Sentencia Social 203/2025 Juzgado de lo Social de Murcia nº 3, Rec. 832/2020 de 10 de septiembre del 2025

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.2 LRJS se hace constar que los anteriores hechos probados son el resultado de la conjunta valoración de la prueba practicada en el acto del juicio, y se concreta en la prueba referida en cada uno de los hechos. Los hechos probados derivan de la valoración de la prueba documental pública aportada a los autos por el Expediente Administrativo requerido al efecto y de la aportada por las partes en el plenario.

SEGUNDO.-Solicita la demandante la revocación de la Resolución de 16 de mayo de 2020 impugnada, basándose en cuestiones de índole jurídico material al considerar la existencia de fuerza mayor alegada en la solicitud de ERTE de la actora.

Por su parte, la demandada deduce oposición a la demanda basado en la conformidad a derecho de la resolución impugnada, en tanto que considera que por la parte actora no ha sido acreditada la causa de fuerza mayor, para que resulte de aplicación al respecto el art. 22.1 del RD-Ley 8/2020.

TERCERO.-El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en su artículo 22 regula los ERTEs COVID-19 por causa de fuerza mayor en los supuestos de "suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria".

Por otra parte, el artículo 23 del citado Real Decreto, regula los ERTEs por "causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19",en los que la causa de suspensión de los contratos o de reducción de la jornada laboral ha de ser indirecta.

Ha de partirse del hecho incontrovertido de que la actividad de la actora - fabricación de muebles de cocina - es de las que no quedan incluidas entre aquellas actividades obligadas a suspender su actividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 y anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Respecto al expediente administrativo que nos ocupa se verifica que ciertamente el informe de la Inspección de Trabajo basa sus conclusiones en la inexistencia de la acreditación de la concurrencia de cualquiera de las causas de fuerza mayor temporal descritas en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo.

Pues bien, de la prueba aportada al expediente como de la aportada en el acto del plenario, tras la valoración de la misma conforme a las reglas de la sana crítica, no puede llegar a concluirse que la actora se encontrara al momento de la solicitud del ERTE en causa de suspensión de los contratos de los cinco trabajadores, pues el Anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, recoge una exhaustiva relación de los equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del citado Real Decreto, y entre la que no se encuentra la actividad de la demandante, siendo la fabricación de muebles, cuyo CNAE es el número 3109, y como la propia parte actora reconoce en su demanda. La propia actora reconoce en su demanda que quién verdaderamente se encuentran afectas por el Real Decreto Ley 8/2020 son las tiendas de muebles a la que suministra sus productos y que atienden al cliente de manera directa. A mayor abundamiento, tampoco la demandante ha acreditado por ningún medio de prueba esa falta de suministros que le impidiese continuar con el desarrollo de su actividad de fabricación de muebles de cocina.

Los cinco trabajadores de la demandante realizan funciones de montador, pintor lacador, peón soldador, soldador y tapizador, por lo que su actividad está relacionada con la fabricación, y no con la actividad del comercio al por menor con venta directa al público cuyo CNAE es el 4759. Sin perjuicio de que resultaría, además, necesaria la acreditación de la proporcionalidad entre la causa alegada por la supuesta paralización de la actividad de fabricación y la extensión de la medida que solicita de suspensión de los contratos de trabajo, lo que tampoco ha sido realizado por la parte actora.

Sobre la parte demandante, de conformidad con el artículo 217.2 de la LEC, recae la carga de la prueba de acreditar los hechos en los que funda su derecho, y por lo que respecta al caso acreditar que se encuentra incursa en algunos de los motivos a los que se refiere el artículo22.1 del Real Decreto Ley 8/2020 ("cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados").En este sentido, no se ha acreditado por la actora que la misma al momento de la solicitud del ERTE se encontrara en alguna de las causas del artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020. No se acredita la relación directa entre las medidas restrictivas previstas en el Real Decreto 463/2020 y la suspensión de los contratos que se pretende, pero sí de manera indirecta, para cuyo supuesto se ha previsto el procedimiento regulador en el citado artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020 que dice "1. En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes (...)", procedimiento que es el que debería haber instado la parte, y no el de fuerza mayor del artículo 22.

A los efectos que aquí nos ocupa, resulta muy ilustrativa la sentencia del Plano de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 16 de marzo de 2022 (recurso 254/2021), que dice:

"7.- La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 15 de diciembre de 2021, recurso 179/2021 , negó que se hubiera acreditado la fuerza mayor prevista en el art. 22 del Real Decreto-ley 8/2020 respecto de una empresa, el Grupo Arcelormittal, dedicada a la fabricación de acero y sus derivados, su transformación y su comercialización. Esta sala argumenta que la fuerza mayor prevista en el art. 22 del Real Decreto-ley 8/2020 constituye "un supuesto de fuerza mayor especial que presenta como principal diferencia frente a los supuestos a que se refieren los artículos 47.3 y 51.7 ET el que la definición de lo que haya que entender por tal concepto está previsto en la norma."

