Sentencia Social 181/2025 Juzgado de lo Social de Segovia nº 2, Rec. 396/2025 de 26 de noviembre del 2025

PRIMERO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS se hace constar que la convicción judicial sobre los hechos controvertidos sea obtenido del conjunto de prueba practicada, valorada, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 319 Y 326 LEC, con especial relevancia de los medios especificados en los respectivos ordinales.

SEGUNDO.-A la vista de la demanda y de la contestación, la litis se centra en determinar si el demandante continua o no teniendo necesidad de la adaptación de jornada que viene disfrutando desde el año 2018 y que ha sido revocado por la empresa con efectos 15 de septiembre de 2025.

En este sentido, la principal alegación empresarial es que no se justifica que la esposa del actor, que también tiene concedida la guarda de hecho, pueda hacerse cargo de la situación del hijo discapacitado en los turnos de tarde o fines de semana que el actor no venía haciendo hasta el 15-9-2025.

Llama la atención que, tal extremo no se hubiera puesto en duda en el año 2018, antes de la introducción en el ET del apartado 8 del art. 34, máxime cuando, como se desprende de las Resoluciones de revisión de grado de discapacidad de 2022, que pasa del 1 al 2, y de la necesidad de concurso de tercera persona a que hace referencia el certificado de asuntos sociales de 4 de septiembre de 2025, lo que muestran es que la situación psíquica, física o sensorial del hijo del demandante no ha mejorado, sino que ha empeorado desde 2018, pese a haber alcanzado la mayoría de edad.

TERCERO.-Por otra parte, y respecto a la adaptación de jornada, el actual artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, incorporado por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, modificado por el Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio de 2023, reconoce a las personas trabajadoras, establece:

«8. Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años.

Asimismo, tendrán ese derecho aquellas que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos e hijas mayores de doce años (....)"

Además, el precepto establece, ante la solicitud, la obligación empresarial d abrir un proceso de negociación por un máximo de 15 días, presumiéndose su concesión si no media oposición motivada empresa en dicho plazo, y finalizado el proceso de negociación la empresa deberá comunicar por escrito la aceptación, rechazo o propuesta alternativa, exigiéndose en este caso que se motiven las razones objetivas sobre las que se sustenta la decisión.

CUARTO.-A partir de lo anterior y a modo de resumen, habrá que determinar en primer término:

1.- Si el trabajador que ha reducido su jornada solicita la reducción dentro de su jornada ordinaria diaria, y la solicitud no resulta extravagante o inapropiada de forma evidente para la finalidad del precepto.

2.- Si no fuera así, deberá valorarse, si la parte actora tiene una verdadera necesidad motivada por la conciliación de la vida familiar, y no una mera conveniencia la posible adaptación, o que la necesidad venga determinada por otras cuestiones personales distintas. Por otra parte, la empleadora, también tendrá que abrir el proceso negociador y finalizado el mismo, y si, rechaza la solicitud u ofrece una alternativa distinta a la solicitada, explicar y justificar que su negativa obedece a unas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción concretas y determinadas, y no a las posibles incomodidades genéricas que conlleva todo cambio de horario o jornada en una organización de personas.

3.- Por otra parte, y respecto a la necesidad de acreditación de la necesidad la jurisprudencia ("ad exemplum" STSJ de Extremadura de 13 de febrero de 2020 -EDJ555181- o Galicia de 13 de octubre de 2020 -EDJ 705183-, ) nos recuerda que se trata de un derecho individual del trabajador, por lo que no será preciso entrar a justificar detalles de la esfera íntima, personal o familiar, y teniendo en cuenta que la medida de la adaptación, además de proteger el interés superior del menor o discapacitado, favorecer la corresponsabilidad en la atención de menores y discapacitados entre las personas trabajadoras de ambos sexos, como nos recuerda en el art. 4 de la Ley de Igualdad, promoviendo que los varones se impliquen en tales tareas habitualmente realizada por mujeres.

QUINTO.-A la vista de los hechos probados, debemos hacer las siguientes consideraciones de acuerdo a la doctrina expuesta:

1.- AVANZA ha venido aceptando que desde 2018, antes incluso del Real Decreto Ley 3/2019, el demandante tenía necesidad de adaptación de turnos para cuidar a su hijo discapacitado, entonces menor, y con discapacidad de grado 1, situación que se mantuvo cuando cumplió la mayoría de edad en 2021, en que se reconoció un grado de discapacidad del 66 por 100, sin cuestionar la situación laboral de la esposa del demandante y madre del hijo.

2.- Desde 2021, fecha de cumplimiento de la mayoría de edad del hijo, la situación de necesidad de atención no ha disminuido, dado que tanto el actor como su esposa ejercen la guarda de hecho en la atención personal y patrimonial de su hijo, y además ha sido reconocido con un Grado de Dependencia 2, con concurso de tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria.

3.- Por lo tanto, vistos los actos propios de AVANZA ("Contra factum proprium venire non potest") que venía aceptando sin cuestionar la necesidad del demandante desde 2018, y visto la que situación del hijo desde 2018 y 2021 ha empeorado, a la vista del grado de discapacidad y dependencia reconocidos, y que mantiene la necesidad de tercera persona, no parece razonable la negativa de la empleadora, por lo que a nuestro criterio, debe mantenerse el derecho el demandante, en tanto en cuanto no se modifiquen de forma sustancial la situación del hijo.

4.- Por ello, debemos revocar y dejar sin efecto alguno la decisión empresarial de 15 de septiembre de 2025, y reconocer el derecho del actor a continuar con la adaptación de jornada que tenía reconocida mientas se mantenga la situación de necesidad de atención en las actividades básicas de la vida diaria del hijo, y en este sentido deberá estimarse la demanda y la pretensión de la parte actora.

SEXTO.-Alega también la parte actora que la decisión de la empleadora ha vulnerado sus Derechos Fundamentales, citando a tales efectos los artículos 10.1 y 14 y 39 de la Constitución Española, a lo que se ha opuesto la demandada.

No podemos compartir la tesis de la actora de que se haya producido vulneración de Derechos Fundamentales, en razón de los siguientes motivos:

1.- Respecto al derecho a la dignidad, no apreciamos conexión alguna entre la actuación empresarial que haya menoscabado la dignidad de la persona del trabajador, ni tampoco por asociación con su hijo discapacitado

2.- Tampoco se aprecia una actuación discriminatoria, ya que la revisión de adaptaciones de jornada de exclusión de fines de semana, se hizo en el marco de una revisión general de la que también fueron objeto otros trabajadores en la misma situación que el demandante, y en seno de una actuaciones acordada con la representación legal de los trabajadores.

3.- Y respecto al art. 39 CE, no constituye un Derecho Fundamental, que están circunscritos a los articulo 14 a 29 de la Constitución Española.

Es decir, se ha producido por la empresa una vulneración de la legalidad ordinaria, y en tal sentido, la demanda fundamenta su pretensión de indemnización de daños y perjuicios en la vulneración de Derechos Fundamentales y en la automaticidad del daño que recoge el art. 183 LRJS, que aquí no resulta aplicable. Recordemos que, fuera de la vulneración de Derechos Fundamentales, será preciso como nos recuerda la STSJ de Madrid de 28 de abril de 2020 -EDJ 7555951-, la indemnización de daños y perjuicios tanto materiales como morales en esta materia está supeditada a tanto a la lesión del derecho por la actuación empresarial (que aquí está acreditada respecto de la legalidad ordinaria pero no de Derechos Fundamentales) , como la causación o acreditación del daño derivado por aquella, ya sean materiales o morales, aportando unas mínimas bases de cálculo, que aquí ni se alegan ni se acreditan, sin que este Juzgador pueda entrar de oficio a establecer una cifra.

Por tal motivo, debe rechazarse la pretensión indemnizatoria de la que la demandada debe ser libremente absuelta.

SEPTIMO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y concordantes LRJS, toda vez que la indemnización reclamada supera los 3.000.-€.

Vistos los preceptos legales citados, y todos los demás de pertinente y general aplicación al caso, por la autoridad conferida por el Pueblo Español, y en nombre de S.M. el Rey,