Sentencia Social 190/2025 Juzgado de lo Social de Guadalajara nº 1, Rec. 1030/2024 de 16 de junio del 2025

PRIMERO.-Los documentos obrantes en el expediente administrativo y los aportados por la parte demandante, constituyen los elementos de prueba que avalan el anterior relato de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LRJS.

SEGUNDO.-Antes de entrar en el fondo del asunto, plantea la letrada de la abogacía de la JCCM la falta de competencia territorial en base al artículo 10.4 de la LRJS, considerando que el acto impugnado tiene un destinatario plural y por tanto la competencia corresponde exclusivamente a los Juzgado de lo Social donde radica el domicilio del demandado, Toledo.

Señalar en primer lugar que el propio Letrado de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha presentó escrito el 24 de septiembre de 2024 indicando lo siguiente: "La actora presenta demanda en impugnación de Resolución presunta desestimatoria al Recurso de Alzada presentado en fecha 12/06/2024, contra la resolución de fecha 24 de mayo de 2024, por la que se acuerda por el Tribunal calificador, poner fin al proceso selectivo en el que había participado la actora.

En la medida en que se trata de un acto de la administración empleadora, la recurrente debería haber interpuesto la demanda ante el Juzgado de su domicilio o de su lugar de trabajo, configurándose como fuero electivo en el apartado 1 del artículo 10 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social . Es decir, serían competentes los Juzgados de Guadalajara".

La competencia territorial constituye un presupuesto procesal cuyo cumplimiento ha de ser controlado de oficio por el Juez. El Art. 9.1 de la L.O.P.J. dispone que los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por dicha Ley Orgánica o por otra Ley.

La competencia territorial de los Juzgados de lo Social se determina con arreglo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sin que proceda la sumisión expresa o tácita de las partes a otro fuero distinto al constituirse como fueros imperativos de obligado cumplimiento ( artículo 54.1 LEC) . El art. 10 LRJS dispone que la competencia de los Juzgados de lo Social se determinará de acuerdo con las siguientes reglas:

"1. (...) En las demandas contra las Administraciones públicas empleadoras será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandante, a elección de éste; salvo para los trabajadores que presten servicios en el extranjero, en que será juzgado competente el del domicilio de la Administración pública demandada".

Pues bien, en aplicación de dicho precepto, la sala de lo Social del TSJ de Castilla La Mancha en el auto de 18 de diciembre de 2023, dictado en el seno del proceso de Conflicto Colectivo 17/2023, en un supuesto de reclamación de derecho de personal laboral en relación con un proceso selectivo de promoción interna de la Administración Autonómica, considera que la materia referida a proceso selectivo de personal laboral encuentra acomodo natural entre los litigios que transcurren entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo, artículo 2.a) LRJS, y la competencia corresponde a los Juzgados de lo Social del domicilio del demandante, o del lugar de prestación de servicios, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 6 y 10.1 último párrafo LRJS.

En el mismo sentido que se ha pronunciado la Sala de lo

Social del TSJ ha resuelto la Audiencia Nacional, Sala de lo

Social, en supuestos de exclusión de procesos selectivos de

personal laboral en el año 2023, por auto 16/23 de 22.3.23, rec. 58/23, por auto 10/23 de 23.2.23, rec. 26/23, y por auto 40/23 de 27.7.23, rec. 170/23, entre otros, abordando en primer término si la modalidad procesal de impugnación de acto administrativo era adecuada a la pretensión ejercitada, resolviendo que la Administración actúa en estos supuestos como empleador, por lo que la modalidad procesal ha de ser el procedimiento ordinario por ser un litigio del art. 2.a) LRJS. Y en base a ello considera que la Audiencia Nacional no tiene competencia funcional, siendo competentes los Juzgados de lo Social del domicilio del demandante o el lugar de prestación de servicios de conformidad con lo dispuesto en los arts. 6 y 10 LRJS.

