Sentencia Social 452/2024 Juzgado de lo Social de Badajoz nº 3, Rec. 232/2023 de 13 de diciembre del 2024

PRIMERO.-Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 94 LRJS, y el expediente administrativo.

SEGUNDO.- Alegaciones de las partes.

La parte actora funda la resolución sancionadora de la administración por entender que no concurre la connivencia imputada tendente a obtener una prestación por desempleo indebida, sino que la causa que motivó el despido aparece debidamente justificada por el hecho de que, ante la situación de conflicto existente entre la empresa y los trabajadores por las maquinaciones de estos para poner en marcha una nueva empresa llevándose a todos los trabajadores, cuestión de la que tienen conocimiento a mediados de diciembre motivando el despido por la mala fe de los trabajadores y los perjuicios causados a la empresa. Añade que la empresa desconocía que los trabajadores habían solicitado la prestación por desempleo, y que cuando comunican los hechos al resto de socios estos les informan de la existencia de negociaciones para subrogarlos, por lo que la empresa se vio en la necesidad de llegar a un acuerdo de subrogación empresarial, cosa que ocurrió el 26 de diciembre de 2019, y no el día 11 siendo esa fecha un error material de la asesoría en la redacción de las cartas comunicadas a los trabajadores. Reiteró que la administración no cuenta con ninguna prueba de la existencia de connivencia, no pudiendo fundar la sanción en meras sospechas, por lo que solicita la estimación de la demanda.

La codemandada, TGSS, alegó la falta de legitimación pasiva para responder de la acción planteada.

El SEPE, la Dirección General de Trabajo, y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se opusieron a la demanda considerando acreditada la existencia de una clara connivencia para la obtención de la prestación mediante la simulación de un despido disciplinario que no lo es tal, siendo un indicio notorio de la connivencia que las cartas de subrogación fueran comunicadas a los trabajadores con carácter previo al despido, siendo igualmente indiciario del acuerdo que, pese al conflicto manifiestan existía entre la empresa y los trabajadores, llegaron a un acuerdo en cuestión de días para al subrogación empresarial de toda la plantilla, incluida la de aquellos trabajadores que por su coste no era rentable para la empresa, así como el alquiler de toda la maquinaria e instalaciones de la empresa.

Los codemandados, D. Victorio y D. Millán, alegaron la falta de legitimación pasiva puesto que la acción no tiene relación alguna con ellos, y en cuanto al fondo alegaron la inexistencia de connivencia para la obtención de la prestación.

TERCERO.- Falta de legitimación pasiva.

En primer lugar, y atendida la naturaleza jurídica de la acción ejercitada, procede declarar la falta de legitimación pasiva de la TGSS, y los codemandados, D. Victorio y D. Millán.

CUARTO.- Hecho sancionado.

Como se ha expuesto en el fundamento jurídico previo, la parte actora funda la impugnación de la resolución recurrida en la falta de comisión del hecho imputado, entendiendo que la sanción se basa en meros indicios carentes de corroboración probatoria, siendo inexistente la existencia de connivencia para el acceso a la prestación por desempleo a la que tenían derecho los trabajadores por el despido.

Atendidas las circunstancias concurrentes, y como recoge el acta de infracción sobre la que se sustenta la resolución impugnada, la existencia de prueba directa sobre la existencia de connivencia entre los trabajadores y el empresario resulta de muy difícil o, incluso, imposible obtención, siendo suficiente para sustentar la sanción la existencia de indicios razonables de la existencia de dicha connivencia.

En este sentido, el acta de infracción recoge la existencia de una serie de hechos base de los que infiere la existencia de connivencia entre el empresario y el trabajador.

Del relato de hechos probados resulta la existencia de una serie de indicios base cuya realidad resulta debidamente acreditada a la vista de la documental obrante en autos y las declaraciones vertidas por diferentes testigos y las partes en el acto de la vista. Por tanto, ninguna duda existe sobre la veracidad de estos hechos, sin perjuicio de que de su mera existencia se pueda inferir la connivencia imputada por la administración.

El art. 386 LEC dispone, "1. A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción".

En atención a los hechos acreditados en el presente procedimiento, anteriormente expuestos, resulta lógica y razonable la inferencia realizada por la administración, inferencia que no puede ser considerada absurda, arbitraria o carente de la más mínima lógica.

Puestos en relación los hechos base acreditados, resulta especialmente llamativo que, tras una relación laboral de más de 15 años en el caso de D. Victorio, y de de casi 30 años en el caso de D. Millán, , en la que no consta la existencia de expediente sancionador alguno contra los trabajadores, advertencias previas por descenso de rendimiento, o cualquier otra circunstancia de la que quepa inferir el descontento empresarial con los trabajadores, se proceda de forma repentina a su despido disciplinario por bajada de rendimiento laboral. Y más llamativo aún resulta este hecho si analizamos el contenido de la carta de despido aportado por la empresa codemandada como documento núm. 3,-carente de los más elementales requisitos para amparar la procedencia del despido- al exponer una causa genérica e imprecisa, sin aportación de datos que respalden el descenso de rendimiento y que, aun así, los trabajadores acepten el despido sin impugnarlo. Podría entenderse amparada dicha decisión por el hecho de que los trabajadores habían sido socios de la mercantil, y por la situación económica que esta atravesaba, pero, no obstante, existen otros indicios que puestos en relación con las circunstancias del despido inducen a considerar existente entre los trabajadores y la empresa.

En cuanto al despido existe otro hecho de especial relevancia para entender concurrente la existencia de connivencia, siendo este la causa de despido esgrimida por la empresa. Como se viene recogiendo, esta basó el despido en el descenso voluntario del rendimiento de los trabajadores, sin embargo, frente a la Inspección de Trabajo, y en su demanda, esgrimió que la causa del despido fueron las maniobras realizadas por los trabajadores para crear una empresa paralela y llevarse a todos los trabajadores. Resulta llamativo que, de ser esta la causa real y verdadera del despido, no se hiciese constar así en la carta puesto que esta sí constituye una verdadera e inequívoca transgresión de la buena fe contractual, abuso de confianza y deslealtad para con la empresa que indudablemente hubiese amparado la decisión empresarial, lo que constituye un indudable indicio de la connivencia entre las partes.

Por otra parte, sostuvo la empresa que tuvo conocimiento de la intención de los trabajadores de crear una nueva empresa y las negociaciones con sus trabajadores a mediados de diciembre de 2019, y que la fecha que consta en los documentos de subrogación es un error material de la asesoría.

El bloque documental núm. 4aportado por la empresa actora acredita que la comunicación de subrogación laboral a los trabajadores se realizó el día 11 de diciembre de 2019. Corresponde a la empresa demandante la carga de acreditar que dicha fecha no es más que un error material de la asesoría que los confeccionó y que la subrogación laboral se efectuó el día 26 de diciembre. Sin embargo, la actividad probatoria desplegada para acreditar tal circunstancia resulta manifiestamente insuficiente y carente del valor probatorio necesario. Y es que para ello se limitó a aportar como documento núm. 8 de la demandasendas declaraciones juradas de fecha 31 de mayo de 2021, una emitida por D. Aquilino, y la otra por D. Fabio en la que manifiestan que las negociaciones para la subrogación se realzaron el 26 de diciembre de 2019.

La declaración jurada de D. Aquilino carece de valor probatorio alguno puesto que ha sido emitida unilateralmente, a instancias de la empresa demandante, al margen del procedimiento de Inspección, y sin que el testigo haya comparecido al acto de la vista para corroborarla, por lo que no ha sido sometida a la debida y pertinente contradicción. Sí compareció el Sr. Fabio, declarando que su intervención en las negociaciones se limitó a velar por los intereses de los trabajadores pero sin aportar ningún dato concreto y determinado sobre la fecha en que se produjeron las reuniones, lo que impide otorgarle el valor pretendido por la parte. Para desvirtuar la presunción de veracidad del acta de infracción en relación con la prueba directa que constituyen los documentos de subrogación -fechados el 11 de diciembre de 2019- no basta una declaración testifical en la que el testigo no ofrece datos ciertos e indubitados, sino que requiere de la practica de una prueba cierta e inequívoca sobre la fecha impugnada. Esta prueba podría haber venido constituida por la intervención de la persona encargada de la confección de los documentos, o del representante legal de la empresa que los elaboró y que, según la empresa, cometió el error, sin embargo, y gozando la actora de plena disponibilidad para ello, no la hizo comparecer.

Por tanto, el único dato cierto respecto a la fecha de comunicación de la subrogación es la fecha obrante en las comunicaciones remitidas a los trabajadores, siendo esta el 11 de diciembre de 2019, es decir, con anterioridad al despido de los trabajadores.

Por último, debe destacarse que empresa demandante atravesaba una difícil situación económica que, según manifestaron todos los trabajadores codemandados, y el Sr. Bernabe, la hacían difícilmente viable. Sin embargo, con la creación de la nueva empresa tanto los trabajadores despedidos, como la mercantil demandante salían notoriamente beneficiados. Los trabajadores porque abandonaban una empresa que notorias dificultades económicas asegurándose a través del despido el acceso a la prestación por desempleo que facilitaría el inicio de las actividades de la nueva empresa, que ya habían constituido, prestación a la que no tendrían acceso en caso de haber procedido al abandono voluntario de su puesto de trabajo. La mercantil demandada se veía notablemente beneficiada puesto que con la constitución de la nueva empresa, y la subrogación de la totalidad de su plantilla, aliviaba una importante carga económica y, además, con el contrato de arrendamiento de sus instalaciones, maquinaria y herramienta obtenía un relevante beneficio económico a largo plazo. Demostrativo de la existencia del acuerdo es que la nueva empresa subrogó las relaciones laborales de toda la plantilla, incluidas aquellas que resultaban claramente antieconómicas, es decir, las partes articularon un mecanismo para conseguir la sucesión empresarial de forma que todos saliesen ampliamente beneficiados del acuerdo, como así ocurrió.

De todo cuanto antecede debe compartirse la inferencia lógica alcanzada por la administración, es decir, que la empresa y los trabajadores alcanzaron un acuerdo mediante el cual, y a través de la realización de un despido disciplinario meramente instrumental o artificioso, se procedió a dejar a estos en situación de desempleo para la fraudulenta obtención de la correspondiente prestación con la finalidad de conseguir una sucesión empresarial en la misma actividad económica, actuación conjunta o connivente de la que, evidentemente, resultó un manifiesto beneficio para ambas partes, por cuanto los trabajadores iniciaban una actividad económica por cuenta propia en la misma actividad, mientras que la empresa obtuvo un importante ahorro de costes empresariales y un beneficio económico directo.

En consecuencia, y a la vista de la prueba practicada, procede la íntegra desestimación de la demanda, con la consiguiente confirmación de la resolución administrativa impugnada.

QUINTO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente resolución cabe recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,