Sentencia Social 307/2024 Juzgado de lo Social de Albacete nº 2, Rec. 251/2022 de 17 de septiembre del 2024

PRIMERO.-Solicita la representación de la parte demandante, Dª Marisol, que se declare la existencia de vulneración empresarial de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en el art. 14 y 24 de la Constitución Española y que redundan en menoscabo de la dignidad de la trabajadora y del art. 4.1 c) y 17.1 del Estatuto de los Trabajadores, en virtud de los arts. 80, 177.2 y 4, 176.2 y 184 de la Ley de Jurisdicción Social; que se declaren radicalmente nulos los actos emanados de la empresa, vulneradores de dichos preceptos, estimándose íntegramente la presente demanda, se declare el reconocimiento del derecho a la adscripción voluntaria de la medida de baja indemnizada solicitada por la trabajadora y asimismo el abono de la indemnización por daños y perjuicios por el daño moral producido, en cuantía de 25.000 euros.

Las partes demandadas se opusieron a la demanda, alegando que no hay vulneración alguna de sus derechos fundamentales, ya que el orden de prelación en la admisión de las bajas respondió a los criterios seguidos en el Acta final de 3 de diciembre de 2021, desarrollados por la Comisión de Seguimiento de 26 de enero de 2021, todo ello con base en las alegaciones que las partes tuvieron por convenientes, solicitando la integra desestimación de la demanda. La representación de Unicaja Banco, S.A. esgrimió la indebida acumulación de acciones,al entender que a una demanda de tutela de Derechos Fundamentales no se puede acumular una petición de declaración del derecho a ser incluido en el despido colectivo, en definitiva, no es posible acumular a una demanda de tutela una declarativa de derecho. Asimismo, se excepcionó por inadecuación de procedimientoy si esta excepción es estimada, también alega la representación de Unicaja Banco debería estimarse la caducidad de la acción,pues si lo que se cuestiona son los criterios de prelación en el despido colectivo, esto debería seguirse en un procedimiento de despido y dado que la acción de despido debe plantearse en el plazo de los 20 días hábiles desde la notificación de la negativa a aceptar la solicitud de adhesión a la medida extintiva, la acción estaría caducada. Se esgrime igualmente, la falta de legitimación pasivadel codemandado D. Olegario, director de Talento, Relaciones Laborales y Gestión Económica de RR.HH. de Unicaja Banco, S.A., al considerar que ninguna responsabilidad puede achacarse a esta persona en la resolución de esta litis. Se opone a la indemnización de daños y perjuicios solicitada

Por las representaciones de los trabajadores codemandados, se viene a alegar la falta de legitimación pasivade los mismos, al entender que los mismos no pueden estar afectados por ninguna de las acciones que se plantean, por lo que deben ser absueltos.

El Ministerio Fiscal no acudió al acto del juicio, presentando escrito en el que alegó los motivos de su no asistencia.

SEGUNDO.-Los hechos declarados probados, según preceptúa el art.97.2 de la LJS, resultan de una valoración conjunta de la prueba practicada, las documentales aportadas por las partes y testificales practicadas, pruebas que han sido concretadas en los distintos hechos probados.

TERCERO.-En primer lugar procede resolver las cuestiones que fueron planteadas por las partes demandadas en el presente procedimiento, en el acto de la vista.

Comenzando por la falta de legitimación pasivaalegada por la representación de los demandados, personas físicas, trabajadoras de la empresa a las que se les concedió la baja indemnizada, dicha intervención en el procedimiento de autos, lo fue a los efectos de declarar bien constituida la relación jurídico procesal, al ser trabajadores de Unicaja Banco, que podrían verse afectados en el resultado de la presente litis, con independencia del resultado de su responsabilidad en cuanto al fondo del asunto. Es por ello, que con la llamada al procedimiento de estos trabajadores cabe considerar que la relación jurídico procesal está bien constituida y su llamada al proceso es la forma de constituir el litisconsorcio pasivo necesario, con el fin de proteger los intereses de estos trabajadores, que pudieran verse afectados por el fondo del asunto.

Por lo que respecta a la indebida acumulación de accionesque esgrime la representación de Unicaja Banco, S.A., al considerar que a un procedimiento de tutela de derechos fundamentales no se puede acumular una acción declarativa de derechos, ciertamente en el presente procedimiento y a la vista de que no se solicita la nulidad de la ejecución del Acuerdo Colectivo de forma íntegra (tal y como manifiesta la representación de la actora en la vista), sino que lo que se pretende es que se declare el derecho de la demandante a causar baja indemnizada, entendiendo la parte actora que al no haber sido así se han vulnerado sus derechos, cabe considerar como consideraron las sentencias nº 244/2024 y 247/2024, dictadas en los procedimientos de Derechos Fundamentales nº 240/2022 y 239/2024, respectivamente, del Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete, que la indebida acumulación de acciones planteada por Unicaja Banco S.A., queda vacía de contenido, sin perjuicio de hacer constar que en el presente procedimiento lo único que puede ventilarse es si hay vulneración de derechos fundamentales y no cuestiones de legalidad ordinaria.

Al hilo de lo anterior y siendo el objeto del presente procedimiento, la vulneración de derechos fundamentales de la actora al no haber sido incluida en la medida de baja indemnizada, no procede estimar la inadecuación de procedimiento que esgrime Unicaja Banco, pues no se está impugnando el despido colectivo ni existe despido de la demandante, que sigue prestando servicios para la demandada, y por tanto no impugnándose ningún despido no existe inadecuación de procedimientoni tampoco caducidad de acciónde despido.

En cuanto a la falta de legitimación pasiva de D. Olegario, director de Talento, Relaciones Laborales y Gestión Económica de RR.HH. de Unicaja Banco, S.A., al considerar que ninguna responsabilidad puede achacarse a esta persona en la resolución de esta litis. Y cabe considerar que el mismo no tiene responsabilidad en el presente procedimiento, pues era un trabajador de la empresa, que en virtud de su cargo en la mercantil demandada, remitió las comunicaciones a la Sra. Rosario, de su no adscripción a la baja voluntaria y firmó las Actas de la Comisión de Seguimiento, excepto una, pero por ello ninguna responsabilidad a título personal puede achacársele, pues lo que hizo fue aplicar el Acuerdo, no pudiendo considerarse que su actuación como trabajador de la empresa fuese vulnerador de ningún derecho de la demandante, por lo que procede su absolución al estimarse su falta de legitimación pasiva.

CUARTO.-Entrando en el fondo del asunto, y acogiendo la argumentación de las sentencias citadas, que han sido dictadas por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Albacete, en los autos de Derechos Fundamentales nº 239/2022 y 240/2022, similares al que aquí nos ocupa, en el que es demandante Dª Marisol, señala el artículo 181.2 LRJS, en el marco de la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, prevé que "En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

Así las cosas, la primera de las garantías a que debemos referirnos es la de la inversión de la carga de la prueba que se contiene en el precitado artículo 181.2 de la LRJS.

Pues bien, el Tribunal Constitucional ha reiterado desde la STC 38/1981, de 23 de noviembre, que en aquellos litigios en los que existen indicios de lesión de derechos fundamentales, atañe al empresario acreditar que su decisión obedece a motivos razonables y ajenos a toda vulneración del derecho fundamental de que se trate. La necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la cobertura formal del ejercicio parte de este de los derechos y facultades que tenga reconocidos por las normas de aplicación al caso, pasa por considerar la especial dificultad que en no paces ocasiones ofrece la operación de desvelar en los procedimientos judiciales correspondientes la lesión constitucional, encubierta tras la legalidad solo aparente del acto empresarial, dificultad de prueba que explica la jurisprudencia constitucional sobre prueba indiciaria en el proceso laboral desde sus primeros pronunciamientos y que ha tenido concreciones en la propia legislación procesal.

Es sabido que la prueba en este tipo de supuestos articula en un doble plano ( SSTC 90/1997, de 6 mayo, 66/2002, de 21 de marzo, y 17/2003, de 30 de enero). El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigidos a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia ( STC 207/2001, de 22 de octubre). El indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe revelar la existencia de un fondo o panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha de la lesión denunciada ( SSTC 214/2001, de 29 de octubre; 14/2002, de 28 de enero; 29/2002, de 11 de febrero, 30/2002, de 11 de febrero y 66/2002 de 21 de marzo).

En este punto, como recoge esa última sentencia de 21 de marzo de 2002 "conviene poner de relieve el tipo de conexión necesaria para apreciar la concurrencia del indicio. Desde luego, en ningún caso seria exigible al trabajador la aportación de una prueba plena de la relación entre la decisión empresarial y el ejercicio pues tal exigencia nos situaría fuera del esquema de distribución de cargas probatorias al que responde la denominada prueba indiciaria en el proceso laboral. Muy al contrario, el trabajador cumpliría su carga probatoria con la aportación de hechos a partir de los cuales surja razonablemente un panorama indicativo de la posible restricción en el derecho fundamental".

Solo una vez cumplido este primer e inexcusable deber probatorio, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales extraídas a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para justificar la decisión adoptada. Se trata de una auténtica carga probatoria que debe llevar a la convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que este se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de toda vulneración de derechos fundamentales ( STC 66/2002, de 21 de marzo).

La ausencia de prueba trasciende el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por la demandante despliegan toda su operatividad pare declarar la lesión del propio derecho fundamental del trabajador (así lo hemos establecido con reiteración desde la STC 90/1997, de 6 de mayo); esa carga probatoria incumbe al empresario incluso en el supuesto de decisiones discrecionales, no causales, y que no precisan por tanto ser motivadas, ya que esto no excluye que, desde la perspectiva constitucional, sea igualmente ilícita una decisión de esta naturaleza contraria a los derechos fundamentales del trabajador (por ejemplo, STC 171/2003, de 29 de septiembre , FJ 6); y no baste una genérica explicación de la empresa, pues debe acreditar ad casum que existe alguna justificación laboral real y de entidad suficiente en su decisión, es decir, desde la especifica y singular proyección cobra el caso concreto ( STC 79/2004, de 5 de mayo , FJ 3, y las allí citadas)".

