Sentencia Social 234/2025 Juzgado de lo Social de Albacete nº 2, Rec. 956/2024 de 13 de junio del 2025

PRIMERO.- Planteamiento de la cuestión

Se ejercita por la parte actora, Dª Adoracion, acción de despido para que se declare, la nulidad del despido por derechos fundamentales, con las consecuencias legales establecidas al efecto, y seguidamente se declare la extinción de la relación laboral a instancia de la trabajadora, condenando al demandado a abonar a la actora la indemnización prevista como si de un despido improcedente se tratare, de acuerdo con lo señalado en el artículo 56.1.a) del ET. Y en todo caso se condene al demandado a abonar a la actora, la cantidad de 30.001 euros, más el 10% de intereses por mora. Subsidiariamente para el caso de no estimar la anterior pretensión se solicita se declare la improcedencia del despido y se condene a la parte demandada a la readmisión de la trabajadora demandante en sus anteriores condiciones de trabajo, con cuantos efectos legales correspondan. Y para el caso de que la parte demandada optase por la readmisión de la trabajadora, se declare la extinción de la relación laboral a instancia de la trabajadora, con abono de la indemnización prevista para un despido improcedente; condenando a la demandada al abono a la actora de 7.500 euros, más el 10% de interés por mora, en concepto de aumento de indemnización por despido improcedente. Se acumula a la acción de despido, la de reclamación de cantidad por los conceptos que constan en el hecho probado tercero de esta resolución; y al pago de las costas procesales.

La parte demandada, la empresa Jesús Fernández Romero no comparece al acto del juicio, pese a su citación en forma, como es de ver en el procedimiento.

El Ministerio Fiscal, no comparece al acto del juicio, pero remitió escrito de alegaciones, que obra unido a autos de fecha 12 de noviembre de 2024.

SEGUNDO.- Fuentes probatorias.

Los hechos declarados probados, según preceptúa el art.97.2 de la LJS, resultan de una valoración conjunta de la prueba practicada, concretamente de la documental aportada por la parte actora, que ha sido concretada en los hechos probados y la requerida a la parte demandada que no ha sido aportada.

TERCERO.- Calificación del despido.

Indica el artículo 55.5 ET que "será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador".

El panorama patrio debe ser objeto de una interpretación bien diversa con la promulgación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

La misma predica en su artiŽculo 26 la nulidad de pleno derecho de los actos o claŽusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de alguno de los motivos previstos en el apartado primero del artiŽculo 2 de esta ley(artiŽculo 26).

El artiŽculo 2 al que se remite amplia el régimen de los ámbitos en los que se puede sufrir una discriminación: nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Y es importante, además, en una construcción muy similar a la inversión de la carga de la prueba en materia de vulneración de derechos fundamentales que el artiŽculo 30 invierte la carga de la prueba, de modo que, si el trabajador aporta indicios de una discriminación, corresponderᎠa la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Trasladados estos presupuestos al caso que nos ocupa podemos afirmar que no sólo concurren indicios de que el despido obedecióŽ a la situación de incapacidad temporal en la que se encontraba la demandante, pues se produce precisamente cuando la Sra. Adoracion se encontraba en dicha situación, dado que el día 18 de septiembre la trabajadora remitió el parte de baja al empleador vía WhatsApp, éste le contestó que no tenía que ir más y ese mismo día la Tesorería General de la Seguridad Social envió un mensaje de sms a la trabajadora, a su móvil, en cuyo contenido se le informó de su baja en la empresa, Jesús Fernández Romero; considerando como verdadero motivo de la empresa, la situación de incapacidad temporal, con independencia de que ya el día 15 de septiembre el empresario le dijera a la trabajadora que, el lunes ya no fuese a trabajar. En definitiva, un despido cuyo motivo es la situación de incapacidad temporal de la trabajadora, para el que no cabe otra consecuencia que la nulidad, pues se vulnera el derecho fundamental a la salud y a la integridad física de la trabajadora y a la igualdad de trato y no discriminación.

Pero es que, además, el artículo 27 de la citada ley, exige una indemnización[que restituya] a la víctima a la situación anterior al incidente discriminatorio, cuando sea posible. Acreditada la discriminación se presumirᎠla existencia de daño moral.

En el caso de un despido, la restitución se cumple con la readmisión, pero, aun cuando no se haya reclamado nada al respecto, se presume un daño moral que debe ser también indemnizado, daño moral que reclama la parte actora y que puede ser apreciado de oficio, aunque la parte actora no la hubiera solicitado. Como de discriminación estamos hablando y la discriminación vulnera un derecho fundamental como es recogido en el artiŽculo 14 de la Constitución, resulta aplicable el artiŽculo 183 de la Ley Reguladora del a Jurisdicción Social: Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberᎠpronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.

AsíŽ pues, cabe concluir que, para la restauración del orden, se debe establecer una indemnización, que debe cuantificarse en la cuantía de 1.500 euros, que se considera adecuada. La empresa demandada actuó de una forma contraria a la protección que en nuestro ordenamiento se brinda a los trabajadores, despidiéndolo por motivos de salud, al encontrarse en situación de incapacidad temporal.

Conforme al art. 91.2 de la LJS, si el llamado al interrogatorio no compareciese sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. El art. 83.3 de LJS establece que la incomparecencia injustificada del demandado al acto del juicio supone que continúe el juicio, sin necesidad de declarar su rebeldía; rebeldía que, por otra parte, tampoco supone un allanamiento tácito ni un reconocimiento de los hechos, fuera de los casos legalmente previstos, manteniéndose la vigencia de las normas, generales o especiales, de carga de la prueba. Precepto este último que ha de ponerse en relación con el art. 105 de la LJS, que dispone que el empleador-demandado, en las demandas por despido, la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo, no admitiéndose a tal efecto, otros motivos de oposición a la demanda de despido que los contenidos en la comunicación escrita de dicho despido.

