Sentencia Social 319/2025 Juzgado de lo Social de Albacete nº 3, Rec. 470/2024 de 28 de octubre del 2025

PRIMERO.-El relato fáctico declarado probado se ha obtenido de la documental aportada por las partes y, en especial, del expediente administrativo (Informe y Acta de Infracción, Resoluciones del I.N.S.S.) así como de la prueba practicada en el acto de juicio oral (documental).

SEGUNDO.-Sin cuestionar en extremo alguno los datos fácticos expuestos por la ITSS en el Acta de recargo de prestaciones, las alegaciones de oposición planteadas por la representación letrada de la mercantil demandante a las Resoluciones administrativas que impone la sanción a la misma por incumplimien to de las obligaciones en materia de información adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas aplicables, fundamenta su demanda de oposición a las Resoluciones en base a las siguientes alegaciones:

1º)Por ser cosa juzgada,en tanto que en fecha 27 de mayo de 2.022 fue dictado Auto por el Juzgado de Primera Instrucción e Instrucción de Hellín, en las Diligencias Previas 76/2022, que investigaba un supuesto delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el 29 de septiembre de 2.021 por el trabajador D. Gabino, decretando el sobreseimiento provisional de la causa.

Dicha alegación no puede tener favorable acogida en cuanto que la perspectiva jurídica de análisis en ambas jurisdicciones y procedimientos son distintas, en la Penal analizando la concurrencia de un delito y en la Laboral examinando la infracción de normativa específica de materia de seguridad y salud laboral y de prevención de riesgos laborales, sin que, finalmente, concurra la versión negativa de la cosa juzgada, establecida como excepción perentoria (que es la que procede entender aquí planteada), la cual constituye un óbice para la decisión del proceso actual cuando ya se hubiere resuelto por sentencia firme otro sobre la misma cuestión y entre las mismas partes ( S.T.S., Sala General, de 20 de diciembre de 2.006 [EDJ 2006, 388375]), debiendo concurrir "la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron"( artículo 1.252, párrafo primero, del Código Civil - C.C.-), lo que impide que se vuelva a juzgar lo ya juzgado por imperativo del principio de seguridad jurídica. Para así apreciarse se exige, como condictio sine qua non,la triple identidad en cuanto a sujetos, petición y causa de pedir ( SS.T.S. de 19 de junio de 1.992 [RJ 1992, 4599]; de 2 de octubre de 1.995 [RJ 1995, 7092]; y de 30 de abril de 1.997 [RJ 1997, 3562]), no considerándose, empero, que concurre dicha triple identidad cuando las sentencias que respectivamente se dictaran en cada uno de los procedimientos procedieran de acciones diferentes ( S.T.S. de 29 de junio de 2.010 [EDJ 2010, 153373]), como aquí sucede.

2º)Por aplicación del principio non bis in idem.

Tampoco dicha alegación puede ser estimada, dado que, precisamente, porque no se entendió concurrente la infracción penal, se abría la posibilidad a la sanción administrativa, sin que concurra dos sanciones (penal y administrativa) por los mismos hechos.

Por otra parte, no se ha producido una vulneración del principio non bis in idem,sino un concurso ideal de infracciones, ya que los mismos hechos son constitutivos de las dos infracciones que se han impuesto: por vulneración del apartado 16.b) del artículo 12 ("Son infracciones graves") ("16. Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia de:[...] b) Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos.")y del apartado 8 del mismo extremo normativo ("El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente")de la L.I.S.O.S., exhaustivamente analizadas y respondidas en el Informe de la ITSS de 11 de diciembre de 2.022 (folios 64 a 68 del expediente administrativo).

3º)Por incorrecta calificación jurídicade las conductas cometidas y su incardinación en el tipo sancionador aplicable.

Dado que la actuación de la empresa ha consistido en la puesta a disposición del trabajador accidentado de una maquinaria de trabajo que ha supuesto un riesgo grave de la integridad física del mismo, implicando un manifiesto incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, en tanto que el lesionado carecía de formación e información laboral alguna en el manejo de dicho vehículo o maquinaria de trabajo, careciendo de sustento fáctico y jurídico alguno dicha alegación, al estar perfectamente incardinado las conductas infractoras cometidas por la empresa actora en los tipos sancionadores expresados en los artículos de la L.I.S.O.S. referidos por la Inspección.

4º)Por imprudencia del trabajadoren la causación del accidente.

Desde la perspectiva estrictamente jurídica, el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social ( L.G.S.S.) -si bien dedicado al recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, que no es objeto de la presente litis-, previniendo que si el siniestro laboral se produce a consecuencia de la infracción de normas de seguridad e higiene y salud laborales, procede la imposición de la sanción, siendo requisitos para acceder a dicho reconocimiento los siguientes:

1º) La existencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que dé lugar a las prestaciones ordinarias del sistema de la Seguridad Social.

2º) La falta de adopción de medidas de seguridad e higiene y salud laborales establecidas de modo genérico o específico, en normas jurídico-públicas; debiendo quedar acreditado que en el momento productor del siniestro se vulneró una concreta norma, o que sea racionalmente exigible para la prevención de los riesgos, atendidas las circunstancias y conforme a la diligencia normal que corresponde al contenido de la deuda de seguridad.

3º) La existencia de un nexo causal entre la falta de medidas de seguridad y el siniestro ocurrido, de tal forma que la vulneración u omisión de la medida de seguridad sea la causante del accidente, es decir, que exista un nexo de causalidad directo -o relación causa/efecto- entre la omisión de la medida y el accidente sufrido.

Sobre ello, la jurisprudencia ha exigido para la aplicación del citado artículo 164 la concurrencia de nexo causal adecuado entre el siniestro del que trae causa el resultado lesivo para la vida o la integridad física de los trabajadores y la conducta pasiva del empleador, consistente en omitir aquellas medidas de seguridad impuestas por normas reglamentarias respecto a máquinas, instrumentos o lugares de trabajo, excluyéndose la responsabilidad empresarial cuando la producción del evento acontece de manera fortuita, de forma imprevista o imprevisible, sin constancia diáfana del incumplimiento por parte del empleador de alguna norma de prevención o por imprudencia temeraria del propio trabajador accidentado. Igualmente, la omisión puede afectar a las medidas generales o particulares de seguridad exigibles en la actividad laboral, por ser las adecuadas, atendidas las circunstancias concurrentes y la diligencia exigible a un prudente empleador, con criterios ordinarios de normalidad para prevenir o evitar una situación de riesgo en la vida o salud de los trabajadores; criterio éste que no es otra cosa que reflejo y operatividad, en el ámbito de las relaciones de Seguridad Social, del derecho básico en el contenido de la relación laboral recogido en el artículo 40.2 de la C.E., y los artículos 4.2 y 19 del E.T., y que con carácter general y como positivación del Principio General del Derecho «alterum no laedere»elevado a rango constitucional por el artículo 15 de la C.E. y que, en términos de gran amplitud, tanto para el ámbito de las relaciones contractuales como extracontractuales, consagra el Código Civil (C.C.) en sus artículos 1.104 y 1.902, debiendo entenderse que el nivel de vigilancia que impone a los empleadores el artículo 14.2 de la L.P.R.L., ha de valorarse con criterios coincidentes con los recogidos en el artículo 16 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo de 22 de junio de 1981 (ratificado por España el 26 de julio de 1.985), en cuanto impone a los empleadores, en la medida que sea razonable y factible, garantizar que los lugares de trabajo, operaciones y procesos, sean seguros y no entrañen riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores.

Y la empresa incumpliría así su obligación de culpa in vigilandoentendida ésta, no como la posición por su parte de un vigilante detrás de cada trabajador, sino entendida como la obligación del titular de la prestación del servicio de velar por el buen funcionamiento y la adecuada disposición de los medios materiales suministrados para desenvolver su actividad, siendo consecuencia de ello derivada que no podría concurrir la alegada imprudencia cometida por el trabajador (sin que, por tanto, pudiera exonerarse de responsabilidad a la empresa infractora), antes al contrario, el trabajador no tuvo otra forma de actuar que aquella en la que actuó para cumplir con una de las obligaciones laborales que tenía impuestas, dado que no le había sido facilitado formación específica sobre la forma de realizar dichas labores con el tractor, ni le había formado en medios preventivos y sobre normas de seguridad, ni su empleador le había proporcionado medios necesarios para acometerla con la seguridad precisa, cuya protección de su integridad física y personal es uno de los deberes básicos del empleador (artículo 4.2.d) del E.T.), "prácticamente ilimitado" ( SS.T.S de 8 de octubre de 2.001 y de 12 de julio de 2.007; y S.T.S.J. de Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2.023 [nº 1875/2023]), por lo que en modo alguno existiría imprudencia temeraria por parte del mismo, pues la imprudencia temeraria es aquella que es definida como una acción u omisión con voluntad de causar daño, pero esto nunca estuvo en el ánimo del trabajador.

Por tanto, no existiría la imprudencia del trabajador en el presente supuesto de hecho, ni tan siquiera la meramente profesional, esto es, aquella que se deriva de un error en la apreciación de un riesgo que el trabajador conoce y que es inherente a su prestación de servicios, cuando además la misma no eximiría al demandante de responsabilidad empresarial, y el recargo procedería imponerlo aunque existiera esa imprudencia profesional del perjudicado, y así lo ha entendido en tales supuestos el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en su Sentencia de 15 de abril de 2.010 (Rec. Sup. nº 37/2010) y el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 12 de julio de 2.007 ( RJ. 2007, 8226), de 20 de enero de 2.010 (RJ. 2010, 3110) y de 22 de julio de 2010 (RJ. 2010, 7282).

En el supuesto de la presente litis concurren, en definitiva, todas y cada una de las premisas exigidas para la imputación de responsabilidad empresarial en la generación del accidente, pues, en primer lugar, no es lógico pensar que el citado trabajador, sin haber recibido órdenes patronales sobre el particular, sin formación específica y sin experiencia previa en dicho centro de trabajo sobre su conducción, por su propia cuenta y riesgo, cogiera un tractor y se pusiera a realizar labores agrícolas acompañando a cuadrilla en la vendimia en su conducción, sin que el actor tuviera la formación ni cualificación como "Tractorista", ni fuera contratado para realizar dichas específicas funciones laborales, sino la de "Carretillero". La empresa por ello, en cualquier caso, incurre en responsabilidad en cuanto que utiliza un trabajador sin la cualificación profesional adecuada y/o sin haber dado una formación e información sobre el manejo de ese equipo de trabajo que es potencialmente peligroso.

5º)Por falta de proporcionalidadde la sanción impuesta.

Tal y como se ha expuesto en el Acta de Infracción y sucesivamente confirmado por la Resoluciones administrativas recurridas, las conductas patronales sancionadas y la correspondiente sanción vienen tipificadas y correctamente incardinadas en su calificación en los apartados 16.b) y 8 del artículo 12 de la L.I.S.O.S., y la cuantía de la sanción a imponer se encuentra igualmente acondicionada a lo establecido en los artículos 39.3 (en cuanto a los criterios de graduación) y 40.2.b) del mismo texto legal, en su grado "mínimo", por lo que estando correctamente calificados y graduados los dos comportamientos a sancionar, y aplicándose el grado de la sanción en su parte inferior ("Las graves con multa, en su grado mínimo de 2.451 a 9.830 euros..."),no cabe la imposición de otra cuantía inferior al no existir, no siendo, en consecuencia, desproporcionada la impuesta a la mercantil.

Finalmente, dada la consecuencia lesiva del accidente de trabajo, la sanción impuesta a la empresa actora, responsable en gran medida de dicho resultado, se considera adecuada y dentro de los límites legalmente impuestos.

Por todo cuanto antecede, y en aplicación de los preceptos citados, procede la desestimación de la demanda y a la confirmación de la resolución recurrida.

TERCERO.-Se advertirá a las partes que contra la presente sentencia cabe Recurso de Suplicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 191.3 de la L.R.J.S. .