Sentencia Social 421/2024 Juzgado de lo Social de Palencia nº 2, Rec. 443/2024 de 29 de noviembre del 2024

PRIMERO.-El relato fáctico se ha obtenido de la documental aportada a las actuaciones, así como de la prueba practicada en el Acto de Juicio Oral, destacando la prueba documental, y la Sentencias dictadas por este Juzgado y por el Juzgado de lo Social nº 1 de esta ciudad, firmes, y que son antecedente lógico obligatorio, pues produce efectos de cosa juzgada, de conformidad con el art. 222 LEC, tal y como se expondrá a continuación.

SEGUNDO.- Atendiendo a la demanda rectora del proceso se observa que en ella la empresa demandante ejercita una acción, al amparo de lo dispuesto en los artículos 20, 22 y 44 del Estatuto de los Trabajadores por la que pretende que se determine que la subrogación empresarial de la fundación es la correcta al existir con la demandadas una relación laboral como gerocultoras, con la consiguiente obligación por parte de las codemandadas de restituir las sumas indebidamente percibidas como directoras de la Residencia "La Milagrosa" a partir del día 1 de febrero de 2023.

Con carácter previo hemos de pronunciarnos acerca de las excepciones planteadas por la parte demandada en relación a litispendencia, incompetencia de jurisdicción, falta de legitimación activa y pasiva, así como la excepción de cosa juzgada y la carencia sobrevenida de objeto. Comenzando por el análisis de la excepción de incompetencia de la jurisdicción, por la parte demandada se argumenta que la jurisdicción social conoce de las reclamaciones entre empresarios y trabajadores, pero no entre dos empresas. El articulo 2 LRJS establece que los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo. No obstante y siendo esto así, la reclamación objeto del presente procedimiento deriva de la relación laboral existente entre la empresa demandante y las tres socias trabajadoras de la empresa codemandada, empresa que no ha de obviarse se trata de una sociedad laboral, por cuanto que por la parte actora se pretende que se determine que la subrogación empresarial de la fundación es correcta argumentando que la prestación de servicios de las codemandadas era como gerocultoras y no como directoras. Por ello, al centrarse el debate en el presente procedimiento en el análisis de la relación laboral que une a las partes, la Fundación Virgen de Revilla y las trabajadoras y socias de la sociedad laboral ABRIL NACER S.L.L., es claro que la jurisdicción del orden social es competente para el conocimiento de la cuestión litigiosa que nos ocupa.

Sentado lo anterior, abordaremos conjuntamente el análisis de la excepción de litispendencia y de la excepción de cosa juzgada planteada por la demandada. En el acto de la vista por esta Juzgadora se estimó que no procedía la suspensión del acto del juicio, debiendo continuar el mismo y una vez practicada la prueba, se procedería a valorar los efectos de la litispendencia invocada por la demandada y a los que se oponía la demandante. El art. 86.4 de la LJS dispone: "La tramitación de otro procedimiento ante el orden social no dará lugar a la suspensión del proceso salvo en los supuestos previstos en la presente Ley , sin perjuicio de los efectos propios de la litispendencia cuando se aprecie la concurrencia de dicha situación procesal. No obstante, a solicitud de ambas partes, podrá suspenderse el procedimiento hasta que recaiga resolución firme en otro procedimiento distinto, cuando en éste deba resolverse la que constituya objeto principal del primer proceso".

La excepción de litispendencia o litigio pendiente se admite en nuestro ordenamiento jurídico, como defensa cuya estimación impide resolver la cuestión de fondo suscitada en un proceso, al existir litigio pendiente de resolver en el mismo o en otro Juzgado o Tribunal. A esta excepción se refiere la doctrina científica y jurisprudencial ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1990 [RJ 1990\\ 3942) como institución preventiva y cautelar de la cosa juzgada, que viene a complementar la protección del interés de cualquier persona a no ver repetidamente juzgada la misma cuestión, dotándola así de un instrumento procesal adecuado, impidiendo que se pueda dirimir una pretensión cuando ésta se ha suscitado previamente en otro proceso que está aún pendiente de resolución firme, pretensiones entre las que debe concurrir la identidad que previene el artículo 222 apartados 2 y 3 y 421.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para el supuesto de la cosa juzgada en sentido formal o negativo.

En el caso que nos ocupa, como adelantábamos, se va a proceder a analizar conjuntamente ambas excepciones, por cuanto que como se acaba de exponer, la excepción de litispendencia es preventiva o cautelar de la cosa juzgada que también es invocada por la demandada.