Por todo ello, el despido de la actora ha de calificarse como nulo, al ser calificado el citado despido como vulnerador de su derecho fundamental a la salud, a la integridad física, a la igualdad de trato y a la no discriminación ( artículos 14, 15 y 43 CE) y el artículo 24 CE, en su vertiente de garantía de indemnidad, de tal manera que aportados por la trabajadora indicios suficientes de la concurrencia de tales circunstancias, correspondía al empleador probar que el móvil de dichas medidas no era atentatorio de los mencionados derechos fundamentales; y si tal prueba fracasa, como acontece en el supuesto de autos, la medida o decisión empresarial ha de considerarse como radicalmente nula ( Sentencias del Tribunal Constitucional 7/1993, de 18 de enero; 14/1993, de 18 de enero; 54/1995, de 24 de febrero; 196/2000, de 24 de julio; 187/2004, de 2 de noviembre; 38/2005, de 28 de febrero; y 144/2005, de 6 de junio).

En consecuencia, procede la estimación de la primera de las peticiones formuladas en el Suplico de la demanda, declarando nulo y sin efecto el despido de la demandante.

En este caso, la obligación de la empresa de reincorporación del demandante en las mismas condiciones que tenía, no puede cumplirse, dado que como está acreditado por la documental aportada por Fogasa en el procedimiento, la empresa demandada, Jesús Fernández Romero cesó en su actividad con fecha 31 de diciembre de 2024, por lo que es imposible la readmisión de la trabajadora.

La representación de la demandante opta expresamente en el acto de la vista, al estar cerrada la empresa y sin actividad, a la extinción de la relación laboral a la fecha de la sentencia y al abono de la indemnización que por despido le corresponda, calculada a la fecha de la sentencia. Procede acceder a dicha solicitud por los motivos alegados, el cierre de la empresa y la imposibilidad de readmisión de la trabajadora; siendo la indemnización a abonar a Dª Adoracion, de 1.197,71€tomando como base para dicho cálculo el salario mensual de 946,52€ brutos, atendiendo al período de duración de la relación laboral desde el día 7 de mayo de 2024 hasta el día de hoy, fecha de la presente resolución.

Al respecto, cabe citar la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Sección 1ª, de fecha 19 de julio de 2016, número de recurso 338/2005, dictada, en recurso de casación para la unificación de doctrina, que declaraba improcedente el despido de la actora, llevado a cabo por la empresa, y siendo de imposible cumplimiento la opción por la readmisión, por cese de la actividad, "declaraba resuelta y extinguida la relación laboral en la fecha de la sentencia..."

Y en cuanto a los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha en que se declara extinguida la relación laboral, cabe citar igualmente la sentencia del Tribunal Supremo nº 706/2016, de 21 de julio, recurso de casación en unificación de doctrina 879/2015 y la sentencia nº 1041/2016 de 5 de diciembre de 2016, recurso de casación en unificación de doctrina 3832/15, que así lo establece.

CUARTO.- Reclamación de cantidad.

Se reclama por la parte actora, como cantidades adeudadas por la empresa, las desglosadas en el hecho probado tercero de esta resolución al que cabe remitirse, en cuantía total de 2954,5 euros.

A tenor de la documental obrante en las actuaciones, acreditativa de la existencia de la relación laboral entre la parte actora y la empresa demandada, antigüedad y salario, y la incomparecencia de la parte demandada, cabe entender que no han sido abonadas las cantidades reclamadas, lo que no ha sido negado por la parte demandada, que no compareció al acto del juicio, lo que conduce a la estimación de la pretensión de la demanda por aplicación de los artículos 1.091 del Código Civil, 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1, 4, 26 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, y demás preceptos concordantes.

En consecuencia, de conformidad con los dispuesto en el artículo 26.3 párrafo segundo de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y a tenor de las pruebas practicadas, procede de conformidad con el articulo 4.2 f) y 26 del E.T. procede condenar a la empresa demandada, Jesús Fernández Romero, a que abone a Dª Adoracion, la cantidad total de 2.954,5 €por las cantidades que se han señalado como debidas, cantidad total que devengará el 10% de interés por mora, de conformidad con lo previsto en el art. 29.3 del ET.

QUINTO.- Fogasa.

El Fondo de Garantía Salarial responderá de las consecuencias económicas previstas en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores y siempre dentro de los límites establecidos en el mencionado precepto.

SEXTO.- Costas.

Establece el artículo 66.3 de la LRJS que "Si no compareciera la otra parte, debidamente citada, se hará constar expresamente en la certificación del acta de conciliación o de mediación y se tendrá la conciliación o la mediación por intentada sin efecto, y el juez o tribunal impondrán las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, incluidos honorarios, hasta el límite de seiscientos euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria que hubieren intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación.

En el presente caso, la parte demandada como es de ver en el acta de conciliación administrativa no consta debidamente citada a dicho acto, pues se mandó citación mediante correo certificado con acuse de recibo, que estaba pendiente de recibir de vuelta, no compareciendo nadie. Por tanto, atendiendo a la dicción del artículo transcrito, no procede la imposición de costas a la empresa demandada, al no constar debidamente citada.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación,