Sentencia Social 352/2025 Juzgado de lo Social de Ciudad Real nº 3, Rec. 817/2024 de 29 de julio del 2025

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la LRJS este órgano judicial debe explicitar el razonamiento probatorio, el cual se deduce del análisis de la prueba practicada, conforme a las reglas de la sana crítica, habiéndose acreditado por la prueba practicada en el acto del juicio oral, con especial mención a la prueba documental aportada a instancia de ambas partes, así como los que no son objeto de afirmación fáctica de las partes ( arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC) .

SEGUNDO.-Solicita la parte actora el encuadramiento en la categoría profesional como Jefa de Negociado de Gestión Presupuestaria, o Técnico de Intervención o Gestión Económica, en lugar de auxiliar administrativa, por la asunción de alto grado de responsabilidad, toma de decisiones y gestión de departamento de Gestión Presupuestaria del Ayuntamiento de Malagón. Las tareas que ejecuta indica son propias de un nivel A2, y en su defecto, C1.

Acumula a la acción anterior la de reclamación de cantidad correspondiente a las diferencias salariales entre una y otra categoría, desde julio de 2023, actualizadas a fecha de la vista.

El Ayuntamiento se opone alegando que supondría la creación de una plaza ad hocpara la demandante y que las funciones que dice realizar son propias del interventor/a. Subsidiariamente, solicita que se reconozca la categoría C1. No se propuso por el Ayuntamiento cuantificación alternativa de reclamación de cantidad.

TERCERO.-En el plano sustantivo, regula el sistema de clasificación profesional el Art. 22 ET: "1. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establecerá el sistema de clasificación profesional de los trabajadores por medio de grupos profesionales.

2. Se entenderá por grupo profesional el que agrupe unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, y podrá incluir distintas tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador.

3. La definición de los grupos profesionales se ajustará a criterios y sistemas que, basados en un análisis correlacional entre sesgos de género, puestos de trabajo, criterios de encuadramiento y retribuciones, tengan como objeto garantizar la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre mujeres y hombres. Estos criterios y sistemas, en todo caso, cumplirán con lo previsto en el artículo 28.1.

4. Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se asignará al trabajador un grupo profesional y se establecerá como contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo la realización de todas las funciones correspondientes al grupo profesional asignado o solamente de alguna de ellas. Cuando se acuerde la polivalencia funcional o la realización de funciones propias de más de un grupo, la equiparación se realizará en virtud de las funciones que se desempeñen durante mayor tiempo".

Es, por tanto, la negociación colectiva la que fija el sistema de clasificación profesional de la empresa y define en cada caso la noción de grupo profesional, de tal forma que, de existir tal regulación negociada, a ella deberá estarse preceptivamente, aun cuando lo que establezca al respecto no coincida con el concepto de grupo profesional dispuesto en el art. 22.2 del propio ET. Cuando se produce un desfase o divergencia entre la categoría o grupo profesional inicialmente atribuida al trabajador y las funciones que el mismo realiza desde el comienzo de la relación laboral, por ser las tareas encomendadas propias de una categoría o grupo superior, el mismo tiene derecho a reclamar su adecuado encuadramiento o clasificación profesional ( art. 22.4 ET) por el procedimiento regulado en el art. 137 LRJS.

Cuando se produce una divergencia entre la categoría o grupo profesional que el empleado tiene inicialmente atribuida y las funciones que el mismo realiza desde el comienzo de la relación laboral, por ser las tareas encomendadas propias de una categoría o grupo superior, el mismo tiene derecho no solo a reclamar su adecuado encuadramiento o clasificación profesional ( Art. 22.5 ET) , por el procedimiento regulado en el Art. 137 LRJS, sino también al abono de las retribuciones derivadas del reconocimiento de la nueva clasificación profesional que serán las correspondientes a las funciones efectivamente desempeñadas, que legalmente tiene derecho a percibir ( Art. 4.2.f ET) , pudiendo acumular ambas acciones.

Establece el art. 137 LRJS: "1. La demanda que inicie este proceso será acompañada de informe emitido por el comité de empresa o, en su caso, por los delegados de personal sobre las funciones superiores alegadas y la correspondencia de las mismas dentro del sistema de clasificación aplicable. En el caso de que estos órganos no hubieran emitido el informe en el plazo de quince días, al demandante le bastará acreditar que lo ha solicitado.

2. En la resolución por la que se admita la demanda, se recabará informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, remitiéndole copia de la demanda y documentos que la acompañen.

El informe versará sobre los hechos invocados, en relación con el sistema de clasificación aplicable, y demás circunstancias concurrentes relativas a la actividad del actor, y deberá emitirse en el plazo de quince días.

3. A la acción de reclamación de la categoría o grupo profesional será acumulable la reclamación de las diferencias salariales correspondientes. Contra la sentencia que recaiga no se dará recurso alguno, salvo que las diferencias salariales reclamadas alcancen la cuantía requerida para el recurso de suplicación".

Al ser la relación laboral de tracto sucesivo es posible que en su devenir se produzcan alteraciones en el contenido de la prestación de servicios inicialmente pactada, con incidencia en la clasificación profesional, bien mediante el ejercicio por el empleado de su derecho básico a la promoción profesional ( art. 4.2.b ET) , ya mediante el ejercicio por el empresario de las facultades de organización y dirección empresarial ( art. 20.1 ET) .

Esa modificación sobrevenida de funciones se regula en el art. 39 ET, "Movilidad funcional: 1. La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del trabajador.

2. La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional solo será posible si existen, además, razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención. El empresario deberá comunicar su decisión y las razones de esta a los representantes de los trabajadores.

En el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un periodo superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción social. Mediante la negociación colectiva se podrán establecer periodos distintos de los expresados en este artículo a efectos de reclamar la cobertura de vacantes.

3. El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar como causa de despido objetivo la ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional.

4. El cambio de funciones distintas de las pactadas no incluido en los supuestos previstos en este artículo requerirá el acuerdo de las partes o, en su defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o a las que a tal fin se hubieran establecido en convenio colectivo".

Por otro lado, en materia de ascensos dentro del sistema de clasificación profesional, el Art.24 ET dispone que, se producirán conforme a lo que establezca el convenio colectivo, o en su defecto en acuerdo colectivo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, produciéndose los mismos teniendo en cuenta la formación méritos, antigüedad del trabajador y las facultades organizativas del empresario.

Por otro lado, podemos encontramos ante una acción de clasificación profesional, ex art. 39.2 ET, consecuencia del desempeño efectivo de funciones de superior categoría o grupo respecto al asignado, en cuyo caso, y mientras se mantenga dicha situación, dado el tracto sucesivo propio del contrato de trabajo, el trabajador tendrá acción para reclamar el reconocimiento de una categoría o grupo profesional superior sin perjuicio, claro está, de la prescripción de la acción para reclamar las diferencias salariales correspondientes más allá del año, ex art. 59 ET.

CUARTO.-El Convenio colectivo de aplicación en su art. 27 Qué cuando las necesidades del servicio lo exijan, el ayuntamiento podrá encomendar a sus trabajadores el desempeño de funciones correspondientes a una categoría superior a la que ostenten, por un tiempo no superior a 6 meses durante 1 año, 8 meses durante dos. Según el artículo, el trabajador que desempeñe un puesto de superior categoría, tendrá derecho a la diferencia retributiva entre su categoría y la ocupada.

QUINTO.-De la prueba practicada se desprende que la demandante viene desempeñando funciones propias de una categoría superior a la de auxiliar administrativo, lo que ha sido constatado por la Inspección de Trabajo en informe emitido a instancia de parte, en el que se señala la complejidad técnica, el grado de responsabilidad y la toma de decisiones asociadas a las tareas que ejecuta, incompatibles con la categoría reconocida de grupo C2, auxiliar administrativo.

Consta, asimismo, que el Ayuntamiento ha reconocido expresamente dicha situación en el seno de mesas de negociación interna, así como en diversos documentos internos en los que se recogen las tareas atribuidas a la trabajadora. En particular, consta una descripción funcional elaborada en 2018 por la interventora titular, en la que se detallan tareas técnicas presupuestarias y de gestión administrativa avanzada, así como una serie de comunicaciones mantenidas entre la demandante y el interventor municipal, tanto por correo electrónico como a través de mensajería instantánea, en las que este le solicita asesoramiento y revisión técnica sobre expedientes, elaboración presupuestaria, cálculos financieros, informes de estabilidad, planes económicos-financieros y otras actuaciones propias del área de Intervención.

La testigo compareciente en el acto del juicio oral, compañera de trabajo de la demandante y encuadrada en el grupo C1, ha manifestado que ambas realizan tareas similares dentro del área de Intervención, una en la subárea de gestión tributaria y otra en la de presupuestos, sin diferencias funcionales sustanciales.

El Ayuntamiento no ha aprobado Relación de Puestos de Trabajo (RPT), pese a haber anunciado su elaboración en el año 2020. Consta, asimismo, que en dicho año la demandante ya formuló petición expresa de reconocimiento de categoría, sin que hasta la fecha haya sido atendida.

En la documentación aportada por la actora se incluye una ficha funcional correspondiente al puesto de "Técnico/a de Gestión y Control Presupuestario", con funciones coincidentes con las que ejecuta, y que puede ser desempeñado por personal del grupo A2 o C1.

Las funciones descritas han sido realizadas de forma continuada desde el año 2018.

En ausencia de una estructura formal que delimite con precisión niveles y responsabilidades, y atendiendo al principio de igualdad en el seno del propio consistorio, debe optarse por el grupo funcional C1 como el más ajustado a la realidad funcional de la trabajadora.

Todo ello permite concluir que la demandante ha venido ejecutando funciones propias de Administrativa del grupo C1, nivel 18, sin perjuicio de que alguna de las tareas pudiera ocasionalmente alcanzar el nivel técnico del grupo A2, lo que en su caso podría ser objeto de análisis futuro, una vez se apruebe formalmente la Relación de Puestos de Trabajo o se reconozca la asunción de responsabilidades propias de jefatura o vacante técnica.

SEXTO.-Reclamadas por la parte actora las diferencias retributivas derivadas del desempeño de funciones propias de una categoría superior a la reconocida, corresponde analizar si procede su abono.

En el presente caso, la prueba documental y pericial practicada ha acreditado que la trabajadora viene ejecutando tareas propias del grupo C1, y que dichas funciones no han sido retribuidas conforme a su valor real.

La parte actora presenta un desglose de las cantidades reclamadas que no ha sido objeto de impugnación de contrario:

Año 2023 (julio a diciembre + paga extra): 2.336,46 euros.

Año 2024 (12 meses + 2 pagas extras): 4.254,81 euros.

Año 2025 (enero a junio + paga extra junio): 2.159,22 euros.

El total de las cantidades reclamadas por este concepto asciende a 8.750,49 euros, importe que no ha sido objeto de impugnación específica ni rebatido por la parte demandada, que no ha presentado informe contradictorio ni ha cuestionado la metodología de cálculo.

En atención al principio de igualdad retributiva por trabajo de igual valor, y conforme a la doctrina expuesta, procede estimar la reclamación de cantidad en los términos subsidiarios formulados, reconociendo las diferencias salariales derivadas del desempeño del grupo C1.

Estas cantidades devengarán el interés del art. 29.3 ET.

SÉPTIMO.-Frente a esta sentencia cabe recurso de suplicación dada la cuantía de la reclamación.

En atención a lo expuesto,