Sentencia Social 357/2024 Juzgado de lo Social de Badajoz nº 3, Rec. 427/2023 de 30 de septiembre del 2024

PRIMERO.-Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 94 LRJS, y el expediente administrativo.

SEGUNDO.- Alegaciones de las partes.

La parte actora funda la resolución sancionadora de la administración por entender que no concurre la connivencia imputada tendente a obtener una prestación por desempleo indebida, sino que ha existido una relación laboral de larga duración que finalizó mediante despido disciplinario del que deriva el derecho a percibir la prestación solicitada. Niega que el local de negocio en el que inició la actividad hubiese sido utilizado previamente por la empresa, que haya continuado con la actividad de esta, y que el mero hecho de la relación familiar existente justifique la existencia de connivencia, por lo que solicita la estimación de la demanda.

El SEPE se opuso a lo solicitado de contrario. Sostuvo la existencia de la connivencia sancionada en la resolución impugnada por la existencia de indicios suficientes para alcanzar tal conclusión, como el hecho de existir una relación familiar entre el administrador de la empresa y el trabajador, que no se impugnada el despido disciplinario, que todas las facturas aportadas para solicitar el pago único proviniesen de la empresa que practicó el despido, y que haya desarrollado la actividad en el mismo local que la empresa tenía en la localidad de valdivia. Por ello, entiende que se produjo un despido ficticio para amparar una situación de desempleo inexistente por el que ambas partes obtenían un claro beneficio.

La codemandada, DIRECCION000 negó la existencia de connivencia, pues solo existen meras presunciones en las que no se prueban los hechos base, y la relación directa entre dichos hechos y la presunción alcanzada. Señaló que el mero hecho de existir una relación familiar no implica la existencia de la connivencia, y que la empresa no realiza la misma actividad que inició el trabajador, sin una distinta, negando igualmente que haya desarrollado actividad alguna en la localidad de Valdivia, por lo que solicita la estimación de la demanda con revocación de la resolución impugnada.

TERCERO.- Hecho sancionado.

Como se ha expuesto en el fundamento jurídico previo, la parte actora funda la impugnación de la resolución recurrida en la falta de comisión del hecho imputado, entendiendo que la sanción se basa en meros indicios carentes de corroboración probatoria, siendo inexistente la existencia de connivencia para el acceso a la prestación por desempleo a la que tenía derecho el trabajador.

Atendidas las circunstancias concurrentes, y como recoge el acta de infracción sobre la que se sustenta la resolución impugnada, la existencia de prueba directa sobre la existencia de connivencia entre el trabajador y el empresario resulta de muy difícil o, incluso, imposible obtención, siendo suficiente para sustentar la sanción la existencia de indicios razonables de la existencia de dicha connivencia.

En este sentido, el acta de infracción recoge la existencia de una serie de hechos base de los que infiere la existencia de connivencia entre el empresario y el trabajador. Sostuvo el actor, y la empresa demandada, que dichos hechos base carecen de veracidad y corroboración probatoria, a lo que se opuso la administración demandada.

Analizada la prueba documental obrante en autos, resulta debidamente acreditada la concurrencia de los siguientes hechos base:

(i)El Sr. Javier, y el administrador único de la mercantil DIRECCION000, Sr. Arturo, tienen una relación familiar directa, son cuñados.

(ii)El Sr. Javier, tras una relación laboral con la empresa de casi 22 años de duración, sufrió un despido disciplinario por descenso en su rendimiento laboral. El trabajador no impugnó el despido.

(iii)Solicitó la prestación por desempleo tras el despido, y una vez concedida, solicitó el abono en la modalidad de pago único para el inicio de actividad económica, presentando memoria descriptiva y facturas justificativas del inicio del negocio.

(iv)En la memoria descriptiva expone que va a iniciar una actividad en un local en el que ya se venía ejerciendo la misma actividad. Las facturas acreditativas del gasto inicial de la actividad corresponden a material adquirido en su integridad a DIRECCION000.