Este criterio se ha reiterado por la Audiencia Nacional en el auto de 31 de enero de 24, recurso 16/24, declarando la Audiencia Nacional su falta de competencia para conocer la impugnación efectuada por un particular de la resolución de la Secretaría de Estado y Función Pública resolviendo un concurso de adjudicación de plazas de empleo público en un proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre. Mas recientemente, en el mismo sentido, mediante auto de 26 de marzo de 2025, rec.84/2025, considera que se trata de una reclamación individual que afecta a los derechos de la demandante, siendo el juzgado de lo social el competente.

Por lo expuesto, y aplicando el criterio seguido por la

sala de lo Social del TSJ de Castilla La Mancha y por la

Audiencia Nacional, impugnándose un acto de la Administración Pública en su condición de empleadora ex art. 2 a) LRJS, la competencia corresponde al Juzgado de lo Social del domicilio de la demandante o el lugar de prestación de servicios.

Por todo ello, no puede estimarse dicha excepción procesal.

TERCERO.-Entrando en el fondo del asunto, señala la actora que se ha vulnerado el principio de transparencia y motivación de los actos, conforme a los argumentos de derecho que señala.

Atendiendo al contenido del apartado 7.7 de la convocatoria se establece que "El Tribunal actuará con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad técnica y sus miembros son personalmente responsables de la transparencia y objetividad del procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria. En el ejercicio de sus funciones observarán las prescripciones que se contengan en los manuales de instrucciones que, en su caso, se dicten por la Escuela de Administración Regional con el objeto de precisar y homogeneizar los criterios de actuación aplicables en los distintos procesos selectivos".

El manual de instrucciones de la presente convocatoria es el Manual de Instrucciones Generales y Económicas de los Tribunales Calificadores de abril 2023.

Además, el Tribunal calificador, tiene el deber de la motivación del acto y/o resolución adoptada, y viene amparado en el art.35.2 de la Ley 39/2015 en el que se establece que "la motivación de los actos que ponga fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte".

CUARTO.-En el presente caso, en cuanto a los criterios de valoración de la prueba situacional, ha de decirse que los órganos judiciales han de respetar el criterio técnico asumido por el Tribunal Calificador, en virtud de la denominada "discrecionalidad técnica" del Tribunal calificador, que no es revisable por los órganos jurisdiccionales salvo vulneración de las bases o reglas de la convocatoria, o error ostensible y manifiesto; que no se aprecia en el presente caso conforme a la prueba practicada y al expediente administrativo.

En procedimientos como el que nos ocupa, donde la demandante alega como motivo de nulidad que en ningún momento se advirtió los aspectos que se iban a tener en cuenta para efectuar la valoración de la prueba situacional, sobre impugnación de decisiones de Tribunales de calificación de pruebas de acceso a la función pública, tal y como refiere el Tribunal Supremo, Sala 3ª, sec. 7ª, S 1-12-2011, recurso 170/2011, "La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desde las sentencias 39/1983, de 17 de mayo , y 353/1993, de 29 de noviembre y de este Tribunal Supremo (por todas, las sentencias de esta misma Sala de 13 de marzo de 1991 , 20 de octubre de 1992 (recurso 534/1989 ), 2 de octubre de 2000 (recurso 603/1998 ), 13 de octubre de 2004 (recurso 572/2001 ), 21 de mayo de 2008 (recurso 2137/2004 ), 17 de junio de 2009 (recurso 6764/2005 ) y 13 de julio de 2011 (recurso 284/2010 )), han puesto de relieve que la revisión jurisdiccional, en cuanto a la valoración de los tribunales calificadores en lo que de apreciación técnica tenga en sí misma, escapa al control jurídico y se concreta en diferentes modulaciones, limitaciones o simples criterios interpretativos o de actuación que encuentran su fundamento jurídico en una presunción de razonabilidad y de certeza con respecto a la actuación administrativa, basada en la especialización y en la imparcialidad que debe presumirse, salvo prueba en contrario, en la actuación llevada a cabo por los órganos establecidos para proceder a la correspondiente calificación.

