Sentencia Social 231/2024 Juzgado de lo Social de Ávila nº 1, Rec. 554/2023 de 12 de julio del 2024

PRIMERO. -Motivación fáctica. Prueba. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.2 LRJS se hace constar que los anteriores hechos probados son el resultado de la valoración conjunta de la prueba practicada, conforme a las reglas de la sana crítica, quedando especificado en cada hecho probado el concreto elemento de convicción que ha servido para declararlo acreditado, en particular de la prueba documental e interrogatorio de testigo que se valoran en aplicación de los artículos 326, 319 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, junto con aquellos hechos admitidos o conformes, se trata de hechos que son alegados por una de las partes en el proceso y son admitidos por la contraria, los cuales no son objeto de prueba, ya que la afirmación fáctica de las partes vincula al juez ( arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC) .

SEGUNDO.- Planteamiento de la acción ejercitada.

2.1.- Mediante la demanda rectora del presente procedimiento interesa la parte actora la nulidad de la sanción económica de 2.451,00 euros, así como todas las demás acciones accesorias impuestas con las consecuencias derivadas de tal declaración, ordenando la inmediata devolución abonadas por la sanción junto con sus correspondientes intereses legales y/o procesales de aplicación. Sostienen en suma su pretensión, ante la ausencia de visita girada por parte de la actuación inspectora, que no se verifico la resistencia del muro ni la señalización de las obras afectando así al principio de presunción de las actas de infracción, de igual manera mantiene la inexistencia de relación de causalidad entre el accidente de trabajo y el incumplimiento de norma alguna de seguridad.

2.2.- Se opuso la parte demandada manteniendo en síntesis la resolución objeto de impugnación, a excepción de la empresa codemandada AVOT CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SL quien se adhirió a la demanda.

2.3.- La parte actora en el acto de la vista desistió de su demanda frente a la INSPECCION DE TRABAJO Y SEGUIRIDAD SOCIAL DE ÁVILA, no se opusieron el resto de las partes al desistimiento, interesando la defensa Letrada del Abogado del Estado la imposición de las costas procesales a la parte actora con ocasión del desistimiento.

TERCERO.- Delimitación de la acción ejercitada.

3.1.- Del acta de infracción y la resolución sancionadora. Sostiene la parte actora que la actuación inspectora se ha practicado sin girar visita alguna al lugar del accidente, ni se ha requerido documentación alguna a la empresa contratista principal o a la Dirección Facultativa. No existiendo prueba de cargo suficiente.

Las Actas de la Inspección gozan de presunción de certeza, de acuerdo con el art. 23 de la Ley 23/2015 de 21 de Julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y seguridad Social (en parecidos términos el artículo 151.8 de la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social, el artículo 15 del Real Decreto 928/1998 y el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto; lo que debe complementarse con la doctrina jurisprudencial contenida en reiteradas Sentencias (entre otras muchas, SSTS de 10 de octubre y 4 de junio de 1996), que otorga carta de naturaleza a la función inspectora realizada por los inspectores de trabajo, gozando en principio las actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo de presunción de certeza respecto de aquellos hechos y circunstancias constatados por el inspector actuante (o el subinspector), salvo prueba en contrario. ( STS de 22 de octubre de 2001) . ( STS de 23 de abril de 2001) .

La presunción indicada lo es respecto de los hechos constatados por el inspector actuante, sin que se exija en ningún momento la práctica de visita al lugar del accidente, por lo que se desprende del acta de infracción se detalla los hechos constatados-hecho probado segundo-y que en el presente caso se concretan en: 1.- Entrevista telefónica con el trabajador 2.- Documentación requerida a la empresa hoy demandante. Entre la documentación, consta el informe de investigación del accidente de trabajo, también se recibe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ávila copia del Anexo IV del seguimiento de accidentes de trabajo del Servicio de Emergencias 112 realizado por la Técnico de la Oficina Territorial de Trabajo D. Candida.

Todo ello sin perjuicio de la prueba en contrario que pueda en su caso practicarse a instancia de la empresa demandante.

3.2.- Del carácter del accidente. Mantiene la parte actora que el accidente fue fortuito y no previsible. Ahora bien, de las declaraciones testificales practicadas cabe concluir en sentido contrario, el Sr. Darío, puso de manifiesto que el muro no tenía cimientos y que precisamente estaban haciendo unos bataches para que tuviera cimientos. Que dichos bataches se realizaban para dar estabilidad. Con lo cual no se comparte el argumento de la parte actora sobre la estabilidad necesaria del muro para la realización del trabajo, difícilmente puede ser estable cuando se realizan unos bataches precisamente para darle estabilidad tal y como puso de manifiesto el citado testigo, máxime cuando incluso añadió que posteriormente al accidente se tomaron las medidas pertinentes para que no volviera a pasar más, realizando una cimentación mas profunda con una maquina y con hormigón. Realización de bataches que también fue puesta de manifiesto por el Sr. Jose Francisco.

Incluso, es más, en relación con su declaración y respecto de la cuestión precedente, aun poniendo de manifiesto que tiene interés en el resultado del juicio, depuso que la Oficina de Trabajo se puso en contacto con él preguntándole por el suceso.

3.3.- Inexistencia de relación de causalidad entre el accidente y el incumplimiento de norma de seguridad por parte de la empresa. Conforme a lo expuesto no ha quedado desvirtuada la relación de causalidad, en particular conforme a lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre el deber del empresario de protección de los trabajadores, garantizando la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, unido a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, de procurar la estabilidad de los materiales y equipos en general de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y salud de los trabajadores junto con lo dispuesto en el Convenio Colectivo de la Construcción en los términos recogidos en la pagina 4 del acta de infracción.

3.4.- De la sanción tipificada como infracción grave en el articulo 12.16 b del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. No obstante, las alegaciones vertidas por la empresa demandante, lo cierto es que ha quedado acreditado, en atención a lo expuesto en los apartados precedentes, que el trabajador se encontraba en las proximidades de un muro sin suficiente estabilidad tal y como así se recoge en la tipificación y graduación de la infracción, véase el folio 5 del acta de infracción.

Por los motivos expuestos procede la desestimación de la demanda.

CUARTO. -Del desistimiento.

4.1.- El desistimiento constituye una de las formas de terminación anormal de un proceso civil y es manifestación directa del derecho de dispositivo de las partes reconocido en el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 187/1990, de 26 de noviembre: "el desistimiento es una forma legítima de finalización de los procesos que responde al principio dispositivo que rige en el ordenamiento civil".

El desistimiento puede definirse como el acto procesal promovido por el demandante (o demandado reconviniente) por el que manifiesta su deseo de abandonar el proceso pendiente iniciado por él, sin que tal petición suponga una disposición del derecho subjetivo material, que permanece intacto. La pretensión interpuesta por la demandante queda imprejuzgada en el desistimiento al no dictarse pronunciamiento alguno sobre la misma y no impide, por lo tanto, promover un nuevo juicio posterior entre las mismas partes y con el mismo objeto. - Auto núm. 59/2010 de 15 de octubre de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Zamora.

4.2.- Centrada así la única cuestión discutida, es doctrina comúnmente admitida ( Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1988 < http://vlex.com/search?buscable_id=102&buscable_type=Fuente&content_type=2&date=1988-03-07.. 1988-03-07&filters_order=source&jurisdiction=ES&source=102&tipo_resolucion_1=SEN>, 26 de junio de 1990 , y 4 de julio de 1997 ; RJA 1559/1988, 4896/1990, y 5845/1997 ), que la condena en costas atiende no sólo a la sanción de una conducta procesal, sino a satisfacer el principio de tutela judicial efectiva, que exige que los derechos no se vean mermados por la necesidad de acudir a los tribunales para su reconocimiento, de modo que el pago de las costas, aun solamente de las suyas, es un gravamen que en justicia no debe soportar quien se ve obligado a demandar, o a contestar a una demanda, representado por procurador y asistido de abogado, para defender su derecho, debiendo por el contrario soportar las costas del proceso quien fue el causante de los gastos que, en de?nitiva, se originaron a la otra parte.

Este principio de vencimiento objetivo es el que se encuentra plenamente acogido por el artículo 396.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,según el cual, si el proceso termina por desistimiento del actor, que no haya de ser consentido por el demandado, aquél debe ser condenado a todas las costas.

Por el contrario, de acuerdo con el artículo 396.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,si el desistimiento que pone ?n al proceso es consentido por el demandado, no procede la condena en costas a ninguno de los litigantes.

El artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,al regular el desistimiento expreso del demandante, prevé que el demandado pueda manifestar su conformidad al desistimiento, o no oponerse a él dentro del plazo del traslado conferido, en cuyo caso el tribunal debe dictar auto de sobreseimiento; o que el demandado pueda oponerse al desistimiento, en cuyo caso el juez resolverá lo que estime oportuno.

En este sentido, es doctrina comúnmente admitida, que en los supuestos en que el demandado no se oponga al desistimiento respecto al fondo del asunto pero solicite de modo expreso la condena en costas del actor, el juez debe tener por desistido al actor, a tenor de lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,pero debe imponer a éste las costas del proceso, por haber manifestado expresamente el demandado su oposición en cuanto a las costas, de tal manera que la prevención del artículo 396.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil únicamente será de aplicación cuando el consentimiento al desistimiento por parte del demandado sea total y sin reserva alguna.

4.3.- Haciendo proyección de la doctrina expuesta al caso que nos ocupa, procede la condena en costas respecto de la demanda formulada frente a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ávila, a la parte actora.

QUINTO.- Frente a la presente resolución no cabe interponer recurso de suplicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3 G toda vez que no cabe recurso en los supuestos de sanción en materia laboral prevención de riesgos laborales al no llegar la sanción a la suma de 18.000 euros- STJ BURGOS 21 DE JULIO DE 2022. STA. Nº 538/2022.-RECURSO DE SUPLICACION 415/2022-.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,