Seguidamente, añade que la constatación de la fuerza mayor exige que el interesado "acredite que, en su caso concreto, concurren como consecuencia del Covid 19 o de la declaración del estado de alarma las circunstancias previstas en tal precepto. Tal acreditación resulta imprescindible para que la Autoridad Laboral constate que la situación que alega la empresa está comprendida en la definición de fuerza mayor que construye el precepto legal. Y la prueba de la situación le corresponde íntegramente a la empresa solicitante, de suerte que su falta impedirá a la autoridad laboral constatar la concurrencia de fuerza mayor [...] Con carácter general y a los efectos previstos en los artículos 47. 3 y 51.7 ET , la fuerza mayor se concibe como un hecho involuntario, esto es, imprevisible o inevitable, imposibilitante de la prestación laboral de forma definitiva o temporal [...] un acaecimiento externo al círculo de la empresa, y como tal extraordinario, de todo independiente de la voluntad del empresario respecto a las consecuencias que acarrea en orden a la prestación del trabajo e imprevisible; pero, sobre todo, que se trate de un acontecimiento no definitivo o sin vocación de permanencia que conlleve una simple imposibilidad temporal de que la prestación laboral se lleve a cabo. Se trataría, en suma, de una imposibilidad temporal y sobrevenida de la prestación de servicios no imputable al empleador."

Debido a la pandemia se ha creado "un supuesto específico y concreto de fuerza mayor para la suspensión de los contratos de trabajo [...] la fuerza mayor descrita en el artículo 22 RDL 8/2020 se vincula a unas circunstancias concretas establecidas en la propia norma; de suerte que si las circunstancias alegadas por la empresa no encajan en las establecidas en la ley, no podrá considerase que nos encontremos ante este supuesto singular de fuerza mayor; lo cual no implica que no puedan concurrir causas técnicas económicas o productivas que, derivadas de las consecuencias de la pandemia, justifiquen una suspensión de contratos o reducción de jornada en los términos establecidos en el artículo 23 del reiterado RDL 8/2020 ."

8.- La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 20 de enero de 2022, recurso 231/2021 , negó la concurrencia de la fuerza mayor especial respecto del Grupo Abeto Servicios Integrados SA, dedicado a servicios de limpieza, porque la citada actividad de limpieza ni estaba incluida en el anexo del Real Decreto 463/2020, ni se había acreditado una pérdida de actividad vinculada al Covid-19.

9.- La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 24 de enero de 2022, recurso 262/2021 , rechaza que la suspensión de los contratos de trabajadores de Visionlab, dedicada al comercio minorista de óptica, se fundamente en causa de fuerza mayor, argumentando que ello exigiría "una conexión directa e inmediata [...] y, correlativamente, en tal forma acreditarla.

En el caso, la pérdida de actividad notificada en la solicitud se muestra relacionada con el Covid-19, pero no anudada o vinculada directamente al mismo. Y faltando esa conexidad directa e inmediata, si se estimaren concurrentes circunstancias encuadrables en las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, será el cauce del citado art. 23 (del Real Decreto-ley 8/2020 ) el que resulte de cobertura.

Es el art. 22 el que, ante la necesidad de acudir a medidas de ajuste en el ámbito laboral impuesta, en muchos supuestos, por circunstancias ajenas a la voluntad de la empresa, describe con ánimo exhaustivo, define, los supuestos a los que se atribuye de manera objetiva la condición de fuerza mayor o carácter involuntario, perentorio y obstativo, la encomienda a la autoridad laboral de la constatación de que concurrían los hechos descritos, y el necesario vínculo entre aquellos y la actividad productiva singular de la empresa, así como la proporcionalidad entre las medidas propuestas, en sus términos personales y objetivos, y el suceso configurado como de fuerza mayor. La resolución en este caso emitida respetó su contenido, tal y como concluye la sentencia de instancia, ante la carencia de acreditación de la vinculación exigida por el legislador."

La citada doctrina se reitera por la sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 9 de marzo de 2022, recurso 259/2021 , relativa a otra empresa dedicada al comercio minorista de óptica: Ulloa Óptica Galicia SA."

CUARTO.-Frente a esta Sentencia cabe Recurso de Suplicación de conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3.g) LRJS .

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,