Tales órganos gozan, según la apuntada doctrina jurisprudencial, de discrecionalidad técnica, en función, precisamente, no sólo de las ya reflejadas imparcialidad y especialización de las comisiones de calificación y selección, sino también como consecuencia de su intervención directa en las mismas pruebas realizadas, no pudiendo los Tribunales de Justicia convertirse en segundos tribunales calificadores que revisen la totalidad de las pruebas selectivas que puedan llevarse a cabo, sustituyendo por sus criterios de calificación los que, a tenor de dicha discrecionalidad técnica, corresponden al tribunal juzgador del respectivo proceso selectivo.

Sobre este punto, los límites susceptibles de control jurisdiccional que la jurisprudencia tradicional declaró respecto de la llamada discrecionalidad técnica fueron éstos: los elementos reglados, los hechos determinantes y los principios generales del derecho; y subrayando también que la más reciente doctrina de esta Sala en aras de perfeccionar dicho control jurisdiccional de la discrecionalidad técnica y definir los espacios donde puede operar con normalidad, ha completado aquellos límites tradicionales mediante la distinción, dentro de las actuaciones de valoración técnica, entre el "núcleo material de la decisión" y sus "aledaños".

El primero estaría representado por el estricto dictamen o juicio de valor técnico, y los segundos (los aledaños) comprenderían, de un lado, las actividades preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para hacerlo posible y, de otro, las pautas jurídicas que también son exigibles a dichas actividades.

Esas actividades preparatorias o instrumentales serían las encaminadas a delimitar la materia que vaya a ser objeto de ese juicio técnico, a fijar los criterios de calificación que vayan a ser utilizados y a aplicar individualizadamente dichos criterios a cada uno de los elementos materiales que constituyan el objeto de la valoración; esto es, serían los pasos que resultan necesarios para llegar a la estimación cualitativa finalmente contenida en el estricto juicio técnico.

Y esas pautas jurídicas estarían encarnadas por el derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad de que el criterio de calificación responda a los principios de mérito y capacidad y por el obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad.

Y un punto más en esa línea evolutiva de la jurisprudencia lo representa la necesidad de motivar el juicio técnico, que se justifica por lo siguiente: como ya se ha puesto de manifiesto, uno de los aledaños de ese juicio técnico está representado por la obligación de cumplir el mandato constitucional ( artículo 9.3 CE ) de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y, en el criterio de este Tribunal Supremo, ese cumplimiento conlleva la necesidad de motivar el juicio cuando así sea solicitado por algún aspirante o cuando sea objeto de impugnación. En consecuencia, y en estricto cumplimiento de los artículos 9.3 , 24.1 y 106.1 de la Constitución , la revisión jurisdiccional en los casos en que concurran defectos formales sustanciales o en los que se haya dado lugar a indefensión, a arbitrariedad o a desviación de poder, el control por parte de los Tribunales de Justicia de la discrecionalidad técnica de los órganos administrativos encargados de resolver pruebas selectivas, comisiones de valoración y concursos de selección de personal al servicio de las Administraciones Públicas, tiene por objeto el enjuiciamiento de cuantas actuaciones afecten a los elementos reglados y esenciales, sin olvidar la preceptiva motivación de aquellas valoraciones, en orden a evitar situaciones ciertamente diferentes de la mencionada discrecionalidad técnica, como la arbitrariedad, la inobservancia de los principios de igualdad, mérito y capacidad y, en su caso, la desviación de poder..."

En el mismo sentido en Sentencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia 358/2021 de 15 Mar. 2021, Rec. 7/2020: "En este sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional, relativa a la fiscalización por parte de los Jueces y Tribunales de las decisiones o actuaciones de los Tribunales o Comisiones calificadoras que han de resolver las oposiciones y concursos, hacía suya, como ya señaló la conocida STC 353/1993, de 29 de noviembre , una consolidada doctrina jurisprudencial aplicada por los Tribunales ordinarios, señalando que, aunque los Tribunales de la jurisdicción contencioso- administrativa son ciertamente competentes para enjuiciar la legalidad de la actuación de los órganos juzgadores de las oposiciones o concursos, en modo alguno pueden sustituir a estos en lo que sus valoraciones tienen de apreciación técnica, pues de admitirse esta hipótesis tendrían que constituirse en cada caso en fiscalizadores de cada Tribunal o Comisión calificadora con parámetros no jurídicos, sino pertenecientes en cada ocasión a una técnica diversa. Lo que no supone desconocer el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el art. 24.1 de la C.E ., ni el principio del sometimiento pleno de la Administración Pública a la Ley y al Derecho ( art. 103.2 C.E .), ni la exigencia del control judicial sobre la actuación administrativa y su sumisión a los fines que la justifican ( art. 106.1 C.E .), así como tampoco ignorar los esfuerzos que la jurisprudencia y la doctrina han realizado y realizan para que tal control judicial sea lo más amplio y efectivo posible. Supone simplemente señalar que ese control judicial, del que no pueden excluirse las resoluciones administrativas que resuelven oposiciones o concursos, tiene, por su propia naturaleza, ciertos límites o modulaciones [ SSTC 39/1983, (fundamento jurídico 4 º); 97/1993 , (fundamento jurídico 2º)]. Así ocurre en aquellas "cuestiones que han de resolverse por un juicio fundado en elementos de carácter exclusivamente técnico, que sólo puede ser formulado por un órgano especializado de la Administración y que en cuanto tal escapa al control jurídico, que es el único que pueden ejercer los órganos jurisdiccionales y que, naturalmente, deberán ejercerlo en la medida en que dicho juicio técnico afecte al marco legal en que se encuadra, es decir, sobre las cuestiones de legalidad que se planteen en el caso, utilizando al efecto todas las posibilidades que se han ido incorporando a nuestro acervo jurídico".

En base a la doctrina anterior, en el caso que nos ocupa, existe un informe del Presidente del Tribunal Calificador de las pruebas a las que se presentó la actora que consta en las páginas 199 a 207 del expediente administrativo, de fecha 20 de junio, resuelve todas las cuestiones que fueron objeto de impugnación por la demandante de forma razonada, motivada y perfectamente explicada, por lo que, valorando la prueba aportada por la actora, se considera que la misma no ha formado convicción alguna para rebatir dichas explicaciones, por cuanto no queda resquicio para formular a dicho informe ningún reproche desde el punto de vista de la legalidad formal, al no aparecer en el mismo ningún atisbo de vulneración de los presupuestos constitucionales derivados de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de interdicción de la arbitrariedad o de situaciones productoras de indefensión.

Partiendo de lo anterior, la propia Administración demandada ha explicado los criterios utilizados para valorar cada una de las elaboraciones realizadas, otorgando una puntuación individualizada y justificada a cada uno de los puntos valorados y por tanto ninguna arbitrariedad se desprende de este criterio técnico. Se considera que forma parte de la denominada discrecionalidad técnica de la Administración sin que por la parte demandante se aporte prueba alguna que permita entender en sentido contrario que carece de razonabilidad o que se aparte de los criterios o parámetros técnicos objetivos fijados por el Tribunal Calificador en el acta nº9.

De la prueba testifical practicada, Sra. Erica declara que 30 minutos son insuficientes para la elaboración de la preparación, lo cual desvirtuaría el objeto del pleito, ya que no se está impugnando el criterio técnico en la elección de la preparación, sino la transparencia sobre los criterios de evaluación. Respecto de la declaración de Sra. Ana, indica que el horno se encendió más tarde, hecho que no fue expuesto en la demanda ni en el recurso de alzada, no pudiendo incorporarse hechos nuevos en esta fase procesal.

Por lo que ante todo lo expuesto debe concluirse que la demanda debe ser desestimada.

QUINTO.-La materia objeto de esta litis es susceptible de recurso de suplicación conforme a lo preceptuado en el artículo 191 de la LRJS.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,