Conviene recordar el tenor de los artículos 222 y 400.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria, conforme a la disposición final cuarta LRJS. El artículo 222 establece:

"1. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.

2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley.

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen.

3. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley.

En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil.

Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no hubieren litigado.

4. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal".

Mientras el artículo 400.2 dispone:

"De conformidad con lo dispuesto en al apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste".

El Tribunal Supremo en STS 369/2017 de 16 de abril de 2017 (rec. 243/2016) decía que:

"Respecto de la cosa juzgada son predicables las siguientes notas: a) Impide la decisión del proceso actual cuando ya hubiere sentencia firme sobre la misma cuestión y entre las mismas partes. b) Posee doble efecto: negativo o excluyente y positivo o prejudicial (cuando no hay identidad absoluta de los elementos de la pretensión, pero si hay una parcial identidad en el objeto de uno y otro proceso). c) Opera sobre la base de una situación jurídica ya dada en la realidad histórica en virtud de una sentencia que es firme".

Tal y como señalaba la STS 17 octubre 2013 (rec. 3076/2012) "según se desprende del artículo 400. 2 LEC , de aplicación supletoria, D.F. 4 LRJS , en el proceso laboral, los efectos preclusivos de la cosa juzgada, al igual que los de la litispendencia, se extienden tanto a los hechos y fundamentos jurídicos aducidos en el proceso previo, como a los que en él hubieran podido alegarse; sin que puedan dejarse sin efecto pronunciamientos jurisdiccionales plasmados en sentencias que han adquirido firmeza, pues ello supondría una quiebra del principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 9.3 de la Constitución e iría contra el efecto de cosa juzgada que producen las sentencias firmes, cuyo efecto impeditivo obsta la posibilidad de un nuevo pronunciamiento judicial ".

TERCERO.-En el caso que os ocupa, no es discutida la identidad subjetiva por cuanto que los procedimientos de modificación sustancial nº 182/23 y nº 183/23 del Juzgado de los Social nº 1 y el nº 193/23 del Juzgado de lo Social nº 2 se iniciaros a instancia de las trabajadoras codemandadas frente a la fundación, ahora demandante, pero si ha de analizarse la identidad objetiva a fin de centrar adecuadamente el objeto de debate en aras de garantizar el necesario respeto al efecto de cosa juzgada de la sentencia de conflicto colectivo.

Así, enlazando con lo expuesto, el articulo 41 ET dispone que: "1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa".

Por otro lado, el art. 44.1 y 2 ET dispone: 1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente.

2. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria.

Atendiendo el suplico de la demanda por la que se inicia el presente procedimiento, la reclamación de la Fundación Virgen de Revilla tiene por objeto que se declare que la subrogación operada desde el 1.2.2023, fecha en la que pasó hacerse cargo de la administración y gestión directa de la actividad llevada a cabo en la residencia La Milagrosa, subrogando a todos los trabajadores que estaban adscritos a la prestación del servicio con la empresa saliente, ABRIL NACE SLL, es correcta. Es claro que para determinar si tal subrogación es o no correcta, ha de partirse, como antecedente lógico, de la categoría profesional de las demandadas, que determinaría sus derechos y obligaciones derivadas de la relación laboral, categoría profesional que la fundación demandante admite que se ha visto obligada a modificar al amparo de lo establecido en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, por concurrir las siguientes causas objetivas, organizativas y productivas debidamente acreditadas, alegando que hay cuatro directoras, tres de ellas subrogadas con salarios de directoras de la empresa saliente, y la persona externa contratada, en una residencia en la que dispone como mucho de 38 plazas de usuarios residentes, comunicando a las tres trabajadoras que a partir del 1 de abril de 2023, su categoría profesional pasa a ser exclusivamente la de gerocultora.

Tal decisión empresarial fue objeto de impugnación por las trabajadoras demandadas, dando lugar a la tramitación de los procedimientos antes citados ante los Juzgados de lo Social de esta ciudad, recayendo en todos ellos sentencia que devino firme y que declara injustificada la modificación de condiciones impuestas a las ahora demandadas por incumplimiento de requisitos de forma y acuerda dejar sin efecto dicha medida y condenando a la empresa demandada a reponer al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo. Resulta, pues, que las sentencias que se recogen en los hechos probados de esta resolución, sientan una realidad jurídica que no puede ser objeto de debate en el presente procedimiento, y es que se condena a la ahora demandante a reponer a las trabajadoras en sus anteriores condiciones de trabajo, condiciones de trabajo derivadas de su categoría profesional que el hecho probado de las mismas establece que es la de directora.