(v)Se dio de alta en la actividad económica el 20 de febrero de 2020, habiendo arrendado un local de negocio el día 1 de febrero del año 2020, mismo día de efectos del despido.

Los anteriores hechos resultan plenamente acreditados, unos por no haber sido discutidos -relación familiar, y no impugnación del despido-, y otros -fecha de solicitud de prestaciones, local arrendado, y origen de las facturas aportadas al SEPE, la nueva actividad del actor y el lugar de desarrollo-, por resultar acreditados a la vista de la documental obrante en el expediente administrativo, principalmente las manifestaciones del actor en la memoria descriptiva. Por tanto, ninguna duda existe sobre la veracidad de estos hechos, sin perjuicio de que de su mera existencia se pueda inferir la existencia de la connivencia imputada por la administración.

Por el contrario, mayor controversia existe con relación a sí en el local arrendado por el trabajador, la empresa codemandada ya ejerció la misma actividad empresarial.

Respecto a esta cuestión, la empresa codemandada aportó como documento núm. 2un informe del alcalde de la entidad local menor de Valdivia en el que se hace constar que DIRECCION000 "no ha obtenido autorización alguna para el desarrollo de actividad, apertura o funcionamiento de instalaciones en la localidad de Valdivia".De un primer análisis del documento resulta que estamos ante un mero informe, no un certificado emitido por la administración y que, además, parece referirse a la situación existente al tiempo de su emisión al señalar que la empresa "no ha obtenido autorización",es decir, parece referirse a la situación administrativa existente al tiempo de su emisión, puesto que no hace referencia expresa al historial pasado de la empresa en la localidad, por lo que se trata de documento insuficiente para descartar que en el paso la empresa haya desarrollado actividad alguna en dicho local. Comoquiera que sea, lo cierto es que dicho informe habla de "autorización para el desarrollo de actividad, apertura o funcionamiento [...]",es decir, no contiene referencia alguna a sí la empresa ha tenido alquilado local alguno en la localidad, con independencia de que haya llegado a realizarse actividad alguna, de forma que dicho informe entra en manifiesta contradicción con el documento núm. 13 de la demanda,que acredita que DIRECCION000 tuvo arrendado el local sito en DIRECCION003, desde el 1 de noviembre de 2016, siendo arrendador el Sr. Leon.

La empresa codemandada no impugnó la validez o autenticidad de dicho documento. Por tanto, como sostiene la administración, si ha tenido alquilado un local de negocio en Valdivia, con independencia de que en este se haya desplegado actividad económica alguna.

A mayores, analizado sendos contratos de arrendamiento, el celebrado por el actor -documento núm. 6-y el celebrado por la empresa codemandada -documento núm. 13-,resulta llamativo que ambos se encuentran situados en la DIRECCION001, de Valdivia, con la única diferencia de que uno está ubicado en el núm. DIRECCION001 de gobierno, y en el otro consta "s/n", no obstante, resulta que ambos arrendadores tienen su domicilio habitual en la misma vivienda, DIRECCION002, de Valdivia. Por tanto, no puede considerarse una inferencia ilógica, arbitraria o carente de razón la realizada por la administración al entender que se trata del mismo local de negocio, dado que la diferencia en el número de gobierno del local puede ser consecuencia de una mera modificación urbanística y/o catastral en el periodo transcurrido entre uno y otro contrato, de forma que correspondía al actor desplegar una actividad probatoria suficiente para desvirtuar la presunción alcanzada por la administración, sin que haya aportado elemento probatorio alguno al respecto.

Por el contrario, no puede considerarse acreditado que el trabajador, en el local arrendado, continuase exactamente la misma actividad empresarial que venía desarrollando la empresa codemandada, puesto que más allá de entenderse acreditado que se trata del mismo local, lo cierto es que de los documentos fiscales obrantes en autos no consta que DIRECCION000 haya realizado en momento alguno actividad económica de venta al por menor de accesorios y recambios de vehículos.

Llegados a este punto, resta analizar si de los hechos considerados acreditados puede realizarse la inferencia lógica alcanzada por la administración demandada, para entender cometida la infracción imputada.

El art. 386 LEC dispone, "1. A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción".

En atención a los hechos acreditados en el presente procedimiento, anteriormente expuestos, resulta lógica y razonable la inferencia realizada por la administración, inferencia que no puede ser considerada absurda, arbitraria o carente de la más mínima lógica.

Puestos en relación los hechos base acreditados, resulta especialmente llamativo que, tras una relación laboral de más de 20 años de duración, en la que no consta la existencia de expediente sancionador alguno contra el trabajador, advertencias previas por descenso de rendimiento, o cualquier otra circunstancia de la que quepa inferir el descontento empresarial con el trabajador, se proceda de forma repentina a su despido disciplinario por bajada de rendimiento laboral. Y más llamativo aún resulta este hecho si analizamos el contenido de la carta de despido aportado por la empresa codemandada como documento núm. 5,-carente de los más elementales requisitos para amparar la procedencia del despido- al exponer una causa genérica e imprecisa, sin aportación de datos que respalden el descenso de rendimiento y que, aun así, el trabajador acepte el despido sin impugnarlo. Podría entenderse amparada dicha decisión por el hecho de la relación familiar existente entre las partes con la finalidad de evitar un eventual conflicto familiar, pero, no obstante, existen otra serie de datos que puestos en relación con las circunstancias del despido induce a considerar existente la connivencia entre empresario y trabajador.

La decisión del trabajador parece amparada por el hecho de que tenía como objetivo, con la ayuda del empresario, acceder a la prestación por desempleo para el inicio de una actividad por cuenta propia. Demostrativo de esta circunstancia es el hecho de que el despido tenga efectos el mismo día en que el actor alquila el local de negocio para el desarrollo de su nueva actividad, resultando que el local arrendado había estado previamente a disposición -también bajo arrendamiento- de la empresa demandada, por tanto, también aquí existe una relación directa entre el trabajador y el empresario. Podría el actor haber destruido esta presunción de forma fácil y sencilla, le hubiese bastado aportar documentación acreditativa de que el local arrendado era distinto al que había arrendado la empresa codemandada, y la actividad que en el se ejercía, sin embargo, nada aporta al respecto.

Finalmente, y no menos relevante, resulta que el actor, para justificar la inversión inicial ante el SEPE, aporta una serie de facturas de adquisición de diferente material -maquinaria, estanterías, mobiliarios de oficina, equipos informáticos, recambios y material para la actividad- que fue directamente adquirido a la empresa que recientemente le había despedido disciplinariamente, recordemos, por bajo rendimiento. En este sentido, no consta que entre las actividades de la empresa codemandada se encuentre la venta de este tipo de material o mercaderías y sin que, por otra parte, el trabajador acredite que esta adquisición sea debida a una mera cuestión de oportunidad por haber ofrecido el vendedor precios más competitivos, ofertas especiales o cualquier otra circunstancia que pudiera haber justificado la adquisición del material a dicho vendedor. Por tanto, resulta evidente que con su actuación el empresario no solo obtenía un importantísimo ahorro de costes -salario de un trabajador con más de 20 años de antigüedad-, sino también un importante beneficio económico directo por importe superior a 20.000 euros.

De todo cuanto antecede no puede sino compartirse la inferencia lógica alcanzada por la administración, es decir, que el trabajador alcanzo un acuerdo con el empresario mediante el cual, y a través de la realización de un despido disciplinario meramente instrumental o artificioso, se procedió a dejar a aquel en situación de desempleo para la fraudulenta obtención de la correspondiente prestación con la finalidad de iniciar una nueva actividad económica, actuación conjunta o connivente de la que, evidentemente, resultó un manifiesto beneficio para ambas partes, por cuanto el trabajador iniciaba una actividad económica independiente por cuenta propia, mientras que el empresario obtuvo un importante ahorro de costes empresariales y un beneficio económico directo.

En consecuencia, y a la vista de la prueba practicada, procede la íntegra desestimación de la demanda, con la consiguiente confirmación de la resolución administrativa impugnada.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente resolución cabe recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,