Sentencia Social 436/2025 Juzgado de lo Social de Badajoz nº 1, Rec. 316/2025 de 21 de julio del 2025

PRIMERO.-Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada por las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la LJS, de la prueba testifical ( art. 92 LRJS) y del interrogatorio de parte, o bien son hechos admitidos por las partes, esto es, hechos alegados por una de las partes en el proceso y admitidos por la contraria, los cuales no son objeto de prueba, ya que la afirmación fáctica de las partes vincula al juez ( arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC) . El hecho probado quinto es un hecho notorio.

SEGUNDO.- Pretensiones de las partes.

La parte actora solicita el dictado de una sentencia por la que se declare nula o injustificada la modificación de las condiciones de trabajo operada por la empresa y consistente en dejar de abonar la cuota colegial del colegio de graduados sociales de la actora a partir de septiembre de 2022, decisión empresarial que, dice, no se comunicó por escrito a la trabajadora hasta el 7/4/2025.

Frente a dicha pretensión, la empresa opone:

1. Caducidad de la acción ejercitada.

2. En cuanto al fondo, alega que el que la empresa haya dejado de abonar la cuota de colegiación a la demandante obedece a que con la subrogación empresarial dejó de ser autorizada red de la empresa, y por tanto la colegiación dejó de ser un requisito necesario para el ejercicio de su actividad laboral.

Pasamos a analizar las cuestiones controvertidas.

TERCERO.- Caducidad de la acción.

El art. 138 LRJS señala, en relación con el procedimiento de Movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, trabajo a distancia, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor que "1. El proceso se iniciará por demanda de los trabajadores afectados por la decisión empresarial, aunque no se haya seguido el procedimiento de los artículos 40 , 41 y 47 del Estatuto de los Trabajadores . La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de los veinte días hábiles siguientes a la notificación por escrito de la decisión a los trabajadoreso a sus representantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores , plazo que no comenzará a computarse hasta que tenga lugar dicha notificación, sin perjuicio de la prescripción en todo caso de las acciones derivadas por el transcurso del plazo previsto en el apartado 2 del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores [...]".

En efecto, señala el art. 59 del Estatuto de los Trabajadores que "[...] 3. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido.Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos.

El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente.

4. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del periodo de consultas".

La prueba documental no deja dudas al respecto. El correo electrónico en el que la empresa comunicaba al trabajador las razones por las que había dejado de abonar la cuota colegial fue remitido (y, según se admite, recibido) el día 7/4/2025. La demanda se interpuso el día 12/5/2025, es decir, 22 días hábiles después de recibir la comunicación escrita.

Trata de impedir la caducidad de la acción la demandante alegando que el día 28 de abril se produjo un apagón eléctrico a nivel nacional, lo que motivó que el CGPJ acordase la suspensión de los plazos procesales para los días 28 y 29 de abril. Entiende la actora que, descontados esos dos días como inhábiles, la demanda se habría presentado el día 20, último día de plazo.

Pues bien, su alegación debe ser rechazada. Más allá de la cuestionable competencia de la comisión permanente del CGPJ para acordar la suspensión de todos los plazos procesales en procedimientos pendientes ante órganos judiciales nacionales, en todo caso se trata de una decisión que no afecta al plazo de caducidad de la acción que aquí se pretende hacer valer, y ello por tratarse de un plazo de carácter sustantivo y no procesal. En este sentido, la STS, Sala de lo Civil, nº 41/2009, de 22 de enero, recuerda la doctrina del Tribunal Supremo al respecto al señalar que "En este sentido, recordaba la Sentencia de 1 de febrero de 1982 , con cita de otras muchas, la jurisprudencia de esta Sala que, distinguiendo entre términos o plazos sustantivos y procesales, tiene declarado que sólo ofrecen carácter procesal los que tengan su origen o punto de partida en una actuación de igual clase (notificación, citación, emplazamiento o requerimiento), pero no cuando se asigna el plazo para el ejercicio de una acción, como es el presente caso. Y a este respecto, resulta especialmente significativa, como bien recordaba la resolución aquí recurrida, la Sentencia de esta Sala de 28 de septiembre de 2000 , que, si bien al hilo del ejercicio de una acción "quanti minoris" de las también previstas en el artículo 1486 del Código Civil , ya tuvo ocasión de catalogar el plazo previsto en el artículo 1490 del Código Civil como un plazo civil, no procesal. Y la misma y tajante distinción entre plazos procesales y civiles se sienta, en otro ámbito material (se discutía la interpretación del artículo 15 de la Ley de Propiedad Horizontal ), en Sentencia de 26 de abril de 2000 [...]".

Por mucho que el plazo de caducidad de la acción ejercitada aparezca previsto, simultáneamente, en una ley sustantiva (Estatuto de los Trabajadores) y en una ley procesal (LRJS), no cabe duda de que, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es un plazo de carácter sustantivo y no procesal. El acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de fecha 29/4/2025 no le puede afectar.

Tampoco pueden reputarse inhábiles a efectos del cómputo del plazo de caducidad de la acción los días 28 y 29 de abril de 2025; desde luego, en ningún caso lo fue el día 29 de abril de 2025, día en que este órgano judicial celebró actos procesales con total normalidad, por lo que difícilmente podría reputar ese día como inhábil. Y en la medida en que, como decimos, el plazo de caducidad es un plazo sustantivo y no procesal, no le es de aplicación el plazo excepcional del art. 135.1 LEC (así lo establece el Tribunal Supremo en la propia Sentencia antes transcrita parcialmente).

En consecuencia, debe apreciarse la caducidad de la acción ejercitada, desestimando la demanda.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 138.6 y 191.3.f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente resolución no cabe recurso de suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.