desestimada íntegramente, lo que acarrea, consecuentemente, la desestimación de la indemnización por vulneración de Derechos Fundamentales solicitada.

TERCERO.- Recurso.

De conformidad con el art. 191.1 de la L.R.J.S. contra la presente sentencia cabe Recurso de Suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,