Sentencia Social 205/2025 Juzgado de lo Social de Albacete nº 1, Rec. 746/2024 de 02 de junio del 2025

PRIMERO.-La parte actora solicita que se dicte sentencia por la que se declare nulo el despido de que ha sido objeto por vulnerar el mismo su garantía de indemnidad, así como su derecho a la salud y dignidad y a la igualdad en el trabajo, y se condene a la empresa demandada a que proceda a la readmisión inmediata de la demandante, con abono de los salarios y/o cualesquiera emolumentos dejados de percibir hasta ese momento, así como el ingreso de las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social; y a que abone la cantidad de 6.000 euros en concepto de daños morales causados por la vulneración de su garantía de indemnidad.

SEGUNDO.-En el presente caso, en primer lugar, ha de determinarse si la circunstancia de que la empresa demandada haya cursado la baja de la trabajadora demandante en Seguridad Social puede considerarse despido.

Para que concurra el despido tácito la jurisprudencia ( STS 16 de noviembre de 1998, recurso 5005/1997 y núm. 233/2022 de 15 Mar. 2022, Rec. 3031/2020) exige que existan "hechos suficientemente concluyentes a partir de los cuales pueda establecerse la voluntad extintiva del empresario" (entre las más recientes, sentencias del TS de 23 de septiembre de 2013, recurso 2043/2012; 29 de junio de 2017, recurso 2306/2016; y 30 de junio de 2017, recurso 3402/2015). En resumen, se considera que existe un despido tácito cuando el empleador omite la comunicación extintiva escrita o verbal pero la finalización del contrato por voluntad unilateral del empresario se acredita por sus actos, siempre que sean suficientemente concluyentes.

En ese sentido, la doctrina jurisprudencial ( STS núm. 145/2022 de 14 Feb. 2022, Rec. 4897/2018) ha considerado que existen actos concluyentes por parte del empresario que evidencian tal voluntad, que dejan clara la intención de la empresa de poner fin a la relación jurídico-laboral cuando, sin mediar comunicación ni formalidad alguna, se da de baja en seguridad social a la trabajadora, lo cual evidencia una voluntad inequívoca de la empresa de poner fin a la relación que le une con dicha trabajadora.

En el presente caso las partes celebraron un contrato eventual por circunstancias de la producción de seis meses de duración, con fecha de inicio el 8 de enero de 2024 y finalización el 7 de julio de 2024. E igualmente consta, que la empresa dio de baja a la actora el día 30 de junio de 2024, es decir siete días antes de la finalización prevista en el citado contrato.

Por otro lado, no se ha probado que la empresa (que no compareció a juicio) comunicara a la trabajadora su baja en Seguridad Social, antes de la finalización de su contrato de trabajo, ni las razones de tal decisión. Por ello, de acuerdo con la jurisprudencia expuesta, puede concluirse que estamos ante un despido tácito, pues dicha baja revela sin duda la voluntad extintiva de la empresa.

TERCERO.-Dicho lo anterior, debemos analizar si tal decisión extintiva tácita respondía a una decisión de represalia empresarial frente a la reclamación iniciada por la trabajadora para reclamar el reconocimiento de que su relación laboral era indefinida, que su categoría realmente desempeñada era superior a la fijada en el contrato, así como el abono de las diferencias salariales correspondientes.

La doctrina jurisprudencial (por todas, STS núm. 514/2020 de 24 Jun. 2020, Rec. 3471/2017 y STS, Pleno, núm. 917/2022 de 15 Nov. 2022, Rec. 2645/2021) tiene establecida la siguiente doctrina:

"La garantía de indemnidad consiste en que "del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza"", toda vez que el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) no se satisface sólo "mediante la actuación de jueces y tribunales, sino también a través de la (citada) garantía de indemnidad", como dijera tempranamente la STC 14/1993, de 18 de enero . Según se ha anticipado, la garantía de indemnidad incluye no sólo el estricto ejercicio de acciones judiciales, sino que asimismo se proyecta, y de forma necesaria, sobre los actos preparatorios o previos (conciliación, reclamación previa, etc.). De otra forma -afirma la propia STC 14/1993, de 18 de enero -, "quien pretenda impedir o dificultar el ejercicio de la reclamación en vía judicial, tendrá el camino abierto, pues para reaccionar frente a ese ejercicio legítimo de su derecho a la acción judicial por parte del trabajador le bastaría con actuar..., en el momento previo al inicio de la vía judicial".

