Sentencia Social 184/2025 Juzgado de lo Social de Lugo nº 2, Rec. 724/2022 de 19 de marzo del 2025

PR IMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debe constatarse que el relato de hechos probados consignado resulta de las alegaciones de las partes y de la apreciación conjunta por esta Juzgadora de la prueba practicada en el juicio, que ha consistido en la documental que obra en autos, sobre la que no existe contienda entre las partes y la testifical propuesta a instancias de la entidad demandada.

SEGUNDO.- Reclama los sindicatos demandantes CCOO y UGT en el presente pleito se declare que la modificación unilateral de los salarios de las trabajadoras, al no haberse suprimido el plus de dedicación constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo nula, y solicita que se reponga a las trabajadoras en las anteriores condiciones, condenando a la empresa a seguir abonando el mencionado plus en las cuantías que estaba realizando anteriormente.

Por su parte, la entidad demandada se opone alegando que no se ha producido una modificación sustancial de las condiciones laborales, sino que se realizó un nuevo pliego de prescripciones, en el que figuraba la categoría de coordinadora, con un sueldo diferente al de la monitora. En consecuencia se dejó de abonar el mismo, al haber aumentado su sueldo compensado y absorbido por esta subida.

TERCERO.- Entrando en el estudio del fondo del asunto, esta juzgadora entiende que debe analizarse primero la supuesta nulidad de la medida, para continuar sobre si la misma está o no justificada.

Por la parte actora se alega fraude de ley, al no haber utilizado la figura de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo colectiva, cuando se estaba afectando a todos las coordinadoras que prestan sus servicios en los CEIPS de Lugo. Señala la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 6 marzo de 2002 que si bien es doctrina jurisprudencial reiterada (por todas STS de 16-2-1993 [RJ 1993\1174]) que el fraude de Ley no puede basarse en indicios o meras suposiciones, ante la dificultad de obtener una prueba plena y directa del mismo, ya que precisamente la buscada elusión de la norma se encubre con una apariencia o cobertura de legalidad es suficiente la prueba de presunciones del art. 386 LECiv (RCL 2000\34, 92) cuando existe un enlace preciso y directo «según las reglas del criterio humano»entre unos hechos conocidos y demostrados y el que se trata de deducir. Y con relación a dicha operación, ha declarado el Alto Tribunal en S. de 26-12-1996 (RJ 1996\9856) que el fraude de Ley es una valoración que depende de muy diversas circunstancias objetivas y subjetivas, en cuya apreciación debe atribuirse al Juzgador de instancia un amplio margen.

Debe recordarse que el artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "1. A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción. 2. Frente a la posible formulación de una presunción judicial, el litigante perjudicado por ella siempre podrá practicar la prueba en contrario a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior."

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y a la vista de la prueba practicada, debe esta Juzgadora estimar que los sindicatos demandantes han acreditado que la intención de la empresa era realizar una modificación sustancial colectiva. Todo ello, sobre la base que hasta el año 2022, concretamente septiembre, la empresa abonó a las coordinadoras el plus de dedicación en la cuantía que se indicó en el hecho probado segundo de la presente resolución, y a partir de este año no lo hizo. Por tanto, entendiendo que lo que se produce es una modificación sustancial colectivo, y no habiéndose seguido el procedimiento regulado en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, esta juzgadora considera que la medida debe considerarse nula. Así la empresa ha incumplido la normativa que regula la modificación sustancial al no haber sido notificado al representante de los trabajadores por escrito y con el plazo de preaviso legalmente exigido.

Por tanto, sobre esta base esta juzgadora considera nula la medida adoptada por la empresa y consecuencia procede la estimación de la demanda, condenando a la empresa a reponer a las trabajadoras afectadas en las condiciones laborales que regían antes de la modificación, con los intereses del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y especial aplicación.