Sentencia Social 580/2025 Juzgado de lo Social de Ciudad Real nº 3, Rec. 902/2024 de 23 de diciembre del 2025

PRIMERO.- A los efectos del artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se declaran probados los hechos que anteceden tras el examen conjunto y ponderado llevado a cabo respecto de la prueba documental contenida en el ramo de prueba obrante en los autos.

SEGUNDO.- Controversia.La petición principal efectuada por el trabajador en base al artículo 39.4 del Estatuto de los Trabajadores tiene por objeto el cambio de clasificación profesional solicitando el reconocimiento del nivel retributivo 17 al sostener que, desde el 13 de diciembre de 2022, además de las funciones propias de su puesto (nivel 14), viene realizando de forma continuada funciones que correspondían a la trabajadora jubilada D.ª Belen, por lo que, por acumulación de cometidos, entiende que su desempeño efectivo encaja en el nivel 17 del art. 27 del Convenio y reclama la adecuación salarial y las diferencias devengadas desde esa fecha.

La demandada se opone alegando que la atribución de tareas tras la jubilación se encuadra en el ius variandi y dentro del mismo grupo profesional, sin exceder los límites de la movilidad funcional. Sostiene que el actor no asumió la mayoría de funciones de la trabajadora jubilada, sino solo algunas concretas, repartiéndose el resto entre Recursos Humanos y la Secretaría de Presidencia en Madrid, y que el cambio de despacho no alteró sus condiciones esenciales.

TERC ERO. - Regulación.El artículo 39.4 del ET establece que "Si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones superiores a las del grupo profesional o a las de categorías equivalentes por un período superior a seis meses durante un año o a ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción competente".

El TS en la reciente Sentencia de 6/11/2018, (rec 2170/2016) reitera doctrina respecto al obstáculo convencional que puede existir para el acceso a una categoría superior.

Dice dicha sentencia: "Como nuestra citada STS 707/2017 expone, consideramos acertada la doctrina de la sentencia recurrida, conforme a la cual, si el convenio colectivo supedita el ascenso a la realización de pruebas específicas, el desempeño continuado de funciones de categoría superior confiere derecho a percibir las remuneraciones correlativas, pero no a la reclasificación profesional.

El artículo 39.2 ET que se dice infringido admite una especie de prescripción adquisitiva, de modo que el desempeño prolongado de funciones superiores a las de la propia categoría o perfil profesional permite "reclamar el ascenso", pero inmediatamente condiciona ese derecho cuanto afirma que "si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo". El mismo enfoque aparece en el artículo 24 ET ("los ascensos dentro del sistema de clasificación profesional se producirán conforme a lo que se establezca en convenio").

Por su lado, el EBEP ( arts. 14.c y 19.2 ) se remite a las previsiones del ET y a los convenios colectivos para establecer los términos de la promoción profesional de los empleados públicos sometidos a régimen laboral".

Y concluye: "En suma: el legislador contempla el ascenso cuando queda acreditado el desarrollo efectivo de funciones superiores a las propias del grupo o categoría, pero siempre supedita esa posibilidad al cumplimiento de lo previsto en el convenio colectivo".

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso la parte actora ejercita acción de clasificación profesional, afirmando que desde el 13 de diciembre de 2022 viene realizando, además de sus cometidos propios, la mayor parte de las funciones que desempeñaba la trabajadora jubilada D. ª Belen, interesando por ello la adscripción al nivel 17 del convenio.

Así, el artículo 21 del Convenio Colectivo de aplicación autoriza a la empresa a realizar "cambios de puesto de trabajo... dentro de cada grupo profesional" y, en lo aquí decisivo, establece que "c) No se consideran trabajos de superior ni inferior categoría los que se consideran compatibles conforme el artículo 25 en relación con la tabla de equivalencias funcionales, a efectos de reconocimiento de categoría, la cual sólo podrá venir dada por la previa declaración de vacante y su posterior cobertura mediante el procedimiento establecido".

Por su parte, el artículo 22 refuerza el alcance organizativo de la movilidad al indicar que "Ambas partes entienden necesario utilizar todos los medios para la mejora de la competitividad y la definitiva implantación de las diferentes actividades productivas, y a tal efecto establecen:

1.º Que el contenido funcional del puesto de trabajo es meramente enunciativo, entendiéndose compatibles todas las categorías y grupos profesionales (Anexo II) de tal manera que cualquier trabajador deberá ejercer las funciones que la empresa le asigne aun siendo de inferior o superior categoría o diferente grupo profesional respetando la empresa lo establecido en el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, así como lo establecido en el artículo 23 de este convenio.

2.º El desarrollo del puesto de trabajo exige el desempeño tanto de sus funciones principales, como de todas aquellas que de carácter secundario le complementen, aun cuando de manera aislada pudieran configurarse como puesto de trabajo de diferente categoría.

3.º Que, como consecuencia fundamentalmente de los diferentes procesos de reconversión, lo que ha generado una gran diversidad de actividades y la temporalidad de algunos procesos productivos, se hace indispensable una interpretación de la movilidad funcional que, con respeto a los derechos básicos del trabajador, permita la plena ocupación del mismo, evitando plantillas excedentarias en los diferentes puestos de trabajo, y así se considera la no consolidación a la categoría profesional salvo que se produzca una vacante definitiva no temporal, que se cubrirá con los mecanismos de ascenso, o concurso, al efecto establecidos.".

En este contexto normativo, la oposición de la demandada se apoya, además, en la doctrina del ius variandi dentro de los límites del artículo 39 ET, citando la STSJ País Vasco 405/2014, que describe el ius variandi como la facultad empresarial "de especificar la prestación debida por e el trabajador, dentro del grupo profesional y entre categorías equivalentes, no necesitada, en principio, de ningún tipo de justificación causal ni sujeta a límite temporal", precisando que se limita por "la imposibilidad de adoptarse decisiones arbitrarias y por la buena fe contractual, que ha de inspirar la relación laboral, por lo que no se trata de un poder omnímodo o no sujeto a control alguno". Asimismo, invoca la STSJ Galicia de 15 de diciembre de 2017, que en un supuesto de reorganización con cambio de despacho y reasignación de funciones concluye que no existe modificación sustancial cuando el trabajador mantiene "mismo horario, salario, centro de trabajo" y el cambio "no excede de los límites... del art. 39", afirmando que "(...) En definitiva, la reorganización llevada a cabo por la empresa, con asignación al actor de las funciones descritas, constituye una medida amparada en el "ius variandi" y en el poder de dirección empresarial, toda vez que la entidad del cambio, del nivel de perjuicio o el sacrificio que la alteración ha supuesto para el trabajador afectado no se revela como especialmente relevante ni mucho más onerosa".

Sentado lo anterior, el núcleo del litigio no reside en la posibilidad abstracta de asignar funciones, sino en la acreditación, con la prueba practicada, de que el actor asumió en términos sustanciales y efectivos funciones de superior nivel con el alcance que postula, y particularmente con entidad suficiente para el nivel 17 pretendido. Y aquí adquiere relevancia que en el acto de juicio la prueba quedó limitada a la documental. De un lado, consta comunicación escrita de 12 de diciembre de 2022 que se refiere al "cambio de ubicación" del puesto del actor, sin descripción funcional añadida, y consta la solicitud del propio trabajador de 5 de abril de 2024 en la que sostiene que asumió la mayor parte de funciones de la jubilada por indicación verbal. De otro lado, consta certificación empresarial aportada en la vista que identifica el nivel de la trabajadora jubilada como 16 y detalla sus funciones, y, en lo que afecta al actor, concreta las funciones asignadas tras la jubilación y el reparto de otras tareas, atribuyendo al demandante únicamente "tareas propias de la secretaria del Director de Actividades Industriales" y "compra de material de oficina, ropa de trabajo y... seguridad", situando otras funciones administrativas en el Departamento de Recursos Humanos y las de Secretaría de Presidencia en la estructura con centro en Madrid. Frente a ello, la parte actora aporta certificación de delegados de personal en la que se afirma una encomienda verbal de "todas" las funciones salvo dos concretas, sosteniendo además en conclusiones la impugnación de la certificación empresarial.

En estas condiciones, y con la sola documental disponible, no queda acreditado el presupuesto fáctico esencial de la demanda: que el actor pasara a desempeñar, de forma efectiva y en la extensión alegada, la mayor parte de las funciones que realizaba la trabajadora jubilada. Existe una contradicción frontal entre la documental aportada por la actora y la aportada por la demandada sobre el alcance real de las funciones asumidas; pero, al no haberse practicado prueba personal (interrogatorio, testifical o ratificación) que permita dotar de mayor robustez a una u otra versión, la parte actora no ha logrado corroborar con suficiencia, más allá de su propia afirmación y del certificado emitido a su instancia, que efectivamente realizara el conjunto funcional que fundamenta su pretensión. Dicho de otro modo: lo que queda objetivado de forma indiscutida es un cambio de ubicación y la realización de tareas administrativas, pero no queda demostrado que el actor asumiera "casi la totalidad" de las funciones del puesto de la jubilada, ni que su desempeño real se corresponda con el nivel 17 pretendido (ex art. 217 LEC). Por ello, faltando acreditación bastante del hecho constitutivo que sostiene la reclasificación y la correlativa mejora retributiva, y a la vista del régimen convencional que, además, reserva el "reconocimiento de categoría" a la "previa declaración de vacante" y proclama la "no consolidación" salvo vacante definitiva, procede desestimar la demanda.

CUARTO. -En cuanto a la reclamación de cantidad referida a las diferencias de retribución generadas por realizar funciones de superior categoría, a la vista de que no se ha probado que la demandante realizará funciones de superior categoría no procede la estimación de dicha petición.

QUINTO. -La materia objeto de esta litis es susceptible de recurso de suplicación conforme a lo preceptuado en el art.191 LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,