"Y, por lo que se refiere, a la prueba de indicios y a la distribución de la carga probatoria, los artículos 96.1 y 182.1 LRJS disponen que, ante la concurrencia de "indicios" de que se ha producido la vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, "corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

Dos extremos interesan recordar de dicha doctrina jurisprudencial. La primera, que será necesariamente la nulidad (y no la improcedencia) la calificación que corresponda a un despido que vulnere la garantía de indemnidad del trabajador ( STS 18 de marzo de 2016, rcud 1447/2014). Y la segunda, que, para que opere el desplazamiento hacia el empresario de la carga de prueba, no basta simplemente con que el trabajador afirme la vulneración de la garantía de la indemnidad (o de cualquier otro derecho fundamental), sino que ha de acreditar un indicio o -sin que proceda realizar mayores precisiones- un principio de prueba que permita deducir que aquella vulneración se puede haber producido

En el presente caso, existe un claro indicio de que se ha vulnerado el derecho o garantía de indemnidad de la actora, ya que ha quedado probado que el día 03/06/2024 la demandante presentó papeleta de conciliación ante el SMAC de Albacete en reclamación de derechos y cantidad salarial; actuación que fue seguida posteriormente por la decisión unilateral empresarial de cursar la baja en Seguridad Social de la demandante el día 30/06/2024, antes de la conclusión del plazo por el que se suscribió el contrato de trabajo temporal (07/07/2024), sin que mediara comunicación o explicación alguna, ni en el momento de efectuarla, ni tampoco en este proceso, al que no compareció.

Por lo tanto, procede declarar el despido nulo por violación del derecho a la tutela judicial ( art. 24.1 CE) , en su vertiente de garantía de indemnidad, con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración.

QUINTO.-Procede a continuación examinar la pretensión formulada por la demandante, relativa a que su contrato de duración determinada, de la modalidad eventual por circunstancias de la producción, fue suscrito en fraude de ley; que la jornada laboral realmente desempeñada era completa y que la categoría realmente desempeñada era la de encargada, en lugar de ayudante de camarero, con derecho a las retribuciones correspondientes.

El art. 15.1 del ET dispone que:

"El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido.

El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora.

Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad será necesario que se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista".

Añade el apartado 2 del mismo precepto que: "A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones, que aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere, siempre que no respondan a los supuestos incluidos en el artículo 16.1"

Asimismo, se indica que: "Cuando el contrato de duración determinada obedezca a estas circunstancias de la producción, su duración no podrá ser superior a seis meses".

En relación con el objeto y finalidad del contrato eventual, la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2010, rec. 955/2009 indica que: "La válida suscripción de la modalidad contractual que establece el art. 15.1.b) ET requiere -aparte de otras notas que para nada están comprometidas en el caso de autos- que «se concierten para atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la empresa». Y en la configuración de esa eventualidad, se ha dicho que la misma ha de entenderse como un exceso anormal en las necesidades habituales de la empresa, que no puede ser atendido con la plantilla actual y que -por su excepcionalidad- tampoco razonablemente aconseja un aumento de personal fijo ( STS 20/03/02 -rcud 1676/01 ); que la «temporalidad de este tipo de contratación es causal y contingente , pues en el proceso productivo o en la prestación de servicios se produce de manera transitoria un desajuste entre los trabajadores vinculados a la empresa y la actividad que deben desarrollar, permitiendo la Ley la posibilidad de acudir a la contratación temporal para superar esa necesidad de una mayor actividad, sin incrementar la plantilla más de lo preciso, evitando el inconveniente de una posterior reducción de la misma si, superada la situación legalmente prevista, se produjera un excedente de mano de obra» ( STS 21/04/04 -rcud 1678/03 ); y que el «contrato eventual está caracterizado por la temporalidad de la causa que lo origina, ... evitando con ello que por este procedimiento se lleguen a cubrir necesidades permanentes de las empresas acudiendo a contrataciones de tiempo limitado; la causa radica en las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, es decir, se trata de un contrato caracterizado por la temporalidad de la causa que lo legitima ; si la causa no es temporal, la relación se convierte en indefinida» ( SSTS 17/01/08 -rcud 1176/07 ; y 15/01/09 -rcud 2302/07 )".