En resumen, en este tipo de pleitos es la parte actora la que debe aportar indicios de que se ha producido una lesión del derecho fundamental; una vez se aprecien dichos indicios, será la empresa demandada la qua deberá aportar una justificación objetiva y razonable suficientemente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

En la resolución de la presente litis no existe indicio alguno de vulneración del derecho fundamental de la actora a la igualdad, ni de que se le haya discriminado por razón de edad, como sostiene.

La parte actora, Sra. Marisol basa su demanda en que no se han respetado los criterios de selección previstos en el Acta final de 3 de diciembre de 2021, y dice que se ha concedido la baja indemnizada a personas de menos edad que ella, y por tanto, se le ha discriminado por razón de la edad.

Y de la prueba practicada se desprende que esto no es así. Se ha de partir del hecho de que la actora tenía 54 a fecha 31 de diciembre de 2021.

Cabe recordar que estamos ante el supuesto de que existe un número de solicitudes superior al número de plazas previstas en el Informe Técnico pare cada provincia. En el caso de la provincia de Albacete, en concreto, estaban autorizadas 46 plazas (página 183 del documento 20 de la parte actora y el nº 14 de Unicaja Banco S.A.), y se presentaron 68 solicitudes (documento 9 de Unicaja Banco S.A.).

En el Acta final de 3 de diciembre de 2021, se señala que "En aquellas provincias donde el número de adhesiones voluntarias superen el excedente identificado en el Informe Técnico, la empresa podrá priorizar las necesidades organizativas, de modo que se reduzca la diferencia entre ambas, pudiendo decidir la extinción del contrato sin sujeción al orden de prelación establecido anteriormente, rechazando en ese caso la solicitud de adhesión a la medida siempre que se haya alcanzado la cifra de 1.513" (página 6 del Acta final).

Es decir, ya prevé el Acta de 3 de diciembre de 2021 que, si se superan las solicitudes, la empresa podrá priorizar las necesidades organizativas pudiendo decidir la extinción del contrato sin sujeción al orden de prelación establecido anteriormente, que es al que se aferra la parte actora.

Además de esta previsión, y a la vista de que se superaron las solicitudes de adhesión previstas (1.513, según se refleja en la página 5 de ese Acta de diciembre de 2021), en la Comisión de Seguimiento de 26 de enero de 2022 (documento 4 de Unicaja Banco S.A.), para dotar de una mayor objetividad a esas "necesidades organizativas", estableció un orden de prelación, dando preferencia en primer lugar al colectivo vulnerable, y después a la edad de los trabajadores, si bien se hace constar expresamente lo siguiente:

"En el supuesto en que el corte se sitúe en los colectivos de personas menores de 50 años o con menos de 10 años de antigüedad a 31 de diciembre de 2021, personas con 54 años y personas entre 50 y 53 años- en todos casos edad a 31 de diciembre de 2021- se aplicará el criterio de mayor eficiencia económica, salvo que existan causas organizativas de idoneidad o polivalencia funcional que requieran utilizar otra prioridad en la aceptación para este colectivo de corte".

Es decir, que, en el supuesto de la aquí actora, que pertenecía al colectivo de 54 años, "se aplicara el criterio de mayor eficiencia económica".

Por tanto, la entidad demandada no ha rechazado la petición de adhesión de la actora por razón de su edad exclusivamente, sino porque en aplicación de lo previsto en las normas reguladoras del despido colectivo, aplicó criterios de eficiencia económica.

De hecho, constan como aceptadas las solicitudes de adhesión voluntaria de otros dos trabajadores Berta y Adriano (documento 8 de Unicaja Banco S.A. y nº 9 de la parte actora), nacidos en 1967, mismo año que la actora, pero, claro pertenecientes al colectivo vulnerable, motivo por el cual si que se les adhirió a la baja indemnizada.

Cosa distinta hubiera sido que la parte actora hubiera impugnado, a través de otra modalidad procesal, las causas de admisión o rechazo de las solicitudes de adhesión voluntaria, si es que no estaba conforme con ellas.

Pero, lo que queda claro, es que no ha existido un móvil discriminatorio por razón de edad en el rechazo de la solicitud de la demandante, sino una aplicación de los criterios de prelación fijados en el Acta de 3 de diciembre de 2021, y perfilados en la de 26 de enero de 2022, que reconducen, en caso de exceso de solicitudes, como ocurrió, a las facultades organizativas de La entidad demandada, para el colectivo de trabajadores de 54 años que no se encontraran en el colectivo vulnerable (en cuyo caso si que tenían preferencia para la admisión de sus solicitudes).

Por todo ello, dado que no existe ningún indicio de vulneración de derechos fundamentales, es por lo que procede la desestimación de la demanda y la absolución de las partes demandadas de las pretensiones deducidas contra ellas por la parte actora.

QUINTO.-Desestimada la vulneración de derechos fundamentales articulada por la parte actora, no procede otorgar ninguna indemnización a la demandante por daños y perjuicios.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación,