Sentencia Social 8/2026 Juzgado de lo Social de Segovia nº 2, Rec. 216/2024 de 15 de enero del 2026

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), se hace constar que la convicción judicial sobre los Hechos que se declaran probados y han sido controvertidos, se ha obtenido a partir de la conjunta valoración de la prueba practicada, con especial relevancia de los documentos indicados en los respectivos ordinales, valorados conforme a lo dispuesto en los arts. 319 y 326 LEC.

En este sentido, debemos poner de manifiesto el especial valor probatorio de las actas de la inspección de Trabajo, que conforme a lo dispuesto en la Ley 42/20157, y el art. 151.8 LRJS, tienen presunción de certeza "iuris tantum", respecto de los hechos constatados directamente por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquellos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ("ad exemplum" Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1991 -RJ 7578-, 18 de diciembre de 1995 -RJ 9943- o 5 de octubre de 1998 -RJ 7690-.

En este sentido hemos de indicar que la testifical del Sr. Luis Pedro, no nos ha merecido suficiente credibilidad respecto de aspectos esenciales, como el hecho de que la relación de amistad entre el demandante y los interesados, que los mismos estuvieran residiendo allí en aquellos momento o que el inspector actuante apenas hablara con los interesados, al no tener ningún otro apoyo probatorio pese a ser circunstancias cuando menos llamativas, y que extremos contradichos por el acta y

SEGUNDO.-La demanda rectora fundamenta la revocación de la Resolución impugnada fundamentalmente en dos aspectos:

-El primero que el Inspector entró en un domicilio sin autorización.

-El segundo en que, de cualquier forma, se trataba de trabajos benévolos, amistosos o de buen vecindad, ya que los interesados habían sido invitados a pasar sus vacaciones con sus familias, y por tanto se excluye la existencia de relación laboral conforme al art. 1.3 ET, pues no existía ni retribución, ni dependencia.

TERCERO.-En cuanto al primer motivo, lo cierto es que, aunque se trataba de una vivienda, ésta se encontraba en obras, pues de hecho había un contenedor de residuos en su proximidad, y no era domicilio ni del demandante, ni de los interesados. Así, el demandante no se encontraba en ella, sino en Madrid, y solo se empadronó y habitó en ellas a partir de noviembre de 2025, más de dos años después de la visita. En cuanto a los interesados, ninguno de ellos ha podido acreditar, si quiera de forma indiciaria y/o temporal su residencia en la DIRECCION000 de Riaza. No había enseres suyos ni tampoco estaban acompañados de sus familias. Recordemos que se trata de personas carentes de permiso de trabajo y residencia legal, sin recursos económicos, hasta el punto que en el caso del Sr. Emilio, ha sido imposible citarle en un domicilio físico.

No apreciamos, por tanto, que el actuante haya transgredido el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio consagrado en nuestra Constitución.

CUARTO.-En relación con el segundo argumento de impugnación, nuestro criterio es que tampoco puede merecer favorable acogida. Ciertamente las alegaciones respecto a la amistad entre el demandante y los interesados, por pertenecer a un mismo grupo de baile y que estaban de vacaciones en el inmueble, no tienen más apoyo que la testifical del Sr. Luis Pedro, y chocan no solo con las apreciaciones directas y las manifestaciones espontáneas que hicieron ante el mismo, sino casi con el propio sentido común ( art. 386 LEC) .

Así, es difícil de entender que personas sin ingresos estables y en situación irregular, puedan disfrutar de "vacaciones" entendidas como tiempo de ocio y de recuperación de las fatigas físicas y mentales del trabajo, por la liberalidad de otra persona (el demandante) casualmente titular de una empresa de obras y reformas, mientras estaban haciendo tareas de albañilería y acondicionamiento en la vivienda particular de éste, con un permiso de obras del Ayuntamiento en una localidad como Riaza, con la que los interesados no tenían ninguna vinculación. Es difícil de entender que pese a la pretendida amistad, el demandante no pudiera señalar un domicilio de uno de los interesados.

En suma, la parte demandante no ha logrado destruir la presunción, no ya de la veracidad de los elementos fácticos de las actas de inspección, sino tampoco de la presunción de laboralidad que establecen los arts. 1.1 y 8 del Estatuto de los Trabajadores, entre el que presta unos servicios y el que los recibe, dentro del ámbito de organización y dirección de este.

QUINTO.-Sentado lo anterior, el art. 54.1 d) de la Ley Orgánica 4/2000, tipifica como Infracción Muy Grave. Por su parte, el art. 55.1 c) de la citada ley determina que las sanciones por la comisión de faltas muy graves, se castigaran con multa de 10.001.-€ a 100.000.-€. Y dado que la cuantía impuesta por cada uno de los trabajadores se ha situado en su margen inferior, en el mínimo (más el importe de las cotizaciones dejadas de ingresar) de entenderse que ya ha sido correctamente valorada la actitud colaborativa y de buena fe de la empresa en su creencia errónea de la situación de los trabajadores, además de su capacidad económica.

SEXTO.-Por ello, y en atención a lo expuesto, debe desestimarse la demanda, y confirmarse la Resolución Administrativa impugnada, absolviendo a la demandada de las pretensiones en su contra deducidas.

SÉPTIMO.-Contra la presente resolución cabe Recurso de Suplicación ante el Tribunal superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 y concordantes LRJS al superar la cuantía de la sanción 18.000.-€.

Y vistos, además los citados, los preceptos legales de general y pertinente aplicación, por la autoridad conferida por el Pueblo Español y en nombre del Rey

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), se hace constar que la convicción judicial sobre los Hechos que se declaran probados y han sido controvertidos, se ha obtenido a partir de la conjunta valoración de la prueba practicada, con especial relevancia de los documentos indicados en los respectivos ordinales, valorados conforme a lo dispuesto en los arts. 319 y 326 LEC.

En este sentido, debemos poner de manifiesto el especial valor probatorio de las actas de la inspección de Trabajo, que conforme a lo dispuesto en la Ley 42/20157, y el art. 151.8 LRJS, tienen presunción de certeza "iuris tantum", respecto de los hechos constatados directamente por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquellos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ("ad exemplum" Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1991 -RJ 7578-, 18 de diciembre de 1995 -RJ 9943- o 5 de octubre de 1998 -RJ 7690-.

En este sentido hemos de indicar que la testifical del Sr. Luis Pedro, no nos ha merecido suficiente credibilidad respecto de aspectos esenciales, como el hecho de que la relación de amistad entre el demandante y los interesados, que los mismos estuvieran residiendo allí en aquellos momento o que el inspector actuante apenas hablara con los interesados, al no tener ningún otro apoyo probatorio pese a ser circunstancias cuando menos llamativas, y que extremos contradichos por el acta y

SEGUNDO.-La demanda rectora fundamenta la revocación de la Resolución impugnada fundamentalmente en dos aspectos:

-El primero que el Inspector entró en un domicilio sin autorización.

-El segundo en que, de cualquier forma, se trataba de trabajos benévolos, amistosos o de buen vecindad, ya que los interesados habían sido invitados a pasar sus vacaciones con sus familias, y por tanto se excluye la existencia de relación laboral conforme al art. 1.3 ET, pues no existía ni retribución, ni dependencia.

TERCERO.-En cuanto al primer motivo, lo cierto es que, aunque se trataba de una vivienda, ésta se encontraba en obras, pues de hecho había un contenedor de residuos en su proximidad, y no era domicilio ni del demandante, ni de los interesados. Así, el demandante no se encontraba en ella, sino en Madrid, y solo se empadronó y habitó en ellas a partir de noviembre de 2025, más de dos años después de la visita. En cuanto a los interesados, ninguno de ellos ha podido acreditar, si quiera de forma indiciaria y/o temporal su residencia en la DIRECCION000 de Riaza. No había enseres suyos ni tampoco estaban acompañados de sus familias. Recordemos que se trata de personas carentes de permiso de trabajo y residencia legal, sin recursos económicos, hasta el punto que en el caso del Sr. Emilio, ha sido imposible citarle en un domicilio físico.

No apreciamos, por tanto, que el actuante haya transgredido el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio consagrado en nuestra Constitución.

CUARTO.-En relación con el segundo argumento de impugnación, nuestro criterio es que tampoco puede merecer favorable acogida. Ciertamente las alegaciones respecto a la amistad entre el demandante y los interesados, por pertenecer a un mismo grupo de baile y que estaban de vacaciones en el inmueble, no tienen más apoyo que la testifical del Sr. Luis Pedro, y chocan no solo con las apreciaciones directas y las manifestaciones espontáneas que hicieron ante el mismo, sino casi con el propio sentido común ( art. 386 LEC) .

Así, es difícil de entender que personas sin ingresos estables y en situación irregular, puedan disfrutar de "vacaciones" entendidas como tiempo de ocio y de recuperación de las fatigas físicas y mentales del trabajo, por la liberalidad de otra persona (el demandante) casualmente titular de una empresa de obras y reformas, mientras estaban haciendo tareas de albañilería y acondicionamiento en la vivienda particular de éste, con un permiso de obras del Ayuntamiento en una localidad como Riaza, con la que los interesados no tenían ninguna vinculación. Es difícil de entender que pese a la pretendida amistad, el demandante no pudiera señalar un domicilio de uno de los interesados.

En suma, la parte demandante no ha logrado destruir la presunción, no ya de la veracidad de los elementos fácticos de las actas de inspección, sino tampoco de la presunción de laboralidad que establecen los arts. 1.1 y 8 del Estatuto de los Trabajadores, entre el que presta unos servicios y el que los recibe, dentro del ámbito de organización y dirección de este.

QUINTO.-Sentado lo anterior, el art. 54.1 d) de la Ley Orgánica 4/2000, tipifica como Infracción Muy Grave. Por su parte, el art. 55.1 c) de la citada ley determina que las sanciones por la comisión de faltas muy graves, se castigaran con multa de 10.001.-€ a 100.000.-€. Y dado que la cuantía impuesta por cada uno de los trabajadores se ha situado en su margen inferior, en el mínimo (más el importe de las cotizaciones dejadas de ingresar) de entenderse que ya ha sido correctamente valorada la actitud colaborativa y de buena fe de la empresa en su creencia errónea de la situación de los trabajadores, además de su capacidad económica.

SEXTO.-Por ello, y en atención a lo expuesto, debe desestimarse la demanda, y confirmarse la Resolución Administrativa impugnada, absolviendo a la demandada de las pretensiones en su contra deducidas.

SÉPTIMO.-Contra la presente resolución cabe Recurso de Suplicación ante el Tribunal superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 y concordantes LRJS al superar la cuantía de la sanción 18.000.-€.

Y vistos, además los citados, los preceptos legales de general y pertinente aplicación, por la autoridad conferida por el Pueblo Español y en nombre del Rey

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), se hace constar que la convicción judicial sobre los Hechos que se declaran probados y han sido controvertidos, se ha obtenido a partir de la conjunta valoración de la prueba practicada, con especial relevancia de los documentos indicados en los respectivos ordinales, valorados conforme a lo dispuesto en los arts. 319 y 326 LEC.

En este sentido, debemos poner de manifiesto el especial valor probatorio de las actas de la inspección de Trabajo, que conforme a lo dispuesto en la Ley 42/20157, y el art. 151.8 LRJS, tienen presunción de certeza "iuris tantum", respecto de los hechos constatados directamente por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquellos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ("ad exemplum" Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1991 -RJ 7578-, 18 de diciembre de 1995 -RJ 9943- o 5 de octubre de 1998 -RJ 7690-.

En este sentido hemos de indicar que la testifical del Sr. Luis Pedro, no nos ha merecido suficiente credibilidad respecto de aspectos esenciales, como el hecho de que la relación de amistad entre el demandante y los interesados, que los mismos estuvieran residiendo allí en aquellos momento o que el inspector actuante apenas hablara con los interesados, al no tener ningún otro apoyo probatorio pese a ser circunstancias cuando menos llamativas, y que extremos contradichos por el acta y

SEGUNDO.-La demanda rectora fundamenta la revocación de la Resolución impugnada fundamentalmente en dos aspectos:

-El primero que el Inspector entró en un domicilio sin autorización.

-El segundo en que, de cualquier forma, se trataba de trabajos benévolos, amistosos o de buen vecindad, ya que los interesados habían sido invitados a pasar sus vacaciones con sus familias, y por tanto se excluye la existencia de relación laboral conforme al art. 1.3 ET, pues no existía ni retribución, ni dependencia.

TERCERO.-En cuanto al primer motivo, lo cierto es que, aunque se trataba de una vivienda, ésta se encontraba en obras, pues de hecho había un contenedor de residuos en su proximidad, y no era domicilio ni del demandante, ni de los interesados. Así, el demandante no se encontraba en ella, sino en Madrid, y solo se empadronó y habitó en ellas a partir de noviembre de 2025, más de dos años después de la visita. En cuanto a los interesados, ninguno de ellos ha podido acreditar, si quiera de forma indiciaria y/o temporal su residencia en la DIRECCION000 de Riaza. No había enseres suyos ni tampoco estaban acompañados de sus familias. Recordemos que se trata de personas carentes de permiso de trabajo y residencia legal, sin recursos económicos, hasta el punto que en el caso del Sr. Emilio, ha sido imposible citarle en un domicilio físico.

No apreciamos, por tanto, que el actuante haya transgredido el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio consagrado en nuestra Constitución.

CUARTO.-En relación con el segundo argumento de impugnación, nuestro criterio es que tampoco puede merecer favorable acogida. Ciertamente las alegaciones respecto a la amistad entre el demandante y los interesados, por pertenecer a un mismo grupo de baile y que estaban de vacaciones en el inmueble, no tienen más apoyo que la testifical del Sr. Luis Pedro, y chocan no solo con las apreciaciones directas y las manifestaciones espontáneas que hicieron ante el mismo, sino casi con el propio sentido común ( art. 386 LEC) .

Así, es difícil de entender que personas sin ingresos estables y en situación irregular, puedan disfrutar de "vacaciones" entendidas como tiempo de ocio y de recuperación de las fatigas físicas y mentales del trabajo, por la liberalidad de otra persona (el demandante) casualmente titular de una empresa de obras y reformas, mientras estaban haciendo tareas de albañilería y acondicionamiento en la vivienda particular de éste, con un permiso de obras del Ayuntamiento en una localidad como Riaza, con la que los interesados no tenían ninguna vinculación. Es difícil de entender que pese a la pretendida amistad, el demandante no pudiera señalar un domicilio de uno de los interesados.

En suma, la parte demandante no ha logrado destruir la presunción, no ya de la veracidad de los elementos fácticos de las actas de inspección, sino tampoco de la presunción de laboralidad que establecen los arts. 1.1 y 8 del Estatuto de los Trabajadores, entre el que presta unos servicios y el que los recibe, dentro del ámbito de organización y dirección de este.

QUINTO.-Sentado lo anterior, el art. 54.1 d) de la Ley Orgánica 4/2000, tipifica como Infracción Muy Grave. Por su parte, el art. 55.1 c) de la citada ley determina que las sanciones por la comisión de faltas muy graves, se castigaran con multa de 10.001.-€ a 100.000.-€. Y dado que la cuantía impuesta por cada uno de los trabajadores se ha situado en su margen inferior, en el mínimo (más el importe de las cotizaciones dejadas de ingresar) de entenderse que ya ha sido correctamente valorada la actitud colaborativa y de buena fe de la empresa en su creencia errónea de la situación de los trabajadores, además de su capacidad económica.

SEXTO.-Por ello, y en atención a lo expuesto, debe desestimarse la demanda, y confirmarse la Resolución Administrativa impugnada, absolviendo a la demandada de las pretensiones en su contra deducidas.

SÉPTIMO.-Contra la presente resolución cabe Recurso de Suplicación ante el Tribunal superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 y concordantes LRJS al superar la cuantía de la sanción 18.000.-€.

Y vistos, además los citados, los preceptos legales de general y pertinente aplicación, por la autoridad conferida por el Pueblo Español y en nombre del Rey

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), se hace constar que la convicción judicial sobre los Hechos que se declaran probados y han sido controvertidos, se ha obtenido a partir de la conjunta valoración de la prueba practicada, con especial relevancia de los documentos indicados en los respectivos ordinales, valorados conforme a lo dispuesto en los arts. 319 y 326 LEC.

En este sentido, debemos poner de manifiesto el especial valor probatorio de las actas de la inspección de Trabajo, que conforme a lo dispuesto en la Ley 42/20157, y el art. 151.8 LRJS, tienen presunción de certeza "iuris tantum", respecto de los hechos constatados directamente por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquellos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ("ad exemplum" Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1991 -RJ 7578-, 18 de diciembre de 1995 -RJ 9943- o 5 de octubre de 1998 -RJ 7690-.

En este sentido hemos de indicar que la testifical del Sr. Luis Pedro, no nos ha merecido suficiente credibilidad respecto de aspectos esenciales, como el hecho de que la relación de amistad entre el demandante y los interesados, que los mismos estuvieran residiendo allí en aquellos momento o que el inspector actuante apenas hablara con los interesados, al no tener ningún otro apoyo probatorio pese a ser circunstancias cuando menos llamativas, y que extremos contradichos por el acta y

SEGUNDO.-La demanda rectora fundamenta la revocación de la Resolución impugnada fundamentalmente en dos aspectos:

-El primero que el Inspector entró en un domicilio sin autorización.

-El segundo en que, de cualquier forma, se trataba de trabajos benévolos, amistosos o de buen vecindad, ya que los interesados habían sido invitados a pasar sus vacaciones con sus familias, y por tanto se excluye la existencia de relación laboral conforme al art. 1.3 ET, pues no existía ni retribución, ni dependencia.

TERCERO.-En cuanto al primer motivo, lo cierto es que, aunque se trataba de una vivienda, ésta se encontraba en obras, pues de hecho había un contenedor de residuos en su proximidad, y no era domicilio ni del demandante, ni de los interesados. Así, el demandante no se encontraba en ella, sino en Madrid, y solo se empadronó y habitó en ellas a partir de noviembre de 2025, más de dos años después de la visita. En cuanto a los interesados, ninguno de ellos ha podido acreditar, si quiera de forma indiciaria y/o temporal su residencia en la DIRECCION000 de Riaza. No había enseres suyos ni tampoco estaban acompañados de sus familias. Recordemos que se trata de personas carentes de permiso de trabajo y residencia legal, sin recursos económicos, hasta el punto que en el caso del Sr. Emilio, ha sido imposible citarle en un domicilio físico.

No apreciamos, por tanto, que el actuante haya transgredido el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio consagrado en nuestra Constitución.

CUARTO.-En relación con el segundo argumento de impugnación, nuestro criterio es que tampoco puede merecer favorable acogida. Ciertamente las alegaciones respecto a la amistad entre el demandante y los interesados, por pertenecer a un mismo grupo de baile y que estaban de vacaciones en el inmueble, no tienen más apoyo que la testifical del Sr. Luis Pedro, y chocan no solo con las apreciaciones directas y las manifestaciones espontáneas que hicieron ante el mismo, sino casi con el propio sentido común ( art. 386 LEC) .

Así, es difícil de entender que personas sin ingresos estables y en situación irregular, puedan disfrutar de "vacaciones" entendidas como tiempo de ocio y de recuperación de las fatigas físicas y mentales del trabajo, por la liberalidad de otra persona (el demandante) casualmente titular de una empresa de obras y reformas, mientras estaban haciendo tareas de albañilería y acondicionamiento en la vivienda particular de éste, con un permiso de obras del Ayuntamiento en una localidad como Riaza, con la que los interesados no tenían ninguna vinculación. Es difícil de entender que pese a la pretendida amistad, el demandante no pudiera señalar un domicilio de uno de los interesados.

En suma, la parte demandante no ha logrado destruir la presunción, no ya de la veracidad de los elementos fácticos de las actas de inspección, sino tampoco de la presunción de laboralidad que establecen los arts. 1.1 y 8 del Estatuto de los Trabajadores, entre el que presta unos servicios y el que los recibe, dentro del ámbito de organización y dirección de este.

QUINTO.-Sentado lo anterior, el art. 54.1 d) de la Ley Orgánica 4/2000, tipifica como Infracción Muy Grave. Por su parte, el art. 55.1 c) de la citada ley determina que las sanciones por la comisión de faltas muy graves, se castigaran con multa de 10.001.-€ a 100.000.-€. Y dado que la cuantía impuesta por cada uno de los trabajadores se ha situado en su margen inferior, en el mínimo (más el importe de las cotizaciones dejadas de ingresar) de entenderse que ya ha sido correctamente valorada la actitud colaborativa y de buena fe de la empresa en su creencia errónea de la situación de los trabajadores, además de su capacidad económica.

SEXTO.-Por ello, y en atención a lo expuesto, debe desestimarse la demanda, y confirmarse la Resolución Administrativa impugnada, absolviendo a la demandada de las pretensiones en su contra deducidas.

SÉPTIMO.-Contra la presente resolución cabe Recurso de Suplicación ante el Tribunal superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 y concordantes LRJS al superar la cuantía de la sanción 18.000.-€.

Y vistos, además los citados, los preceptos legales de general y pertinente aplicación, por la autoridad conferida por el Pueblo Español y en nombre del Rey