Doctrina que se reitera en la sentencia TS de 7 de diciembre de 2011, rcud. 935/2011, en la que se afirma que: "Lo que caracteriza a la "acumulación de tareas" es, precisamente, la desproporción existente entre el trabajo que se ha de realizar y el personal que se dispone, de forma tal que el volumen de aquél excede manifiestamente de las capacidades y posibilidades de éste; y ello se produce tanto cuando se trata de aumento ocasional de las labores y tareas que se tienen que efectuar aún estando al completo la plantilla correspondiente, como cuando, por contra, se mantiene dentro de los límites de la normalidad el referido trabajo pero, por diversas causas, se reduce de modo acusado el número de empleados que ha de hacer frente al mismo".

Por otra parte, en relación con la concurrencia del fraude de ley, la STS núm. 366/2019 de 13 de mayo, rec. 246/2018, Pleno, F.J. 17º), mantiene que:

"El fraude de ley, tal y como dispone el art. 6.4 del código civil , es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma ( SSTS de 04/07/94 -rcud 2513/1993 -, 16/01/1996 -rec. 693/1995 -, y 31/05/07 -rcud 401/2006 -), siendo suficiente la existencia de datos objetivos que pongan de manifiesto el ánimo de ampararse en el texto de una norma para conseguir un resultado prohibido o contrario a la ley ( STS 23/12/2014 -rec. 109/2014 -).

El fraude de ley, no se presume y ha de ser acreditado por el que lo invoca, lo que puede hacerse mediante pruebas directas o indirectas, como la de presunciones ( SSTS de 17-02- 2014 -rec. 142/2013 -, y 26-03-2014 - rec. 158/2013 )".

La acreditación de las circunstancias en que se funda la pretensión que se ejercita corresponde a la trabajadora, conforme a la distribución de la carga de la prueba establecida en el art. 217.2 de la LEC ("Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención").

Pues bien, ninguna prueba ha presentado en este sentido la actora, que se limita a afirmar en su escrito de demanda que las condiciones plasmadas en el contrato de trabajo temporal diferían de las realmente desarrolladas por ella, en los términos antes indicados.

Por otra parte, la declaración testifical aportada en el acto de juicio no puede considerarse suficiente a los efectos que nos ocupan. El testigo declaró en el acto del juicio que era cliente habitual del pub y que, siempre que iba, veía a la demandante trabajando, ya fueran las cinco de la tarde o la una de la mañana; que entendía que era la encargada porque veía como dirigía a las camareras, aunque ella también hacía funciones de camarera; que no sabía si hacía labores de gestión y que nunca la vio tratar con los proveedores. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta testifical, por sí sola, no es bastante para acreditar las condiciones laborales de la demandante, ni las circunstancias en la que se celebró su contrato.

Por ello, de la escasa prueba practicada no se puede inferir que el contrato de duración determinada fuera fraudulento, ni que la actora estuviera desarrollando sus funciones en unas condiciones y con una categoría diferente a la fijada en el contrato suscrito. Por lo que, en consecuencia, procede desestimar las pretensiones de la parte actora en este sentido.

SEXTO.-Partiendo, por tanto, de que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza temporal, sujeto a un periodo de eficacia limitada en el tiempo (desde el 8 de enero al 7 de julio de 2024) ha de estarse a la doctrina jurisprudencial (por todas STS 28 de abril de 2010, recurso 1113/2009, citada en STS, Pleno, 917/2022 de 15 Nov. 2022, Rec. 2645/2021), según la cual: "cuando se declara nulo el despido de un trabajador con un contrato de duración determinada, los efectos de la declaración de nulidad se limitan al pago de los salarios que el trabajador debió cobrar desde el día del despido hasta el del fin del contrato temporal".

Como se desprende del relato de hechos probados, la empresa demandada venía obligada a abonar a la demandante la prestación por IT como obligación de pago delegado ( art. 16 y ss de la Orden de 25/11/1966), pero incumplió tal obligación, que fue asumida por la Mutua responsable desde el 01/04/2024; es decir, que la Mutua ha venido abonando la prestación por incapacidad temporal desde dicha fecha, con lo que ninguna cantidad se debe por este concepto a la actora.

Adviértase que según se desprende del escrito de demanda, las cuantías reclamadas se fundan en la supuesta superior categoría y jornada completa alegadas, pero no acreditadas. En todo caso, tampoco se acredita que la situación de IT por contingencia común, iniciada el 13/03/2024, se deba a una intervención quirúrgica sufrida por la trabajadora, (hecho 3º de la demanda) con lo que en ningún caso sería aplicable la previsión del art. 41 del convenio colectivo invocado.

Todo ello, sin perjuicio de que la empresa mantenga el alta y cotización hasta la fecha de conclusión del contrato (07/07/2024), con la adición de los días parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas, lo que pondrá en conocimiento de la entidad gestora o servicio común a los efectos procedentes.

SEXTO.-Finalmente solicita la parte una indemnización de 6.000 euros en concepto de daños morales por la vulneración de sus derechos fundamentales, de conformidad con los dispuesto en la Ley 15/2022.

En relación con esta materia, la STS núm. 967/2023 de 14 noviembre, rec. 1975/2021, viene a repasar la evolución de la doctrina jurisprudencial sobre la determinación de la indemnización por violación de derechos fundamentales, con cita de abundantes sentencias de dicho Tribunal, para concluir:

"La más reciente doctrina jurisprudencial [por todas, sentencias del TS 853/2021, de 6 septiembre (rec. 65/2020 ); 1085/2021, de 3 noviembre (rec. 22/2020 ); 1097/2021, de 10 de noviembre (rec. 110/2020 )], explica que, respecto del daño moral, "existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión [...] lo que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas antisindicales" ( sentencia del TS de 18 de julio de 2012, recurso 126/2011 ). Esa doctrina jurisprudencial enlaza con la vigente LRJS en la medida que, si bien es exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada", se contempla la excepción en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

En resumen, la doctrina jurisprudencial sostiene que "los daños morales resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamental" [por todas, sentencias del TS 273/2023, de 13 abril (rec. 217/2021 ); 294/2023 de 25 abril (rec. 334/2021 ); y 503/2023, de 11 julio (rec. 243/2021 )".

(...)

"La doctrina jurisprudencial sostiene que "la fijación del importe de la indemnización por daños morales es misión del órgano de instancia, ello no obsta para que sea fiscalizable en vía de recurso extraordinario y que quepa su corrección o supresión cuando [...] se presente desorbitado, injusto, desproporcionado o irrazonable" [ sentencia del TS 920/2016, de 2 noviembre (rec. 262/2015 )]. El TS considera que "el importe del resarcimiento fijado prudencialmente por el órgano judicial de instancia únicamente debe ser corregido o suprimido cuando se presente desorbitado, injusto, desproporcionado o irrazonable" [ sentencias del TS 440/2016, de 18 mayo (rcud 150/2015 ); 920/2016, de 2 noviembre (rec. 262/2015 ); y 583/2021, de 27 mayo (rcud 151/2019 )]"."

Asimismo, la STS núm. 214/2022 de 9 marzo, rec. 2269/2019, en un supuesto similar al presente (violación de la garantía de indemnidad) sostiene que:

"Igualmente, hemos afirmado que la utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la Ley de infracciones y sanciones del orden para las infracciones producidas en el caso, ha sido ha sido admitido por la jurisprudencia constitucional ( STC 247/2006, de 24 de julio ), a la par que considerado idóneo y razonable en precedentes decisiones de esta Sala (SSTS de 15 de febrero de 2012, Rcud. 6701 ; de 8 de julio de 2014, rec. 282/13 ; de 2 de febrero de 2015, rec. 279/13 ; de 19 de diciembre de 2017, rcud. 624/2016 y de 13 de diciembre de 2018 ; entre muchas otras). Con la utilización de los elementos que ofrece la cuantificación de las sanciones de la LISOS, no estamos haciendo una aplicación sistemática y directa de la misma, sino que nos ceñimos a la razonabilidad que algunas de esas cifras ofrecen para la solución del caso, atendida a la gravedad de la vulneración del derecho fundamental. De esta forma, la más reciente doctrina de la Sala se ha alejado más -en la línea pretendida por la ya referida LRJS - del objetivo propiamente resarcitorio, para situarse en un plano que no descuida el aspecto preventivo que ha de corresponder a la indemnización en casos como el presente".

En el presente caso, la parte demandante solicitó una indemnización por daños morales en cuantía de 6.000 euros, pero ponderándose las circunstancias particulares del caso, la calificación jurídica de la infracción, art. 8.12), y los criterios de graduación y la cuantía de las sanciones, arts. 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se considera proporcionado y razonable fijar una indemnización por daños morales por importe de 1.500 €, habida cuenta de que se trata de un despido que se antecede en 7 días al plazo temporal de extinción contractual del contrato de duración determinada, sin que por otra parte se haya producido pérdida económica para la trabajadora, que percibió la prestación por IT por pago directo de la Mutua responsable.

En consecuencia, y de acuerdo con lo expuesto, procede la estimación parcial de la demanda.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación,