Sentencia Social 471/2024 Juzgado de lo Social de Ciudad Real nº 3, Rec. 597/2023 de 31 de julio del 2024

PRIMERO.-Los hechos declarados probados se acreditan por las pruebas practicadas, fundamentalmente de la documental aportada por las partes al proceso, así como de los considerados no controvertidos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la LJS.

SEGUNDO.-La parte actora ejercita acción contra la Consejería solicitando la anulación de las Resoluciones de de 24/10/2022 y de 2/12/2022 por la que se acuerda la modificación de la cuantía de la pensión no contributiva de Doña Juana, para los años 2021 y 2022, y acuerda reintegro de cantidades indebidamente percibidas. Indica que las cantidades tenidas en cuenta de los ingresos de su cónyuge no son ciertas y que se ha procedido a un cálculo erróneo de la pensión.

La Consejería se opone a la demanda y entiende que los argumentos ofrecidos en las resoluciones impugnadas son conformes a la normativa sobre la materia objeto del proceso, remitiéndose a las mismas.

TERCERO.-Establece el art. 369 LGSS: "1. Tendrán derecho a la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva las personas que, habiendo cumplido sesenta y cinco años de edad, carezcan de rentas o ingresos en cuantía superior a los límites establecidos en el artículo 363, residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante diez años entre la edad de dieciséis años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación.

2. Las rentas e ingresos propios, así como los ajenos computables por razón de convivencia en una misma unidad económica, y la residencia en territorio español condicionan tanto el derecho a pensión como la conservación de la misma y, en su caso, su cuantía".

El art. 363 de la LGSS dispone que: " 1. Tendrán derecho a la pensión de invalidez no contributiva las personas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco años de edad.

b) Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.

c) Estar afectadas por una discapacidad o por una enfermedad crónica, en un grado igual o superior al 65 por ciento.

d) Carecer de rentas o ingresos suficientes. Se considerará que existen rentas o ingresos insuficientes cuando la suma, en cómputo anual, de los mismos sea inferior al importe, también en cómputo anual, de la prestación a que se refiere el apartado 1 del artículo siguiente.

Aunque el solicitante carezca de rentas o ingresos propios, en los términos señalados en el párrafo anterior, si convive con otras personas en una misma unidad económica, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes cuando la suma de los de todos los integrantes de aquella sea inferior al límite de acumulación de recursos obtenido conforme a lo establecido en los apartados siguientes.

(...) 2. Los límites de acumulación de recursos, en el supuesto de unidad económica, serán equivalentes a la cuantía, en cómputo anual, de la pensión, más el resultado de multiplicar el 70 por ciento de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno.

3. Cuando la convivencia, dentro de una misma unidad económica, se produzca entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes en primer grado, los límites de acumulación de recursos serán equivalentes a dos veces y media la cuantía que resulte de aplicar lo dispuesto en el apartado 2.

4. Existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado.

5. A efectos de lo establecido en los apartados anteriores, se considerarán como ingresos o rentas computables, cualesquiera bienes y derechos, derivados tanto del trabajo como del capital, así como los de naturaleza prestacional.

(...) Cuando el solicitante o los miembros de la unidad de convivencia en que esté inserto dispongan de bienes muebles o inmuebles, se tendrán en cuenta sus rendimientos efectivos. Si no existen rendimientos efectivos, se valorarán según las normas establecidas para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la excepción, en todo caso, de la vivienda habitualmente ocupada por el beneficiario. Tampoco se computarán las asignaciones periódicas por hijos a cargo.

6. Las rentas o ingresos propios, así como los ajenos computables, por razón de convivencia en una misma unidad económica, la residencia en territorio español y el grado de discapacidad o de enfermedad crónica condicionan tanto el derecho a pensión como la conservación de la misma y, en su caso, la cuantía de aquella.".

El límite previsto en el art. 363 LGSS se recoge en el apartado 2 y siguientes, resaltado: "2. Los límites de acumulación de recursos, en el supuesto de unidad económica, serán equivalentes a la cuantía, en cómputo anual, de la pensión, más el resultado de multiplicar el 70 por ciento de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno. (...) 5. A efectos de lo establecido en los apartados anteriores, se considerarán como ingresos o rentas computables, cualesquiera bienes y derechos, derivados tanto del trabajo como del capital, así como los de naturaleza prestacional".

