Sentencia Social 27/2025 Juzgado de lo Social de Cáceres nº 1, Rec. 36/2023 de 20 de enero del 2025

PRIMERO: Los hechos declarados probados resultan de la prueba documental, en relación con las reglas de distribución de la carga de la prueba del artículo 217 de la LEC en relación con el artículo 96. 2 LRJS. Se discute en el presente sobre si ha de responder la empresa de las consecuencias dañosas que sufre el trabajador al accidentarse en tiempo y lugar de trabajo mientras manejaba una motosierra.

SEGUNDO: La defensa de la empresa opone el defecto legal en el modo de proponer la demanda, pero para responderla, debe estarse a lo que el juzgador dispuso en la sentencia firme que antecede, sentencia de 13 de mayo de 2024. En ella, se acogió aquel y se dijo qué debía hacer la parte para enervarlo: "... en consecuencia, deberá la parte actora explicitar sin duda ni omisión que valga: a) si le fue entregado el EPI, b) en qué fecha, c) en qué consistió realmente, d) precisará, qué tipo de calzado llevaba el día de autos, e) quién se lo puso a disposición, f) quién supervisaba su trabajo de ordinario y quién lo hizo el del percance, y g) todas aquellas circunstancias que aclaren cumplidamente lo que ocurrió, según su versión." Numerado con el 202 en el expediente electrónico, figura una "aclaración" llamada a dar cumplimiento a lo apreciado en la citada sentencia. En ella, la defensa del actor explica a) que el día del accidente, 19 de diciembre de 2021, no estaba programado que el trabajador estuviera al pie del cañón, pues era un domingo, b) que carecía de equipo de protección adecuado, especialmente el calzado protector, c) que el jefe de obra, Casiano no estaba presente el día que acontece el percance, d) que no recibió el trabajador formación en manejo de motosierras y desbrozadoras y no fue informado de los riesgos asociados a su trabajo ni sobre los nuevos equipos. En atención a lo expuesto, la excepción debe ser rechazada, pues se da cumplimiento preciso a lo acordado. Otra cosa, lógicamente, será su valoración.

TERCERO: Antes de entrar en el fondo del asunto, hay que recordar que no puede sostenerse la exigencia culpabilista en su sentido más clásico y sin rigor atenuatorio alguno, fundamentalmente porque no son parejas la respectiva posición de empresario y trabajador en orden a los riesgos derivados de la actividad laboral, desde el punto y hora en que con su actividad productiva el empresario crea el riesgo, mientras que el trabajador al participar en el proceso productivo es quien lo sufre; aparte de que el empresario organiza y controla ese proceso de producción, es quien ordena al trabajador la actividad a desarrollar art. 20 LET y en último término está obligado a evaluar y evitar los riesgos, y a proteger al trabajador, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias art. 15 LPRL, estableciéndose el deber genérico de garantizar la seguridad y salud laboral de los trabajadores art. 14.1 LPRL. La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo, acontecido el accidente de trabajo, para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá incluso de las exigencias reglamentarias. Sobre el primer aspecto, la carga de la prueba, ha de destacarse la aplicación analógica del art. 1183 CC, del que deriva la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no, al caso fortuito, salvo prueba en contrario; y la del art. 217 LEC, tanto en lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos, secuelas derivadas del accidente de trabajo, y de los impeditivas, extintivos u obstativos, esto es, de la diligencia exigible, cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria, es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta. Sobre el segundo aspecto, el grado de diligencia exigible, la afirmación se hace porque la obligación del empresario alcanza a evaluar todos los riesgos no eliminados y no sólo aquellos que las disposiciones específicas hubiesen podido contemplar expresamente véanse los arts. 14.2, 15 y 16 LPRL, máxime cuando la generalidad de tales normas imposibilita prever todas las situaciones de riesgo que comporta el proceso productivo; y también porque los imperativos términos con los que el legislador define la deuda de seguridad en los arts. 14.2 LPRL "... deberá garantizar la seguridad ... en todos los aspectos relacionados con el trabajo ... mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad" y 15.4 LPRL: "La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador", que incluso parecen apuntar más que a una obligación de medios a otra de resultado, imponen una clara elevación de la diligencia exigible, siquiera la producción del accidente no necesariamente determine la responsabilidad empresarial, que admite claros supuestos de exención. Además, la propia existencia de un daño pudiera implicar el fracaso de la acción preventiva al que el empresario está obligado, porque no evaluó correctamente los riesgos, porque no evitó lo evitable, o no protegió frente al riesgo detectable y no evitable, como parece presumir la propia LPRL al obligar al empleador a hacer una investigación de las causas de los daños que se hubiesen producido art. 16.3 LPRL. Pero el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario, ex arts. 1.105 CC y 15.4 LPRL, pero en estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente. En último término, hay que decir que no procede aplicar en el ámbito laboral una responsabilidad plenamente objetiva o por el resultado, y no solamente porque esta conclusión es la que se deduce de los preceptos anteriormente citados y de las argumentaciones jurisprudenciales ofrecidas, sino por su clara inoportunidad en términos finalísticos, pues tal objetivación produciría un efecto desmotivador en la política de prevención de riesgos laborales, porque si el empresario ha de responder civilmente siempre hasta resarcir el daño en su integridad, haya o no observado las obligadas medidas de seguridad, no habría componente de beneficio alguno que le moviese no sólo a extremar la diligencia, sino tan siquiera a observar escrupulosamente la normativa en materia de prevención y exclusivamente actuaría de freno la posible sanción administrativa, cuyo efecto disuasorio únicamente alcanzaría a la más graves infracciones, las de sanción cuantitativamente mayor. Planteamiento que se ajusta a la Directiva 89/391/CEE, tal y como se deduce de la STJCE 2007/141 de 14 de junio, al decirse en ella, interpretando el alcance de la obligación prevista para el empleador en el art. 5.1 que: "...el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo...", de modo que tal precepto no era conculcado por el art. 2 de la Ley del Reino Unido relativa a la Salud y Seguridad en el Trabajo, al disponer que: "El empresario garantizará la salud, la seguridad y el bienestar de todos sus trabajadores en el trabajo, en la medida en que sea razonablemente viable". No establece el Tribunal Supremo que la deuda de seguridad del empresario sea absoluta, estableciendo excepciones a la responsabilidad del empresario, aunque se hubiera producido un resultado lesivo, cuando este se hubiera producido por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador.

CUARTO: Veamos ahora lo declarado por el único testigo llamado a juicio. Se trata de Damaso quien ratifica, luego de leída íntegramente, su declaración anterior, esta es, la prestada en el juicio que decae por apreciarse el meritado defecto en la formulación de la demanda. Así, el referido, que actualmente trabaja en una brigada forestal y era el encargado al tiempo de accidentarse el actor, solo sabe que aquel se cortó en un pie mientras usaba la motosierra. Explica que él mismo fue quien entregó los EPIs a los obreros y que incluían estos unas botas y perneras anticortes, unos guantes anticorte y un casco con pantalla. Explica que las botas a las que se refiere son unas de tipo anticorte de motosierra que están fabricadas con una fibra especial que frena o detiene la cadena de la motosierra impidiendo el accidente. Aclara que en su presencia se las ponían los obreros y que si el actor se hubiera puesto las botas el día de autos, cosa que no sabe si ocurrió o no, no se habría accidentado. Aclara que el accidente se produjo un domingo, pues iban a terminar la obra y como había amenaza de lluvia, aceleraron para no estar allí parados varios días, al ser todos de fuera. Dice que actualmente no trabaja para la demandada, sino para TRAGSA y que el fin de semana en el que acontece el accidente estaba en casa. Reitera que la empresa cumple entregando los EPIS y estando él, se las ponían, aclarando que era el capataz de varias obras.

QUINTO: De la prueba documental resultan varias cosas: que la empresa entregó al actor los EPIs propios del motoserrista: guantes, gafas, perneras anticorte, casco integral y botas de seguridad. No en vano, el actor firmó su recepción el 18 de agosto de 2021. Y no solo los recibió o lo hizo aparentemente, sino que los usó, como documenta sin género de duda que valga el actuario del SEAGA. Véase el acta de visita a la obra que tiene lugar el 13 de diciembre de 2021 a las 18 horas. Consta en aquella que los tres trabajadores que están al pie del cañón en ese momento, incluido el actor, llevan los EPIs de motoserristas, sin que pueda admitirse que, por causa del hipérbaton, la mención "anticorte" que figura sea predicable exclusivamente del pantalón ad hoc y no, de las botas -tal y como dice la defensa del actor-, ya que si esto fuera así, ni podría ni debería haberse pasado por alto. En consonancia con lo dicho, en el apartado observaciones se indican varias cosas: la oportunidad de guardar la distancia de seguridad, el uso del EPI completo (no se alude a su insuficiencia o ausencia) así como la procedencia de no fumar en el trabajo. En suma, sería absurdo que omisión tan relevante se hubiera documentado primero para luego obviarla. Item más, la empresa aporta factura de compra de botas de esa cualidad, marca Yucón (véase documento 4 de su ramo de prueba), por lo que no es factible dudar de su existencia.

SEXTO: Por otro lado, consta que el trabajador recibió formación adecuada en materia de riesgos laborales Constan dos cursos en materia de prevención. Uno, de peón especializado el 4 de octubre de 2021 (diploma expedido por Cualtis), otro segundo el 2 de noviembre de 2021, y curso teórico práctico de motosierra y motodesbrozadora, técnicas de trabajo, prevención y seguridad (certificado de formación expedido por Seguridad & Prevención Logos). Además, que fue declarado apto para su trabajo en el informe médico ad hoc, firmado el 18 de agosto de 2021 (Cualtis).

SÉPTIMO: El cruce privado de correos electrónicos que tuvo lugar entre los abogados de las partes, y que la defensa del actor quiere hacer valer en juicio, es absolutamente inocuo, jurídicamente hablando, ya que aquellos no son oponibles a quienes apostaron por una solución extrajudicial al problema al que se enfrentaban. Si esto no fuera así, la legítima búsqueda del mal menor estaría proscrita, pues su fracaso penalizaría después al que apostare por ella, que es lo que aquí se pretende: "como el demandado estaba dispuesto a pagar una suma de dinero para evitar el juicio, ahora no puede decir que es inocente". Téngase en cuenta que los tribunales que actúan con la imparcialidad que la Constitución instituye nunca son predecibles y por eso mismo, es tan oportuno como adecuado no exponerse. Procede recordar, finalmente, que no basta con estar convencido de que se tiene razón para ganar un juicio -ni siquiera con tenerla, caso de que la ley no le ampare a uno- y que la decepción que produce una sentencia adversa es riesgo que conviene evitar.

OCTAVO: Sentado lo anterior, es forzoso rechazar la demanda, pues el actor es el único responsable del accidente que sufre, a la vista de las pruebas que aporta al juicio el demandado ex art 96. 2 LRJS. Tenía aquel los medios, y la formación, y cumplió con lo procedente hasta que, un día, sin excusa ni razón, siendo sobre el terreno el responsable, decidió hacer algo tan sumamente temerario como prescindir de las botas de seguridad. Se dice "temerario" porque esa es la calificación que merece el comportamiento que nadie en su sano juicio haría. En estas circunstancias, no se le pueden pedir cuentas al empresario, pues cumplió con las exigencias formales y materiales en materia de prevención, no estando a su alcance evitar que un trabajador irresponsable se condujera obviando lo que el sentido común imponía. Más claramente, y a salvo de superior criterio, claro está, el demandante es el único culpable del daño que sufre, razón por la que la demanda debe fracasar. Permite abundar en lo expuesto, en orden a la buena fe de la empresa, que esta, pese a todo, volvió a contratarlo después de acontecer los hechos descritos, véase documento 6 de su ramo de prueba.

NOVENO: Atendido el objeto litigioso, procede declarar la recurribilidad de la presente ex art 191 LRJS.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE ME CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL,