Sentencia Social 328/2025 Juzgado de lo Social de Guadalajara nº 2, Rec. 433/2024 de 31 de julio del 2025

PRIMERO.-Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 97.2 de la LJS se expresa que los hechos que se declaran probados que no han resultado controvertidos y los demás son el resultado de la valoración de las pruebas aportadas por las partes, la prueba documental con aplicación de lo dispuesto en los artículos 319 y 326 de la Ley procesal civil para documentos públicos y privados y la prueba testifical se valora críticamente.

Los hechos probados se han obtenido de las pruebas practicadas en la forma que viene reseñada en cada uno de ellos.

SEGUNDO.-La controversia que se plantea en los presente autos está regulada en los artículos 22 y 39.3 del ET, así como en lo relativo a la promoción profesional y como también está regulado en el artículo 4.2f) y a los ascensos conforme a lo que se establezca en convenio o, en su defecto, en acuerdo colectivo según el artículo 24, además hay que tener en cuenta la maraña de disposiciones convencionales que se han reseñado en el relato fáctico de esta sentencia.

En lo relativo a la promoción y ascensos la doctrina de los Tribunales es inequívoca se debe resolver conforme a lo que se establezca convencionalmente y en su defecto normativamente, a modo de ejemplo la sentencia de 21/07/2025 de la Sección Quinta de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid. Recurso 63/2025 y ponente García Álvarez.

En los fundamentos de derecho se dice que "el desempeño de tareas propias de categoría superior, ..., lo cierto es que como recordaba la STS 1057/2021 de 26 de octubre, el ascenso de categoría profesional, amparado en el desempeño de las tareas a ella correspondiente, está supeditado a lo que convencional o normativamente se haya dispuesto al efecto.

Supeditación cuya finalidad no es otra que la de mantener el principio de no discriminación y limitar las decisiones discrecionales del empresario que no se sometan a la normativa de ascenso, decisiones que pueden ocasionar el consiguiente perjuicio para los derechos de terceros interesados en que funcione regularmente el sistema de promoción en el trabajo en el supuesto de la existencia de vacante, por lo que ante la disyuntiva que entraña el enfrentamiento entre el derecho individual de un trabajador a consolidar una categoría profesional, para la que no puede desconocerse su aptitud por haberla desempeñado durante un determinado período de tiempo, y los derechos de quienes puedan ostentar los conocimientos y méritos suficientes para acceder a dicha categoría, ha de estarse a lo dispuesto a tal fin en la normativa vigente, poniendo en relación al obstáculo legal o convencional a que hace referencia el precitado art. 23-3 del Estatuto con la exigencia de la superación de unas pruebas de ascenso para la provisión de plazas vacantes...,".

En cuanto a la tramitación del procedimiento se debe estar a las previsiones del artículo 137 de la LJS.

La parte demandada alega que la actora no tendría la cualificación académica para que se le pueda reconocer la categoría profesional de jefe de cocina.

En apoyo de sus tesis cita la normativa que considera de aplicación, concretamente el RD. 687/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Dirección de Cocina y se fijan sus enseñanzas mínimas.

En el artículo 7.2 se expresan las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes y en efecto figura entre ellas la jefe de cocina, pero también comprende la relación los puestos de director de cocina y cocinero.

Sin embargo, a la vista de la disposición normativa la parte demandada no ha justificado como la actora tiene reconocida la categoría de cocinera y no pueda aspirar a la de jefe de cocina.

En todo caso en caso de no poder reconocerse la categoría postulada si puede reconocerse el derecho a percibir las retribuciones que corresponda al trabajo desempeñado de forma efectiva y de superior categoría.

En el presente caso se debe estar a las reglas sobre la distribución de la carga de la prueba, recayendo sobre la parte demandante la carga de probar los hechos en los que ha fundamentado su pretensión, de conformidad con el artículo 217.2 de la LEC.

Del examen de la prueba practicada no constan acreditados los hechos que según la parte demandante sostienen su pretensión y ello después de valorar toda la prueba practicada a instancia de ambas partes, por lo que los hechos relevantes que son las funciones concretas desempeñadas por la actora y las responsabilidades que asume en el ejercicio de su profesión no autorizan a tener acreditado que pueda ser equiparada a jefa de cocina.

Ello supone que se trata de hechos que no están acreditados y son dudosos por lo que la demanda se desestima.

Según consta acreditado la cuestión controvertida afecta a una generalidad de trabajadores por lo que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación, sino se diese tal afectación la sentencia seria irrecurrible.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,