Por su parte, el art. 364.2 de la LGSS/2015 establece que: "Las cuantías resultantes de lo establecido en el apartado anterior, calculadas en cómputo anual, son compatibles con las rentas o ingresos anuales de los que, en su caso, disponga cada beneficiario, siempre que los mismos no excedan del 35 por ciento del importe, en cómputo anual, de la pensión no contributiva. En otro caso, se deducirá del importe de dicha pensión la cuantía de las rentas o ingresos que excedan de tal porcentaje, salvo lo dispuesto en el artículo 366".

De acuerdo con el art. 365 LGSS, los efectos económicos del reconocimiento del derecho a las pensiones de invalidez no contributiva se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud.

Con carácter general, dispone el art. 50 LGSS: "Cuando se exija, legal o reglamentariamente, la no superación de un determinado límite de ingresos para el acceso o el mantenimiento del derecho a prestaciones comprendidas en el ámbito de la acción protectora de esta ley, distintas de las pensiones no contributivas y de las prestaciones por desempleo, se considerarán como tales ingresos los rendimientos del trabajo, del capital y de actividades económicas y las ganancias patrimoniales, en los mismos términos en que son computados en el artículo 59.1 para el reconocimiento de los complementos por mínimos de pensiones."

Por último, dispone el art. 59.1 LGSS "1. Los beneficiarios de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social, que no perciban rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o que, percibiéndolos, no excedan de la cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, tendrán derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, siempre que residan en territorio español, en los términos que legal o reglamentariamente se determinen."

El Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, reglamento que resulta de aplicación, si bien la citada ley se encuentra hoy derogada.

En su art. 7 dispone, acerca de la extinción del derecho a la pensión de jubilación, lo siguiente: "El derecho a la pensión de invalidez, en su modalidad no contributiva, se extinguirá cuando en el beneficiario concurra alguna de las siguientes circunstancias: c) Disponer de rentas o ingresos suficientes, en los términos que se definen en el artículo 11 de este Real Decreto".

En su art. 11 especifica que la consideración de insuficiencia de rentas o ingresos se tendrá en cuenta a la unidad de convivencia familiar, en los límites en la misma señalados, y en cómputo anual, de enero a diciembre. En el caso en que el beneficiario carezca de rentas, si convive con otras personas, "únicamente se entenderá cumplido dicho requisito cuando la suma de las rentas o ingresos computables de todos los integrantes de aquélla, en los términos previstos en el número anterior, sea inferior al límite de acumulación de recursos, equivalente a la cuantía, en cómputo anual, de la pensión más el resultado de multiplicar el 70 por 100 de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno. Cuando la convivencia, dentro de una misma unidad económica, se produzca entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes consanguíneos o por adopción en primer grado, el límite de acumulación de recursos será equivalente a dos veces y media la cuantía que resulte de aplicar lo dispuesto en el primer párrafo".

En su Art. 12 regula las rentas o ingresos computables: "1. A efectos de lo establecido en el artículo anterior se consideran rentas o ingresos computables. los bienes y derechos de que dispongan anualmente el beneficiario o la unidad económica de convivencia, derivados tanto del trabajo como del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquellos.

2. Se entenderá por rentas de trabajo las retribuciones, tanto dinerarias como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena.

Se equiparan a rentas de trabajo, las prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social, financiados con cargo a recursos públicos o privados.

Asimismo, tendrán la consideración de ingresos sustitutivos de las rentas de trabajo, cualesquiera otras percepciones supletorias de éstas, a cargo de fondos públicos o privados".

El cálculo de las cuantías se regula en el Art. 14: "1. La cuantía de las pensiones, en su importe anual, será la que se fije en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Su pago se fraccionará en catorce pagas correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengarán en los meses de junio y noviembre.

Cuando en una misma unidad económica concurra más de un beneficiario con derecho a pensión de esta misma naturaleza, la cuantía de cada una de las pensiones vendrá determinada en función de las siguientes reglas:

Primera.-Al importe referido en el número 1 se le sumará el 70 por 100 de esa misma cuantía, tantas veces como número de beneficiarios, menos uno, existan en la unidad económica.

Segunda.-La cuantía de la pensión para cada uno de los beneficiarios será igual al cociente de dividir el resultado de la suma prevista en la regla primera, por el número de beneficiarios con derecho a pensión.

2. De las cuantías individuales resultantes de la aplicación de lo establecido en el número anterior, calculadas en cómputo anual, se deducirán, en su caso, las rentas o ingresos anuales computables de que disponga cada beneficiario.

3. En los supuestos de convivencia del beneficiario o beneficiarios en una misma unidad económica con personas no beneficiarias, si la suma de los ingresos o rentas anuales de todos los componentes de la unidad económica, más los importes de la pensión o pensiones no contributivas calculadas conforme a lo dispuesto en los números anteriores superase el límite de acumulación de recursos establecido en el artículo 11, la pensión o pensiones se reducirán, para no sobrepasar dicho limite, disminuyéndose, por igual cuantía, cada una de las pensiones.

4. La cuantía mínima de la pensión a reconocer será, en cualquier caso, igual al 25 por 100 de la cuantía de la pensión a que se refiere el número 1 de este artículo, aunque el cálculo resultante de la aplicación de lo dispuesto en los números 2 y 3, hubiera dado un resultado inferior a dicho porcentaje.

CUARTO.-El límite de acumulación de recursos de la UEC para dos miembros cónyuge o de segundo grado de consanguineidad estaba fijado en el año 2021 en 9.586,64 euros y para el año 2022 en 10.029,32 euros.

Ha quedado acreditado que el marido de la demandante percibía una prestación por desempleo de 430,27 euros en 12 pagas, lo que en cómputo anual para el año 2021 asciende a 5.162,52 euros, y para el año 2022, con sus revalorizaciones, a 5412 euros.

La actora percibió en 2021 5639,20 euros (402,80 euros x14) y en 2022, 5899,60 euros (421,40 euros x14). El concepto es la propia pensión no contributiva.

El cálculo de la pensión cuando el beneficiario está inserto en una unidad económica se fija teniendo en cuenta:

1º) La cuantía anual de la pensión no contributiva viene establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2º) En el supuesto de que el beneficiario disponga de rentas o ingresos propios superiores al 35 por 100 del importe anual fijado para la pensión no contributiva, la cuantía de la pensión señalada en el párrafo anterior se reducirá en un importe igual a la cantidad en que los ingresos personales, en cómputo anual, excedan del porcentaje indicado.

3º) Si la suma de las rentas o ingresos anuales de la unidad económica más la pensión no contributiva, reducida en su caso, por la rentas o ingresos propios del beneficiario, supera el límite de acumulación de recursos aplicable, la pensión se reducirá para no sobrepasar el mencionado límite.

4º) No obstante la reducción efectuada, conforme a los apartados 2º y 3º, la pensión a reconocer será como mínimo el 25 por 100 del importe de la pensión establecida en la Ley de Presupuesto Generales del Estado.

Por tanto, en el presente asunto a la demandante se le abonó en 2021 y 2022 la pensión íntegra sin tener en cuenta que eran dos los miembros que formaban parte de la unidad económica.

Una vez se tuvieron en cuenta los ingresos de su cónyuge y los de la pensión no contributiva se aplicaron las normas anteriores y se redujo la pensión a la cuantía correspondiente.

QUINTO.-Señala la actora que no debe realizar la devolución de lo indebidamente percibido por que se trata de un error de la administración, dado que, ella manifestó el número de miembros de la unidad cuando correspondía y que, si la administración incurre en un error no puede exigirle la devolución de lo abonado en base a dicho error.

Es obligación del beneficiario, conforme a lo previsto en el art. 368, "comunicar a la entidad que les abone la prestación cualquier variación de su situación de convivencia, estado civil, residencia y cuantas puedan tener incidencia en la conservación o la cuantía de aquellas. En todo caso, el beneficiario deberá presentar, en el primer trimestre de cada año, una declaración de los ingresos de la respectiva unidad económica de la que forme parte, referida al año inmediato precedente".

El artículo 16 del RD 357/1991 indica que: "1. Los perceptores de las pensiones de invalidez y jubilación, en sus modalidades no contributivas, vendrán obligados a comunicar, en el plazo máximo de treinta días desde la fecha en que se produzca, cualquier variación de su situación de convivencia, estado civil, residencia, recursos económicos propios o ajenos computables por razón de convivencia, y cuantas puedan tener incidencia en la conservación o en la cuantía de aquélla.

Cuando del incumplimiento de esta obligación se derive una percepción indebida de prestaciones, el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 LGSS, deberá reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, desde el primer día del mes siguiente a aquel en que hubiera variado la situación, cualquiera que sea el momento en que se detecte la variación, salvo que la acción para solicitar la devolución hubiera prescrito, por transcurso del plazo de cinco años.

2. Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, los beneficiarios deberán presentar una declaración de los ingresos o rentas computables, de la respectiva unidad económica de convivencia, referidos al año inmediatamente anterior.

Al mismo tiempo, declararán las posibles variaciones en los ingresos o rentas justificados, referidos al año en curso, a efectos de modificar, en su caso, la cuantía a abonar, según el importe vigente de la pensión.

La declaración a que se refiere el primer párrafo de este número deberá presentarse en el primer trimestre de cada año. Incumplida dicha obligación y previo requerimiento del Organismo gestor al beneficiario con la advertencia expresa de las consecuencias del incumplimiento, se procederá, como medida cautelar, a suspender el pago de la pensión".

El Art. 17 establece: "En el supuesto de que el beneficiario viera incrementados o minorados las rentas o ingresos, inicialmente previstos, de los que, por su estimación en cómputo anual, de enero a diciembre, pudiera derivarse la modificación de la cuantía de la pensión que viniera percibiendo o la extinción del derecho a la misma, el Organismo gestor, sin perjuicio de la regularización que proceda una vez concluido el ejercicio económico de que se trate, revisará el importe de la pensión o interrumpirá el pago de ésta, con efectos del día primero del mes siguiente a aquel en que se hubiera producido la variación correspondiente".

En el Art. 25 se dispone: "1. Las pensiones reconocidas podrán ser revisadas de oficio por el órgano gestor o a solicitud del interesado o de su representante; cuando se produzca variación en cualquiera de los requisitos que dé lugar a modificación de la cuantía de aquéllas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5.º de este Real Decreto.

2. Las revisiones se realizarán con arreglo al procedimiento establecido para el reconocimiento del derecho a las pensiones. En los casos en que la revisión de oficio se base en hechos, alegaciones o pruebas no aducidas por el interesado, el expediente se pondrá necesariamente de manifiesto a éste para que, en un plazo no inferior a diez ni superior a quince días hábiles, alegue y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

3. La regularización de las cuantías de pensión percibidas en el año inmediatamente anterior, que pueda producirse como consecuencia de la realización del control anual de recursos a que se refiere el artículo 16.2 de este Real Decreto, deberá estar efectuada el 31 de octubre de cada año. Transcurrido este plazo sin realizarse la revisión, se considerará definitiva la cuantía de pensión percibida en el año inmediatamente anterior, salvo que la cuantía que hubiese correspondido percibir fuese superior, o que el interesado no hubiese presentado en plazo la declaración de ingresos o rentas computables a que se refiere el párrafo primero de dicho precepto o no hubiese facilitado correctamente los datos objeto de declaración; en estos dos últimos supuestos vendrá obligado a devolver las cantidades que indebidamente haya podido percibir".

En primer lugar debe señalarse que, sobre el extremo relativo a que la actora no indico que su hijo dejó de formar parte de la unidad familiar, ha quedado acreditado que ésta en sus declaraciones de 2021 y 2022 manifestó que el hijo ya no convivía en el domicilio familiar en las anualidades 2020 y 2021.

Sin embargo, no lo comunicó en el plazo de los treinta días siguientes a que se produjese la correspondiente modificación, pues, si su hijo abandonó el domicilio familiar y la UEC en septiembre de 2020, no fue hasta marzo de 2021, en su declaración anual, cuando comunicó la variación.

Por otro lado, cabe destacar que no se ha impuesto ningún tipo de sanción a la demandante por dichas circunstancias. El cálculo de la pensión en 2021 y 2022 se hace teniendo en cuenta la unidad de 2 miembros, ella y su cónyuge.

En relación a dicho extremo, el Artículo 55 LGSS establece: "1. Los trabajadores y las demás personas que hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social vendrán obligados a reintegrar su importe.

2. Quienes por acción u omisión hayan contribuido a hacer posible la percepción indebida de una prestación responderán subsidiariamente con los perceptores, salvo buena fe probada, de la obligación de reintegrar que se establece en el apartado anterior.

3. La obligación de reintegro del importe de las prestaciones indebidamente percibidas prescribirá a los cuatro años, contados a partir de la fecha de su cobro, o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las prestaciones por error imputable a la entidad gestora.

4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda".

Dicho precepto rebate lo alegado por la demandante, así, si se entiende que ha percibido una cantidad superior a la que le correspondía, aun cuando se haya producido el abono por una actuación de la administración tardía, está obligada a devolver la cantidad indebidamente percibida.

Por todo lo expuesto la demanda ha de ser desestimada.

SEXTO.-Frente a esta resolución cabe recurso de suplicación.

En virtud de lo expuesto,