Sentencia Social 221/2025 Juzgado de lo Social de Ávila nº 1, Rec. 447/2024 de 28 de mayo del 2025

PRIMERO. -Motivación fáctica. Prueba. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.2 LRJS se hace constar que los anteriores hechos probados son el resultado de la valoración conjunta de la prueba practicada, conforme a las reglas de la sana crítica, quedando especificado en cada hecho probado el concreto elemento de convicción que ha servido para declararlo acreditado, en particular de la prueba documental e interrogatorio de testigo que se valoran en aplicación de los artículos 326, 319 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, junto con aquellos hechos admitidos o conformes, se trata de hechos que son alegados por una de las partes en el proceso y son admitidos por la contraria, los cuales no son objeto de prueba, ya que la afirmación fáctica de las partes vincula al juez ( arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC) .

Por su parte, las Actas de la Inspección gozan de presunción de certeza, de acuerdo con el art. 23 de la Ley 23/2015 de 21 de Julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y seguridad Social (en parecidos términos el artículo 151.8 de la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social, el artículo 15 del Real Decreto 928/1998 y el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto; lo que debe complementarse con la doctrina jurisprudencial contenida en reiteradas Sentencias (entre otras muchas, SSTS de 10 de octubre y 4 de junio de 1996), que otorga carta de naturaleza a la función inspectora realizada por los inspectores de trabajo, gozando en principio las actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo de presunción de certeza respecto de aquellos hechos y circunstancias constatados por el inspector actuante (o el subinspector), salvo prueba en contrario. ( STS de 22 de octubre de 2001). ( STS de 23 de abril de 2001) .

SEGUNDO.- Planteamiento de la acción ejercitada.

2.1.- Mediante la demanda rectora del presente procedimiento interesa la parte actora se declare la improcedencia de la resolución administrativa de fecha 26/03/2024 por la que se desestiman sus alegaciones y confirma la propuesta de sanción, y se declare su nulidad o anulabilidad.

2.2.- Se opuso la parte demandada manteniendo en síntesis la resolución objeto de impugnación.

TERCERO.- Delimitación de la acción ejercitada.

3.1.- De la caducidad de la acción. Mantiene la parte actora como causa de nulidad del procedimiento sancionador la caducidad del procedimiento en la medida que el requerimiento que se efectuó el 11/10/2023 tenía un carácter meramente formal a efectos de interrumpir la prescripción dada la falta de transcendencia en el procedimiento, en particular el modelo 200 de la AEAT del año 2022 y el VILEM de la empresa desde el 01/05/2023 al 30/09/2023.

Y en el presente supuesto, no cabe compartir dicho criterio, así el modelo 200 de la AEAT es el formulario de Hacienda para la presentación anual del Impuesto sobre Sociedades , un tributo aplicado a los beneficios obtenidos por entidades jurídicas como sociedades y empresas, por eso este impuesto se aplica sobre las ganancias netas, que corresponden a los ingresos obtenidos una vez restados los gastos y las deducciones correspondientes.

Al rellenar el Modelo 200, las empresas declaran sus beneficios o pérdidas, liquidan los impuestos correspondientes e informan sobre deducciones, bonificaciones y otras particularidades fiscales, con este modelo se informa a la Agencia Tributaria sobre la situación económica de una empresa durante el ejercicio fiscal y se determina la cantidad que deberá abonar en concepto de este impuesto. Por ello significativo a la hora de graduar la sanción, y, por otro lado, a la fecha de la visita de la inspección ni a la de la comparecencia de los titulares de la empresa hoy demandante-mayo 2023-no se encontraba disponible toda vez que La presentación se debe hacer dentro de los 25 días naturales después de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal.

Lo más habitual es que si el año fiscal de una empresa coincide con el año del calendario (del 1 de enero al 31 de diciembre), la fecha límite para presentar el Modelo 200 será el 25 de julio del año siguiente.

Y en cuanto al Informe de Vida Laboral de la empresa que recoge información en materia de cotizaciones con el objetivo de proporcionar información individualizada para cada trabajador y forma de cotización de las empresas, se estiman de utilidad en el procedimiento para conocer si efectivamente las dos personas que observó el funcionario actuante eran o no trabajadores de la empresa hoy demandante.

En definitiva, se considera que los documentos que le fueron requeridos eran de transcendencia en el procedimiento sancionador.

3.2.- Frente a las manifestaciones vertidas por la parte actora y sin dudar que D. Vicente y D. Roque ayudasen en la parcela de D. Ignacio para que alisasen el suelo, según depuso éste en el acto de la vista, sin embargo, los hechos que constato el funcionario actuante, observo a dos personas que están realizando labores de mantenimiento en el camping concretamente están con una carretilla quitando piedras de camino de las zonas comunes del propio camping y entre las casetas e instalaciones de éste.

Zonas comunes cuya existencia fue puesta de manifiesto a través de las declaraciones testificales tanto de D. Roque y D. María Inés, pues es perfectamente compatible la ejecución de dichos trabajos con los que pudiesen realizar los Srs. Vicente y Roque en la parcela del Sr. Ignacio. Y ello no obstante la declaración del Sr. Vicente al deponer en el acto de la vista que no trabajaba para la entidad demandante que ayudaba a D. Ignacio con el césped, pues su testimonio debe tomarse con suma cautela por el interés del testigo que puede afectar a su imparcialidad, pues la sanción impuesta a la empresa lo es precisamente con ocasión de los trabajaos que estaba realizando el día de la visita de inspección, sin contar éste con autorización de residencia ni permiso de trabajo.

A lo que cabe concluir en el sentido de estimar procedente la sanción impuesta:

1.- La prestación de servicios por cuenta de la entidad demandante por parte de una persona que no había obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y de trabajo.

2.- No obstante, la ejecución de otros trabajos de colaboración y/o ayuda entre los clientes del camping, no quedo desvirtuado que el Sr. Vicente el día 17/05/2023 estaba realizando labores de mantenimiento en el camping, en particular con una carretilla quitando piedras del camino de las zonas comunes.

3.- Con posterioridad a la visita de la inspección y mas aun al inicio de la prestación de los servicios constados, el Sr. Vicente fue contratado por la empresa actora con fecha 15/09/2023, extremo corroborado por éste en su declaración testifical, y es significativo a tal fin que los trabajos para los que consta la indicada contratación, de quitar hierbas, y de tareas propias que requiere el mantenimiento del camping según puso de manifiesto el Sr. Vicente coincida en esencia con los que se constató en la visita de inspección.

CUARTO. -Frente a la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación en atención al articulo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,