A mayor abundamiento los autos que se dictaron en ejecución de las sentencias antedichas, ETJ nº 59/24 y ETJ nº 55/24 tramitados ante el Juzgado de lo social nº 1 de Palencia vienen a corrobora que la categoría de las ahora demandadas era la de directoras. Así, tal y como se recoge en el hecho probado undécimo de esta resolución se establece que "En el caso que nos ocupa, ha resultado acreditado que la trabajadora demandante, antes de la modificación de condiciones que ha derivado en la sentencia cuya ejecución nos ocupa, tenía reconocida la categoría de directora en la entidad demandada, con arreglo a la cual percibían sus salarios, si bien desempeñaba también labores como gerocultora al 50%(...)".

Sentado lo anterior, entrar en esta resolución a valorar si la subrogación de la fundación es correcta, implica entrar a valorar nuevamente la categoría profesional de las trabajadoras, que por resolución judicial firme se dice que es la de directoras, esto es, implicaría analizar si tras la modificación de las condiciones de trabajo impuesta por la empresa al amparo de lo dispuesto en el articulo 41 ET, que judicialmente se ha considerado injustificada, la categoría profesional es la de gerocultora y valorar si es esa categoría la que habría de ser tenida en cuenta a la hora de la subrogación, desconociendo con ello una realidad jurídica creada por sentencia firme lo que irremediablemente implicaría una quiebra de la seguridad jurídica que se pretende tutelar por el instituto de cosa juzgada.

Pero es más, la argumentación jurídica en los procedimientos de modificación sustancial de condiciones de trabajo, que como motivo de oposición sostuvo la fundación demandante frente a la pretensión de las ahora demandadas de que se declare injustificada tal modificación, son esgrimidos nuevamente en la demanda rectora del presente procedimiento como fundamento de su pretensión. Así, de una lectura del fundamento de derecho tercero de las tan citadas sentencias, resulta que la empresa, ahora demandante, alega en esencia que se está produciendo un abuso de derecho por parte de las ahora demandadas, refiere que en la residencia existían 3 directoras, titulares de la empresa que gestionaba la residencia ABRIL SLL la cual entró en concurso de acreedores y se puso en contacto con la Fundación, como titular de la residencia, dada la mala situación económica asistente, aceptando la Fundación hacerse cargo de la residencia subrogando a los trabajadores y nombrando a una directora externa, afirmando resultar inviable el mantenimiento de las 3 directoras, que percibían su sueldo como tal a cien por cien de la jornada coma a pesar de compatibilizar sus funciones con las de gerocultoras a 50%. Alega que si bien formalmente se ha producido una modificación de las condiciones de trabajo, en realidad no es tal, al mantener al trabajador en su puesto de gerocultora ya que no realizaba nunca las funciones de dirección al 100% ni en exclusividad al existir otras dos personas más realizando sus mismas funciones. En todo caso, considera que la trabajadora no ostenta la titulación requerida para ser directora y junto con las otras dos se pusieron las condiciones de su trabajo pidiendo la reducción cuando ya se negociaba con la Fundación.

Así las cosas y a la luz de la doctrina jurisprudencial expuesta, no pueden dejarse sin efecto pronunciamientos jurisdiccionales plasmados en sentencias que han adquirido firmeza, cuales son que la categoría profesional reconocida de las demandadas es la de directora y que la modificación de sus condiciones laborales es injustificada, pues ello, tal y como exponíamos, supondría una quiebra del principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 9.3 de la Constitución e iría contra el efecto de cosa juzgada que producen las sentencias firmes, cuyo efecto impeditivo obsta la posibilidad de un nuevo pronunciamiento judicial. Así, lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que ha puesto fin a los procesos de modificación sustancial, precitados, vincula a esta Juzgadora en este proceso posterior, por cuanto que aquellos se consideran como antecedente lógico de lo que es objeto del presente procedimiento, lo que lleva a estimar la excepción de cosa juzgada material y en consecuencia, a la integra desestimación de la demanda.

CUARTO.-Contra esta sentencia no cabe recurso de suplicación en aplicación de art. 191.2.d) LJS en relación con el artículo 137.3 LJS, teniendo en cuenta que es doctrina reiterada, entre otras, en la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2018, rec. 611/2016 reiterada en múltiples resoluciones posteriores, que la determinación de si lo reclamado supera o no los 3.000 € viene determinada por la cuantía fijada en demandada, o bien en conclusiones, salvo que se aprecie evidente fraude procesal, siendo que ni en la demanda ni en tramite de conclusiones se ha hecho por el actor precisión alguna sobre este extremo.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,